Jenifer Rodríguez

Las dicotomías entre lo rural y lo urbano siempre han estado presentes en España. Hay dos Españas, la urbana y la rural, no terminan de conocerse, sin embargo, no se podría entender una sin otra.

Como afirma el escritor Sergio del Molino (2016) en su último libro La España vacía «El desequilibro entre la España urbana y la rural ha marcado nuestra forma de entender el país». (p.20). A esta confrontación sumamos nuestro análisis, esto es, el sesgo de género que se produce también en el entorno rural español que recae en la actividad del cuidado.

Desigualdades de género en el campo español

La incorporación de la perspectiva de género en el campo español es muy reciente. En los años 60 y 70 se produce una acelerada industrialización del país debido al Plan de Estabilización de la dictadura franquista, con el consecuente éxodo rural.

El campo empieza a mecanizarse, dotando de mano de obra a las ciudades en expansión. Bajo esta lógica, el objetivo es que la agricultura deja de considerarse un negocio familiar para dirigirse al mercado, desaparece así, la capacidad de autoconsumo para generarse la producción de bienes, representada por el cabeza de familia y las tareas de reproducción que serán ejercidas por las esposas de los agricultores (Sampedro, 1996).

Desde esta idea comienza el sesgo que arrastra a las mujeres rurales, quienes desarrollan tareas mercantiles que, sin embargo, se conciben como relaciones familiares y de cuidado no remuneradas. Las contradicciones sobre la identidad y el salario laboral de estas mujeres resultan cruciales. Las mujeres rurales se sucederán en calidad de esposas o hijas de los empresarios agrícolas, pero sin percibir salario, prestaciones o algún tipo de identificativo laboral, quedando reducidas a la sombra.

Por otra parte, el hecho de que estas mujeres se encargasen de las tareas agrícolas no evidenciaba que no tuvieran que realizar el trabajo doméstico. Las políticas de la dictadura franquista pretendían convertir amas de casa a imagen y semejanza de las áreas urbanas. Por tanto, las mujeres rurales realizaban (y siguen realizando) un doble trabajo de cuidados, cuidando de los campos, de sus familias y hogares (Sampedro, 1996).

En muchas zonas agrícolas este proceso sacó a muchas mujeres del campo quienes abandonaron sus hogares para cuidar a la élite de las zonas urbanas. Fue el caso de mujeres manchegas, andaluzas o extremeñas que se acogieron al cosmopolitismo de algunas ciudades como Barcelona, pero desde el trabajo de cuidados, a veces remunerado y otras no.

Cabe decir que esa industrialización de la agricultura ha producido a largo plazo una masculinización del campo, quedando las producciones agrícolas a cargo de los hombres. El autor Camarero (2008) afirma que «se produce a través del concepto de ruptura generacional, puesto que las jóvenes rurales buscan abandonar la sumisión patriarcal de las familias agrarias» (p. 5). En segundo lugar, este abandono ha producido lo que Camarero (2008) denomina como «la huida ilustrada, estrategia de cualificación formativa que permite dejar atrás el mundo rural/agrario, haciendo posible el ascenso social mediante el ejercicio de una ocupación o profesión cualificada» (p. 5).

En el proceso de industrialización de la agricultura se produjo una división sexual del trabajo, por una parte, los hombres que aportaron su mano de obra en cuanto a la mercantilización de la agricultura y las mujeres que se quedaron en el campo desde la función de cuidado de sus hogares y familias, también las mujeres que se fueron desde la labor de ejercer un nuevo cuidado sobre la ciudad.

 Cadenas de cuidado rural-urbana: mujeres manchegas en los 60’s

Con el Plan de Estabilización de 1959 se pretende mejorar la situación de la economía española que se abnegaba en un estancamiento y retraso industrial. Esto produce una migración masiva de las zonas rurales totalmente empobrecidas hacia las capitales más industrializadas, ocasionando el distanciamiento total entre el campo y la ciudad.  Provincias tradicionalmente rurales se revierten en un proceso de desagrarización. Las áreas rurales se despueblan en favor de las urbanas. El medio rural debe alimentar a la industrialización no sólo en la producción de materia prima, sino en el expolio de obreros hacia las ciudades y también de muchas de las mujeres y su trabajo de cuidados.

