Género y políticas públicas en la era post COVID
Cristina Soler Polo
Escuela de Gobierno, Universidad Complutense de Madrid
Una aproximación teórica al análisis de las políticas públicas:
Las políticas públicas engloban una amplitud de definiciones y pueden entenderse desde distintos marcos interpretativos. López, Peterson y Platero (2014) proponen definirlas como un proceso que implica una toma de decisiones, en el que interactúan una serie de valores y relaciones de poder que, como consecuencia, generan una acción o la ausencia de la misma, en base a una idea previa de problema.
La autora australiana Bacchi (2012) profundiza sobre la idea de problematización, sosteniendo que, analizando el discurso implícito de las políticas públicas, se puede acceder a las problematizaciones ideológicas sobre las que se parte. Es decir, cómo se produce un problema y por qué se considera un problema una situación y no otra, y cómo en función de ese problema se toman una serie de acciones y no otras. Desde este enfoque analítico, se trata de identificar de qué manera el discurso político genera subjetivad e identidad, o lo que es lo mismo, cómo las políticas públicas pueden producir patrones normativos de formas de vida. López (2017) afirma que “estudiando cómo se representan los problemas podemos rastrear repartos desiguales de poder” (p. 99).
Esto enlaza con las aportaciones de Butler sobre la relación de las estructuras políticas con la generación de espacios de vulnerabilidad y precariedad. Defiende que las instituciones distribuyen de manera radicalmente desigual formas de vulnerabilidad y precariedad. Considera que la precariedad está estrechamente relacionada con las instituciones sociales, económicas y políticas y con la gestión de los recursos, conectando aquí con el concepto de vulnerabilidad, al afirmar que somos vulnerables, por un lado, por nuestra propia condición humana, en la que dependemos las unas de las otras, y, por otro, por la capacidad que tienen las instituciones de proteger o excluir en base a esa vulnerabilidad previa. Así, afirma que la desigualdad tiene un impacto diferencial en función de la categoría social a la que se pertenezca. (Butler, 2004; 2015).
En esta misma línea, Butler (2020) incorpora un término que puede ser interesante para analizar desde un punto de vista teórico el marco de las políticas públicas. Habla de la llorabilidad[1] para referirse al proceso por el cual ciertas vidas merecen ser lloradas y otras, en cambio, se consideran prescindibles. Reflexiona sobre por qué unas vidas importan más que otras y cómo esta llorabilidad está intrínsecamente relacionada con el género, la clase o la raza. ¿Es el derecho a una vida digna, vivible, universal?, se pregunta la autora.
Santoro (2019) esboza una mirada crítica de las políticas sanitarias que pueden trasladarse fácilmente a la situación de pandemia que vivimos en la actualidad. Señala que tienen un impacto directo sobre las vidas y cuerpos y que funcionan bajo tres lógicas. En primer lugar, la de exclusión como producción de categorías y grupos de riesgo. En segundo lugar, la de normalización, destacando la capacidad de las políticas para modificar conductas de la población. Y, por último, la de medicalización, reduciendo el debate a un problema médico que por tanto sólo puede ser combatido desde una perspectiva biomédica.
A la hora de analizar las políticas públicas que se están llevando a cabo tras la crisis de la COVID-19, podríamos reflexionar sobre cómo se representa el problema de la pandemia. Como hemos visto, analizar el proceso de problematización da indicios sobre el discurso implícito de una medida o propuesta. En este caso, ¿se entiende la pandemia como un problema sanitario, económico o social? En función del contexto y medida a analizar, destacaría una idea de problema u otro. Según el problema identificado, esto nos llevaría a pensar las relaciones de poder predominantes.
