Escuela de Gobierno, Universidad Complutense de Madrid

La resolución 1325 del 2000 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas reconoce por primera vez la necesidad de incorporar la perspectiva de género en los procesos de negociación de paz, así como garantizar la participación de las mujeres en dichos procesos.

Se ha comprobado que la participación de las mujeres en las negociaciones de paz suele suponer una garantía de mayor éxito, existiendo más posibilidades de que los acuerdos permanezcan en el tiempo. A día de hoy tan sólo el 22% de los acuerdos de paz incluyen disposiciones específicas sobre igualdad de género. Además, entre 1992 y 2019, las mujeres han liderado el 13% del total de negociaciones y firmado el 6% de los principales procesos de paz. (ONU Mujeres, 2021).

Si bien la resolución 1325 es un avance importante en la visibilidad y protagonismo de las mujeres en la toma decisiones en contextos de guerra, también ha sido criticada por el riesgo a ser instrumentalizada por las instituciones, centrando su discurso en medidas cuantitativas de representación, cuando las cuotas en sí mismas no son suficientes, siendo necesarias medidas que cuestionen las relaciones estructurales de poder.[1] Además, es significativo resaltar que la resolución no es vinculante a nivel jurídico, por lo que las herramientas de control y seguimiento son especialmente complejas. (Mesa, 2012).

Existen impactos diferenciales en los contextos de guerra, que dependen de factores como el género, el grupo étnico, la orientación e identidad sexual, la afinidad con un colectivo ideológico u otro, la capacidad económica, o el hecho de vivir en un entorno más rural o urbano, entre otros. En cuanto al género, es importante destacar que la violencia sexual y la apropiación del cuerpo de las mujeres son un instrumento de guerra habitual en los conflictos armados, que pueden ir desde la violación, la prostitución, el embarazo forzoso, la esterilización, la infección deliberada de enfermedades de transmisión sexual, etc. (Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, 2019; Mesa, 2012).

El objetivo de esta práctica es aterrorizar a la población, ejercer control directo sobre los cuerpos y territorios de las mujeres, así como generar rupturas y traumas personales y colectivos, que afecten tanto a una familia como a una comunidad entera (Mesa, 2012). No es hasta el año 2008 (Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas) cuando se reconoce la violencia sexual como estrategia común de guerra empleada en el contexto de los conflictos armados y un año más tarde cuando se crea la Oficina de la Representante Especial sobre la Violencia Sexual en los Conflictos (Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, 2009).

Acuerdo Final de Paz en Colombia

El conflicto armado en Colombia destaca por se especialmente complejo, en el que están implicados una serie de actores con multitud de matices. En términos generales, si bien no es posible determinar una fecha exacta, pues cuenta con antecedentes históricos que no se pueden separar de la propia historia del conflicto, se podría decir que este tiene lugar a partir del año 1960. Entre las principales características del conflicto se encuentran: el problema agrario y de la titularidad de las tierras; la falta de confianza democrática (destacar que hasta 1991 no se aprueba la Constitución del país), el narcotráfico, las influencias y presiones de políticas internacionales (EE.UU como “tutela política”) y la debilidad del Estado (especialmente en zonas rurales y alejadas de los centros del poder). En cuanto a los actores implicados, destacan los siguientes: las guerrillas (FARC, ELN, EPL, M19), el Estado y los paramilitares. Cabe señalar que las guerrillas han protagonizado más secuestros, ataques a los pueblos, atentados terroristas y minas antipersona; mientras que los paramilitares han llevado a cabo más acciones de masacre, asesinatos selectivos, y desapariciones. (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2013).

Los últimos datos disponibles en el Registro Único de Víctimas del gobierno colombiano recogen que, a día de hoy, existen un total de 9.123.123 víctimas. Entre los principales hechos victimizantes se encuentran: ataques terroristas, amenazas, delitos contra la libertad y la integridad sexual, desaparición y desplazamiento forzoso, homicidio, minas antipersona, secuestro y tortura. Las mujeres representan el 48,8% del total de víctimas, y hasta hoy se han contabilizado un total de 33.263 víctimas de delitos contra la libertad y la integridad sexual del conflicto armado, la mayoría de ellas mujeres. (Unidad para la atención y reparación integral para las víctimas, 2021).

Destacar que, tal y como recoge el informe general del Centro Nacional de Memoria Histórica (2013), entre el año 1958 y 2012, el 80% del total de víctimas mortales del conflicto (unas 180.000 personas) eran civiles.

El acuerdo de paz comenzó sus diálogos y negociaciones en la ciudad de Oslo el 18 de octubre de 2012 y continuaron en La Habana, siendo la ciudad el epicentro de la Mesa de Negociaciones. Finalmente, el 24 de noviembre de 2016 se firmó en Bogotá el acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera entre el gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) (Biblioteca del proceso de paz con las FARC‐EP, Presidencia de la Republica, Oficina del Alto Comisionado para la Paz, 2018).

El acuerdo cuenta con seis puntos clave:

1. Reforma Rural Integral;
2. Participación Política:
3. Apertura Democrática para Construir la Paz;
4. Fin del Conflicto;
5. Solución al Problema de las Drogas Ilícitas;
6. Acuerdo sobre las Victimas del Conflicto, Implementación, Verificación y Refrendación.

Tras la firma del acuerdo, se crea la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición (2020), como un mecanismo autónomo, independiente, extrajudicial y de carácter temporal cuyos propósitos clave son: contribuir al esclarecimiento de lo ocurrido, contribuir al reconocimiento de las víctimas y promover la convivencia con los territorios. Dentro de la comisión se recogen distintos enfoques específicos, que abarquen de manera transversal el impacto diferenciado del conflicto: étnico, de género, psicosocial, cultural, infancia y juventud, mayores y discapacidad.

De esta forma, el objetivo del enfoque de género es “evidenciar las formas diferenciales en que el conflicto afectó a las personas en razón de su género, orientación sexual e identidad de género” de cara a diseñar medidas de esclarecimiento, reconocimiento y responsabilidad, contando con las aportaciones de las entidades y movimientos de mujeres y colectivos LGTBI (Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, 2020).

