Participación y representación política de las mujeres en la República de Cabo Verde: camino hacia una Ley de Paridad

Universidad Complutense de Madrid (CSEG)

Sergio Moreno Ríos

Una República para la igualdad

“Los derechos de las mujeres son derechos humanos (…), su dignidad es igual a la de los hombres” (Duarte, 2007). Guiado por este pensamiento, Amílcar Cabral, máximo dirigente de la lucha por la liberación del pueblo guineano y caboverdiano, enalteció la participación de las mujeres superando la visión utilitarista que, en aquel momento, imperaba la movilización de todos los estratos y segmentos de la población en aras a la emancipación nacional. De este modo, el Partido Africano para la Independencia de Guinea y Cabo Verde (PAIGC) fue fundado en 1956 bajo la inspiración del pensamiento de un revolucionario que guionizaba “la igualdad de la ciudadanía bajo la ley sin distinción de sexo” para el igual disfrute “de derechos en la familia, en el trabajo y en la arena pública” (Duarte, 2007).

Su compromiso sincero le llevo a afirmar que “las mujeres no necesitan del favor de nadie… Necesitan justicia social, pues sobre la base de la justicia conquistarán lo que realmente les es propio por derecho”. Particularmente, encuentro en este pionero enfoque de derechos – extremadamente atrevido para su época –  el germen que permitió enraizar el ideal de la igualdad y la libertad femenina como uno de los fines constituyentes propios de una saliente república caboverdiana que, de acuerdo con la academia, brotó con mayor facilidad que en otras naciones africanas debido, principalmente, a los tres siguientes factores (Monteiro, 2009):

1. La irrisoria existencia de usos consuetudinarios que contrariaban la igualdad de derechos por razón de género, tales como la mutilación genital femenina, la poligamia forzosa o el matrimonio concertado.
2. El empleo y lectura del discurso cristiano desde postulados que acentuaban los principios de dignidad e igualdad entre los seres humanos en una sociedad mayoritariamente católica.
3. Las costumbres arraigadas a una administración colonial que destinó a las mujeres a trabajar fuera del hogar tanto igual o más que a sus compañeros varones.

En efecto, el eco del mensaje de liberación humana de Cabral cautivó a sus oyentes y fue superado por sus seguidoras que fueron, durante y tras la guerra de  independencia, aumentando progresivamente su participación en los diversos frentes. Así, en común, defendieron la defensa de los derechos de las mujeres, su lucha contra todo aquello que pudiera comprometer su dignidad, el empoderamiento y la sororidad que habría de convencer a las mujeres de que su manumisión les correspondía por motu proprio y la necesidad de volcar sus esfuerzos participativos en un Partido que aspiraba a hegemonizar la igualdad como valor último de la revolución (Duarte, 2007).

No obstante, y a pesar de los avances que sitúan a la República de Cabo Verde como uno de los países más progresistas de la región de África subsahariana en materia de igualdad de género, hoy el enfoque limitado de la participación política sigue siendo un obstáculo para la concurrencia igualitaria de mujeres y hombres en la toma de decisiones. Si bien el Código Electoral, en los artículos 415 y 431, establece que “las listas electorales propuestas deberán contener una representación equilibrada de ambos sexos” y “prevé un incentivo financiero a los partidos políticos que presenten al menos el 25% de las mujeres en sus listas”, la aplicación de lo previsto en la ley queda aún hoy lejos de ser una realidad, no existiendo mecanismos de fiscalización para su aplicación ni reglamentación alguna de dicho incentivo.

A tenor de ello, este artículo se compromete a desentrañar breve y descriptivamente la realidad del noble ideal de igualdad que inspiro a un archipiélago libre que hoy dirige sus esfuerzos hacia la promulgación de una Ley de paridad. En consonancia, se pretende aquí ofrecer una panorámica de la situación de la participación política de las mujeres en términos descriptivos y simbólicos, a fin de sugerir un camino que abogue por la adopción e implementación de una agenda que conduzca al país a la materialización, de forma progresiva, consistente e irreversible, de la paridad de género en la participación política, social, económica y cultural en la sociedad caboverdiana a través de resultados concretos, visibles y mensurables a corto y medio plazo, de acuerdo con lo establecido en el Plan Estratégico para el Desarrollo Sostenible del País, la Agenda de Desarrollo 2063 de la Unión Africana y la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.

