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El enfoque de género en los procesos de construcción de paz: el caso de Colombia
El enfoque de género en los procesos de construcción de paz: el caso de Colombia
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<p style="text-align: right;"><strong>Cristina Soler Polo</strong></p> <p style="text-align: right;"><strong>Escuela de Gobierno, Universidad Complutense de Madrid</strong></p> <strong> </strong> La resolución 1325 del 2000 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas reconoce por primera vez la necesidad de incorporar la perspectiva de género en los procesos de negociación de paz, así como garantizar la participación de las mujeres en dichos procesos. Se ha comprobado que la participación de las mujeres en las negociaciones de paz suele suponer una garantía de mayor éxito, existiendo más posibilidades de que los acuerdos permanezcan en el tiempo. A día de hoy tan sólo el 22% de los acuerdos de paz incluyen disposiciones específicas sobre igualdad de género. Además, entre 1992 y 2019, las mujeres han liderado el 13% del total de negociaciones y firmado el 6% de los principales procesos de paz. (ONU Mujeres, 2021). Si bien la resolución 1325 es un avance importante en la visibilidad y protagonismo de las mujeres en la toma decisiones en contextos de guerra, también ha sido criticada por el riesgo a ser instrumentalizada por las instituciones, centrando su discurso en medidas cuantitativas de representación, cuando las cuotas en sí mismas no son suficientes, siendo necesarias medidas que cuestionen las relaciones estructurales de poder.<a href="#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a> Además, es significativo resaltar que la resolución no es vinculante a nivel jurídico, por lo que las herramientas de control y seguimiento son especialmente complejas. (Mesa, 2012). Existen impactos diferenciales en los contextos de guerra, que dependen de factores como el género, el grupo étnico, la orientación e identidad sexual, la afinidad con un colectivo ideológico u otro, la capacidad económica, o el hecho de vivir en un entorno más rural o urbano, entre otros. En cuanto al género, es importante destacar que la violencia sexual y la apropiación del cuerpo de las mujeres son un instrumento de guerra habitual en los conflictos armados, que pueden ir desde la violación, la prostitución, el embarazo forzoso, la esterilización, la infección deliberada de enfermedades de transmisión sexual, etc. (Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, 2019; Mesa, 2012). El objetivo de esta práctica es aterrorizar a la población, ejercer control directo sobre los cuerpos y territorios de las mujeres, así como generar rupturas y traumas personales y colectivos, que afecten tanto a una familia como a una comunidad entera (Mesa, 2012). No es hasta el año 2008 (Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas) cuando se reconoce la violencia sexual como estrategia común de guerra empleada en el contexto de los conflictos armados y un año más tarde cuando se crea la Oficina de la Representante Especial sobre la Violencia Sexual en los Conflictos (Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, 2009). <strong>Acuerdo Final de Paz en Colombia</strong> El conflicto armado en Colombia destaca por se especialmente complejo, en el que están implicados una serie de actores con multitud de matices. En términos generales, si bien no es posible determinar una fecha exacta, pues cuenta con antecedentes históricos que no se pueden separar de la propia historia del conflicto, se podría decir que este tiene lugar a partir del año 1960. Entre las principales características del conflicto se encuentran: el problema agrario y de la titularidad de las tierras; la falta de confianza democrática (destacar que hasta 1991 no se aprueba la Constitución del país), el narcotráfico, las influencias y presiones de políticas internacionales (EE.UU como “tutela política”) y la debilidad del Estado (especialmente en zonas rurales y alejadas de los centros del poder). En cuanto a los actores implicados, destacan los siguientes: las guerrillas (FARC, ELN, EPL, M19), el Estado y los paramilitares. Cabe señalar que las guerrillas han protagonizado más secuestros, ataques a los pueblos, atentados terroristas y minas antipersona; mientras que los paramilitares han llevado a cabo más acciones de masacre, asesinatos selectivos, y desapariciones. (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2013). Los últimos datos disponibles en el Registro Único de Víctimas del gobierno colombiano recogen que, a día de hoy, existen un total de 9.123.123 víctimas. Entre los principales hechos victimizantes se encuentran: ataques terroristas, amenazas, delitos contra la libertad y la integridad sexual, desaparición y desplazamiento forzoso, homicidio, minas antipersona, secuestro y tortura. Las mujeres representan el 48,8% del total de víctimas, y hasta hoy se han contabilizado un total de 33.263 víctimas de delitos contra la libertad y la integridad sexual del conflicto armado, la mayoría de ellas mujeres. (Unidad para la atención y reparación integral para las víctimas, 2021). Destacar que, tal y