Mujeres indígenas de América Latina durante la pandemia de la COVID-19: impactos, desafíos y resistencias

Mujeres indígenas de América Latina durante la pandemia de la COVID-19: impactos, desafíos y resistencias

<p style="text-align: right;"><strong>Almudena Villarino Martínez</strong></p>
<p style="text-align: right;"><strong>       Escuela de Gobierno, Universidad Complutense de Madrid</strong></p>
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La crisis global desatada por la COVID-19 ha puesto al descubierto el carácter insostenible de un modelo de desarrollo basado la profundización de las desigualdades, la destrucción del planeta y la precarización de los procesos que sostienen la vida. Por un lado, mientras la economía global sufría una caída histórica hemos podido apreciar el valor de aquellos trabajos esenciales (pero invisibles y precarizados) que nos permiten mantenernos con vida y que tienen rostro de mujer. Hemos observado mejor que nunca la interdependencia intrínseca a la existencia humana, cuando ésta última se encontraba amenazada por el virus. Por otro lado, las políticas de corte neoliberal de las últimas décadas han traído consigo el desmantelamiento de servicios públicos, la creciente privatización y la transferencia de carga de trabajo a los hogares provocando la precarización de esos procesos que sostienen la vida. Dada esta situación, la COVID-19 ha mostrado la debilidad de los Estados y de los sistemas sanitarios para hacer frente a la emergencia.

Las respuestas de los Estados ante la COVID-19 han tendido a priorizar el sistema económico frente a la sostenibilidad de la vida<a href="#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a>. Las políticas de confinamiento y otras medidas restrictivas no sólo han incrementado las desigualdades, sino que han puesto en riesgo a buena parte de la población mundial. Se prevé un aumento de las tasas de pobreza y desnutrición, mientras la violencia de género se ha disparado desde el inicio de la pandemia (CEPAL, 2020; UN Women, 2020). Esta realidad refleja como la respuesta casi homogénea para frenar la incidencia de la COVID-19 parece implicar una mayor amenaza para la vida que el propio virus en regiones como América Latina (García, De León y Rodríguez, 2020).

En este artículo se exploran las implicaciones de la pandemia sobre las vidas y cuerpos de las mujeres indígenas de América Latina, analizando algunos impactos provocados por la cuarentena y haciendo especial énfasis en los desafíos adicionales a los que se enfrentan en su lucha por la defensa de la vida.

Si bien un virus no entiende de clases o razas, sí lo hacen las desigualdades sociales que operan a nivel estructural. Como en cada crisis los impactos sobre las personas son diferenciados en función de su sexo, género, raza, clase social, etnia, edad, origen o lugar de residencia. La articulación de dichas intersecciones que atraviesan una vida determina la intensidad de sus condiciones de vulnerabilidad ante la actual pandemia. Desde esta perspectiva las medidas impuestas para frenar la expansión del coronavirus han golpeado con mayor crudeza a la población del Sur Global, especialmente a mujeres, niñas/os, pueblos indígenas y otros sectores de la población en situación de vulnerabilidad (OXFAM, 2020; UNFPA, 2020a).

Judtith Butler sostiene que la vulnerabilidad y precariedad de las vidas son condiciones políticamente inducidas, sujetas a marcos normativos que definen las vidas que importan y las que no. Son estos marcos los que regulan las condiciones que permiten que una vida sea vivible, así según esta autora hay personas que dan por supuesta su humanidad y otras que luchan por acceder a ella (Butler, 2010). Desde esta perspectiva, la articulación de las relaciones de poder capitalista y colonial han sometido a las poblaciones indígenas a la violencia, exclusión, explotación y expropiación durante siglos.  Dichas condiciones históricas han derivado en una mayor vulnerabilidad social que se acrecienta en tiempos de pandemia (OXFAM, 2020).

Según un reciente estudio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) el 30% de la población indígena en América Latina y el Caribe vive en condiciones de pobreza extrema, siendo las mujeres las más afectadas por ésta. La escasez de recursos económicos se ha intensificado durante la pandemia lo cual implica una amenaza adicional para sostenimiento de sus medios de vida. Las mujeres y hombres indígenas generalmente se emplean en la agricultura y el sector terciario en condiciones de informalidad, pero son las mujeres quienes lideran dicha informalidad con un 85% de las empleadas en el sector (OIT, 2019). Las restricciones de movilidad, imposición de toques de queda y cierre de mercados comunitarios, han puesto en riesgo su capacidad para generar ingresos y para sostener la vida de los hogares. Esta situación produce también la pérdida de autonomía y de poder en la toma de decisiones de las mujeres, así como un incremento de su dependencia hacia los hombres.