En cuanto al acuerdo de paz, destacar que, en la mesa de negociaciones, las mujeres representaron el 46% de las participantes y el 60% de las delegaciones de víctimas que se desplazaron a La Habana para recoger los testimonios de las distintas partes implicadas (ONU Mujeres, 2018).

Es reseñable la influencia de los grupos de mujeres en lograr que el acuerdo incorpore la perspectiva de género como eje vertebrador, que incluye 100 medidas específicas que promueven la igualdad. Para el seguimiento de estas medidas, se pusieron a disposición distintos organismos encargados de evaluar su cumplimiento, entre ellos: la Instancia Especial de Mujeres para el Enfoque de Género en la Paz, ONU Mujeres, la Representante del Secretario General para la Violencia Sexual en el Conflicto, la Federación Democrática Internacional de Mujeres y la Embajada de Suecia. (ONU Mujeres, 2018).

Por otro lado, en el año 2014 se crea la Subcomisión de Género, que tiene como finalidad centralizar todos los asuntos en materia de derechos humanos de las mujeres y niñas y velar por la incorporación del enfoque de de género durante todo el proceso de elaboración del acuerdo. (ONU Mujeres, 2018).

El octavo informe de verificación de la implementación del Acuerdo Final de Paz en Colombia (Secretaría Técnica del Componente de Verificación Internacional, 2020), recoge que una de las mayores preocupaciones que atraviesa el país es el aumento de las masacres, amenazas y asesinatos a líderes y lideresas sociales, así como a defensoras de los derechos humanos y excombatientes de las FARC. De igual modo, persisten importantes limitaciones en el derecho a la protesta, que sigue estando fuertemente estigmatizada y reprimida por un uso desproporcionado de la fuerza pública. También se ha observado un incremento de la pobreza rural, agudizada tras la crisis de la COVID-19.

En cuanto al acuerdo de la reincorporación política, económica y social de los excombatientes de las FARC a la vida civil, el informe apunta a que existen dificultades administrativas y legales para su adecuado cumplimiento.

Por otro lado, el informe recoge que se mantienen los enfrentamientos entre los grupos armados en los territorios, lo que se traduce en amenazas, desplazamientos forzosos, reclutamientos, etc. Además, persisten las economías ilegales (en especial el narcotráfico y la minería ilegal), marcadas por la violencia y obstaculización de los acuerdos. En concreto, han aumentado los cultivos ilícitos de cocaína y los habitantes han denunciado la ausencia de políticas de sustitución de cultivos.

El cuarto informe de verificación de la implementación del enfoque de género en el Acuerdo Final de Paz en Colombia (2020), aboga por incorporar una perspectiva interseccional de las violencias basadas en el género, que incluya a la infancia y adolescencia, a personas LGTBI, hombres víctimas de violencia sexual, grupos étnicos y excombatientes. Resaltan la importancia de avanzar en la transformación de las masculinidades bélicas o militarizadas en el proceso de reincorporación a la vida civil”.

El informe (2020) señala que, pese a los avances, existen importantes vacíos y limitaciones en la implementación de los acuerdos con enfoque de género. Por un lado, señalan que la recopilación de datos y estadísticas no vienen desagregados por sexo, orientación e identidad sexual y pertenencia étnico-racial. Afirman que no se están aplicando medidas afirmativas hacia las mujeres dentro del plan de reforma rural, ni se está teniendo en cuenta, entre otras cosas, la influencia de los roles de género en la reincorporación social de las mujeres que han sido guerrilleras (si bien la mayoría son hombres). Por otro lado, animan a que se visibilice y profundice en la investigación sobre la violencia sexual contra los hombres dentro de los grupos armados y contra la infancia y adolescencia. El informe reivindica también que se preste más atención a las peculiaridades de las desapariciones forzosas en el caso de mujeres y personas LGTBI.

El informe final de Instancia Especial de Mujeres para el Enfoque de Género en la Paz (2019) realizó un balance de la implementación del enfoque de género en el acuerdo de paz, donde concluye que, si bien el género era un eje central del acuerdo, este se ha ido desdibujando, limitando las acciones específicas con mujeres y población LGTBI que no incorporan indicadores de impacto en su diseño.

Un informe emitido por el Consejo de Seguridad de la ONU sobre violencia sexual relacionada con los conflictos (2019), apunta a que en Colombia existen en la actualidad situaciones enmarcadas dentro del conflicto armado que suponen una vulneración de los derechos humanos de las mujeres y las niñas, que siguen sufriendo violencia sexual en sus territorios. Además, señala que los mecanismos de denuncia y visibilidad de estos casos son deficitarios y complejos. Por ello, se insta al gobierno colombiano a velar por los derechos de las mujeres y cumplir con las resoluciones firmadas.

Es relevante destacar el trabajo de la Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad (LIMPAL COLOMBIA, 2021), organización que se define como “feminista, pacifista y antimilitarista” que lleva más de 20 años trabajando en el terreno por la construcción de la paz, la implementación de la Resolución 1325 y los derechos de mujeres y niñas en el marco del conflicto armado colombiano. Forman parte del movimiento Women´s International League For Peace and Freedom (WILPF), reconocida organización internacional de mujeres pacifistas.

Se han dado avances importantes en la agenda de las mujeres, paz y seguridad y existen herramientas legislativas que en un principio parecen bien definidas, así como un discurso político e institucional aparentemente comprometido. Aún así, persisten dificultades estructurales que ayuden a esclarecer, denunciar y reparar los casos de vulneración de derechos de las mujeres en los contextos de conflicto, y predomina una falta de voluntad política real, que no hacen posible un cambio en la vida de las mujeres de manera significativa.

En el caso de Colombia, a pesar de la firma del acuerdo de paz en el año 2016, el conflicto armado sigue estando presente en la sociedad y en los territorios más golpeados tradicionalmente, adquiriendo nuevas formas y estrategias de violencia. Es especialmente importante tener en cuenta el impacto diferenciado del conflicto y en concreto en las mujeres, para lo cual se han creado distintos mecanismos de control y seguimiento de la implementación de los acuerdos.