En este sentido se produjeron dos situaciones. Por un lado, se ponía de manifiesto un sesgo de género. El hombre era el cabeza de familia y la mujer e hijos/as pasaban a ser ayuda familiar. Esto se tradujo en doble jornada para la mujer quedando a cargo de los cuidados del hogar y familia y también como cuidadora de la explotación, proceso que ya se ha mencionado en la introducción.

La segunda situación es la salida de mujeres rurales. Las cadenas de cuidados están presentes en este proceso, dejan a cargo de otras personas sus familias y hogares para poder servir y cuidar de la ciudad. Algunas lo hicieron como sirvientas encargándose de las tareas de las casas de la clase social alta de Barcelona, lo que muchas denominaban “los señoritos/as”. Otras trabajaban como amas de cría, cuidando a los hijos/as de las señoras pudientes, entre otros o algunas, simplemente, no recibían un valor monetario, sino casa, comida y educación, todo ello a cambio de, simplemente, cuidar. Muchas de ellas permanecieron varios años en la capital, con el paso de los años regresaron a su pueblo, asumiendo, una vez más el papel de cuidados de sus campos, familias y hogares manchegos.

Se aprecia, como el cuidado, se forja como un círculo intrínseco que atraviesa la vida de tantas mujeres, en todas las etapas de su vida, prácticamente desde su infancia hasta la ancianidad. A veces remunerado económicamente, aunque, mayoritariamente, sin ningún valor monetario o reconocimiento por parte de la sociedad, el sistema económico o el estado.

El éxodo rural, el trabajo de cuidados realizado por aquellas mujeres (remunerado o no) está relacionado directamente con su situación actual. Hoy, con más de 70 años, podrían rondar el umbral de la pobreza, una pobreza diseminada y pincelada desde la mirada patriarcal e invisible. Ellas siguen sin ser las dueñas de sus tierras, no reciben prestación, subsidio o reconocimiento alguno por todo el trabajo de cuidados realizado durante toda y cada una de las etapas de sus vidas. Ninguno de los trabajos de cuidado se ha contemplado hoy en día como fuente de cotización al sistema de seguridad social. Sus familias siguen dependiendo de ellas porque aún en la ancianidad, cuidan de la estructura familiar. Del otro lado, ellas siguen dependiendo de sus maridos y sus familias, debido al nulo reconocimiento económico.

La sociedad, el estado, nosotras y nosotros, estamos en deuda con ellas. Son nuestras madres y abuelas, pero también las de un país dividido entre lo rural y lo urbano.

Referencias:

Aguilar, M.J. (2010). La mujer rural en Castilla La Mancha. Aspectos demográficos, ocupacionales y de actividad laboral y familiar, desde la perspectiva de género. Grupo Interdisciplinar de Estudios Sobre Migraciones, Interculturalidad y Ciudadanía, GIEMIC. Universidad de Castilla La Mancha.

Benería, L. (1999). La aparición de la economía feminista. Revista Historia agraria, 17, 59-61.

Camarero, L. (2008). ¿Por qué se van las mujeres?: El continuum de movilidad como hipótesis explicativa de la masculinización rural. Revista Española de Investigaciones Sociológicas (REIS), 124, 73-105.

Camarero, L. (2008). Invisibles y móviles: Trayectorias de ocupación de las mujeres rurales en España. Revista de Estudios sobre Despoblación y Desarrollo Rural, 7, 7-31.

Casado, F. García, C. (2009). Migraciones. Nuevas realidades en la provincia de Albacete. Instituto de Estudios Albacetenses “Don Juan Manuel”, 1(188).

Del Molino, S. (2016). La España vacía. Viaje por un país que nunca fue. (1ª ed.) Madrid: Turner.

García, M.A. (1996). El campo y la ciudad. Sociedad rural y cambio social. (1ª ed). Madrid: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Centro de publicaciones.

Gómez, J.M (1993). Instituciones, perspectivas económicas y problemas sociales durante el Franquismo. Albacete, entre el silencio y el éxodo rural (1939-1962). Instituto de Estudios Albacetenses “Don Juan Manuel”, 1(72).

Sampedro, R. (1996). Mujeres del campo: los conflictos de género como elemento de transformación social del mundo rural. En M.A. García (Coord), El campo y la ciudad. Sociedad rural y cambio social (p. 83-101). Madrid: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Centro de publicaciones.