En cuanto a la teoría de Butler, si partimos de la base de que todas las personas somos vulnerables, en situaciones extremas como la actual, la vulnerabilidad se intensifica, sobre todo para aquellas personas que partían de condiciones de precariedad previas. Podríamos preguntarnos si las políticas que se instauren para paliar las consecuencias de esta crisis tienen como objetivo reducir el impacto desigual de estos espacios de vulnerabilidad y precariedad, o si, por el contrario, van a contribuir a empeorar las condiciones de estas personas. De igual modo, podemos preguntarnos, ¿qué vidas están pudiendo ser lloradas durante la pandemia y cuáles se están dejando en los márgenes? ¿Sobre qué vidas se toman acciones políticas y sobre cuáles no se actúa?
Mainstreaming de género en las políticas públicas durante la pandemia:
El mainstreaming de género (traducido como transversalización de género) es una estrategia organizativa y enfoque político que supone incorporar la perspectiva de género durante todas las fases y niveles del proceso de elaboración de una política por parte de una institución, así como integrar a las mujeres en la “corriente principal” del desarrollo (Consejo de Europa, en Lombardo, 2003; De la Cruz, 1998). El término fue formalmente definido en 1995 tras la Cuarta Conferencia Mundial sobre Mujeres en Beijing, China (United Nations, 1996).
Destacan cinco elementos clave de la estrategia: ampliación del concepto de igualdad teniendo en cuenta la influencia de los roles de género en las formas de vida; incorporación de la perspectiva de género en la agenda política dominante; promoción de la participación de las mujeres en procesos de toma de decisiones; priorización de las políticas de igualdad; y, motivación al cambio de las culturas organizativas e institucionales en pro de la igualdad (Consejo de Europa, en Lombardo, 2003).
Si bien el mainstreaming está recogido en distintas legislaciones internacionales y los avances son evidentes, a día de hoy su implementación y compromiso real resulta especialmente complejo. Por un lado, las regulaciones al respecto no suelen ser vinculantes, por lo que en muchas ocasiones depende de la voluntad política o de las entidades. Por otro, existe una importante variedad de actores (públicos y privados) que intervienen en la toma de decisiones; así como las propias interpretaciones que cada uno de los actores tenga sobre la igualdad de género y cómo pueden afectar los roles de mujeres y hombres en la sociedad. (Espinosa, 2016).
En el área de las políticas públicas, la interseccionalidad se conoce como discriminación múltiple, término que pretende analizar y visibilizar la relación entre distintas fuentes estructurales de desigualdad cuando concurren simultáneamente, sin pretender que se reduzcan a una enumeración o simple suma de identidades, sino más bien un proceso de comprender cómo determinan cada contexto (López, Peterson y Platero, 2014, p. 176-177).
Sobre este tema, es relevante resaltar las aportaciones de autoras como Angela Davis, considerada una de las referentes del activismo antirracista y feminista. En su obra “Mujeres, raza y clase” (1981) profundiza sobre cómo estas tres condiciones interaccionan entre sí al mismo tiempo, generando situaciones de exclusión que han quedado invisibilizadas de manera sistemática tanto por parte del propio movimiento feminista como por parte de las instituciones.
En relación a las medidas adoptadas tras la crisis actual de la COVID-19, la OCDE (2020) aboga por una recuperación inclusiva y con perspectiva de género, que requiere llevar a cabo políticas públicas que aborden las siguientes cuestiones: la lucha contra la violencia de género; el acceso a la sanidad pública (incluidos los derechos sexuales y reproductivos, que se han visto notablemente perjudicados estos meses); el empoderamiento económico de las mujeres y el enfoque de la economía de los cuidados y el trabajo no remunerado; la protección social y derecho a la educación, entre otras. Destacan también la importancia de segregar los datos por sexo, no sólo de contagios o fallecimientos, sino del impacto en términos sociales, económicos y políticos, para analizar las consecuencias diferenciadas, que, como se ha comprobado, afecta en mayor medida a las mujeres. La CEPAL (2020), en la misma línea, apuesta por medidas de redistribución fiscal, mejora de los servicios públicos y prestaciones sociales, así como una defensa firme por la sostenibilidad medioambiental.