Por todo ello, tal y como se reivindica desde distintos espacios de lucha y reivindicación de las zonas que sufren las consecuencias del conflicto armado, los desplazamientos forzosos, la violación de los derechos humanos y el expolio de sus tierras, es importante recordar que: “Ni la tierra ni las mujeres somos territorios de conquista”[2].

Bibliografía

Biblioteca del proceso de paz con las FARC‐EP. Presidencia de la República, Oficina del Alto Comisionado para la Paz. (2018). Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. Oficina del Alto Comisionado para la Paz (coordinador editorial). Recuperado de https://www.jep.gov.co/Documents/Acuerdo%20Final/Acuerdo%20Final.pdf

Centro Nacional de Memoria Histórica. (2013). ¡Basta Ya! Colombia: memorias de guerra y dignidad. Resumen. Bogotá: Imprenta Nacional de Colombia.

Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición. (2020). ¿Qué es la Comisión de la Verdad?. Disponible en https://comisiondelaverdad.co/la-comision/que-es-la-comision-de-la-verdad

Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. (2000). Resolución 1325 (2000) Aprobada por el Consejo de Seguridad en su sesión 4213a, celebrada el 31 de octubre de 2000. Recuperado de https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2006/1759.pdf?file=fileadmin/Documentos/BDL/2006/1759

Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. (2008). Resolución 1820 (2008) Aprobada por el Consejo de Seguridad en su 5916a sesión, celebrada el 19 de junio de 2008.  Recuperado de https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2011/8217.pdf

Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. (2019). Informe del Secretario General del 29 de marzo de 2019 sobre “Violencia sexual relacionada con los conflictos.” S/2019/280. Recuperado de https://www.un.org/sexualviolenceinconflict/wp-content/uploads/2019/12/report/violencia-sexual-relacionada-con-los-conflictos-informe-del-secretario-general-s-2019-280-spanish/ESP.pdf

Instancia Especial de Mujeres para el Enfoque de Género en la Paz. (2019). Enfoque de género y paz territorial: Balance a tres años de la firma del Acuerdo de Paz. Recuperado de http://www.codajic.org/sites/www.codajic.org/files/Informe-final-Instancia-Especial-de-Mujeres-para-el-Enfoque-de-G%C3%A9nero-en-la-Paz.pdf

LIMPAL COLOMBIA. (2021). Sobre nosotras. Disponible en: https://www.limpalcolombia.org/es/limpal-colombia/sobre-nosotras

Mesa, Manuela. (2012). Mujeres y construcción de paz: Balance y retos pendientes.  Pensamiento Propio. Publicación Trilingüe de Ciencias Sociales de America Latina y El Caribe: Prevención de conflictos, paz y seguridad: Avances conceptuales, experiencias y lecciones aprendidas (nº 30), 189-218.  Recuperado de http://www.cries.org/wp-content/uploads/2013/03/36.pdf

ONU Mujeres. (2021). En la mira: Mujeres, paz y poder. Disponible en: https://www.unwomen.org/es/news/in-focus/women-peace-security

ONU Mujeres. (2018). 100 medidas que incorporan la perspectiva de género en el acuerdode paz entre el gobierno de Colombia y las FARC-EP para terminar el conflicto y construir una paz estable y duradera. Recuperado de https://www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20colombia/documentos/publicaciones/2017/10/internas%20farc-ep.pdf?la=es&vs=4845

Secretaría Técnica del Componente de Verificación Internacional. (2020).                                                                        Octavo  informe de verificación de la implementación del Acuerdo Final de Paz en Colombia. Recuperado de https://www.verificacion.cerac.org.co/wp-content/uploads/2021/02/Octavo-Informe-de-Verificacion-Secretaria-Tecnica.pdf

Secretaría Técnica del Componente de Verificación Internacional. (2020). Cuarto informe de verificación de la implementación del enfoque de género en el Acuerdo Final de Paz en Colombia. Recuperado de https://www.cinep.org.co/Home2/images/2020Noticias/V2.%20Cuarto%20Informe%20de%20Ge%CC%81nero.pdf

Unidad para la atención y reparación integral para las víctimas. (2021). Registro Único de Víctimas. Disponible en https://www.unidadvictimas.gov.co/es/registro-unico-de-victimas-ruv/37394

[1]Por ejemplo, se ha observado que las negociaciones de paz también están determinadas por los estereotipos de género, ya que en muchas ocasiones se tiende a otorgar tareas secundarias a las mujeres que tienen que ver con el rol de cuidadoras o con tareas de carácter más asistencial (Mesa, 2012).

[2] https://airelibre.fm/ecofeminismo-ni-las-mujeres-ni-la-tierra-somos-territorios-de-conquista/

Escuela de Gobierno, Universidad Complutense de Madrid

África, un amplio y fascinante continente en cuyo lugar se dice que surgió la especie humana. Un territorio con una superficie de 30.2 millones de kilómetros cuadrados divididos en 54 países y con una riqueza cultural inimaginable. Ecológicamente hablando, África alberga una inmensa flora y fauna de naturaleza transfronteriza, al igual que la mayoría de sus principales ríos, lagos y bosques (UNEP, 2008). La naturaleza transfronteriza de estos y muchos otros ecosistemas, junto con los recursos naturales que contienen, son la fuente de sustento de miles de comunidades locales, al igual que la fuente de diversos conflictos ambientales que generan grandes desafíos en el continente.

Hoy en día, la pobreza en África se relaciona con la abundante riqueza de recursos naturales, algo que parecería ser paradójico. Este fenómeno se denomina como “la maldición de los recursos naturales”, que atrapa a estos países en una lógica perversa, aumentando sus desigualdades internas y sus conflictos (Acosta, 2012). Sierra Leona, por ejemplo, es uno de los países africanos con más recursos naturales, pero que extrañamente ha sido relegado al final de la lista del Índice de Desarrollo Humano (IDH)[1], siendo en 2018 el 181 de 189 países (UNDP, 2019).

