Extractivismo en América Latina y el Caribe: impacto en los pueblos originarios y las mujeres indígenas

Blanca Seara Millán

Escuela de Gobierno, Universidad Complutense de Madrid

Se entiende por extractivismo una forma de explotación del medio natural para la obtención de materias primas a gran escala. En la región de América Latina y el Caribe los proyectos de extracción de materias primas por parte de países extranjeros, se intensificaron en la década de los noventa, impulsados por políticas de países latinoamericanos para favorecer la inversión extranjera directa, concentrando el grueso de la extracción minera en: Perú, México, Brasil, Chile y Argentina (Carvajal, 2016).

Las prácticas extractivas son múltiples, entre las cuales destacan: la minería, extracción de hidrocarburos o plantaciones para los agro negocios (consistentes en emplear extensos territorios para la plantación de un producto agrícola que será exportado a países extranjeros).

Existe una gran competencia entre los países de América Latina y el Caribe por albergar los proyectos de desarrollo extractivo en sus territorios, motivados por las ganancias económicas que éstos pueden generar. Sin embargo, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), pone de manifiesto que el hecho de que la inversión extranjera en un país sea alta, no implica por sí sola el desarrollo económico y la diversificación productiva de los países receptores de la misma, ya que debe ir acompañada de otras medidas orientadas a coordinar las prioridades de inversión de estos países. Igualmente, señala la importancia de que en un contexto internacional en el que la competencia por las inversiones extranjeras es cada vez más fuerte, se diseñen políticas involucradas con el desarrollo sostenible (CEPAL, 2019 p.15).

En este contexto, algunos Estados[1] flexibilizan determinadas legislaciones y firman convenios favorables para poder extraer, sin necesidad de adherirse a medidas de sostenibilidad y mantenimiento de los ecosistemas del entorno. Además, estos acuerdos dejan de lado a partes directamente afectadas, como las poblaciones que habitan los territorios en los que pretenden asentarse las actividades extractivas.

China y Canadá son dos de los países con mayor número de proyectos activos de minería y extracción de hidrocarburos en la región de América Latina y el Caribe, concentrando entre ambos un elevado número de acciones e inversiones en la región. Aunque esto podría considerarse como una inversión positiva en el país receptor, la mayor parte de las ganancias de estos proyectos van orientadas a empresas transnacionales privadas, que compiten en un mercado global. No necesariamente responden a los intereses locales y regionales de los países de donde se extraen las materias primas (Fund. Rosa de Luxemburgo,2013 p.23).

El discurso pro extractivista, basado en el neoliberalismo de los años 90, niega la necesidad de un equilibrio entre lo social y lo ambiental basándose en el concepto de crecimiento económico. El desarrollo extractivo, tiene como objetivo el beneficio de la población de las grandes ciudades, en detrimento de la población rural e indígena que ve mermada su calidad de vida por las consecuencias de dicha extracción (Silva, 2017 p.25).

Los métodos utilizados para las mencionadas explotaciones generan efectos devastadores en el entorno. Esto condena a los territorios exportadores a la pérdida de sus medios tradicionales de vida por el envenenamiento de sus aguas, sus tierras y los animales que las habitan. Dichos métodos se ven habitualmente confrontados por movimientos de resistencia de los pueblos indígenas y grupos ambientalistas, por citar algunos ejemplos en diferentes países: el Frente de Defensoras de la Pachamama (Ecuador), OFRANEH y COPINH (Honduras), Mujeres Aq’ab’al (Guatemala) y organizaciones como el Colectivo de Acciones Socioambientales CASA (Bolivia) (Carvajal, 2016 p.47-48).

La aparición en los territorios de grandes proyectos de extracción conlleva la presencia de militares, seguridad privada y grupos paramilitares en la zona y la consecuente expulsión de sus habitantes -en su mayoría población indígena- despojándoles de sus tierras y medios de subsistencia. La militarización de los territorios en pro de la protección de las instalaciones de los proyectos, ejerce control sobre las tierras donde los derechos humanos se violan de manera sistemática por parte de entidades públicas y privadas en connivencia en muchos casos, con autoridades regionales (Carvajal, 2016 p.29).