El PNUD y ONU Mujeres (2020), han elaborado un informe que desarrolla un rastreador del diseño de medidas políticas[2] a nivel mundial para paliar las consecuencias de la COVID-19, centrando especial atención a la inclusión de la perspectiva de género. Distinguen las medidas en cuatro categorías principales: de protección social, del mercado laboral, económicas y fiscales y medidas contra la violencia de género.
Tal y como citan en el informe, las medidas sensibles al género son aquellas que incorporan alguno de estos tres objetivos: combatir la violencia hacia mujeres y niñas, garantizar la seguridad económica de las mujeres e incidir sobre el trabajo de cuidados no remunerado. De los 206 países que forman parte del buscador y que han llevado a cabo medidas contra la COVID-19, sólo 164 incluyen medidas específicas que incorporen la perspectiva de género. Por otra parte, del total de medidas rastreadas, menos de la mitad pueden considerarse sensibles al género. De estas, en gran parte van dirigidas a combatir la violencia de género, y las relacionadas con la protección económica y cuidados no remunerado son una minoría. Se observan diferencias reseñables en el tipo de medidas que se adoptan según la región. Por ejemplo, Europa, Norte América, Australia y Nueva Zelanda destacan por llevar a cabo medidas centradas en la violencia contra las mujeres y en los cuidados, mientras que América Latina y el Caribe concentran mayoritariamente medidas orientadas al refuerzo de la economía de las mujeres, seguido por África Subsahariana.
Sería interesante analizar no solo el diseño y discurso de estas medidas y políticas sino también su implementación e impacto, pues son dos planos distintos y no siempre equilibrados entre sí. La evaluación es una de las fases que más pasan desapercibidas durante el proceso de elaboración de una política, más aún si requiere de un análisis que tenga en cuenta el género como aspecto transversal, lo que demuestra la necesidad de considerar la evaluación como un aspecto clave en las medidas y políticas públicas, de cara a tomar conciencia sobre la viabilidad de las propuestas y mejorar para acciones futuras (Espinosa y Bustelo, 2019).
A modo de conclusión, podríamos afirmar que uno de los aprendizajes que nos deja esta nueva etapa, es que la pandemia tiene un claro impacto diferencial en función del género, del territorio donde se habite o la capacidad económica, y por ende de las políticas que se desarrollen. Estas desigualdades han sido señaladas desde el ámbito académico y político, pero hay que destacar también que los movimientos sociales y activistas, en especial los que pertenecen al sur global, vienen denunciado desde hace tiempo las condiciones de desigualdad estructural y sistemática a las que se expone a gran parte de la población (el caso chileno es un ejemplo reciente que pone en evidencia la influencia del movimiento feminista y civil en cambios sociales y políticos estructurales).
El impacto diferencial de la actual pandemia, al que hacíamos alusión a lo largo del texto, conlleva a tomar acciones concretas encaminadas a reducir los efectos colaterales que genera, cuya responsabilidad recae sobre los gobiernos e instituciones, que deben incorporar, de manera transversal, la perspectiva de género e interseccional. Acciones como las del PNUD y ONU Mujeres que han elaborado un rastreador de medidas post-COVID sensibles al género a nivel mundial, son una herramienta fundamental y necesaria para el análisis de las políticas en un contexto como el actual, que permite conocer más en profundidad cómo se está gestionando esta crisis.
Algunas de las aportaciones inicialmente expuestas sobre los conceptos de problematización, vulnerabilidad, precariedad o llorabilidad, pueden servir como marco interpretativo para la aproximación al complejo análisis teórico y discursivo de las políticas públicas.
Bibliografía:
Bacchi, Carol. (2012). Why Study Problematizations? Making Politics Visible. Open Journal of Political Science: 2(1), 1-8. Recuperado de: https://file.scirp.org/pdf/OJPS20120100003_72526218.pdf
Bustelo, María y Lombardo, Emanuela. (2006). Los marcos interpretativos de las políticas de igualdad en Europa: conciliación, violencia y desigualdad de género en la política. Revista Española de Ciencia Política, 14, 117-140. Recuperado de https://eprints.ucm.es/58176/1/BusteloLombardo%20FINAL1.pdf
Butler, Judith. (2020). Sin miedo: Formas de resistencia a la violencia de hoy (1.ª ed.). Madrid: Taurus.