La construcción de la disparidad como problema social

Así pues, la Constitución de la República caboverdiana (CRCV), en su artículo 1, establece que “la República de Cabo Verde reconoce la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley, sin distinción de origen social o situación económica, raza, sexo, religión, convicciones políticas o ideológicas y condición social” (apartado 2), estableciendo que el Estado “creará progresivamente las condiciones indispensables para la eliminación de todos los obstáculos que puedan impedir el pleno desarrollo de la persona humana y limitar la igualdad de los ciudadanos y su efectiva participación en la organización política, económica, social y cultural del Estado y de la sociedad caboverdiana” (apartado 4). Con ello, la CRCV aspira a una clara interdicción del mantenimiento de determinadas diferenciaciones que han situado a sectores de la población en situaciones de desventaja y contrarias al principio de igualdad que, aquí, se ve reforzado por el artículo 24 de la misma. Especial mención merece además el artículo 54.4 que, bajo la estela del cuarto deber del Estado concerniente al artículo 7. D), ordena a los poderes públicos a alentar “la participación equilibrada de los ciudadanos de ambos sexos en la vida política”. Recapitulando, el ansia y anhelo por la paridad entre hombres y mujeres adquiere una naturaleza constituyente que se tomará aquí como marco interpretativo o policy frame de los datos que seguirán a la narración, transformando la información fragmentaria o casual en un problema político estructurado y significativo en el que se ha de incluir, implícita o explícitamente, una solución (Verloo, 2005).

Desde esta premisa el Código Electoral prosiguió, desde su reforma en el año 2010, el anhelo por una mayor paridad política desde un enfoque basado en la demanda^[1]  (Lovenduski y Norris, 1995):

Tabla 1. Fuente: Gender Quotas Database (2018)

Sin embargo y como se ha venido adelantando, la ausencia de mecanismos de fiscalización ni reglamentación que viabilicen las sanciones administrativas, así como la inexistencia de un sistema reglado de colocación paritario, desvanecen las probabilidades de éxito de una ley que, con la única aspiración de reserva del 25% de las candidaturas para las mujeres, resultaba de por sí poco ambiciosa.

En consecuencia, los resultados obtenidos en las últimas elecciones legislativas vislumbraron un horizonte de trabajo por delante. Así, de 2011 a 2016 sólo hubo un ligero aumento de presencia femenina: habiendo un 21% de diputadas y de concejalas, fue posible avanzar hacia un 23,6% de diputadas y un 29,4% de concejalas, respectivamente. En otras palabras, de los 72 asientos que dispone la Asamblea Nacional, únicamente 17 fueron ocupados por mujeres. Huelga señalar aquí cómo tan sólo se alcanzó la paridad en 2 de las 22 cámaras municipales del país (Praia con un 44,4% y Brava con un 60%). Asimismo, y a nivel ejecutivo, al tiempo que se produjo un descenso del 50% al 25% de cargos ministeriales ocupados por mujeres, la representación femenina en la Presidencia de las Mesas de las Asambleas Municipales supuso un escaso 13,6% y ninguna mujer resultó electa alcaldesa (INE, 2016). Por otro lado, especialmente clarificador resulta el retroceso simbólico tras el cambio de Gobierno del socialdemócrata Partido Africano de la Independencia de Cabo Verde (PAICV) por el actual en manos del liberal Movimiento por la Democracia (MpD), que ha relegado a las mujeres de las carteras ministeriales ligadas a la economía o a la defensa nacional, permitiendo afirmar así la asociación simbólica (Yuval-Davis, 1997) de los hombres con la defensa de la nación y de las mujeres con el cuidado y las virtudes de la misma. Concretamente, el actual equipo de Gobierno delega el Ministerio de Justicia y Trabajo, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Familia e Inclusión Social y el Ministerio de Infraestructuras y Ordenación territorial en manos de mujeres (Governo de Cabo Verde, 2018).

Además de la participación política de las mujeres, urge mencionar la baja representatividad de mujeres en cargos de liderazgo en otras esferas del país. Así por ejemplo, mientras que en el Supremo Tribunal de Justicia, de las 7 magistraturas únicamente 2 son ocupadas por mujeres (el 28,6%), en la Administración Pública, de entre los 106 cargos dirigentes habidos en el año 2014, sólo 37 fueron desempeñados por mujeres (el 34,9%). Por otro lado, y si bien el sector educativo viene disfrutando de mayor representatividad femenina, hasta el año 2014 tan sólo un 18,2% de mujeres ocuparon cargos de jefatura descentralizados. Afortunadamente, a partir del año 2017 se produjo una evolución positiva, situándose ahora las mujeres en un 45,5%y en un 39% de delegaciones de educación y dirección de Escuelas Secundarias, respectivamente (INE, 2016).