Por otro lado, el bajo acceso a servicios básicos de agua y saneamiento dificultan el cumplimiento de las medidas básicas de higiene poniendo a las personas en mayor riesgo de contagio. Estas condiciones se agravan para las mujeres y niñas sobre las que recaen las tareas domésticas y de cuidados. El rol reproductivo de las mujeres en condiciones de pobreza, escasez y de dependencia directa de la naturaleza, ha generado una mayor presión en los hogares y sobrecarga de tiempo en el desarrollo de estas tareas (OXFAM, 2020: UNFPA, 2020a).

El confinamiento obligatorio también ha ensanchado la brecha de acceso a la educación especialmente para las zonas rurales donde se han paralizado los transportes. Las niñas/os de muchas comunidades no han podido seguir ejerciendo su derecho de forma telemática por la ausencia de conectividad a Internet y de dispositivos. Se prevé que esto genere un incremento de las tasas de abandono escolar, suponiendo un importante retroceso en el ejercicio de derechos y en el desarrollo de la región. Otro de los grandes obstáculos es la falta de acceso a servicios de salud. Esta situación unida a una mayor afección de enfermedades como la diabetes, la anemia, el dengue o la malaria entre las personas indígenas les ponen situación de riesgo ante el contagio la COVID-19 (IM-Defensoras, 2020; UNFPA, 2020a).

Asimismo, el incremento de violencia de género al que se han visto expuestas muchas mujeres en el mundo durante el confinamiento, adquiere dimensiones específicas en el caso de las mujeres y niñas indígenas en América Latina. El riesgo de embarazos en niñas y adolescentes, de uniones tempranas, de trata y explotación afectan en mayor medida a las mujeres y niñas indígenas (UNFPA, 2020a). Los casos violencia sexual se han disparado durante la cuarentena dejando altas tasas embarazos de niñas y adolescentes. El Observatorio para la Salud Sexual y Reproductiva (OSAR) de Guatemala reportó 1962 casos de niñas embarazadas entre 10 y 14 años entre enero y mayo, superando la cifra de 2019 para el mismo periodo (IM-Defensoras, 2020). Junto a esta situación, también se ha visto afectada la provisión de servicios de salud sexual y reproductiva y el acceso a planificación familiar lo cual genera un importante daño en la vida las personas y las comunidades, pudiendo producir un incremento en la tasa de mortalidad materno-infantil (UNFPA, 2020b).

Las condiciones de ruralidad también afectan al acceso a la protección social y a mecanismos de denuncia ante situaciones de violencia. A ello se le añade el miedo que sienten muchas mujeres de denunciar a su agresor dada su extrema dependencia, puesto que en su rol de provisor genera los recursos para sostener su vida y la de sus hijas/os. (García, De León y Rodríguez, 2020; IM-Defensoras, 2020).

A la violencia sexual en el hogar provocada por el confinamiento se suma la violencia sufrida por las mujeres indígenas en contextos de conflicto y explotación de recursos naturales. Industrias extractivas como las petroleras, mineras, la agroindustria y los megaproyectos no sólo están destruyendo el planeta sino también la sostenibilidad de la vida de los pueblos. Este es el mayor desafío al que desde hace décadas se enfrentan las mujeres indígenas de la región. Un constante desafío por conservar sus cuerpos y territorios frente a formas violencia ejercidas por los Estados y empresas transnacionales y cuyas resistencias han estado sistemáticamente criminalizadas llegándose a pagar con sus propias vidas (García, De León y Rodríguez, 2020; IM-Defensoras, 2020; OXFAM, 2020).

<em>“A nosotras se nos dijo que nos encerráramos, pero no al capitalismo”</em> es el testimonio de Ana María Top, mujer maya <em>kaq’chiquel,</em> durante un diálogo con mujeres defensoras del territorio (García, De León y Rodríguez, 2020).  Un testimonio que refleja la realidad de muchas mujeres que, privadas de sus derechos y de sus libertades, han denunciado cómo la ocupación y expropiación ilegítimas de sus territorios y recursos naturales no sólo no han cesado durante la cuarentena, sino que han operado libres de toda resistencia (Earthworks et al., 2020; García, De León y Rodríguez, 2020; OXFAM, 2020).

Estas operaciones que se ejecutan con total impunidad vienen acompañadas de mecanismos institucionales como la militarización de las comunidades y fronteras a través de la declaración de estado de sitio en las zonas que están siendo explotadas o la supresión de las garantías constitucionales como es el caso es el caso Honduras. Esta articulación de poderes permite a las fuerzas militares ejercer el saqueo de los hogares, violaciones sexuales, detenciones y asesinatos arbitrarios (Earthworks et al., 2020; IM-Defensoras, 2020; OXFAM, 2020).

La imposición de la agroindustria global ha supuesto la pérdida de la soberanía alimentaria en muchas comunidades. El despojo de territorios para los monocultivos, la ausencia de acceso y control de la tierra y los recursos por parte de las mujeres, así como la presión del cambio climático han sido el caldo de cultivo de un incremento de la inseguridad alimentaria y en consecuencia de los desplazamientos forzados (Earthworks et al., 2020; OXFAM, 2020).

