Escuela de Gobierno, Universidad Complutense de Madrid

La naturaleza está compuesta por diversos ecosistemas, flora y fauna, sustancias materiales y minerales, vitales para la subsistencia del planeta y de todos los seres vivos, humanos y no humanos, y nos ofrece recursos como el agua, el oxígeno, los alimentos o materiales para construir nuestros hogares, contribuyendo al bienestar y sostenimiento de la vida en la Tierra. Estos recursos naturales, tratados con respeto y cuidado, nos ayudarán a llevar una vida digna y plena para todo el mundo, no obstante, nuestro modelo de desarrollo extractivista impuesto por el Norte Global, ha fomentado más bien un modelo de explotación, apropiación y acumulación de bienes y recursos antes que un uso razonable y equilibrado de estos (Svampa, 2019). Diversos autores y autoras (Acosta, 2012; Alonso, 2011; Gudynas, 2015; Svampa, 2019) sostienen que este modelo se ha forjado con la explotación de la naturaleza para el desarrollo y bienestar del Norte global, sin tener en cuenta el agotamiento de los recursos naturales ni la sostenibilidad de sus prácticas.

Dentro de este círculo de explotación, el acceso, uso y control de los recursos naturales está caracterizado por relaciones de poder entre hombres y mujeres, haciendo que las mujeres se encuentren en una situación de vulnerabilidad y subordinación respecto a los varones, con un uso restringido a los recursos naturales y a la esfera de toma de decisiones, limitando sus oportunidades y campo de acción (Castañeda, Sabater, Owren y Boyer, 2020). Esta situación está determinada por el género, un constructo social que asigna roles diferenciados a las personas en función del sexo biológico, imponiendo valores, labores y capacidades diferentes a mujeres y hombres (Lamas, 1996). La imposición de estos roles establece la existencia de relaciones de poder asimétricas, situando a los varones en un eslabón más alto respecto a las mujeres, y dándoles un mayor uso, acceso y control sobre los recursos naturales.

Los roles de género influyen en la división sexual del trabajo. Mientras que los hombres se decantan por un trabajo productivo generador de ingresos económicos, las mujeres desarrollan tareas reproductivas centradas en el hogar con el fin de sustentar sus familias y comunidades (Bosch, Carrasco, Grau, 2005). La realización de estas tareas domésticas y de cuidado depende directamente del acceso a los recursos naturales como la tierra, el agua o los recursos energéticos. La apropiación de estos recursos por parte del extractivismo, impacta de forma directa a las mujeres que se ven más vulnerables y expuestas ante la escasez de recursos, teniendo, por ejemplo, que andar más kilómetros lejos de sus hogares para recolectar leña, agua o comida, o circular con mayor frecuencia por caminos inhóspitos lo que aumenta sus posibilidades de sufrir algún tipo de violencia (Castañeda, Sabater, Owren y Boyer, 2020; Sommer et al., 2015).

Así, encontramos que las desigualdades de género están presentes en todo el mundo y actúan como barreras para el acceso, el uso, y el control de la tierra y los recursos naturales. Las mujeres representan la mayoría de la población más pobre (Oxfam, 2017), sin tierra (FAO, 2011), analfabeta (ONU, 2015) y en el trabajo informal no remunerado del mundo (ONU Mujeres, 2016). Además, teniendo responsabilidades clave en la gestión de los recursos naturales (Jensen & Halle, 2013), las mujeres están sub representadas en la toma de decisiones (ONU Mujeres, 2019) y con un acceso significativamente restringido a los mismos (OCDE, 2019, Casyañeda, Sabater, Owren y Boyer, 2020).

Tradicionalmente, en países del Sur global, la tierra no era propiedad de un individuo, sino de la familia o comunidad. Las nuevas reglas que llegaron con la colonización, trajeron consigo un gran impacto de género, privando a las mujeres de su derecho a la tierra, y accediendo a ella solamente por voluntad del padre o esposo cuyo nombre estaba escrito en el título de propiedad. Hoy en días las cosas no han cambiado mucho, 35 de los 54 países africanos obligan a las mujeres casadas a obedecer a su marido, encontrando un ordenamiento jurídico que sustenta y genera desigualdades de género. En la actualidad sigue habiendo una desigual distribución de la tierra, según datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, 2018), las mujeres poseen menos del 15% de las tierras en todo el mundo. Estos datos son perturbadores, ya que se sabe que la producción agrícola y seguridad alimentaria recae en su mayoría sobre las mujeres (80%).

De manera constante, muchas mujeres, especialmente en las zonas rurales, continúan siendo discriminadas y marginadas social y económicamente, debido a su acceso limitado a la tierra y recursos naturales, educación, atención médica, infraestructura y tecnología entre otras (ONU Mujeres, 2018). Esta persistencia y continuidad en las brechas de género, crean un escenario proclive al desarrollo de la violencia de género (VG). El uso de la violencia basada en género (VBG) como forma de control sobre la tierra y los recursos naturales es mucho más habitual de lo que pensamos. Se estima que en todo el mundo una de cada tres mujeres y niñas van a experimentar violencia de género durante su vida (World Bank, 2019). Anclada, como hemos señalado en ordenamientos jurídicos con leyes y normas discriminatorias, la VG se desarrolla en todas las sociedades como forma de control y explotación que refuerza la desigualdad de género.

Así se observa una correlación entre la VBG y los recursos naturales. Por ejemplo, la VG se emplea como mecanismo de acaparamiento de tierras y propiedades al existir un marco discriminatorio en las normas de protección hacia las mujeres que beneficia a los varones de las comunidades, gobiernos y empresas extractivistas en detrimento de estas. Aún cuando las mujeres tienen derechos legales sobre la tierra, las normas sobre la toma de decisiones en las comunidades y en los hogares, hacen que sea posible que miembros de la familia las desalojen de sus propiedades, pudiendo sufrir violencia física, psicológica y sexual. Por ejemplo, en algunos países del Sur Global, las viudas y mujeres con maridos VIH positivos, son culpadas, desalojadas y abusadas como forma de retribución (Casyañeda, Sabater, Owren y Boyer, 2020).

En cuanto al acaparamiento de tierras por parte del sector privado y de los gobiernos, las mujeres también experimentan múltiples formas de violencia. Por ejemplo, investigaciones demuestran que la construcción de grandes represas en India llevó a un aumento del alcoholismo y abuso doméstico en los hogares después de que las comunidades fueron desplazadas (Levien, 2014). Otro ejemplo se dio en Papua Occidental, un territorio indonesio militarizado y con una larga historia de conflicto entre las autoridades indonesias y las comunidades indígenas papúes. Según diferentes estudios las fuerzas de seguridad indonesias, contratadas por empresas mineras, utilizaron la violación y la mutilación genital femenina como formas de intimidación y desalojo de las comunidades (Csevár & Tremblay, 2019).

Siguiendo en la misma línea, la VBG también se usa en forma de explotación y abuso sexual por parte de autoridades hacia las mujeres, a cambio de acceso a títulos de tierra y terrenos cultivables (Matsheza et al., 2012); por ejemplo, para pagar los sobornos y solucionar problemas de tierras, a algunas mujeres del Sur global, se les pide un pago sexual para resolverlos. Un estudio de Transparency International (2018) muestra que en Madagascar a las mujeres se les pide “ofrecer algo” en vez de “dejar algo”; esto conlleva a que las mujeres desarrollen relaciones sexuales con “figuras de poder” que puedan darles acceso a la tierra.

Estos, son solo algunos de los ejemplos de VBG que presentan muchas mujeres del mundo relacionados con el acceso, uso y control de recursos naturales. Como hemos observado, la desigualdad de género potencia el desarrollo de relaciones de poder desiguales entre varones y mujeres, incrementando la VG. Esta, es utilizada como forma de control, lo que genera una división de derechos y roles que se reflejan también en el uso, acceso y control de las tierras y recursos naturales. Esta revisión de la VBG en el acceso a recursos naturales ha puesto de manifiesto que se necesita con urgencia mejorar el abordaje de las barreras de género con el fin de lograr resultados equitativos y sostenibles en el tiempo.