como recoge el informe general del Centro Nacional de Memoria Histórica (2013), entre el año 1958 y 2012, el 80% del total de víctimas mortales del conflicto (unas 180.000 personas) eran civiles. El acuerdo de paz comenzó sus diálogos y negociaciones en la ciudad de Oslo el 18 de octubre de 2012 y continuaron en La Habana, siendo la ciudad el epicentro de la Mesa de Negociaciones. Finalmente, el 24 de noviembre de 2016 se firmó en Bogotá el acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera entre el gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) (Biblioteca del proceso de paz con las FARC‐EP, Presidencia de la Republica, Oficina del Alto Comisionado para la Paz, 2018). El acuerdo cuenta con seis puntos clave: <ol> <li>Reforma Rural Integral;</li> <li>Participación Política:</li> <li>Apertura Democrática para Construir la Paz;</li> <li>Fin del Conflicto;</li> <li>Solución al Problema de las Drogas Ilícitas;</li> <li>Acuerdo sobre las Victimas del Conflicto, Implementación, Verificación y Refrendación.</li> </ol> Tras la firma del acuerdo, se crea la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición (2020), como un mecanismo autónomo, independiente, extrajudicial y de carácter temporal cuyos propósitos clave son: contribuir al esclarecimiento de lo ocurrido, contribuir al reconocimiento de las víctimas y promover la convivencia con los territorios. Dentro de la comisión se recogen distintos enfoques específicos, que abarquen de manera transversal el impacto diferenciado del conflicto: étnico, de género, psicosocial, cultural, infancia y juventud, mayores y discapacidad. De esta forma, el objetivo del enfoque de género es “evidenciar las formas diferenciales en que el conflicto afectó a las personas en razón de su género, orientación sexual e identidad de género” de cara a diseñar medidas de esclarecimiento, reconocimiento y responsabilidad, contando con las aportaciones de las entidades y movimientos de mujeres y colectivos LGTBI (Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, 2020). En cuanto al acuerdo de paz, destacar que, en la mesa de negociaciones, las mujeres representaron el 46% de las participantes y el 60% de las delegaciones de víctimas que se desplazaron a La Habana para recoger los testimonios de las distintas partes implicadas (ONU Mujeres, 2018). Es reseñable la influencia de los grupos de mujeres en lograr que el acuerdo incorpore la perspectiva de género como eje vertebrador, que incluye 100 medidas específicas que promueven la igualdad. Para el seguimiento de estas medidas, se pusieron a disposición distintos organismos encargados de evaluar su cumplimiento, entre ellos: la Instancia Especial de Mujeres para el Enfoque de Género en la Paz, ONU Mujeres, la Representante del Secretario General para la Violencia Sexual en el Conflicto, la Federación Democrática Internacional de Mujeres y la Embajada de Suecia. (ONU Mujeres, 2018). Por otro lado, en el año 2014 se crea la Subcomisión de Género, que tiene como finalidad centralizar todos los asuntos en materia de derechos humanos de las mujeres y niñas y velar por la incorporación del enfoque de de género durante todo el proceso de elaboración del acuerdo. (ONU Mujeres, 2018). El octavo informe de verificación de la implementación del Acuerdo Final de Paz en Colombia (Secretaría Técnica del Componente de Verificación Internacional, 2020), recoge que una de las mayores preocupaciones que atraviesa el país es el aumento de las masacres, amenazas y asesinatos a líderes y lideresas sociales, así como a defensoras de los derechos humanos y excombatientes de las FARC. De igual modo, persisten importantes limitaciones en el derecho a la protesta, que sigue estando fuertemente estigmatizada y reprimida por un uso desproporcionado de la fuerza pública. También se ha observado un incremento de la pobreza rural, agudizada tras la crisis de la COVID-19. En cuanto al acuerdo de la reincorporación política, económica y social de los excombatientes de las FARC a la vida civil, el informe apunta a que existen dificultades administrativas y legales para su adecuado cumplimiento. Por otro lado, el informe recoge que se mantienen los enfrentamientos entre los grupos armados en los territorios, lo que se traduce en amenazas, desplazamientos forzosos, reclutamientos, etc. Además, persisten las economías ilegales (en especial el narcotráfico y la minería ilegal), marcadas por la violencia y obstaculización de los acuerdos. En concreto, han aumentado los cultivos ilícitos de cocaína y los habitantes han denunciado la ausencia de políticas de sustitución de cultivos. El cuarto informe de verificación de la implementación del enfoque de género en el Acuerdo Final de Paz en Colombia (2020), aboga por incorporar una perspectiva interseccional de las violencias basadas en el género, que incluya a la infancia y adolescencia, a personas LGTBI, hombres víctimas de violencia sexual, grupos étnicos y excombatientes. Resaltan la importancia de avanzar en la transformación de las masculinidades bélicas o militarizadas en el proceso de reincorporación a la vida civil”. El informe (2020) señala que, pese a los avances, existen importantes vacíos y limitaciones en la