Minerales de conflicto

El continuo comercio de diferentes tipos de minerales como el cobalto, cobre, uranio, oro, diamantes, casiterita y coltán, han financiado algunos de los conflictos armados más violentos del mundo. Estos minerales, que normalmente acaban en nuestros móviles, coches y joyería, cruzan fronteras de forma clandestina creando un comercio mundial que enriquece a unos pocos y empobrece a la mayoría de la población local. A menudo los denominados “minerales de conflicto”, financian lucrativamente a grupos armados, gobiernos y empresas extractivas, y se asocian con abusos de derechos humanos, corrupción, desigualdad de género y degradación ambiental. República Democrática del Congo (RDC) es uno de los países africanos afectados por la violencia de los minerales (ALBOAN 2009), y el mayor exportador de cobalto con un 70% de la producción mundial según el U.S. Geological Survey (USGS, 2020).

En los territorios africanos, la minería es una de las actividades en auge que se da actualmente en explotaciones a cielo abierto, utilizando explosivos para remover toneladas de roca cada año. La extracción de minerales y metales del subsuelo no siempre es llevada a cabo por empresas nacionales o internacionales, sino que a veces algunas actividades mineras son realizadas por personas que no tienen permiso del gobierno. Este tipo de minería se llama artesanal o ilegal, y por lo general es a pequeña escala, con una baja obtención de ganancias y en condiciones de trabajo peligrosas. Esta, está representada normalmente por grupos armados de hombres y niños soldado que fomentan conflicto y terror entre la población local. Los diamantes y el coltán son lamentablemente conocidos por representar atrocidades de unos seres humanos hacia otros, convirtiendo la naturaleza en un arma de guerra, que impacta a las comunidades locales, militarizando el territorio y abusando de los derechos humanos (CEAR 2018).  El caso de Sierra Leona, es un claro ejemplo de un país dónde los llamados “diamantes de sangre”, hicieron parte de un largo conflicto que desembocó en una década de guerra civil. De hecho, Ross (2003) explica que, dentro de toda la variedad de recursos naturales, los diamantes fueron los que más se asociaron a guerras civiles entre los años 1990 y 2000.

¿Pero qué significa para las mujeres la presencia de industrias extractivas como la minería?

Los “diamantes de sangre” tuvieron un claro impacto en los cuerpos de las mujeres de Sierra Leona y en sus vidas, violando todo tipo de derechos humanos y dejando a las mujeres en una situación de pobreza extrema, reforzando aún más la estructura social patriarcal existente (Mcferson 2012). Aún así, esto no ha cambiado en la actualidad, donde se sigue con un modelo extractivista capitalista y patriarcal que presenta violencia en cada punto de la cadena de extracción, desde el saqueo de los recursos naturales hasta la explotación del trabajo humano (pagado y no pagado), incrementando las desigualdades entre ricos y pobres, y entre hombres y mujeres (WOMIN s.f.).

Cuando las luchas por el dominio y control sobre los minerales se vuelven violentas, las mujeres son las primeras en sufrir tanto violencia directa como indirecta, teniendo, la violencia por razón de género contra las mujeres, un alto grado de impunidad, y manifestándose en una serie de formas múltiples (CEDAW, 2017). Las mujeres de las comunidades afectadas por la minería experimentan violencia por parte de la policía, del ejército, de los grupos armados y las empresas de seguridad privada de manera diferente a los hombres (Mouzinho, s.f.)

Según Mouzinho, en el caso de proyectos mineros en Mozambique, cuando las comunidades pierden sus tierras por causa de la minería, las mujeres y niñas tienen que caminar distancias más largas para buscar agua, leña y alimentos que servirán para el sustento de la familia. En estos casos es cuando están expuestas a riesgos importantes como el tener que facilitar favores sexuales para que se les permita entrar en bosques a recoger madera, ser registradas de forma sexual al entrar en zona minera, o incluso ser violadas por agentes de seguridad, trabajadores, militares, etc. (Mouzinho, s.f.)

Vandana Shiva y Maria Mies (1993), aseguran la existente relación entre el modelo de desarrollo extractivista, la militarización de los territorios ocupados y la violencia contra las mujeres. El conjunto de estos tres factores que presentan los “minerales de conflicto”, fomentan las relaciones de poder desiguales entre mujeres y hombres, aumentando la violencia de género y utilizando a menudo la violencia sexual como arma de guerra.

Conclusiones

“Los minerales de conflicto” en el continente africano causan una violencia continua y estructurada que impacta los ecosistemas, las comunidades, y en específico a las mujeres, siendo estas últimas a menudo invisibilizadas.

Aún queda mucho por hacer para lograr la igualdad y el empoderamiento de la mujer en todo el mundo. Por este motivo, si nos centramos en las industrias mineras, hay que luchar para conseguir nuevas iniciativas, políticas públicas, leyes y compromiso de los gobiernos para que apuesten por una industria responsable y transparente, y que sea sensible a sus impactos sociales, económicos y ambientales, particularmente sobre las mujeres. Este tipo de transición, aunque insuficiente, es un paso más hacia el logro de los derechos humanos y la justicia de género.

Esta reflexión pone de manifiesto la necesidad urgente de entender que la violencia es una forma innata de este modelo de desarrollo extractivo patriarcal, y que necesitamos re-imaginar otro modelo posible que garantice una vida digna para todo ser vivo, al igual que para nuestros ecosistemas de los cuales nuestras vidas dependen.

Bibliografía

Acosta, A. (2012). Extractivismo y neoextractivismo: Dos caras de la misma maldición, 25 de Julio 2012, Recuperado de https://www.ecoportal.net/temas-especiales/mineria/extractivismo_y_neoextractivismo_dos_caras_de_la_misma_maldicion/

ALBOAN, Grassroots Reconciliation Group (2009). ENOUGH, El proyecto para poner fin al genocidio y a las muertes contra la humanidad. Un enfoque completo sobre los minerales en conflicto del Congo.

Âurea Mouzinho (s.f.). Guns, Power and Politics. Extractivism, Militarisation and Violence against Women in Mozambique. WOMIN. Recuperado de https://womin.africa/wp-content/uploads/2020/09/Mozambique_Report_English_FINAL.pdf

CEAR, (2018). Refugio por causas medioambientales: África en el olvido, Estudio de caso. CEAR y Universidad Autónoma de Madrid.

Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) (2017). Recomendación general núm. 35 sobre la violencia por razón de género contra la mujer, por la que se actualiza la recomendación general núm. 19. Recuperado de https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2017/11405.pdf

Mecferson, H. (2012). Women and Post-Conlict Society in Sierra Leone. Journal of International Women’s Studies. Recuperado de https://www.researchgate.net/publication/265229907_Women_and_Post-Conflict_Society_in_Sierra_Leone_1

UNEP (2008). Africa atlas of our changing environment. UNEP.

Ross, M.L. (2003). Oil, drugs and diamonds: the varying roles of natural resources in civil war. En: Ballentince, K., Sherman, J. The political economy of armend conflict: Beyond Greed and Grievance (p. 47-70). Boulder y London, Lynne Rienner Publishers.

Shiva, V., Mies, M. (1993). Ecofeminism (1a ed.). Zed Books, London.

UNDP (2019). Inequalities in Human Development in the 21^st Century: Briefing note for countries on the 2019 Human Development Report, Sierra Leone. Recuperado de http://hdr.undp.org/sites/all/themes/hdr_theme/country-notes/SLE.pdf

WOMIN (s.f.). Guns, Power and Politics. Extractivism, Militarisation and Violence against Women. Recuperado de https://womin.africa/militarization-vaw/

[1] El Índice de Desarrollo Humano (IDH) es un indicador del desarrollo humano por país elaborado por el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). El indicador se calcula atendiendo a la media de las siguientes dimensiones: la esperanza de vida al nacer, la esperanza de vida escolar de niñas/os y la media de años de escolarización, y el ingreso nacional bruto per cápita.

Escuela de Gobierno, Universidad Complutense de Madrid

Se entiende por extractivismo una forma de explotación del medio natural para la obtención de materias primas a gran escala. En la región de América Latina y el Caribe los proyectos de extracción de materias primas por parte de países extranjeros, se intensificaron en la década de los noventa, impulsados por políticas de países latinoamericanos para favorecer la inversión extranjera directa, concentrando el grueso de la extracción minera en: Perú, México, Brasil, Chile y Argentina (Carvajal, 2016).

Las prácticas extractivas son múltiples, entre las cuales destacan: la minería, extracción de hidrocarburos o plantaciones para los agro negocios (consistentes en emplear extensos territorios para la plantación de un producto agrícola que será exportado a países extranjeros).

Existe una gran competencia entre los países de América Latina y el Caribe por albergar los proyectos de desarrollo extractivo en sus territorios, motivados por las ganancias económicas que éstos pueden generar. Sin embargo, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), pone de manifiesto que el hecho de que la inversión extranjera en un país sea alta, no implica por sí sola el desarrollo económico y la diversificación productiva de los países receptores de la misma, ya que debe ir acompañada de otras medidas orientadas a coordinar las prioridades de inversión de estos países. Igualmente, señala la importancia de que en un contexto internacional en el que la competencia por las inversiones extranjeras es cada vez más fuerte, se diseñen políticas involucradas con el desarrollo sostenible (CEPAL, 2019 p.15).

En este contexto, algunos Estados[1] flexibilizan determinadas legislaciones y firman convenios favorables para poder extraer, sin necesidad de adherirse a medidas de sostenibilidad y mantenimiento de los ecosistemas del entorno. Además, estos acuerdos dejan de lado a partes directamente afectadas, como las poblaciones que habitan los territorios en los que pretenden asentarse las actividades extractivas.

China y Canadá son dos de los países con mayor número de proyectos activos de minería y extracción de hidrocarburos en la región de América Latina y el Caribe, concentrando entre ambos un elevado número de acciones e inversiones en la región. Aunque esto podría considerarse como una inversión positiva en el país receptor, la mayor parte de las ganancias de estos proyectos van orientadas a empresas transnacionales privadas, que compiten en un mercado global. No necesariamente responden a los intereses locales y regionales de los países de donde se extraen las materias primas (Fund. Rosa de Luxemburgo,2013 p.23).

El discurso pro extractivista, basado en el neoliberalismo de los años 90, niega la necesidad de un equilibrio entre lo social y lo ambiental basándose en el concepto de crecimiento económico. El desarrollo extractivo, tiene como objetivo el beneficio de la población de las grandes ciudades, en detrimento de la población rural e indígena que ve mermada su calidad de vida por las consecuencias de dicha extracción (Silva, 2017 p.25).

Los métodos utilizados para las mencionadas explotaciones generan efectos devastadores en el entorno. Esto condena a los territorios exportadores a la pérdida de sus medios tradicionales de vida por el envenenamiento de sus aguas, sus tierras y los animales que las habitan. Dichos métodos se ven habitualmente confrontados por movimientos de resistencia de los pueblos indígenas y grupos ambientalistas, por citar algunos ejemplos en diferentes países: el Frente de Defensoras de la Pachamama (Ecuador), OFRANEH y COPINH (Honduras), Mujeres Aq’ab’al (Guatemala) y organizaciones como el Colectivo de Acciones Socioambientales CASA (Bolivia) (Carvajal, 2016 p.47-48).

La aparición en los territorios de grandes proyectos de extracción conlleva la presencia de militares, seguridad privada y grupos paramilitares en la zona y la consecuente expulsión de sus habitantes -en su mayoría población indígena- despojándoles de sus tierras y medios de subsistencia. La militarización de los territorios en pro de la protección de las instalaciones de los proyectos, ejerce control sobre las tierras donde los derechos humanos se violan de manera sistemática por parte de entidades públicas y privadas en connivencia en muchos casos, con autoridades regionales (Carvajal, 2016 p.29).

La Relatora Especial de las Naciones Unidas en su Informe sobre los derechos de los pueblos indígenas (2015), sostiene que tal y como se están llevando a cabo los acuerdos multinacionales de inversión, estos “afectan negativamente […] a los derechos de los pueblos indígenas, en particular a sus derechos a la libre determinación, a sus tierras, territorios y recursos, a la participación y al consentimiento libre, previo e informado”.