Bibliografía

Acosta, A. (2012). Extractivismo y neoextractivismo: Dos caras de la misma maldición, 25 de Julio 2012, Recuperado de https://www.ecoportal.net/temas-especiales/mineria/extractivismo_y_neoextractivismo_dos_caras_de_la_misma_maldicion/

Alonso, J. A. (2011). Teoría del desarrollo: la vigencia de una doctrina. En J. A. Alonso (Coords.), Desarrollo y Cooperación: Nuevas Tendencias (n.º 129, p. 6-14). Madrid: Economistas.

Bosch, A., Carrasco, C. y Grau, E. (2005). Verde que te quiero violeta: Encuentros y desencuentros entre feminismo y ecologismo. Recuperado de https://www.mundubat.org/wp-content/uploads/archivos/201303/verde-que-te-quiero-violeta_anna-bosch-et-al.pdf

Castañeda, I., Sabater, L., Owren, C. and Boyer, A.E. (2020). Gender-based violence and environment linkages: The violence of inequality. Wen, J. (ed.). Gland, Switzerland: IUCN. Recuperado de https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/2020-002-En.pdf

Csevár, S. and Tremblay, C. (2019). ‘Sexualised Violence and Land Grabbing: forgotten conflict and ignored victims in West Papua.’ The London School of Economics (21 August 2019). Recuperado de https://blogs.lse.ac.uk/wps/2019/08/21/ sexualised-violence-and-land-grabbing-forgotten-conflict-and-ignored-victims-in-west-papua/

FAO (2018). The Gender Gap in Lan Rights. Recuperado de http://www.fao.org/3/I8796EN/i8796en.pdf

Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)  (2011). The state of food and agriculture 2010-2011: Women in agriculture. Rome: FAO. Recuperado de  http://www.fao.org/3/i2050e/i2050e.pdf

Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)  (2018). The State of the World’s Fisheries and Aquaculture 2016: Contributing to food security and nutrition for all. Recuperado de http://www.fao.org/3/i9540en/I9540EN.pdf

Gudynas, E. (eds.) (2015). Extractivismos. Ecología, economía y política de un modo de entender el desarrollo y la Naturaleza. Cochabamba: CEDIB.

Jensen, D. and Halle, S. (eds.) (2013). Women and Natural Resources: Unlocking the Peacebuilding Potential. United Nations Environment Programme, United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women, United Nations Peacebuilding Support Office and United Nations Development Programme. Recuperado de https://postconflict.unep.ch/ publications/UNEP_UN-Women_PBSO_UNDP_gender_NRM_peacebuilding_report.pdf

Lamas, M. (1996). La antropología feminista y la categoría “género”. En E. Campos (Coord.), El Género La Construcción Cultural de La Diferencia Sexual (p. 97-125). México: Miguel Ángel Porrúa.

Levien, M. (2017). Gender and land dispossession: A comparative analysis, [Discussion paper No. 17]. New York: UN Women. Recuperado de https://doi.org/10.18356/886cb6f5-en

Matsheza, P., Timilsina, A., Arutyunova, A. (eds.) (2012). Seeing Beyond the State: Grassroots Women’s Perspectives on Corruption and Anti-Corruption. New York: UNDP. Recuperado de https://www.undp.org/content/dam/undp/library/ Democratic%20Governance/Anti-corruption/Grassroots%20women%20and%20anti-corruption.pdf

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) (2019). Social Institutions & Gender Index. 2019 Results. Recuperado de https://www.genderindex.org/ranking/

Oxfam (2017). An economy that works for women. Achieving women’s economic empowerment in an increasingly unequal world. Oxfam briefing paper. Available at: https://www-cdn.oxfam.org/s3fs-public/file_attachments/bp-an-economy-that-works-for-women-020317-en.pdf

Sommer, M., Ferron, S., Cavill, S. and House, S. (2015). ‘Violence, gender and WASH: spurring action on a complex, under-documented and sensitive topic’. Environment & Urbanization 27(1). International Institute for Environment and Development (IIED). Recuperado de https://doi.org/10.1177/0956247814564528

Svampa, M. (2019). Las fronteras del neoextractivismo en América Latina. Conflictos socioambientales, giro ecoterritorial y nuevas dependencias (1.ª ed.). Alemania:  Calas.

Transparency Internatioanl (2018). Women, Land and Corruption: Resources for Practitioners and Policy-Makers. Recuperado de https://www. transparency.org/whatwedo/publication/women_land_and_corruption_resources_for_practitioners_and_policy_makers

United Nations (UN) (2015). The World’s Women 2015: Trends and Statistics. New York: United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Statistics Division. Recuperado de: https://unstats.un.org/unsd/gender/downloads/worldswomen2015_report.pdf

UN Women (2018). Challenges and opportunities in achieving gender equality and the empowerment of rural women and girls. 2018 Commission on the Status of Women. Agreed conclusions. CSW 62, 12-23 March 2018. Recuperado de http://lac.unwomen.org/en/digiteca/publicaciones/2017/10/cedaw-rural

UN Women (2016). UN Secretary-General announces first-ever High-Level Panel on Women’s Economic Empowerment. Recuperado de https://www.unwomen.org/en/news/stories/2016/1/wee-high-level-panel-launch

World Bank (2019). Gender-Based Violence (Violence Against Women and Girls). Recuperado de https://www.worldbank.org/en/topic/socialsustainability/brief/violence-against-women-and-girls

Escuela de Gobierno, Universidad Complutense de Madrid

África, un amplio y fascinante continente en cuyo lugar se dice que surgió la especie humana. Un territorio con una superficie de 30.2 millones de kilómetros cuadrados divididos en 54 países y con una riqueza cultural inimaginable. Ecológicamente hablando, África alberga una inmensa flora y fauna de naturaleza transfronteriza, al igual que la mayoría de sus principales ríos, lagos y bosques (UNEP, 2008). La naturaleza transfronteriza de estos y muchos otros ecosistemas, junto con los recursos naturales que contienen, son la fuente de sustento de miles de comunidades locales, al igual que la fuente de diversos conflictos ambientales que generan grandes desafíos en el continente.

Hoy en día, la pobreza en África se relaciona con la abundante riqueza de recursos naturales, algo que parecería ser paradójico. Este fenómeno se denomina como “la maldición de los recursos naturales”, que atrapa a estos países en una lógica perversa, aumentando sus desigualdades internas y sus conflictos (Acosta, 2012). Sierra Leona, por ejemplo, es uno de los países africanos con más recursos naturales, pero que extrañamente ha sido relegado al final de la lista del Índice de Desarrollo Humano (IDH)[1], siendo en 2018 el 181 de 189 países (UNDP, 2019).

Minerales de conflicto

El continuo comercio de diferentes tipos de minerales como el cobalto, cobre, uranio, oro, diamantes, casiterita y coltán, han financiado algunos de los conflictos armados más violentos del mundo. Estos minerales, que normalmente acaban en nuestros móviles, coches y joyería, cruzan fronteras de forma clandestina creando un comercio mundial que enriquece a unos pocos y empobrece a la mayoría de la población local. A menudo los denominados “minerales de conflicto”, financian lucrativamente a grupos armados, gobiernos y empresas extractivas, y se asocian con abusos de derechos humanos, corrupción, desigualdad de género y degradación ambiental. República Democrática del Congo (RDC) es uno de los países africanos afectados por la violencia de los minerales (ALBOAN 2009), y el mayor exportador de cobalto con un 70% de la producción mundial según el U.S. Geological Survey (USGS, 2020).