En conclusión, la legislación vigente no alcanza a revertir la desigualdad y discriminación histórica que deviene en la escasa cuando no nula participación igualitaria entre hombres y mujeres en la toma de decisiones. Por tanto y en aras a superar este desafío, en enero de 2017, la Red de Mujeres Parlamentarias (RMPCV) celebró conjunto al Instituto Cabo Verdiano para la Igualdad y la Equidad del Género (ICIEG) y bajo el amparo de ONU Mujeres y del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), un Taller sobre Mecanismos de Paridad del que germinaría la Declaración de Rui Vaz, un manifiesto conjunto que reafirmó su compromiso con la formulación, adopción, monitoreo y evaluación de una Ley de Paridad en los procesos electorales y en el acceso a los cargos públicos que, como mecanismo normativo encaminado a reponer la justicia social y contribuir al aumento de la participación de las mujeres en las esferas políticas y decisorias, refrendase la construcción de una sociedad igualitaria inscrita en una democracia plenamente representativa (Governo de Cabo Verde, 2017).

A esta Declaración le seguiría el Workshop Internacional “Compartiendo experiencias: buenas prácticas en la promoción de la paridad política. Casos de España, Mozambique, Portugal, Senegal y Ruanda”, celebrado en Julio del pasado año en la ciudad de Praia y cuya clausura correría a cargo del Primer Ministro caboverdiano Ulisses Correia e Silva. El mismo consideró que la implementación de la Ley de paridad permitirá “romper prejuicios y estigmas con relación a la participación de la mujer en la política” y, por otro lado, aseguró el total compromiso de su Gobierno con el desarrollo de una Ley de Paridad que amplíe el debate y supere el marco partidista (Agencia Angola Press, 2017). A razón de esto último, conviene mencionar aquí que, si bien la Ley cuenta con el respaldo generalizado de los dos principales partidos políticos del país, durante la ejecución del proyecto de Cooperación Española de “Apoyo al Plan Estratégico del ICIEG para el combate a la VBG”, en estos últimos meses, se han venido detectando ciertas reticencias sociales en materia de igualdad de género y, más concretamente, en lo que confiere a la paridad política.

En esta senda y ante una Ley que requiere de mayoría cualificada secreta para su aprobación y que precisa del respaldo civil para su efectiva consecución, en marzo de 2018 se firmó un Memorándum de colaboración entre la RMPCV, el ICIEG y ONU Mujeres para la implementación de un Plan de Advocacy para la Paridad de Género que, comenzando este otoño sus primeros pasos bajo el también respaldo de Cooperación Española, ayude a concebir ésta no como una mera vindicación de los grupos de mujeres, sino como una voluntad colectiva de la sociedad caboverdiana para la reposición de la justicia social y política en materia de igualdad de oportunidades de participación entre hombres y mujeres (Infopress, 2018).

En definitiva, el espíritu de Cabral sigue intacto en un país que perpetúa su batalla por la liberación, y es que “después de nuestra lucha (por la independencia), todavía tenemos que abrir más caminos para que las mujeres realmente puedan avanzar” (Duarte, 2007), porque no habrá independencia ni emancipación real ni completa, si no la hay para las mujeres.

Reflexiones hacia la paridad

Como es sabido, alcanzar la paridad de género en Cabo Verde y contribuir de este modo a un planeta 50-50 en 2030, no puede ser sino una responsabilidad de todos los actores sociales, del Gobierno, de la Asamblea Nacional, de los partidos y de los socios de desarrollo del país. En este sentido, cabe mencionar aquí la “Meta 5: lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas” de los Objetivos de Desarrollo Sostenible que, entre otros, propone “asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidades de liderazgo a todos los niveles decisorios en la vida política, económica y pública” (5.5) y “aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables para promover la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y las niñas a todos los niveles” (5.c).

A propósito de la elaboración de Ley de Paridad – cuya formulación no parece haber concluido^[2]– y de acuerdo con los datos aportados, resulta imprescindible insistir en la necesidad de impulsar una normativa que consolide el enfoque demanda desde la superación del sistema sancionador por una reglamentación que prohíba expresamente la concurrencia electoral de todo partido o coalición que no garantice una representación del 50% de ambos géneros bajo la clasificación o colocación paritaria o cremallera de los mismos en las listas electorales (Monteiro, 2009). A su vez, en lo referente la eliminación progresiva de la persistente discriminación de acceso de las mujeres a cargos políticos y de dirección, cargos electivos o de nombramiento, la citada experiencia en el sector educativo debe advertir cómo la exigible paridad en los altos cargos y la ruptura con el techo de cristal no debe descuidar la totalidad de un organigrama que condena a las mujeres a un suelo pegajoso de difícil salida. En este sentido, se hace aquí un llamado a acciones positivas que democraticen la ley y extiendan su cometido: la plena igualdad entre hombres y mujeres en todas las esferas y a todos los niveles. Por último, desde una perspectiva simbólica, se espera que el loable trabajo que se está llevando a cabo tanto desde el Plan de Advocacy de la Ley como desde otras iniciativas y acciones, impugnen los estereotipos de género en las instituciones políticas basados en suposiciones tácitas sobre una división tradicional del trabajo por género (Lovenduski, 2005), que no pueden sino dificultar el trabajo de las mujeres cuando, como space invaders o intrusas (Puwar, 2004), acceden a territorios y carteras institucionales masculinizadas.