¿Qué implicaciones tiene el extractivismo en las mujeres indígenas?

María Lugones expone en su trabajo “Hacia un feminismo descolonial” (2011) que a partir de la colonización de las Américas y el Caribe, se estableció una dicotomía entre lo humano (colonizadores) y no humano (colonizados) y una “misión civilizadora” de aquellos seres considerados bestias, sirviendo de excusa para numerosos actos de crueldad y explotación sobre personas y territorios.

Basándonos en esta dicotomía, en lo que podría considerarse un colonialismo moderno los valores predominantes son los del neoliberalismo, que despojan de humanidad e importancia a las costumbres ancestrales de los pueblos originarios, que suponen parte trascendental de sus medios de subsistencia y también de sus valores culturales. Rocío Silva Santiesteban habla del extractivismo como un sistema colonial y patriarcal que se representa a través de lo que ella llama “basurización simbólica que es una forma de conferirle a “ciertos seres humanos” una representación que tenga como mandato salir del sistema para que el sistema funcione” (Silva, 2017).

El modelo de desarrollo basado en explotar el territorio de manera abusiva es fuertemente criticado por movimientos de mujeres indígenas y asociaciones en defensa de la tierra. Estos movimientos son desacreditados y demonizados por el discurso imperante, que los define como contrarios al crecimiento de la región y como agitadores del orden público (Silva, 2017). La filosofía de las mujeres indígenas fomenta valores en torno a la comunidad como un concepto global del “nosotras/os”, de interconexión entre la tierra, la naturaleza, los animales y los seres humanos. El binomio mujer/naturaleza que situaría a la mujer como creadora y sostenedora de la vida, también lo haría como sujeto explotable y denigrable por parte del sistema patriarcal capitalista (Aimé, 2015).

La contaminación ambiental a causa de vertidos tóxicos u otras consecuencias derivadas de los asentamientos extractivos, provoca otras implicaciones como la migración forzada, la expulsión o la permanencia de estos pueblos en sus territorios, en situaciones de extrema pobreza y vulnerabilidad.

Esta contaminación puede generar problemas graves de salud en la población, que en las mujeres se ven principalmente representados en altas mortalidades maternas, cánceres en el aparato reproductor, contaminación de la leche materna o abortos espontáneos. Asimismo, puede influir en sus labores de crianza, por una alta mortalidad infantil, defectos congénitos o enfermedades infantiles (CIDH 2017).

La existencia de proyectos extractivos en los territorios, supone la alteración de la estructura social y las economías locales y una ruptura en los paradigmas culturales y vitales de los pueblos originarios. Las mujeres indígenas se ven afectadas de manera desproporcionada, ya que sus roles como integrantes partícipes de la sociedad y lideresas espirituales cambian por completo, al introducirse nuevas formas de producción que emplean mayoritariamente a los varones en empleos precarizados, mal pagados e insalubres.

También se ven precarizadas las labores de cuidados, haciendo responsables a las mujeres de todo el trabajo comunitario (en ausencia de los varones) y doméstico, atención a personas enfermas a causa de la contaminación ambiental y a la pérdida de autonomía económica por la descomposición del tejido comercial tradicional.

El impacto diferencial de género implica que los roles y las tareas asociadas tradicionalmente a las mujeres indígenas se diluyan, dejándolas al margen del orden social y siendo forzadas por sus situaciones de vulnerabilidad a ejercer la prostitución o inmersas en redes trata de seres humanos (CIDH, 2017 p.71).

La violencia sexual es una fórmula recurrente de represión ante resistencias de grupos contrarios a los proyectos extractivos, en desalojos forzados y como medio de denigración y estigmatización de las defensoras de los territorios (Carvajal, 2016 p.33). Por su condición de indígenas, las mujeres son víctimas también del racismo estructural y los prejuicios que las sitúan en un escalafón social inferior con un alto riesgo de marginalidad.

La situación de alta vulnerabilidad y pérdida de sustento económico, unida a la llegada de trabajadores temporales a los puntos de extracción y a una “masculinización” del entorno, genera situaciones de gran peligro y violencia hacia las mujeres. Berta Cáceres o Máxima Acuña de Chaupe son dos ejemplos de los muchos que existen, de mujeres defensoras de los territorios que han liderado protestas contra la destrucción de su entorno natural y su capital cultural, poniendo en riesgo su integridad física e incluso su propia vida.

El dogma capitalista del crecimiento económico a toda costa, niega la existencia de los límites del planeta tanto en su superficie cultivable como habitable. Esta tendencia aboca al colapso ambiental, con la consecuente pérdida de vidas humanas y especies de animales y plantas (Fund. Rosa de Luxemburgo, 2013). Valorar exclusivamente elementos relacionados con el crecimiento económico, desde una perspectiva neoliberal, capitalista y patriarcal repercute en un aumento de la pobreza, la desigualdad y la violencia en los territorios indígenas y unas desastrosas previsiones de futuro, ya que las consecuencias a nivel ecológico, social y económico para estas poblaciones tienen un gran impacto a largo plazo.

Bibliografía

Aimé Tapia González, Georgina (2015). Aportaciones de las mujeres indígenas al diálogo entre filosofía y ecología en Puleo, Alicia, Ecología y género en diálogo interdisciplinar (p.263-276). Madrid: Plaza y Valdés Ediciones.

Carvajal, Laura María (2016). Extractivismo en América Latina impacto en la vida de las mujeres y propuestas de defensa del territorio. Colombia: FAU – AL Fondo Acción Urgente – América Latina.

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (2019). La inversión directa extranjera en América Latina y el Caribe. Santiago: CEPAL

Comisión Interamericana de Derechos Humanos (2017). Las mujeres indígenas y sus derechos humanos en las Américas. CIDH

Fundación Rosa de Luxemburgo, Radialistas apasasionadas y apasionados y Censat Agua Viva (2013). Alternativas al desarrollo. La destrucción del planeta no es un destino. Quito: Fundación Rosa de Luxemburgo, Radialistas apasasionadas y apasionados y Censat Agua Viva.