En los territorios africanos, la minería es una de las actividades en auge que se da actualmente en explotaciones a cielo abierto, utilizando explosivos para remover toneladas de roca cada año. La extracción de minerales y metales del subsuelo no siempre es llevada a cabo por empresas nacionales o internacionales, sino que a veces algunas actividades mineras son realizadas por personas que no tienen permiso del gobierno. Este tipo de minería se llama artesanal o ilegal, y por lo general es a pequeña escala, con una baja obtención de ganancias y en condiciones de trabajo peligrosas. Esta, está representada normalmente por grupos armados de hombres y niños soldado que fomentan conflicto y terror entre la población local. Los diamantes y el coltán son lamentablemente conocidos por representar atrocidades de unos seres humanos hacia otros, convirtiendo la naturaleza en un arma de guerra, que impacta a las comunidades locales, militarizando el territorio y abusando de los derechos humanos (CEAR 2018).  El caso de Sierra Leona, es un claro ejemplo de un país dónde los llamados “diamantes de sangre”, hicieron parte de un largo conflicto que desembocó en una década de guerra civil. De hecho, Ross (2003) explica que, dentro de toda la variedad de recursos naturales, los diamantes fueron los que más se asociaron a guerras civiles entre los años 1990 y 2000.

¿Pero qué significa para las mujeres la presencia de industrias extractivas como la minería?

Los “diamantes de sangre” tuvieron un claro impacto en los cuerpos de las mujeres de Sierra Leona y en sus vidas, violando todo tipo de derechos humanos y dejando a las mujeres en una situación de pobreza extrema, reforzando aún más la estructura social patriarcal existente (Mcferson 2012). Aún así, esto no ha cambiado en la actualidad, donde se sigue con un modelo extractivista capitalista y patriarcal que presenta violencia en cada punto de la cadena de extracción, desde el saqueo de los recursos naturales hasta la explotación del trabajo humano (pagado y no pagado), incrementando las desigualdades entre ricos y pobres, y entre hombres y mujeres (WOMIN s.f.).

Cuando las luchas por el dominio y control sobre los minerales se vuelven violentas, las mujeres son las primeras en sufrir tanto violencia directa como indirecta, teniendo, la violencia por razón de género contra las mujeres, un alto grado de impunidad, y manifestándose en una serie de formas múltiples (CEDAW, 2017). Las mujeres de las comunidades afectadas por la minería experimentan violencia por parte de la policía, del ejército, de los grupos armados y las empresas de seguridad privada de manera diferente a los hombres (Mouzinho, s.f.)

Según Mouzinho, en el caso de proyectos mineros en Mozambique, cuando las comunidades pierden sus tierras por causa de la minería, las mujeres y niñas tienen que caminar distancias más largas para buscar agua, leña y alimentos que servirán para el sustento de la familia. En estos casos es cuando están expuestas a riesgos importantes como el tener que facilitar favores sexuales para que se les permita entrar en bosques a recoger madera, ser registradas de forma sexual al entrar en zona minera, o incluso ser violadas por agentes de seguridad, trabajadores, militares, etc. (Mouzinho, s.f.)

Vandana Shiva y Maria Mies (1993), aseguran la existente relación entre el modelo de desarrollo extractivista, la militarización de los territorios ocupados y la violencia contra las mujeres. El conjunto de estos tres factores que presentan los “minerales de conflicto”, fomentan las relaciones de poder desiguales entre mujeres y hombres, aumentando la violencia de género y utilizando a menudo la violencia sexual como arma de guerra.

Conclusiones

“Los minerales de conflicto” en el continente africano causan una violencia continua y estructurada que impacta los ecosistemas, las comunidades, y en específico a las mujeres, siendo estas últimas a menudo invisibilizadas.

Aún queda mucho por hacer para lograr la igualdad y el empoderamiento de la mujer en todo el mundo. Por este motivo, si nos centramos en las industrias mineras, hay que luchar para conseguir nuevas iniciativas, políticas públicas, leyes y compromiso de los gobiernos para que apuesten por una industria responsable y transparente, y que sea sensible a sus impactos sociales, económicos y ambientales, particularmente sobre las mujeres. Este tipo de transición, aunque insuficiente, es un paso más hacia el logro de los derechos humanos y la justicia de género.

Esta reflexión pone de manifiesto la necesidad urgente de entender que la violencia es una forma innata de este modelo de desarrollo extractivo patriarcal, y que necesitamos re-imaginar otro modelo posible que garantice una vida digna para todo ser vivo, al igual que para nuestros ecosistemas de los cuales nuestras vidas dependen.

Bibliografía

Acosta, A. (2012). Extractivismo y neoextractivismo: Dos caras de la misma maldición, 25 de Julio 2012, Recuperado de https://www.ecoportal.net/temas-especiales/mineria/extractivismo_y_neoextractivismo_dos_caras_de_la_misma_maldicion/

ALBOAN, Grassroots Reconciliation Group (2009). ENOUGH, El proyecto para poner fin al genocidio y a las muertes contra la humanidad. Un enfoque completo sobre los minerales en conflicto del Congo.

Âurea Mouzinho (s.f.). Guns, Power and Politics. Extractivism, Militarisation and Violence against Women in Mozambique. WOMIN. Recuperado de https://womin.africa/wp-content/uploads/2020/09/Mozambique_Report_English_FINAL.pdf

CEAR, (2018). Refugio por causas medioambientales: África en el olvido, Estudio de caso. CEAR y Universidad Autónoma de Madrid.

Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) (2017). Recomendación general núm. 35 sobre la violencia por razón de género contra la mujer, por la que se actualiza la recomendación general núm. 19. Recuperado de https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2017/11405.pdf

Mecferson, H. (2012). Women and Post-Conlict Society in Sierra Leone. Journal of International Women’s Studies. Recuperado de https://www.researchgate.net/publication/265229907_Women_and_Post-Conflict_Society_in_Sierra_Leone_1

UNEP (2008). Africa atlas of our changing environment. UNEP.

Ross, M.L. (2003). Oil, drugs and diamonds: the varying roles of natural resources in civil war. En: Ballentince, K., Sherman, J. The political economy of armend conflict: Beyond Greed and Grievance (p. 47-70). Boulder y London, Lynne Rienner Publishers.

Shiva, V., Mies, M. (1993). Ecofeminism (1a ed.). Zed Books, London.

UNDP (2019). Inequalities in Human Development in the 21^st Century: Briefing note for countries on the 2019 Human Development Report, Sierra Leone. Recuperado de http://hdr.undp.org/sites/all/themes/hdr_theme/country-notes/SLE.pdf

WOMIN (s.f.). Guns, Power and Politics. Extractivism, Militarisation and Violence against Women. Recuperado de https://womin.africa/militarization-vaw/

[1] El Índice de Desarrollo Humano (IDH) es un indicador del desarrollo humano por país elaborado por el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). El indicador se calcula atendiendo a la media de las siguientes dimensiones: la esperanza de vida al nacer, la esperanza de vida escolar de niñas/os y la media de años de escolarización, y el ingreso nacional bruto per cápita.

Escuela de Gobierno, Universidad Complutense de Madrid

Se entiende por extractivismo una forma de explotación del medio natural para la obtención de materias primas a gran escala. En la región de América Latina y el Caribe los proyectos de extracción de materias primas por parte de países extranjeros, se intensificaron en la década de los noventa, impulsados por políticas de países latinoamericanos para favorecer la inversión extranjera directa, concentrando el grueso de la extracción minera en: Perú, México, Brasil, Chile y Argentina (Carvajal, 2016).

Las prácticas extractivas son múltiples, entre las cuales destacan: la minería, extracción de hidrocarburos o plantaciones para los agro negocios (consistentes en emplear extensos territorios para la plantación de un producto agrícola que será exportado a países extranjeros).