implementación de los acuerdos con enfoque de género. Por un lado, señalan que la recopilación de datos y estadísticas no vienen desagregados por sexo, orientación e identidad sexual y pertenencia étnico-racial. Afirman que no se están aplicando medidas afirmativas hacia las mujeres dentro del plan de reforma rural, ni se está teniendo en cuenta, entre otras cosas, la influencia de los roles de género en la reincorporación social de las mujeres que han sido guerrilleras (si bien la mayoría son hombres). Por otro lado, animan a que se visibilice y profundice en la investigación sobre la violencia sexual contra los hombres dentro de los grupos armados y contra la infancia y adolescencia. El informe reivindica también que se preste más atención a las peculiaridades de las desapariciones forzosas en el caso de mujeres y personas LGTBI. El informe final de Instancia Especial de Mujeres para el Enfoque de Género en la Paz (2019) realizó un balance de la implementación del enfoque de género en el acuerdo de paz, donde concluye que, si bien el género era un eje central del acuerdo, este se ha ido desdibujando, limitando las acciones específicas con mujeres y población LGTBI que no incorporan indicadores de impacto en su diseño. Un informe emitido por el Consejo de Seguridad de la ONU sobre violencia sexual relacionada con los conflictos (2019), apunta a que en Colombia existen en la actualidad situaciones enmarcadas dentro del conflicto armado que suponen una vulneración de los derechos humanos de las mujeres y las niñas, que siguen sufriendo violencia sexual en sus territorios. Además, señala que los mecanismos de denuncia y visibilidad de estos casos son deficitarios y complejos. Por ello, se insta al gobierno colombiano a velar por los derechos de las mujeres y cumplir con las resoluciones firmadas. Es relevante destacar el trabajo de la Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad (LIMPAL COLOMBIA, 2021), organización que se define como “feminista, pacifista y antimilitarista” que lleva más de 20 años trabajando en el terreno por la construcción de la paz, la implementación de la Resolución 1325 y los derechos de mujeres y niñas en el marco del conflicto armado colombiano. Forman parte del movimiento <em>Women´s International League For Peace and Freedom</em> (WILPF), reconocida organización internacional de mujeres pacifistas. Se han dado avances importantes en la agenda de las mujeres, paz y seguridad y existen herramientas legislativas que en un principio parecen bien definidas, así como un discurso político e institucional aparentemente comprometido. Aún así, persisten dificultades estructurales que ayuden a esclarecer, denunciar y reparar los casos de vulneración de derechos de las mujeres en los contextos de conflicto, y predomina una falta de voluntad política real, que no hacen posible un cambio en la vida de las mujeres de manera significativa. En el caso de Colombia, a pesar de la firma del acuerdo de paz en el año 2016, el conflicto armado sigue estando presente en la sociedad y en los territorios más golpeados tradicionalmente, adquiriendo nuevas formas y estrategias de violencia. Es especialmente importante tener en cuenta el impacto diferenciado del conflicto y en concreto en las mujeres, para lo cual se han creado distintos mecanismos de control y seguimiento de la implementación de los acuerdos. Por todo ello, tal y como se reivindica desde distintos espacios de lucha y reivindicación de las zonas que sufren las consecuencias del conflicto armado, los desplazamientos forzosos, la violación de los derechos humanos y el expolio de sus tierras, es importante recordar que: “Ni la tierra ni las mujeres somos territorios de conquista”<a href="#_ftn2" name="_ftnref2">[2]</a>. <strong> [symple_divider style="solid" margin_top="20" margin_bottom="20"]</strong> <strong>Bibliografía </strong> Biblioteca del proceso de paz con las FARC‐EP. Presidencia de la República, Oficina del Alto Comisionado para la Paz. (2018). Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. Oficina del Alto Comisionado para la Paz (coordinador editorial). Recuperado de <a href="https://www.jep.gov.co/Documents/Acuerdo%20Final/Acuerdo%20Final.pdf">https://www.jep.gov.co/Documents/Acuerdo%20Final/Acuerdo%20Final.pdf</a> Centro Nacional de Memoria Histórica. 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(2021). <em>Registro Único de Víctimas.</em> Disponible en https://www.unidadvictimas.gov.co/es/registro-unico-de-victimas-ruv/37394 [symple_divider style="solid" margin_top="20" margin_bottom="20"] <a href="#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a>Por ejemplo, se ha observado que las negociaciones de paz también están determinadas por los estereotipos de género, ya que en muchas ocasiones se tiende a otorgar tareas secundarias a las mujeres que tienen que ver con el rol de cuidadoras o con tareas de carácter más asistencial (Mesa, 2012). <a href="#_ftnref2" name="_ftn2">[2] </a><a href="https://airelibre.fm/ecofeminismo-ni-las-mujeres-ni-la-tierra-somos-territorios-de-conquista/">https://airelibre.fm/ecofeminismo-ni-las-mujeres-ni-la-tierra-somos-territorios-de-conquista/</a>
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