Unión General de Trabajadores (UGT). (2017). Cerca de un millón y medio de mujeres subsisten con pensiones inferiores a 700 euros. Recuperado de http://www.tribunafeminista.org/2017/01/cerca-de-un-millon-y-medio-de-mujeres-subsisten-con-pensiones-inferiores-a-700-euros/

Sergio Moreno Ríos

El Plan Nacional de Cuidados de Cabo Verde

En 2017, el Instituto Cabo Verdiano para la Igualdad y la Equidad de Género (ICIEG) confeccionó ​​un estudio de género a raíz de los resultados de la Encuesta al Sector Informal (2015) con el objetivo de contribuir a la Estrategia Nacional de Transición de la Economía Informal a Formal (2017-2020). En síntesis, las conclusiones extraídas constatan que la mayoría de las mujeres se hallan adscritas al sector informal, poseen niveles de escolaridad básica, son sobre todo auto empleadas no asalariadas y ganan, en promedio, el 71,5 % del salario medio de los hombres (ICIEG, 2017).A partir de la presente investigación preliminar del ICIEG, y enmarcado dentro de los compromisos para la década planteados por el Programa de Gobierno de la IX Legislatura del país insular, el gobierno caboverdiano elaboró un Plan Nacional de Cuidados 2017-2019 comprometiéndose en su punto 6 a: “situar los cuidados a las personas dependientes – niños y niñas, personas ancianas y personas portadoras de deficiencias –, tradicionalmente considerados mandato social exclusivo de familias, en el centro de la agenda de las políticas públicas de inclusión social para promover la igualdad de género y la conciliación de la vida laboral y familiar” (Governo de Cabo Verde, 2017.2)

En cierto modo, es posible aventurar que este proyecto emana, en parte, del pasado Plan Nacional de Igualdad de Género (PNIG) 2015-2018 que, haciendo referencia a la igualdad de género en términos de economía productiva y reproductiva, señalaba cómo la actual distribución del sistema económico – incluido el reproductivo – constituye el fundamento de la desigualdad económica y de género. Contra ello, el plan aseveró la imposibilidad de establecer un abordaje eficaz en la lucha contra la pobreza y la desigualdad de género sin procurar una mayor corresponsabilidad tanto en el interior de los agregados familiares como en los sectores público[1] y privado a través de provisión de servicios de apoyo y de cuidados, y la facilitación de tiempo para la conciliación entre la vida personal y laboral (2015).

Así pues, el presente proyecto ha venido a complementar el Plan Estratégico de Desarrollo Sostenible 2017-2021 (PEDS) identificando como área prioritaria la igualdad de género en su Objetivo 3: asegurar la inclusión social y la reducción de desigualdades y asimetrías.  En concreto, refiere que:

 “el Gobierno tiene la igualdad de género como una de las cuestiones centrales para el desarrollo inclusivo, siendo una precondición para alcanzar el desarrollo sostenible.  El país continúa registrando importantes desafíos para alcanzar la plena igualdad de género, con énfasis en la autonomía económica de las mujeres, su participación política y en la toma de decisiones y la Violencia basada en el género” (Governo de Cabo Verde, 2017.1)

Es en este mismo objetivo – 3.1. Condiciones de vida de las familias e inclusión social – donde se inserta como eje de intervención el sistema de cuidados de dependientes que señala como acciones y medidas la creación y regulación de los servicios de cuidados destinados a personas dependientes – niñas y niños, personas ancianas y personas con discapacidad –, la profesionalización del trabajo de las cuidadoras – garantizando el acceso de las personas y familias de renta baja – y la puesta en funcionamiento de una red de escuelas infantiles en colaboración con la sociedad civil y los municipios (2017.1).

Por lo pronto, este artículo se compromete a desentrañar someramente y de forma sucinta las estrategias y acciones clave a implementar en Cabo Verde propuestas por el ya mencionado Plan de Cuidados 2017-2019, y su coherencia con las principales tesis desarrollistas y de la academia inmersa en los estudios de género y empoderamiento económico femenino.

Contextualizando los cuidados

Según datos ofrecidos por ICIEG (2017), se estima que cerca del 82% de la población caboverdiana mayor de 10 años invertiría un tercio de su tiempo semanal realizando Trabajos no Remunerados (TnR). Por lo pronto y desde una perspectiva de género, los primeros resultados preludian una brecha significativa al dividir este porcentaje en mujeres (un 90%) y en hombres (un 73%) que los realizan. Es más, en el ámbito de los cuidados la tasa de participación de las mujeres dobla a la de los hombres (45% frente al 21%) y proyecta como éstas emplean más horas de la semana a su realización (19h frente a 12h).