Existe una gran competencia entre los países de América Latina y el Caribe por albergar los proyectos de desarrollo extractivo en sus territorios, motivados por las ganancias económicas que éstos pueden generar. Sin embargo, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), pone de manifiesto que el hecho de que la inversión extranjera en un país sea alta, no implica por sí sola el desarrollo económico y la diversificación productiva de los países receptores de la misma, ya que debe ir acompañada de otras medidas orientadas a coordinar las prioridades de inversión de estos países. Igualmente, señala la importancia de que en un contexto internacional en el que la competencia por las inversiones extranjeras es cada vez más fuerte, se diseñen políticas involucradas con el desarrollo sostenible (CEPAL, 2019 p.15).

En este contexto, algunos Estados[1] flexibilizan determinadas legislaciones y firman convenios favorables para poder extraer, sin necesidad de adherirse a medidas de sostenibilidad y mantenimiento de los ecosistemas del entorno. Además, estos acuerdos dejan de lado a partes directamente afectadas, como las poblaciones que habitan los territorios en los que pretenden asentarse las actividades extractivas.

China y Canadá son dos de los países con mayor número de proyectos activos de minería y extracción de hidrocarburos en la región de América Latina y el Caribe, concentrando entre ambos un elevado número de acciones e inversiones en la región. Aunque esto podría considerarse como una inversión positiva en el país receptor, la mayor parte de las ganancias de estos proyectos van orientadas a empresas transnacionales privadas, que compiten en un mercado global. No necesariamente responden a los intereses locales y regionales de los países de donde se extraen las materias primas (Fund. Rosa de Luxemburgo,2013 p.23).

El discurso pro extractivista, basado en el neoliberalismo de los años 90, niega la necesidad de un equilibrio entre lo social y lo ambiental basándose en el concepto de crecimiento económico. El desarrollo extractivo, tiene como objetivo el beneficio de la población de las grandes ciudades, en detrimento de la población rural e indígena que ve mermada su calidad de vida por las consecuencias de dicha extracción (Silva, 2017 p.25).

Los métodos utilizados para las mencionadas explotaciones generan efectos devastadores en el entorno. Esto condena a los territorios exportadores a la pérdida de sus medios tradicionales de vida por el envenenamiento de sus aguas, sus tierras y los animales que las habitan. Dichos métodos se ven habitualmente confrontados por movimientos de resistencia de los pueblos indígenas y grupos ambientalistas, por citar algunos ejemplos en diferentes países: el Frente de Defensoras de la Pachamama (Ecuador), OFRANEH y COPINH (Honduras), Mujeres Aq’ab’al (Guatemala) y organizaciones como el Colectivo de Acciones Socioambientales CASA (Bolivia) (Carvajal, 2016 p.47-48).

La aparición en los territorios de grandes proyectos de extracción conlleva la presencia de militares, seguridad privada y grupos paramilitares en la zona y la consecuente expulsión de sus habitantes -en su mayoría población indígena- despojándoles de sus tierras y medios de subsistencia. La militarización de los territorios en pro de la protección de las instalaciones de los proyectos, ejerce control sobre las tierras donde los derechos humanos se violan de manera sistemática por parte de entidades públicas y privadas en connivencia en muchos casos, con autoridades regionales (Carvajal, 2016 p.29).

La Relatora Especial de las Naciones Unidas en su Informe sobre los derechos de los pueblos indígenas (2015), sostiene que tal y como se están llevando a cabo los acuerdos multinacionales de inversión, estos “afectan negativamente […] a los derechos de los pueblos indígenas, en particular a sus derechos a la libre determinación, a sus tierras, territorios y recursos, a la participación y al consentimiento libre, previo e informado”.

¿Qué implicaciones tiene el extractivismo en las mujeres indígenas?

María Lugones expone en su trabajo “Hacia un feminismo descolonial” (2011) que a partir de la colonización de las Américas y el Caribe, se estableció una dicotomía entre lo humano (colonizadores) y no humano (colonizados) y una “misión civilizadora” de aquellos seres considerados bestias, sirviendo de excusa para numerosos actos de crueldad y explotación sobre personas y territorios.

Basándonos en esta dicotomía, en lo que podría considerarse un colonialismo moderno los valores predominantes son los del neoliberalismo, que despojan de humanidad e importancia a las costumbres ancestrales de los pueblos originarios, que suponen parte trascendental de sus medios de subsistencia y también de sus valores culturales. Rocío Silva Santiesteban habla del extractivismo como un sistema colonial y patriarcal que se representa a través de lo que ella llama “basurización simbólica que es una forma de conferirle a “ciertos seres humanos” una representación que tenga como mandato salir del sistema para que el sistema funcione” (Silva, 2017).

El modelo de desarrollo basado en explotar el territorio de manera abusiva es fuertemente criticado por movimientos de mujeres indígenas y asociaciones en defensa de la tierra. Estos movimientos son desacreditados y demonizados por el discurso imperante, que los define como contrarios al crecimiento de la región y como agitadores del orden público (Silva, 2017). La filosofía de las mujeres indígenas fomenta valores en torno a la comunidad como un concepto global del “nosotras/os”, de interconexión entre la tierra, la naturaleza, los animales y los seres humanos. El binomio mujer/naturaleza que situaría a la mujer como creadora y sostenedora de la vida, también lo haría como sujeto explotable y denigrable por parte del sistema patriarcal capitalista (Aimé, 2015).

La contaminación ambiental a causa de vertidos tóxicos u otras consecuencias derivadas de los asentamientos extractivos, provoca otras implicaciones como la migración forzada, la expulsión o la permanencia de estos pueblos en sus territorios, en situaciones de extrema pobreza y vulnerabilidad.

Esta contaminación puede generar problemas graves de salud en la población, que en las mujeres se ven principalmente representados en altas mortalidades maternas, cánceres en el aparato reproductor, contaminación de la leche materna o abortos espontáneos. Asimismo, puede influir en sus labores de crianza, por una alta mortalidad infantil, defectos congénitos o enfermedades infantiles (CIDH 2017).

La existencia de proyectos extractivos en los territorios, supone la alteración de la estructura social y las economías locales y una ruptura en los paradigmas culturales y vitales de los pueblos originarios. Las mujeres indígenas se ven afectadas de manera desproporcionada, ya que sus roles como integrantes partícipes de la sociedad y lideresas espirituales cambian por completo, al introducirse nuevas formas de producción que emplean mayoritariamente a los varones en empleos precarizados, mal pagados e insalubres.

También se ven precarizadas las labores de cuidados, haciendo responsables a las mujeres de todo el trabajo comunitario (en ausencia de los varones) y doméstico, atención a personas enfermas a causa de la contaminación ambiental y a la pérdida de autonomía económica por la descomposición del tejido comercial tradicional.

El impacto diferencial de género implica que los roles y las tareas asociadas tradicionalmente a las mujeres indígenas se diluyan, dejándolas al margen del orden social y siendo forzadas por sus situaciones de vulnerabilidad a ejercer la prostitución o inmersas en redes trata de seres humanos (CIDH, 2017 p.71).

La violencia sexual es una fórmula recurrente de represión ante resistencias de grupos contrarios a los proyectos extractivos, en desalojos forzados y como medio de denigración y estigmatización de las defensoras de los territorios (Carvajal, 2016 p.33). Por su condición de indígenas, las mujeres son víctimas también del racismo estructural y los prejuicios que las sitúan en un escalafón social inferior con un alto riesgo de marginalidad.

La situación de alta vulnerabilidad y pérdida de sustento económico, unida a la llegada de trabajadores temporales a los puntos de extracción y a una “masculinización” del entorno, genera situaciones de gran peligro y violencia hacia las mujeres. Berta Cáceres o Máxima Acuña de Chaupe son dos ejemplos de los muchos que existen, de mujeres defensoras de los territorios que han liderado protestas contra la destrucción de su entorno natural y su capital cultural, poniendo en riesgo su integridad física e incluso su propia vida.