Butler, Judith. (2004) Vida precaria: El poder del duelo y la violencia (1.ª ed.) Buenos Aires: Paidós.
Butler, Judith. (2015). Cuerpos aliados y lucha política: Hacia una teoría performativa de la asamblea (1.ª ed.). Barcelona: Paidós.
CEPAL. (2020). Pactos políticos y sociales para la igualdad y el desarrollo sostenible en América Latina y el Caribe en la recuperación pos-COVID-19. Informe especial COVID-19, Nº 8. Recuperado de https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/46102/4/S2000673_es.pdf
Davis, Angela. (1980). Mujeres, raza y clase (3.ª ed.). Madrid: Ediciones Akal.
De la Cruz, Carmen. (1998). Guía metodológica para incorporar la perspectiva de género en proyectos y programas de desarrollo. Vitoria: Emakunde. Recuperado de: https://www.emakunde.euskadi.eus/contenidos/informacion/publicaciones_guias2/es_emakunde/adjuntos/guia_genero_es.pdf
Espinosa, Julia. (2016). La evaporación de los compromisos de género en la práctica del desarrollo. El mundo que queremos. La Agenda 2030. Fundación Seminario de Investigación para la Paz. Zaragoza: Mira Editores.
Espinosa, Julia y Bustelo, María. (2019). ¿Cómo evaluamos el éxito de las políticas de igualdad de género?: Criterios y herramientas metodológicas. Revista Española de Ciencia Política, volumen 49, 151-172. doi: https://doi.org/10.21308/recp.49.07
Lombardo, Emanuela. (2003). El mainstreaming de género en la Unión Europea. Aequalitas. Revista Jurídica de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres, 10-15, 6-11. Recuperado de http://americalatinagenera.org/newsite/images/cdr-documents/publicaciones/doc_181_Mainstreaming-genero-UE.pdf
López, Silvia; Peterson, Elin y Platero, Raquel (Lucas). (2014). Políticas públicas. En Lois, Marta y Alonso, Alba (Coords.), Ciencia política con perspectiva de género (161-187). Madrid: Ediciones Akal.
López, Silvia. (2017). Políticas públicas y producción de espacios de vulnerabilidad: La construcción de la madre-mujer en el discurso político en España. Revista Española de Ciencia Política, 44, 97-120. doi: https://doi.org/10.21308/recp.44.04
OECD. (2020). Response, recovery and prevention in the coronavirus (COVID-19) pandemic in developing countries: Women and girls on the frontlines. Recuperado de https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=136_136621-wc776cqdgx&title=Response-recovery-and-prevention-in-the-coronavirus-%28COVID-19%29-pandemic-in-developing-countries-Women-and-girls-on-the-frontlines
PNUD, UN Women (2020). COVID-19 global gender response tracker. Recuperado de https://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/womens-empowerment/COVID-19-Global-Gender-Response-Tracker.html
Santoro, Pablo. (2019). Encarnar el virus. En López, Silvia y Platero, R. Lucas (Eds.), Cuerpos marcados: Vidas que cuentan y políticas públicas (87-108). Barcelona: Edicions Bellatera.
United Nations. (1996). Report of the Fourth World Conference on Women: Beijing, 4-15 September 1995.
[1] En sus obras, Butler habla de “grievability”, que en castellano se ha traducido a llorabilidad.
[2] Para mayor profundización consultar sobre la herramienta MAGEEG (Mainstreamig Gender Equality in Europe, en Bustelo y Lombardo, 2006), que sirve para analizar el diseño de una política pública desde el enfoque de género, en concreto el equilibrio entre el diagnóstico o problema y pronóstico o solución. Incluye también el análisis de la perspectiva interseccionalidad que abarque la medida.