Asimismo, la Asociación de Apoyo a la Autopromoción de la Mujer en el Desarrollo (MORABI) ha venido denunciando como, a menudo, recae sobre las mujeres el peso de realizar las tareas domésticas y el cuidado de niñas y niños, personas mayores, con discapacidad y/o dependientes sin remuneración (ICIEG, 2017). Con todo y de acuerdo con los datos del ICIEG, este tiempo es destinado en gran medida al cuidado de niños y niñas dependientes –de 0 a 6 años – ante la ausencia de redes de escuelas infantiles y redes de parentela alargada que suplan la incapacidad de conciliar los cuidados con la vida laboral y personal de la ciudadanía – especialmente las mujeres–. En consecuencia, las mujeres ocupadas a la economía informal y al TnR se ven confrontadas a una serie de limitaciones estructurales que propician una sobrecarga física y emocional que limita su dedicación a trabajos remunerados que viabilicen su independencia económica (ICIEG, 2017).

Por ello, resulta habitual que las mujeres caboverdianas accedan a trabajos de baja calidad o jornadas parciales que les permitan hacerse cargo de las responsabilidades derivadas del cuidado de personas. Además, perviven aún hoy normas sociales discriminatorias en base a roles tradicionales y estereotipos que, perpetuando la división sexual del trabajo, vienen a restringir el acceso de las mujeres a la propiedad o a la adquisición de activos y servicios financieros, a oportunidades educativas o al desarrollo de competencias socio-laborales. Todo ello desencadena una brecha de poder que perjudica a la población femenina al mermar su acceso al trabajo formal y reducir una carga de cuidados que imposibilita su completa independencia y autonomía (ICIEG, 2017).

Un Plan para la igualdad

A tenor del contexto descrito previamente, resulta posible estimar una exacerbación de la misma fruto del proceso de transición demográfica que viene caracterizando al país (Governo de Cabo Verde, 2017.1) y que requiere de estrategias integrales en las que participen activamente titulares y portadores de derechos y obligaciones (OIT, 2018)

En primer lugar, es sabido que las políticas macroeconómicas pueden contribuir a la igualdad de género en tanto en cuanto configuren un entorno económico capaz de, en última instancia, proporcionar a las mujeres mejores condiciones labores y facilitar su transición de la economía informal a la formal (OIT, 2018). En este sentido, el Plan compromete al Gobierno a gestar un contexto favorable para con la infraestructura social – servicios de salud y de cuidado de personas dependientes, mayores y de la infancia –; a desarrollar una política monetaria con perspectiva de género que asegure créditos a mujeres que trabajen en pequeñas empresas; y, entre otras políticas, a impulsar una fiscalidad sensible al género que contemple la protección social de las mujeres y asegure su participación de forma igualitaria en el acceso al empleo (Governo de Cabo Verde, 2017.2).

En segundo lugar, en vistas a romper las barreras que penalizan a las trabajadoras de la economía informal, el Plan Nacional de Cuidados exige al Estado asumir como responsabilidad de política pública funciones de cuidado en aras a impulsar una mejor inserción de las mujeres en el mercado laboral aumentando, asimismo, su tiempo de ocio y descanso (OIT, 2018). Así y en tanto que las mujeres por lo general tienden a realizar empleos de baja calidad que les permitan compaginar su trabajo con las tareas de cuidados, se exige aquí un sistema de seguridad social amplio que asuma los cuidados y facilite la conciliación laboral y personal de hombres y mujeres (Hunt y Samman, 2016). En pos de ello, el plan destaca que:

 “en el análisis de políticas sociales y propuestas de políticas públicas sociales sensibles al género, se analizó que el Sistema Universal de Cuidados permitirá la plena liberación de las mujeres, hoy presas de la economía reproductiva” (Governo de Cabo Verde, 2017.2)

En tercer lugar, dado que los regímenes de seguridad social contributivos tienden a quedar vinculados al empleo formal, una mayoría de mujeres queda desamparada por realizar un trabajo no reconocido o cuya cotización es mínima (Hunt y Samman, 2016). Frente a ello, la academia y el Plan coinciden en la necesidad de promover la profesionalización y valorización del trabajo de cuidados como herramienta que permita, por un lado, romper con normas sociales y estereotipos que minusvaloren el mismo e impidan la igualdad de género (Kabeer, Milward y Sudarshan, 2013) y, por otro lado, garantizar la suficiente cotización en vistas a la prestación de servicios públicos como el desempleo o la jubilación (OIT, 2018):