El dogma capitalista del crecimiento económico a toda costa, niega la existencia de los límites del planeta tanto en su superficie cultivable como habitable. Esta tendencia aboca al colapso ambiental, con la consecuente pérdida de vidas humanas y especies de animales y plantas (Fund. Rosa de Luxemburgo, 2013). Valorar exclusivamente elementos relacionados con el crecimiento económico, desde una perspectiva neoliberal, capitalista y patriarcal repercute en un aumento de la pobreza, la desigualdad y la violencia en los territorios indígenas y unas desastrosas previsiones de futuro, ya que las consecuencias a nivel ecológico, social y económico para estas poblaciones tienen un gran impacto a largo plazo.

Bibliografía

Aimé Tapia González, Georgina (2015). Aportaciones de las mujeres indígenas al diálogo entre filosofía y ecología en Puleo, Alicia, Ecología y género en diálogo interdisciplinar (p.263-276). Madrid: Plaza y Valdés Ediciones.

Carvajal, Laura María (2016). Extractivismo en América Latina impacto en la vida de las mujeres y propuestas de defensa del territorio. Colombia: FAU – AL Fondo Acción Urgente – América Latina.

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (2019). La inversión directa extranjera en América Latina y el Caribe. Santiago: CEPAL

Comisión Interamericana de Derechos Humanos (2017). Las mujeres indígenas y sus derechos humanos en las Américas. CIDH

Fundación Rosa de Luxemburgo, Radialistas apasasionadas y apasionados y Censat Agua Viva (2013). Alternativas al desarrollo. La destrucción del planeta no es un destino. Quito: Fundación Rosa de Luxemburgo, Radialistas apasasionadas y apasionados y Censat Agua Viva.

Naciones Unidas Asamblea General (2015). Informe de la Relatora Especial del Consejo de Derechos Humanos sobre los derechos de los pueblos indígenas relativo a las repercusiones de las inversiones internacionales y el libre comercio sobre los derechos humanos de los pueblos indígenas (2015). Nueva York: Naciones Unidas.

Lugones, María (2011) Hacia un feminismo descolonial. Revista La Manzana de la Discordia, pp. 105-117

Silva Santiesteban, Rocío (2017). Mujeres y conflictos ecoterritoriales. Impactos, estrategias, resistencias. Disponible en (abril de 2018) http://www. entrepueblos. org/files/Mujeresyconflictos_Convenio_-2017. pdf.

[1] “En Chile, la Ley Orgánica Constitucional sobre Concesiones Mineras -creada durante la dictadura de Pinochet-, está encaminada a la privatización absoluta de los yacimientos pues estos pasan a ser propiedad de quien los explote hasta su agotamiento, dejando un margen de acción mínimo para el Estado” (Carvajal, 2016).

Escuela de Gobierno. Universidad Complutense de Madrid

Los datos actuales sobre migraciones internacionales reflejan una creciente proporción porcentual de mujeres migrantes, constituyendo casi la mitad de la población migrante internacional (48%); este fenómeno se conoce como feminización de la migraciones, y es uno de los efectos de las políticas económicas de la globalización[1].

El término de globalización alude a un proceso político, económico, social y cultural que favorece la interconexión y la interdependencia del mundo a través de flujos de capital global. Este modelo económico mundial da lugar a nuevas posibilidades de crecimiento, pero ha impactado especialmente en las mujeres porque acentúa las desigualdades preexistentes en cuanto al acceso a los recursos productivos. Las mujeres se ven perjudicadas en este sentido por su posición subalterna en el mercado de trabajo y por sus responsabilidades reproductivas, que vienen determinadas por la división sexual del trabajo.

Según se expone en el Informe de la Asamblea General de Naciones Unidas de 2019,[2] aunque las razones por las que mujeres y hombres migran son similares, la experiencia migratoria genera en las mujeres consecuencias diferenciadas marcadas por desigualdades de género. En este sentido, es importante, conocer cómo influyen las relaciones de género, tanto en origen como en destino, en las experiencias de las mujeres migrantes. Cada vez hay más mujeres que son el primer miembro de la familia que inicia el proceso migratorio; muchas de ellas, encuentran dificultades para abandonar sus países debido a la existencia de leyes discriminatorias y prohibitivas por razón de género, o por la existencia de normas sociales restrictivas.  En muchos casos, será por estas razones por las que se recurre a canales migratorios irregulares, lo que les expone a vivir situaciones de alta vulnerabilidad.

Pero, ¿por qué afecta la globalización de forma especial a las mujeres migrantes? El modelo capitalista globalizador todavía impone la supremacía de la vida pública para los hombres y la privada para las mujeres (Valle Rodríguez, 2006); esta asignación de espacios perpetúa la división sexual del trabajo y los roles de género tradicionales, dando lugar a sectores laborales feminizados, como son el trabajo doméstico o el sector de los cuidados. Durante las últimas décadas la incorporación gradual de las mujeres de países del norte global a trabajos remunerados, el envejecimiento de la población y la privatización de los servicios sociales básicos, ha provocado una trasferencia de cargas. Esto ha derivado en una creciente demanda de mujeres inmigradas, que se encargan en los hogares de las tareas domésticas y de cuidados, generando un efecto en cadena que se conoce como Cadena Global de Cuidados. Este fenómeno refuerza el papel preexistente asignado a las mujeres tanto en sus sociedades de origen como en las de acogida: son cuidadoras en origen, por ser consideradas las principales proveedoras en el hogar y son cuidadoras en destino.

De este modo, las trabajadoras inmigradas se ven atrapadas en dos de los nichos de empleo peor remunerados y peor valorados socialmente por ser ámbitos laborales de naturaleza informal y poco regulados. Como consecuencia de ello, se dan situaciones de precariedad vital, sobre todo en el acceso y disfrute de las prestaciones sociales que toda persona trabajadora tiene, por derecho propio, de acuerdo a las normas internacionales.

En este sentido, las respuestas sociales al trabajo doméstico y de cuidados ofrecidas desde los programas estatales son escasas, siendo la lógica del mercado la que articula la migración de millones de mujeres. Este hecho responde precisamente a la dimensión económica de la globalización antes mencionada, que se caracteriza por la liberalización del comercio y por el crecimiento del sector privado, apoyando un modelo económico poco regulado que prioriza la eficiencia económica frente a la protección social y el bienestar.

Si observamos cómo los hogares privados están insertos en las dinámicas de interdependencia global, se hace más evidente que éstos son la cara local que adopta en Europa occidental la división generizada y racializada del sistema-mundo moderno/colonial. Desde este punto de vista, la herencia del orden colonial —reactivada mediante la segregación racial y de género del mercado de trabajo y de las políticas migratorias deshumanizadoras— se deja sentir a nivel individual y moviliza nuestros encuentros cotidianos, remitiéndonos a lo que Aníbal Quijano analiza como la ‘colonialidad del trabajo’ (Encarnación Gutiérrez, s.f.).

Así, la construcción del imaginario de mujer inmigrante en los países de acogida, se construye desde una lógica de racialización y generización que dificulta su posibilidad de representación y reconocimiento en la sociedad. Estas realidades son contrarias a los derechos humanos y promueven mecanismos de desigualdad y situaciones de vulnerabilidad en las mujeres migrantes – irregularidad, precariedad, riesgo social y personal, entre otras –.

De todo esto se deduce que la organización actual de los modos de producción capitalistas presenta desigualdades de género, favoreciendo nichos de empleo generizados que se articulan desde la colonialidad del trabajo. Resulta esencial comprender desde una perspectiva feminista decolonial las diversas realidades a las que se enfrentan las mujeres migrantes, reconociendo sus singularidades basadas en la cultura, la clase, la raza y la ubicación geográfica. El discurso político y social en torno a la inmigración construido de forma homogeneizada, responde a una lógica mercantil y colonial más que a la salvaguarda de los derechos humanos a lo largo del proceso migratorio (origen, tránsito y destino). En este sentido, es reseñable señalar de nuevo la cuestión del trabajo doméstico y de cuidados, ya que “el valor del trabajo doméstico es inseparable de las genealogías históricas y es una expresión de las desigualdades globales impresas en los cuerpos de las mujeres.” (Gutiérrez Rodríguez s.f.).