En síntesis, en esta Ley ha venido a imaginarse un horizonte de emancipación nacional cuya orientación y empresa no puede ser otra salvo la igualdad. Como en aquel discurso que Amílcar Cabral pronunció en la Escuela Piloto de Conakry el 8 de marzo de 1968, se hace aquí una llamada a luchar por un futuro compartido:

”Queremos que nuestras madres sean iguales a nuestros padres; queremos que nuestras hermanas sean iguales a nosotros; queremos que nuestras hijas no sean esclavas de nadie y que no estén dominadas por nadie. Para esto es necesario luchar, nada cae del cielo, excepto la lluvia” (Duarte, 2007) “.

————————————————-

[1] Frente a los enfoques basados en la oferta  – ¿por qué las mujeres no se presentan como candidatas? –  Lovenduski y Norris atajaron soluciones a la pregunta “¿por qué los partidos y las instituciones públicas no reclutan mujeres?”, ofreciendo medidas de acción positiva como la que aquí prosigue.

[2] Será presentada en enero, siendo sometida a la Asamblea Nacional para debate y posterior aprobación en marzo de 2019.

Referencias bibliográficas

Libros

Duarte, V. (2007). Gender, Liberation, Theory and Practice in Amílcar Cabral. Constuindo a Utopia: Temas e conferências sobre Direitos Humanos. Praia: Tipografia Santos.

Lovenduski, J. y Norris, P. (1995). Political Recruitment: Gender, Race and Class in the British Parliament. Cambridge: Cambridge University Press.

Lovenduski, Joni. (2005). Feminizing Politics. Oxford Malden, Massachusetts: Polity.

Monteiro, E. (2009). Democracia e Desafios Pós‑Coloniais: Uma Análise da Participação Política das Mulheres em Cabo Verde. Praia: Universidade de Cabo Verde

Puwar, N. (2004). Space Invaders: Race, Gender and Bodies Out of Place. Mánchester: University of Salford.

Yuval-Davis, N. (1997) Gender and Nation. London: Sage Publications.

Revistas académicas

Verloo, M. (2005). Differences in the framing of gender inequality as a policy problem across europe. The Greek Review of Social Research, 117, 3-10.

Documentos electrónicos

Agencia Angola Press, (2017). Cabo Verde: Praia alberga workshop internacional sobre paridade política. Recuperado el 30 de septiembre de 2018, de http://www.angop.ao/angola/pt_pt/noticias/africa/2017/6/31/Cabo-Verde-Praia-alberga-workshop-internacional-sobre-paridade-politica,e86e7946-87af-4118-b337-c03964cfb73b.html

Gender Quotas Database. (2018). Cape Verde. Recuperado el 30 de septiembre de 2018, de https://www.idea.int/data-tools/data/gender-quotas/country-view/89/35

Governo de Cabo Verde (2017). Rede de Mulheres Parlamentares partilha “Declaração de Rui Vaz” com o Chefe do Governo. Recuperado el 30 de septiembre de 2018, de http://www.governo.cv/index.php/rss/7303-rede-de-mulheres-parlamentares-partilha-declaracao-de-rui-vaz-com-o-chefe-do-governo

Governo de Cabo Verde (2018). Elenco Governamental. Recuperado el 30 de septiembre de 2018, de http://www.governo.cv/index.php/elenco-governamental

Instituto Nacional de Estadística (2016), Mulheres em Cabo Verde: factos e números. Recuperado el 30 de septiembre de 2018, de http://ine.cv/publicacoes/mulheres-cabo-verde/

Infopress (2018). RMPCV, ICIEG e ONU Mulheres unem esforços na elaboração da proposta de Lei da Paridade. Recuperado el 30 de septiembre de 2018, de http://www.inforpress.publ.cv/rmpcv-icieg-e-onu-mulheres-unem-esforcos-na-elaboracao-da-proposta-de-lei-da-paridade/