“Se espera que una buena parte de las mujeres inactivas o desempleadas pueda insertarse en puestos de trabajo de cuidados con remuneración a través del desarrollo de servicios de cuidados (…) La profesionalización y el pleno reconocimiento social de las mujeres que cuidan debe estar en el horizonte político de todos los agentes implicados en este Plan” (Governo de Cabo Verde, 2017.2)

En cuarto lugar, la academia insiste en implementar acciones positivas allí donde la presencia de las mujeres sea inferior a la de los hombres con la finalidad de aumentar su participación en el mercado laboral (Kabeer, Milward y Sudarshan, 2013). En plena sintonía con ello, la estrategia bianual articula la puesta en marcha de iniciativas educativas destinadas a mujeres en sectores profesionales socialmente masculinizados – ingeniería, arquitectura, edificación, pesca, turismo… –; complementos salariales y ayudas a las mujeres en situación de riesgo – discapacidad, víctimas de violencia de género… –; la capacitación y la asistencia legal para las trabajadoras que deseen mejorar sus condiciones de vida; y cuotas para el empleo público, incluidos los cargos electos, a través de una futura Ley de Paridad cuyo fin no es otro que un archipiélago 50-50 (Governo de Cabo Verde, 2017.2).

Finalmente, cabe mencionar cómo los estudios han venido señalando la necesidad de promover la articulación de nuevas redes colectivas y solidarias entre grupos de mujeres y movimientos sociales y comunitarios que aspiren a un cambio regulatorio que otorgue condiciones salariales y de tiempo dignas para las mismas (Hunt y Samman, 2016). Si bien el plan no contempla esto último, de la presión y seguimiento de un incipiente movimiento feminista, articulado con las agencias de cooperación internacionales[2], dependerá que la totalidad de estas medidas construyan una República cuyo mayor plan sea poner la vida y los cuidados en el centro de la agenda política.

Referencias bibliográficas

Legislación

ICIEG (2017). Estrategia Nacional de Transición de la Economía Informal a Formal (2017-2020).

Governo de Cabo Verde (2015). Plan Nacional de Igualdad de Género (2017-2019).

Governo de Cabo Verde (2017.1). Plan Estratégico de Desarrollo Sostenible (2017-2021).

Governo de Cabo Verde (2017.2). Plan Nacional de Cuidados (2017-2019).

Revistas académicas

Hunt, A., y Samman, E. (2016). Women’s economic empowerment: Navigating enablers and constraints, ODI Development Progress research report Londres: Overseas Development Institute (ODI).

Kabeer, N.; Milward, K., y Sudarshan, R. (2013). Organising women workers in the informal economy. Gender and Development, vol. 21, núm. 2, págs. 249-263.

Documentos electrónicos

OIT (2018). Empoderar a las mujeres que trabajan en la economía informal. Recuperado el 5 de enero de 2019, de http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—dgreports/—cabinet/documents/publication/wcms_618369.pdf

Governo de Cabo Verde (2017.3). Rede de Mulheres Parlamentares partilha “Declaração de Rui Vaz” com o Chefe do Governo. Recuperado el 30 de septiembre de 2018, de http://www.governo.cv/index.php/rss/7303-rede-de-mulheres-parlamentares-partilha-declaracao-de-rui-vaz-com-o-chefe-do-governo

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[1] En este sentido, en marzo de 2019 se espera la aprobación de una Ley de Paridad para con los procesos electorales y el acceso a los cargos públicos que, como mecanismo normativo encaminado a reponer la justicia social y contribuir al aumento de la participación de las mujeres en las esferas políticas y decisorias, refrende la construcción de una sociedad igualitaria inscrita en una democracia plenamente representativa que “contribuya a un mundo 50-50” (Goberno de Cabo Verde, 2017).

[2] En el año 2018 ha comenzado a implementarse el programa financiado por Cooperación Española “Contribuyendo al acceso y a la generación de empleo digno para las mujeres caboverdianas” con la finalidad de mejorar las condiciones de empleabilidad y garantizar las condiciones dignas para las mujeres caboverdianas a través del fortalecimiento de las redes municipales del cuidado para la atención de personas dependientes (infancia, personas con discapacidad, personas mayores…) y la formación en profesiones relacionadas con el cuidado.