BIBLIOGRAFÍA

Naciones Unidas, Asamblea General (2019). Los efectos de la migración en las mujeres y las niñas migrantes: una perspectiva de género, A/HCR/41/38 (15 de abril de 2019). Recuperado de: https://undocs.org/es/A/HRC/41/38

Congreso Internacional sobre los Derechos Humanos de las Mujeres Migrantes. Ciudad de México, México. (2006). Acciones para su protección. (24 y 25 de abril de 2006). Recuperado de: http://www.pa.gob.mx/publica/rev_34/FOROS.pdf

Gutiérrez Rodríguez, Encarnación. (s.f).  Valor afectivo, colonialidad, feminización y migración. Recuperado de https://transversal.at/transversal/0112/gutierrez-rodriguez/es#_ftn9

Valle Rodríguez, Gloria M. (2006). Feminización de la pobreza y la migración en el contexto de la globalización. Revista electrónica zacatecana sobre Población y Sociedad, 28, 1-17.

[1] Congreso Internacional sobre los Derechos Humanos de las Mujeres Migrantes: acciones para su protección. Celebrado en Ciudad de México en 2006, con el objetivo de difundir los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos de las mujeres migrantes.

[2]Informe redactado por el Relator Especial sobre los derechos humanos de las personas migrantes: Los efectos de la migración en las mujeres y niñas migrantes: una perspectiva de género.

Escuela de Gobierno, Universidad Complutense de Madrid

La Tierra, fuente de sustento de la vida y la humanidad, está experimentando cambios drásticos cuyos efectos podemos observar cada vez con mayor claridad. Puesto que somos ecodependientes, los cambios en el clima y sus efectos impactan directamente sobre las personas, alterando las vías de acceso a recursos para el sostenimiento de la vida y por tanto de las sociedades.

El cambio climático supone una de las mayores amenazas para la vida y aunque sus consecuencias se observan en todos los rincones del planeta, éstas impactan de forma diferenciada no sólo entre las regiones, sino también entre las personas en función de su , edad, clase social, etnia, origen o lugar de residencia (IPCC, 2018; CEDAW, 2018).

El género como constructo social impone roles diferenciados a las personas en función del sexo biológico, asignando valores, tareas y capacidades diferentes a hombres y mujeres. La imposición de estos roles establece la existencia de relaciones de poder asimétricas, que sitúan a las mujeres en una posición inferior respecto de los hombres, y que se manifiestan, entre otras, en el acceso y control de los recursos naturales.

Los roles de género sostenidos por la división sexual del trabajo implican que mujeres y hombres se relacionen de forma diferente con el medio natural. Mientras los hombres son los encargados de generar recursos económicos a través del trabajo remunerado, a las mujeres se les asigna las tareas reproductivas que sostienen la vida de los hogares y comunidades. La realización de estas tareas domésticas y de cuidados depende directamente del acceso a los recursos que la naturaleza les brinda, como el agua, la tierra o los recursos energéticos. El cambio climático y sus efectos impactan de forma directa en la disponibilidad de estos recursos, especialmente en las zonas rurales de los países del Sur Global, haciendo que las mujeres se vean más expuestas y vulnerables ante la escasez (Castañeda, Sabater, Owren y Boyer, 2020; Masika, 2002).

En este artículo se exploran los vínculos entre el cambio climático y las relaciones de género en el marco del desarrollo, repasando algunos de los impactos que actualmente azotan el medio rural de África Oriental.

La Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático (CMNUCC) define el cambio climático como un cambio en el estado clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana. Las evidencias científicas señalan como esa actividad humana acelera los procesos de calentamiento global y degradación del planeta, resultando ser una causa determinante del cambio climático (IPCC, 2018).

El carácter antropógeno del cambio climático guarda una estrecha relación con el sistema capitalista, centrado en la extracción de recursos del planeta, la producción y el crecimiento ilimitados. El capitalismo es también la base del modelo de desarrollo que venimos experimentando desde el pasado siglo. Un desarrollo único exportado a nivel global y sostenido en las relaciones desiguales de poder entre personas y regiones del Norte y del Sur. Este modelo no sólo ha disparado las emisiones de gases de efecto de invernadero y los procesos de degradación de los ecosistemas, sino que ha intensificado la pobreza y las desigualdades especialmente en los países del Sur.

Dada esta realidad nacieron nuevas formas de entender el desarrollo que situaron en el centro la vida de las personas y del planeta. Por un lado, en los albores de la década de los noventa, el Informe Brundtland planteaba la necesidad de caminar hacia un desarrollo sostenible, es decir, hacia la satisfacción de las necesidades básicas de las personas sin comprometer los recursos y ecosistemas para las generaciones venideras. Por otro lado, el paradigma de desarrollo humano se centró en la idea del bienestar y la creación de oportunidades para que todas las personas puedan vivir una vida digna.

Sin embargo, los esfuerzos institucionales en esta dirección parecen estar lejos de transformar las bases de un desarrollo que parece ir contra la vida. Los datos de Global Footprint Network (2019) revelan que cuanto mayor es el desarrollo humano, mayor es la huella ecológica[1]. Actualmente los países con altos índices de desarrollo humano, en su mayoría del Norte Global, utilizan más recursos de los que la Tierra les puede proveer, viviendo como si tuviéramos entre dos y cuatro planetas. Se ha experimentado desarrollo humano, esencialmente en regiones del Norte, pero éste ha sido en detrimento de la vida del planeta y de las personas de los países del Sur. Esto nos remite a la idea de que el desarrollo humano sostenible resulta incompatible con el sistema económico capitalista en el que se basa y que ya ha superado los límites físicos de la Tierra.

Siguiendo los datos de Global Footprint Network (2019) el continente africano, con una media de desarrollo humano bajo, es la región que menos contribuye al cambio climático y sin embargo la que más sufre por sus efectos. Pero ¿cómo estos efectos suponen un problema para el desarrollo desde la perspectiva de género?

El cambio climático exacerba los niveles de pobreza, que ya a priori esta feminizada, siendo las mujeres el 70% de las personas en condición de pobreza a nivel global. Además, se estima que los índices de pobreza se multipliquen en las próximas décadas a causa del cambio climático (IPCC, 2018), provocando la desaparición de comunidades y el incremento de flujos migratorios internos y externos.

El calentamiento global está provocando el aumento de fenómenos meteorológicos extremos cuyos impactos más evidentes se observan en la agricultura y los medios de vida en las zonas rurales. En África subsahariana, las mujeres son responsables del 75% de producción de alimentos para los hogares (Nellemann, Verma, and Hislop, 2011), además de ser las encargadas de su comercialización de los mercados locales. La escasez de lluvias provoca sequías cada vez más prolongadas que alteran los ciclos de las cosechas y la salud del ganado, afectando negativamente a la producción de alimentos y a la seguridad alimentaria (Afifi, Govil, Sakdapolrak, and Warner, 2012).

Además, las tareas de recolección y administración de agua para el hogar y en muchos casos para la comunidad están asociadas a mujeres y niñas. Las sequías les obligan a caminar más horas al día aumentando la carga de trabajo y exponiéndose a riesgos en la salud, pero también a mayor riesgo de violencia y explotación sexual. Las niñas de Etiopía entrevistadas en el estudio de Goulds (2011) señalaban que las sequías eran cada año más prolongadas y que el tiempo empleado en realizar la tarea de recolección de agua aumentó de 2 a 10 horas diarias en unos pocos años. Este hecho supone que muchas de las niñas se vean obligadas a abandonar la escuela para poder realizar estas tareas esenciales.