La Relatora Especial de las Naciones Unidas en su Informe sobre los derechos de los pueblos indígenas (2015), sostiene que tal y como se están llevando a cabo los acuerdos multinacionales de inversión, estos “afectan negativamente […] a los derechos de los pueblos indígenas, en particular a sus derechos a la libre determinación, a sus tierras, territorios y recursos, a la participación y al consentimiento libre, previo e informado”.

¿Qué implicaciones tiene el extractivismo en las mujeres indígenas?

María Lugones expone en su trabajo “Hacia un feminismo descolonial” (2011) que a partir de la colonización de las Américas y el Caribe, se estableció una dicotomía entre lo humano (colonizadores) y no humano (colonizados) y una “misión civilizadora” de aquellos seres considerados bestias, sirviendo de excusa para numerosos actos de crueldad y explotación sobre personas y territorios.

Basándonos en esta dicotomía, en lo que podría considerarse un colonialismo moderno los valores predominantes son los del neoliberalismo, que despojan de humanidad e importancia a las costumbres ancestrales de los pueblos originarios, que suponen parte trascendental de sus medios de subsistencia y también de sus valores culturales. Rocío Silva Santiesteban habla del extractivismo como un sistema colonial y patriarcal que se representa a través de lo que ella llama “basurización simbólica que es una forma de conferirle a “ciertos seres humanos” una representación que tenga como mandato salir del sistema para que el sistema funcione” (Silva, 2017).

El modelo de desarrollo basado en explotar el territorio de manera abusiva es fuertemente criticado por movimientos de mujeres indígenas y asociaciones en defensa de la tierra. Estos movimientos son desacreditados y demonizados por el discurso imperante, que los define como contrarios al crecimiento de la región y como agitadores del orden público (Silva, 2017). La filosofía de las mujeres indígenas fomenta valores en torno a la comunidad como un concepto global del “nosotras/os”, de interconexión entre la tierra, la naturaleza, los animales y los seres humanos. El binomio mujer/naturaleza que situaría a la mujer como creadora y sostenedora de la vida, también lo haría como sujeto explotable y denigrable por parte del sistema patriarcal capitalista (Aimé, 2015).

La contaminación ambiental a causa de vertidos tóxicos u otras consecuencias derivadas de los asentamientos extractivos, provoca otras implicaciones como la migración forzada, la expulsión o la permanencia de estos pueblos en sus territorios, en situaciones de extrema pobreza y vulnerabilidad.

Esta contaminación puede generar problemas graves de salud en la población, que en las mujeres se ven principalmente representados en altas mortalidades maternas, cánceres en el aparato reproductor, contaminación de la leche materna o abortos espontáneos. Asimismo, puede influir en sus labores de crianza, por una alta mortalidad infantil, defectos congénitos o enfermedades infantiles (CIDH 2017).

La existencia de proyectos extractivos en los territorios, supone la alteración de la estructura social y las economías locales y una ruptura en los paradigmas culturales y vitales de los pueblos originarios. Las mujeres indígenas se ven afectadas de manera desproporcionada, ya que sus roles como integrantes partícipes de la sociedad y lideresas espirituales cambian por completo, al introducirse nuevas formas de producción que emplean mayoritariamente a los varones en empleos precarizados, mal pagados e insalubres.

También se ven precarizadas las labores de cuidados, haciendo responsables a las mujeres de todo el trabajo comunitario (en ausencia de los varones) y doméstico, atención a personas enfermas a causa de la contaminación ambiental y a la pérdida de autonomía económica por la descomposición del tejido comercial tradicional.