Naciones Unidas Asamblea General (2015). Informe de la Relatora Especial del Consejo de Derechos Humanos sobre los derechos de los pueblos indígenas relativo a las repercusiones de las inversiones internacionales y el libre comercio sobre los derechos humanos de los pueblos indígenas (2015). Nueva York: Naciones Unidas.

Lugones, María (2011) Hacia un feminismo descolonial. Revista La Manzana de la Discordia, pp. 105-117

Silva Santiesteban, Rocío (2017). Mujeres y conflictos ecoterritoriales. Impactos, estrategias, resistencias. Disponible en (abril de 2018) http://www. entrepueblos. org/files/Mujeresyconflictos_Convenio_-2017. pdf.

[1] “En Chile, la Ley Orgánica Constitucional sobre Concesiones Mineras -creada durante la dictadura de Pinochet-, está encaminada a la privatización absoluta de los yacimientos pues estos pasan a ser propiedad de quien los explote hasta su agotamiento, dejando un margen de acción mínimo para el Estado” (Carvajal, 2016).

Sergio Moreno Ríos

Un genocidio a cámara lenta

La comunidad rohinyá es una minoría étnica predominantemente musulmana formada por más de 1,1 millones de personas que disponen del Estado de Rakáin, situado en el oeste de Myanmar – antigua Birmania – fronterizo con Bangladesh, como lugar de residencia. Si bien durante siglos han venido cohabitado el territorio que hoy toma el nombre de Myanmar, los sucesivos gobiernos denegaron su condición de ciudadanía alegando que no son sino inmigrantes ilegales, personas extranjeras o personas de razas bengalíes venidas de la vecina Bangladesh (Masegosa, 2018). Así pues e históricamente, el Gobierno birmano ha excluido y perseguido a la población rohinyá durante décadas, condenándola a un estado de segregación con respecto al resto de la población de mayoría budista (Amnesty International, 2017). De dicha negación de nacionalidad emanaron, a su vez, múltiples discriminaciones que siguen afligiendo hoy a la totalidad de su existencia social: a saber, restricción para con su libertad de circulación y para con el acceso a la educación; prohibición de reunión y de atención médica salvo para casos de extrema necesidad; coacción para con su libertad religiosa e incitación masiva al odio por parte de la ciudadanía budista, entre otras (Amnesty International, 2017).

Huyendo del horror y al menos desde 1970, 700.000 personas de la comunidad se refugiarían en la vecina Bangladesh, con cuyos habitantes comparten lengua y etnia – la bengalí – y religión – el islam – pero cuyo gobierno, así como Birmania, optaría por denegar sus derechos civiles (Masegosa, 2018). En otras palabras: “ninguno de los dos países considera a la población rohinyá como suya. A esta comunidad no la quiere nadie” (Masegosa, 2018). Recapitulando, se habla aquí de una violencia sistemática e indiscriminada con base racial y con un claro objetivo de dominación, intimidación y aislamiento contra la población civil que, de acuerdo con Naciones Unidas, constituye un régimen de apartheid y, por tanto, un crimen de lesa humanidad (Amnesty International, 2017).

Así por ejemplo, en el año 2012 la tensión étnica entre rohingyas y budistas propiciaría unos disturbios que culminarían con el desplazamiento forzoso de miles de personas obligadas a abandonar sus hogares y padecer, cuatro años más tarde y tras varios enfrentamientos entre grupos rohingya y el ejército birmano, una campaña de represión que concluiría con flagrantes vulneraciones de derechos humanos tales como detenciones arbitrarias, violaciones, asesinatos e incendios selectivos (Masegosa, 2018). Seguidamente, este episodio se repetiría, cruentamente, el 25 de agosto de 2017, cuando el gobierno birmano y patrullas ciudadanas de otras etnias procuraron un exterminio de localidades rohingya que vendría a verificar, consecuentemente y de cara a la comunidad internacional, la detallada planificación de un intento de limpieza étnica:

“Las personas rohinyá fueron víctimas de una jauría militar y popular que perpetró miles de asesinatos, la destrucción de cientos de sus aldeas, la violación de sus mujeres, el exterminio de sus ganados, la quema de sus campos de cultivo…” (Masegosa, 2018)

A razón de ello, el éxodo rohingyá desde Myanmar hacia Bangladesh ha ido incrementándose de forma significativa coincidiendo con los periodos de violencia y alcanzando el total de 867.000 personas refugiadas acorde a los últimos datos de la ONU del 21 de enero de 2018 (ISCG, 2018). Tal es así que, en su inmensa mayoría, las personas rohingyá alcanzan los campos de refugiados, heridas, hambrientas y necesitadas con suma urgencia de ayuda humanitaria (ISCG, 2018). Sintéticamente, de las 700.000 personas refugiadas que se hallan en los campos, cabe señalar la supervivencia de 120.000 mujeres embarazadas o lactantes, 399.000 niñas y niños menores de cinco años y 1.200.000 personas que requieren asistencia humanitaria (UNICEF, 2018).

En este sentido y de acuerdo con investigaciones recientes, la invisibilidad de las mujeres en los campos de refugiados es extraña, pues se estima que ellas constituyen la mitad de la población rohinyá huida a causa de las matanzas, violaciones y torturas (Amnesty International, 2017). Sin embargo, es posible encontrar la razón de ello en el temor de muchas mujeres refugiadas a sufrir violencia sexual dentro de los propios campos (ONU News, 2018.3). Por tanto y en sintonía con los estudios migratorios atravesados por la perspectiva de género (Pacecca, 2012), este artículo pretende analizar someramente la operatoria de las estructuras de género y sus discriminaciones diversas en la etapa pre-migratoria, en la migración en sí y en el ingreso al país de destino, constatando las vulneraciones de derechos humanos que las mujeres rohinyás padecen a razón de su género.