Si bien la escasez de lluvias y las sequías afectan negativamente sobre los cuerpos de mujeres y niñas, el exceso de agua también intensifica la desigualdad de género. Las cada vez más acusadas e inesperadas lluvias torrenciales están provocando inundaciones en muchas partes de la región, provocando la pérdida de los cultivos, de propiedades y limitando de nuevo el acceso a la satisfacción de necesidades básicas. Debido a los roles de género, la gran mayoría de las mujeres no saben nadar, por lo que son las personas que menos sobreviven a los ciclones e inundaciones (Masika, 2002; Castañeda, Sabater, Owren y Boyer, 2020).

Las tensiones y el estrés que se generan como consecuencia de estos desastres climáticos tienden a elevar los niveles de violencia de género en los hogares. En los casos de Uganda y Sudán del Sur, las manifestaciones de estas violencias van desde el incremento de la violencia física y sexual al control y venta de las tierras cultivadas por mujeres y de las que dependen familias enteras (Castañeda, Sabater, Owren y Boyer, 2020).

Otro de los efectos del calentamiento global se da sobre la actividad pesquera, en la que existe una clara división del trabajo. Los hombres, dueños de las barcas, se encargan de la pesca mientras las mujeres son responsables de la compra de pescado para su procesamiento y comercialización en mercados locales. Una práctica extendida en países como Kenia, Uganda o Somalia es la negociación por parte de los pescadores de relaciones sexuales con las mujeres (generalmente en condiciones de pobreza) a cambio de la venta de sus productos. El aumento de temperaturas de las masas acuáticas implica un importante descenso de la cantidad de peces y por tanto de productos que vender. Esta situación contribuye a promover esta forma de violencia contra los cuerpos de las mujeres, que incrementa los riesgos de contagio del VIH tan presente en esta región (Castañeda, Sabater, Owren y Boyer, 2020).

Por otro lado, son cada vez más los estudios que vinculan el cambio climático, la pobreza y la falta de acceso a recursos con el aumento de casos de matrimonio infantil. En países como Etiopía, Uganda, Kenia y Sudán del Sur las niñas son vendidas a sus futuros maridos a cambio de ganado o dinero, con el fin de aliviar la carga económica frente a la escasez de recursos en el núcleo familiar. No hay que obviar los factores culturales preexistentes relativos a esta práctica, pero esta decisión también puede ser entendida como un mecanismo de adaptación al cambio climático, que para muchas familias supone una boca menos que alimentar y la garantía de supervivencia de las hijas (North, 2010; Goulds, 2011; Castañeda, Sabater, Owren y Boyer, 2020). Sin embargo, los matrimonios infantiles son una violación de los derechos de las niñas e implican graves riesgos para su salud y su desarrollo humano. Las diferentes formas de violencia, la explotación sexual, la contracción de enfermedades o los embarazos en edades tempranas son las principales consecuencias de esta práctica (Goulds, 2011). Esta situación también provoca el abandono temprano de la escuela, lo cual limita las oportunidades de las niñas para construir su futuro y contribuye a perpetuar las condiciones de pobreza.

Como se puede observar, la crisis climática es también una crisis humana y supone un importante obstáculo para el desarrollo humano y sostenible. Son diversos los impactos negativos sobre los cuerpos de las mujeres y las niñas de esta región. No obstante, es importante recalcar que el hecho de ser las más afectadas no sólo les convierte en víctimas sino también en protagonistas de la mayoría de las iniciativas de adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático en las regiones que más lo sufren (Masika, 2002; Nellemann, Verma, and Hislop, 2011). La agencia de las mujeres o capacidad para tomar decisiones vitales se manifiesta en la emergencia de procesos de acción colectiva, basados en la solidaridad y el apoyo mutuo, encaminados a construir diversas formas de resiliencia basadas en la sostenibilidad ambiental (Masika, 2002; Nellemann, Verma, and Hislop, 2011).

Estas evidencias ponen de manifiesto la necesidad urgente de desplazar la mirada hacia la vida, entendida como un todo, y de redefinir nuestra relación con el planeta que nos sostiene.

Bibliografía

Afifi, T., Govil, R., Sakdapolrak, P., and Warner. K., (2012). Report Nº1.  Climate change, vulnerability and human mobility. Perspectives of refugees from the east and horn of Africa Institute of Environment and Human security. UNHCR. Disponible en: https://www.unhcr.org/en-au/protection/environment/4fe8538d9/climate-change-vulnerability-human-mobility-perspectives-refugees-east.html

Castañeda, I., Sabater, L., Owren, C. and Boyer, A.E. (2020). Gender-based violence and environment linkages: The violence of inequality. Wen, J. (ed.). Gland, Switzerland: IUCN. Disponible en: https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/2020-002-En.pdf

Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women Committee (CEDAW) (2018). CEDAW General Recommendation No. 37 on Gender-related dimensions of disaster risk reduction in the context of climate change. Available at: https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/Shared%20Documents/1_Global/CEDAW_C_GC_37_8642_E.pdf

Global Footprint Network. (2019). Ecological footprint (in number of earths). National footprint and biocapacity. Disponible en: https://www.footprintnetwork.org/our-work/sustainable-development/

Goulds, S. (ed.) (2011). Weathering the storm: adolescent girls and climate change. Plan International. Disponible en: https://plan-international.org/publications/weathering-storm

Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). (2018). Resumen para responsables de políticas. En: Calentamiento global de 1,5 °C. [Masson-Delmotte V., P. Zhai, H.-O. Pörtner, D. Roberts, J. Skea, P.R. Shukla,. … T. Waterfield (eds.)]. Disponible en: https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/2/2019/09/IPCC-Special-Report-1.5-SPM_es.pdf

Masika, R. (ed.) (2002). Gender, development and climate change. Disponible en: https://oxfamilibrary.openrepository.com/bitstream/handle/10546/121149/bk-gender-development-climate-change-010102-en.pdf%3Bjsessionid%3DA4B7684A68798E3F98EE003B9DB62E18%3Fsequence%3D1

Nellemann, C., Verma, R., and Hislop, L. (eds). (2011). Women at the frontline of climate change: Gender risks and hopes. United Nations Environment Programme. Disponible en: http://wedocs.unep.org/handle/20.500.11822/7985

North, A., (2010). Drought, drop out and early marriage: feeling the effects of climate change in East Africa. Equals: Newsletter for beyond the Access: Gender Education and development, 24, pag. 12. Recuperado de: https://cdn.atria.nl/ezines/IAV_606069/IAV_606069_2010_24.pdf

[1] La huella ecológica es un indicador que mide los activos ecológicos que una población determinada requiere para producir los recursos naturales que consume (incluyendo alimentos a base de plantas, fibras, ganado, productos pesqueros, madera y otro productos forestales, espacio para la infraestructura urbana) y para absorber sus residuos, especialmente las emisiones de carbono (Global Footprint Network: https://www.footprintnetwork.org/our-work/ecological-footprint/)

Jenifer Rodríguez

Las dicotomías entre lo rural y lo urbano siempre han estado presentes en España. Hay dos Españas, la urbana y la rural, no terminan de conocerse, sin embargo, no se podría entender una sin otra.

Como afirma el escritor Sergio del Molino (2016) en su último libro La España vacía «El desequilibro entre la España urbana y la rural ha marcado nuestra forma de entender el país». (p.20). A esta confrontación sumamos nuestro análisis, esto es, el sesgo de género que se produce también en el entorno rural español que recae en la actividad del cuidado.

Desigualdades de género en el campo español

La incorporación de la perspectiva de género en el campo español es muy reciente. En los años 60 y 70 se produce una acelerada industrialización del país debido al Plan de Estabilización de la dictadura franquista, con el consecuente éxodo rural.