La situación descrita constituye una grave violación de los Derechos Humanos y los Derechos de los Pueblos Indígenas y un incumplimiento reiterado del Convenio 169 de la OIT, en el que se establece el derecho a consulta sobre el uso y explotación de sus territorios y los recursos naturales existentes.

El extractivismo y los megaproyectos liderados por el sistema capitalista y colonial que sitúan los cuerpos indígenas como sujetos sin derechos, han producido importantes fracturas en los tejidos comunitarios y en las formas de vida sostenibles. Sólo las comunidades con diferentes formas de autogobierno y de soberanía alimentaria han vivido una situación más liviana durante la cuarentena (Earthworks et al., 2020).

Por todas estas razones, para las mujeres indígenas la crisis estructural era previa al coronavirus, y es una crisis de un modelo insostenible para la vida. No obstante, frente a todos estos impactos y el retroceso en el ejercicio de derechos, las mujeres de los pueblos indígenas se han organizado en redes de solidaridad y apoyo para resistir a la pandemia y sus consecuencias. La puesta en marcha de autoconfinamientos, de autocontrol y seguimiento del coronavirus, la dinamización de sus mercados, la organización <em>ollas</em> comunitarias o el apoyo psicológico son algunos ejemplos de las formas de tejer resistencias entre las mujeres indígenas de la región (García, De León y Rodríguez, 2020; Earthworks et al., 2020; OXFAM, 2020).

En definitiva, el autocuidado individual y colectivo, y los esfuerzos concentrados en la defensa de la vida han sido y siguen siendo los motores de la sostenibilidad y de las reexistencias de los cuerpos condenados por sus condiciones étnicas y de género. Por tanto, el diseño de políticas frente esta crisis sistémica debería descentrar la mirada de los mercados e integrar la perspectiva de género e interseccional, con el fin de preservar el cuidado de la vida de todas las personas y del planeta. Comprender nuestra interdependencia y ecodependencia, y resignificar el valor de lo común frente a los poderes que lo destruyen suponen dos pasos esenciales para construir otra normalidad más justa y sostenible en el que todas las vidas importen.

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<strong>Bibliografía</strong>

Butler, Judith (2010). <em>Marcos de Guerra. Las vidas lloradas</em>. (1ª ed.). Barcelona: Paidós.

CEPAL (2020). <em>Aprender de la historia, atender la emergencia, repensar el futuro. México, Centroamérica y el Caribe frente la pandemia: diagnóstico y perspectivas</em>. Recuperado de: <a href="https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/45818/4/S2000512_es.pdf">https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/45818/4/S2000512_es.pdf</a>

Earthworks, Institute for Policy Studies, London Mining Network, MiningWatch Canada, Terra Justa, War on Want, Yes to Life No to Mining (2020). <em>Voces desde el territorio. Cómo la industria minera mundial se está beneficiando de la pandemia de COVID-19.</em> Recuperado de: <a href="https://miningwatch.ca/sites/default/files/voces_desde_el_territorio_final.pdf">https://miningwatch.ca/sites/default/files/voces_desde_el_territorio_final.pdf</a>

García, Jovana; De León, Quimy; Rodrguez, Andrea; (2020). Organización, resistencia y sanación. Así viven la pandemia las mujeres indígenas en Abya Yala. Recuperado de: <a href="https://ruda.gt/organizacion-resistencia-y-sanacion-asi-viven-la-pandemia-las-mujeres-indigenas-en-abya-yala/">https://ruda.gt/organizacion-resistencia-y-sanacion-asi-viven-la-pandemia-las-mujeres-indigenas-en-abya-yala/</a>

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UNFPA (2020b). <em>Atención a la salud sexual y reproductiva y planificación familiar durante la emergencia sanitaria por la COVID-19.</em> Resumen técnico. Recuperado de: <a href="https://lac.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/3-Covid-SSRyPF_ESP%20%281%29.pdf">https://lac.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/3-Covid-SSRyPF_ESP%20%281%29.pdf</a>

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<a href="#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> A modo de ejemplo, la militarización de las calles e imposición de toques de queda en países de Centroamérica han permitido detenciones arbitrarias y abusos a muchas mujeres que salían a comprar alimentos y medicinas durante la cuarentena. La negación de derechos fundamentales y la privación de acceso a recursos básicos durante la cuarentena han sido una constante en los países de dicha región. A varias mujeres presas en una cárcel de Nicaragua que padecían enfermedades respiratorias y ataques de asma se le negó al acceso a la atención médica y la protección contra el coronavirus. Por otro lado, las grandes maquilas y las empresas extractivas en toda la región latinoamericana han estado exentas de los cierres impuestos al resto de la población y han seguido operando y manteniendo a sus trabajadoras/es sin medidas de seguridad ni protección frente a la COVID-19. (Earthworks, et al., 2020; IM-Defensoras, 2020).