El impacto diferencial de género implica que los roles y las tareas asociadas tradicionalmente a las mujeres indígenas se diluyan, dejándolas al margen del orden social y siendo forzadas por sus situaciones de vulnerabilidad a ejercer la prostitución o inmersas en redes trata de seres humanos (CIDH, 2017 p.71).

La violencia sexual es una fórmula recurrente de represión ante resistencias de grupos contrarios a los proyectos extractivos, en desalojos forzados y como medio de denigración y estigmatización de las defensoras de los territorios (Carvajal, 2016 p.33). Por su condición de indígenas, las mujeres son víctimas también del racismo estructural y los prejuicios que las sitúan en un escalafón social inferior con un alto riesgo de marginalidad.

La situación de alta vulnerabilidad y pérdida de sustento económico, unida a la llegada de trabajadores temporales a los puntos de extracción y a una “masculinización” del entorno, genera situaciones de gran peligro y violencia hacia las mujeres. Berta Cáceres o Máxima Acuña de Chaupe son dos ejemplos de los muchos que existen, de mujeres defensoras de los territorios que han liderado protestas contra la destrucción de su entorno natural y su capital cultural, poniendo en riesgo su integridad física e incluso su propia vida.

El dogma capitalista del crecimiento económico a toda costa, niega la existencia de los límites del planeta tanto en su superficie cultivable como habitable. Esta tendencia aboca al colapso ambiental, con la consecuente pérdida de vidas humanas y especies de animales y plantas (Fund. Rosa de Luxemburgo, 2013). Valorar exclusivamente elementos relacionados con el crecimiento económico, desde una perspectiva neoliberal, capitalista y patriarcal repercute en un aumento de la pobreza, la desigualdad y la violencia en los territorios indígenas y unas desastrosas previsiones de futuro, ya que las consecuencias a nivel ecológico, social y económico para estas poblaciones tienen un gran impacto a largo plazo.

Bibliografía

Aimé Tapia González, Georgina (2015). Aportaciones de las mujeres indígenas al diálogo entre filosofía y ecología en Puleo, Alicia, Ecología y género en diálogo interdisciplinar (p.263-276). Madrid: Plaza y Valdés Ediciones.

Carvajal, Laura María (2016). Extractivismo en América Latina impacto en la vida de las mujeres y propuestas de defensa del territorio. Colombia: FAU – AL Fondo Acción Urgente – América Latina.

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (2019). La inversión directa extranjera en América Latina y el Caribe. Santiago: CEPAL

Comisión Interamericana de Derechos Humanos (2017). Las mujeres indígenas y sus derechos humanos en las Américas. CIDH

Fundación Rosa de Luxemburgo, Radialistas apasasionadas y apasionados y Censat Agua Viva (2013). Alternativas al desarrollo. La destrucción del planeta no es un destino. Quito: Fundación Rosa de Luxemburgo, Radialistas apasasionadas y apasionados y Censat Agua Viva.

Naciones Unidas Asamblea General (2015). Informe de la Relatora Especial del Consejo de Derechos Humanos sobre los derechos de los pueblos indígenas relativo a las repercusiones de las inversiones internacionales y el libre comercio sobre los derechos humanos de los pueblos indígenas (2015). Nueva York: Naciones Unidas.

Lugones, María (2011) Hacia un feminismo descolonial. Revista La Manzana de la Discordia, pp. 105-117

Silva Santiesteban, Rocío (2017). Mujeres y conflictos ecoterritoriales. Impactos, estrategias, resistencias. Disponible en (abril de 2018) http://www. entrepueblos. org/files/Mujeresyconflictos_Convenio_-2017. pdf.

[1] “En Chile, la Ley Orgánica Constitucional sobre Concesiones Mineras -creada durante la dictadura de Pinochet-, está encaminada a la privatización absoluta de los yacimientos pues estos pasan a ser propiedad de quien los explote hasta su agotamiento, dejando un margen de acción mínimo para el Estado” (Carvajal, 2016).