El campo empieza a mecanizarse, dotando de mano de obra a las ciudades en expansión. Bajo esta lógica, el objetivo es que la agricultura deja de considerarse un negocio familiar para dirigirse al mercado, desaparece así, la capacidad de autoconsumo para generarse la producción de bienes, representada por el cabeza de familia y las tareas de reproducción que serán ejercidas por las esposas de los agricultores (Sampedro, 1996).

Desde esta idea comienza el sesgo que arrastra a las mujeres rurales, quienes desarrollan tareas mercantiles que, sin embargo, se conciben como relaciones familiares y de cuidado no remuneradas. Las contradicciones sobre la identidad y el salario laboral de estas mujeres resultan cruciales. Las mujeres rurales se sucederán en calidad de esposas o hijas de los empresarios agrícolas, pero sin percibir salario, prestaciones o algún tipo de identificativo laboral, quedando reducidas a la sombra.

Por otra parte, el hecho de que estas mujeres se encargasen de las tareas agrícolas no evidenciaba que no tuvieran que realizar el trabajo doméstico. Las políticas de la dictadura franquista pretendían convertir amas de casa a imagen y semejanza de las áreas urbanas. Por tanto, las mujeres rurales realizaban (y siguen realizando) un doble trabajo de cuidados, cuidando de los campos, de sus familias y hogares (Sampedro, 1996).

En muchas zonas agrícolas este proceso sacó a muchas mujeres del campo quienes abandonaron sus hogares para cuidar a la élite de las zonas urbanas. Fue el caso de mujeres manchegas, andaluzas o extremeñas que se acogieron al cosmopolitismo de algunas ciudades como Barcelona, pero desde el trabajo de cuidados, a veces remunerado y otras no.

Cabe decir que esa industrialización de la agricultura ha producido a largo plazo una masculinización del campo, quedando las producciones agrícolas a cargo de los hombres. El autor Camarero (2008) afirma que «se produce a través del concepto de ruptura generacional, puesto que las jóvenes rurales buscan abandonar la sumisión patriarcal de las familias agrarias» (p. 5). En segundo lugar, este abandono ha producido lo que Camarero (2008) denomina como «la huida ilustrada, estrategia de cualificación formativa que permite dejar atrás el mundo rural/agrario, haciendo posible el ascenso social mediante el ejercicio de una ocupación o profesión cualificada» (p. 5).

En el proceso de industrialización de la agricultura se produjo una división sexual del trabajo, por una parte, los hombres que aportaron su mano de obra en cuanto a la mercantilización de la agricultura y las mujeres que se quedaron en el campo desde la función de cuidado de sus hogares y familias, también las mujeres que se fueron desde la labor de ejercer un nuevo cuidado sobre la ciudad.

 Cadenas de cuidado rural-urbana: mujeres manchegas en los 60’s

Con el Plan de Estabilización de 1959 se pretende mejorar la situación de la economía española que se abnegaba en un estancamiento y retraso industrial. Esto produce una migración masiva de las zonas rurales totalmente empobrecidas hacia las capitales más industrializadas, ocasionando el distanciamiento total entre el campo y la ciudad.  Provincias tradicionalmente rurales se revierten en un proceso de desagrarización. Las áreas rurales se despueblan en favor de las urbanas. El medio rural debe alimentar a la industrialización no sólo en la producción de materia prima, sino en el expolio de obreros hacia las ciudades y también de muchas de las mujeres y su trabajo de cuidados.

En este sentido se produjeron dos situaciones. Por un lado, se ponía de manifiesto un sesgo de género. El hombre era el cabeza de familia y la mujer e hijos/as pasaban a ser ayuda familiar. Esto se tradujo en doble jornada para la mujer quedando a cargo de los cuidados del hogar y familia y también como cuidadora de la explotación, proceso que ya se ha mencionado en la introducción.

La segunda situación es la salida de mujeres rurales. Las cadenas de cuidados están presentes en este proceso, dejan a cargo de otras personas sus familias y hogares para poder servir y cuidar de la ciudad. Algunas lo hicieron como sirvientas encargándose de las tareas de las casas de la clase social alta de Barcelona, lo que muchas denominaban “los señoritos/as”. Otras trabajaban como amas de cría, cuidando a los hijos/as de las señoras pudientes, entre otros o algunas, simplemente, no recibían un valor monetario, sino casa, comida y educación, todo ello a cambio de, simplemente, cuidar. Muchas de ellas permanecieron varios años en la capital, con el paso de los años regresaron a su pueblo, asumiendo, una vez más el papel de cuidados de sus campos, familias y hogares manchegos.

Se aprecia, como el cuidado, se forja como un círculo intrínseco que atraviesa la vida de tantas mujeres, en todas las etapas de su vida, prácticamente desde su infancia hasta la ancianidad. A veces remunerado económicamente, aunque, mayoritariamente, sin ningún valor monetario o reconocimiento por parte de la sociedad, el sistema económico o el estado.

El éxodo rural, el trabajo de cuidados realizado por aquellas mujeres (remunerado o no) está relacionado directamente con su situación actual. Hoy, con más de 70 años, podrían rondar el umbral de la pobreza, una pobreza diseminada y pincelada desde la mirada patriarcal e invisible. Ellas siguen sin ser las dueñas de sus tierras, no reciben prestación, subsidio o reconocimiento alguno por todo el trabajo de cuidados realizado durante toda y cada una de las etapas de sus vidas. Ninguno de los trabajos de cuidado se ha contemplado hoy en día como fuente de cotización al sistema de seguridad social. Sus familias siguen dependiendo de ellas porque aún en la ancianidad, cuidan de la estructura familiar. Del otro lado, ellas siguen dependiendo de sus maridos y sus familias, debido al nulo reconocimiento económico.

La sociedad, el estado, nosotras y nosotros, estamos en deuda con ellas. Son nuestras madres y abuelas, pero también las de un país dividido entre lo rural y lo urbano.

Referencias:

Aguilar, M.J. (2010). La mujer rural en Castilla La Mancha. Aspectos demográficos, ocupacionales y de actividad laboral y familiar, desde la perspectiva de género. Grupo Interdisciplinar de Estudios Sobre Migraciones, Interculturalidad y Ciudadanía, GIEMIC. Universidad de Castilla La Mancha.

Benería, L. (1999). La aparición de la economía feminista. Revista Historia agraria, 17, 59-61.

Camarero, L. (2008). ¿Por qué se van las mujeres?: El continuum de movilidad como hipótesis explicativa de la masculinización rural. Revista Española de Investigaciones Sociológicas (REIS), 124, 73-105.

Camarero, L. (2008). Invisibles y móviles: Trayectorias de ocupación de las mujeres rurales en España. Revista de Estudios sobre Despoblación y Desarrollo Rural, 7, 7-31.

Casado, F. García, C. (2009). Migraciones. Nuevas realidades en la provincia de Albacete. Instituto de Estudios Albacetenses “Don Juan Manuel”, 1(188).

Del Molino, S. (2016). La España vacía. Viaje por un país que nunca fue. (1ª ed.) Madrid: Turner.

García, M.A. (1996). El campo y la ciudad. Sociedad rural y cambio social. (1ª ed). Madrid: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Centro de publicaciones.

Gómez, J.M (1993). Instituciones, perspectivas económicas y problemas sociales durante el Franquismo. Albacete, entre el silencio y el éxodo rural (1939-1962). Instituto de Estudios Albacetenses “Don Juan Manuel”, 1(72).

Sampedro, R. (1996). Mujeres del campo: los conflictos de género como elemento de transformación social del mundo rural. En M.A. García (Coord), El campo y la ciudad. Sociedad rural y cambio social (p. 83-101). Madrid: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Centro de publicaciones.

Unión General de Trabajadores (UGT). (2017). Cerca de un millón y medio de mujeres subsisten con pensiones inferiores a 700 euros. Recuperado de http://www.tribunafeminista.org/2017/01/cerca-de-un-millon-y-medio-de-mujeres-subsisten-con-pensiones-inferiores-a-700-euros/