Etapas pre-migratoria y migratoria

Tal y como sostienen las investigaciones de Elisabeth J. Wood, la violencia sexual tiende a ser utilizada como una estrategia de guerra en un conflicto armado en la medida que permite limpiar un territorio garantizando que lo traumático de lo sucedido dificulte la voluntad de la población de retornar al mismo (2013). En el caso que aquí respecta, en la etapa pre-migratoria – previo a la huida – todas las mujeres y niñas rohingyá habrían presenciado o padecido sucesos de violencia sexual en clave de violación, violaciones masivas por múltiples soldados, desnudez, humillación pública y/o esclavitud sexual. Es más, el modo de actuar empleado habría seguido un patrón de planificación aplicado en las distintas operaciones de limpieza (ONU News, 2018.1, 2018.2). Asimismo, los informes constatan que el número de denuncias es inferior a los delitos efectivamente perpetrados en tanto que, debido a la negación de ciudadanía, al temor y a la estigmatización cultural que culpabiliza a las supervivientes, éstas rara vez ven facilitada su capacidad de denuncia (Amnesty International, 2017). Por otro lado, el secuestro de mujeres y niñas con fines de explotación sexual ha venido desencadenando un “factor motivador de huida” añadido habida cuenta de la prevalencia de violaciones durante las operaciones militares a finales de 2016 y, nuevamente, después del 25 de agosto de 2017 (ONU News, 2018.2).

Finalmente, y pese a la escasez de fuentes fidedignas que aborden la etapa migratoria o éxodo a Bangladesh, parece posible confirmar que numerosas personas que cruzaban la frontera presentaban heridas de bala y signos de violencia sexual (Amnesty International, 2017).

Etapa de ingreso en el país de destino

Finalmente, en noviembre de 2017, la Organización Internacional para las Migraciones de las Naciones Unidas informó sobre el tráfico, trata y explotación de personas rohinyá en los propios campos de Bangladesh. Tal y como fue cerciorado, en la actualidad numerosas personas bangladesís proceden a contratar a mujeres y niñas refugiadas con falsas ofertas de empleo doméstico. Además, la Oficina informó que, con frecuencia, se les obliga a trabajar más de lo convenido, se les impide contactar con la familia y son sometidas a malos tratos y a violencia sexual. Por último, se mencionó que entre la población rohinyá están teniendo lugar matrimonios forzados bajo la promesa de protección y seguridad económica para las mujeres y niñas rohinyá (ONU News, 2018.2).

En efecto, cabe concluir aquí que los niveles de violencia sexual contra las mujeres rohingyás tanto por parte de la población local como de los hombres refugiados son extremadamente elevados.

Un genocidio en clave de género

“En contextos de extrema violencia la violencia contra las mujeres se intensifica; esto se ha observado globalmente una y otra vez en las crisis humanitarias. Esta vez no ha sido diferente” (Wood, 2013).

Si bien los hechos que se recogen aquí abarcan una pequeña fracción de la realidad de las mujeres rohinyás, urge señalar como las violaciones de derechos humanos perpetrados contra ellas, trascienden las formas de genocidio que sufre la totalidad de la comunidad. Recapitulando, se ha hablado aquí de una discriminación que toma forma de violencia sexual y esclavitud, de un genocidio dentro de otro, de un genocidio con rostro de mujer:

• La violación y la trata de personas es un acto de violencia de género y constituye “discriminación”, prohibida con arreglo a la normativa internacional, incluida la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW) de la que Myanmar es Estado Parte.
• Asimismo, similares violaciones perpetradas por funcionarios estatales – que incluyen tanto soldados como policía fronteriza – han venido siendo definidos como tortura tanto por tribunales penales internacionales como por la ONU y los órganos regionales de derechos humanos. Dado que los perpetradores participaron y planificaron sistemáticamente cada violación contra las mujeres rohinyás, la misma violencia sexual constituye un crimen de guerra y de lesa humanidad que cabría a ser juzgado por el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.

Referencias bibliográficas

Libros

Masegosa, A. (2018). Ronhinyá. El drama de los innombrables y la leyenda de Aung San Suu Kyi. Madrid: Los libros de la catarata.

Wood, E. J. (2013). Multiple perpetrator rape during war. In Handbook on the Study of Multiple Perpetrator Rape (pp. 152-179). Routledge.

Revistas académicas

Pacecca, M. I. (2012). La migración de mujeres en clave de género y derechos en tres relatorías especiales de las Naciones Unidas. Buenos Aires: Mora, 18 (2).

Documentos electrónicos

UN News (2017.1). UN envoy urges greater support for Rohingya victims of sexual violence. Recuperado el  22 de diciembre del 2018, de https://news.un.org/en/story/2017/11/636412-un-envoy-urges-greater-support-rohingya-victims-sexual-violence#.WnrmTKKQ57Y

UN News (2017.2). Myanmar can draw on UN expertise in tackling Rohingya returns, Security Council told. Recuperado el  22 de diciembre del 2018, de https://news.un.org/en/story/2017/12/639202-myanmar-can-draw-un-expertise-tackling-rohingya-returns-security-council-told#.Wjk0ulXiaUk

UN News (2017.3). UN warns of trafficking, sexual abuse in shadow of Rohingya refugee crisis. Recuperado el  22 de diciembre del 2018, de https://news.un.org/en/story/2017/11/636002-un-warns-trafficking-sexual-abuse-shadow-rohingya-refugee-crisis#.Wjk0xlXiaUk

ISCG (2018). Situation Update: Rohingya Refugee Crisis – Cox’s Bazar. Recuperado el  22 de diciembre del 2018, de https://reliefweb.int/report/bangladesh/iscg-situation-update-rohingya-refugee-crisis-cox-s-bazar-21-january-2018

UNICEF (2018). Bangladesh – Humanitarian Situation report No.19 (Rohingya influx). Recuperado el  22 de diciembre del 2018, de https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/UNICEF%20Bangladesh%20Humanitarian%20Situation%20Report%20No.19%2C%2021%20January%202018.pdf

Amnesty International (2017). “Caged without a roof” apartheid in Myanmar’s Rakhine state. Recuperado el  22 de diciembre del 2018, de https://www.amnesty.org/download/Documents/ASA1674842017ENGLISH.PDF