Sergio Moreno Ríos

El Plan Nacional de Cuidados de Cabo Verde

En 2017, el Instituto Cabo Verdiano para la Igualdad y la Equidad de Género (ICIEG) confeccionó ​​un estudio de género a raíz de los resultados de la Encuesta al Sector Informal (2015) con el objetivo de contribuir a la Estrategia Nacional de Transición de la Economía Informal a Formal (2017-2020). En síntesis, las conclusiones extraídas constatan que la mayoría de las mujeres se hallan adscritas al sector informal, poseen niveles de escolaridad básica, son sobre todo auto empleadas no asalariadas y ganan, en promedio, el 71,5 % del salario medio de los hombres (ICIEG, 2017).A partir de la presente investigación preliminar del ICIEG, y enmarcado dentro de los compromisos para la década planteados por el Programa de Gobierno de la IX Legislatura del país insular, el gobierno caboverdiano elaboró un Plan Nacional de Cuidados 2017-2019 comprometiéndose en su punto 6 a: “situar los cuidados a las personas dependientes – niños y niñas, personas ancianas y personas portadoras de deficiencias –, tradicionalmente considerados mandato social exclusivo de familias, en el centro de la agenda de las políticas públicas de inclusión social para promover la igualdad de género y la conciliación de la vida laboral y familiar” (Governo de Cabo Verde, 2017.2)

En cierto modo, es posible aventurar que este proyecto emana, en parte, del pasado Plan Nacional de Igualdad de Género (PNIG) 2015-2018 que, haciendo referencia a la igualdad de género en términos de economía productiva y reproductiva, señalaba cómo la actual distribución del sistema económico – incluido el reproductivo – constituye el fundamento de la desigualdad económica y de género. Contra ello, el plan aseveró la imposibilidad de establecer un abordaje eficaz en la lucha contra la pobreza y la desigualdad de género sin procurar una mayor corresponsabilidad tanto en el interior de los agregados familiares como en los sectores público[1] y privado a través de provisión de servicios de apoyo y de cuidados, y la facilitación de tiempo para la conciliación entre la vida personal y laboral (2015).

Así pues, el presente proyecto ha venido a complementar el Plan Estratégico de Desarrollo Sostenible 2017-2021 (PEDS) identificando como área prioritaria la igualdad de género en su Objetivo 3: asegurar la inclusión social y la reducción de desigualdades y asimetrías.  En concreto, refiere que:

 “el Gobierno tiene la igualdad de género como una de las cuestiones centrales para el desarrollo inclusivo, siendo una precondición para alcanzar el desarrollo sostenible.  El país continúa registrando importantes desafíos para alcanzar la plena igualdad de género, con énfasis en la autonomía económica de las mujeres, su participación política y en la toma de decisiones y la Violencia basada en el género” (Governo de Cabo Verde, 2017.1)

Es en este mismo objetivo – 3.1. Condiciones de vida de las familias e inclusión social – donde se inserta como eje de intervención el sistema de cuidados de dependientes que señala como acciones y medidas la creación y regulación de los servicios de cuidados destinados a personas dependientes – niñas y niños, personas ancianas y personas con discapacidad –, la profesionalización del trabajo de las cuidadoras – garantizando el acceso de las personas y familias de renta baja – y la puesta en funcionamiento de una red de escuelas infantiles en colaboración con la sociedad civil y los municipios (2017.1).

Por lo pronto, este artículo se compromete a desentrañar someramente y de forma sucinta las estrategias y acciones clave a implementar en Cabo Verde propuestas por el ya mencionado Plan de Cuidados 2017-2019, y su coherencia con las principales tesis desarrollistas y de la academia inmersa en los estudios de género y empoderamiento económico femenino.

Contextualizando los cuidados

Según datos ofrecidos por ICIEG (2017), se estima que cerca del 82% de la población caboverdiana mayor de 10 años invertiría un tercio de su tiempo semanal realizando Trabajos no Remunerados (TnR). Por lo pronto y desde una perspectiva de género, los primeros resultados preludian una brecha significativa al dividir este porcentaje en mujeres (un 90%) y en hombres (un 73%) que los realizan. Es más, en el ámbito de los cuidados la tasa de participación de las mujeres dobla a la de los hombres (45% frente al 21%) y proyecta como éstas emplean más horas de la semana a su realización (19h frente a 12h).

Asimismo, la Asociación de Apoyo a la Autopromoción de la Mujer en el Desarrollo (MORABI) ha venido denunciando como, a menudo, recae sobre las mujeres el peso de realizar las tareas domésticas y el cuidado de niñas y niños, personas mayores, con discapacidad y/o dependientes sin remuneración (ICIEG, 2017). Con todo y de acuerdo con los datos del ICIEG, este tiempo es destinado en gran medida al cuidado de niños y niñas dependientes –de 0 a 6 años – ante la ausencia de redes de escuelas infantiles y redes de parentela alargada que suplan la incapacidad de conciliar los cuidados con la vida laboral y personal de la ciudadanía – especialmente las mujeres–. En consecuencia, las mujeres ocupadas a la economía informal y al TnR se ven confrontadas a una serie de limitaciones estructurales que propician una sobrecarga física y emocional que limita su dedicación a trabajos remunerados que viabilicen su independencia económica (ICIEG, 2017).

Por ello, resulta habitual que las mujeres caboverdianas accedan a trabajos de baja calidad o jornadas parciales que les permitan hacerse cargo de las responsabilidades derivadas del cuidado de personas. Además, perviven aún hoy normas sociales discriminatorias en base a roles tradicionales y estereotipos que, perpetuando la división sexual del trabajo, vienen a restringir el acceso de las mujeres a la propiedad o a la adquisición de activos y servicios financieros, a oportunidades educativas o al desarrollo de competencias socio-laborales. Todo ello desencadena una brecha de poder que perjudica a la población femenina al mermar su acceso al trabajo formal y reducir una carga de cuidados que imposibilita su completa independencia y autonomía (ICIEG, 2017).

Un Plan para la igualdad

A tenor del contexto descrito previamente, resulta posible estimar una exacerbación de la misma fruto del proceso de transición demográfica que viene caracterizando al país (Governo de Cabo Verde, 2017.1) y que requiere de estrategias integrales en las que participen activamente titulares y portadores de derechos y obligaciones (OIT, 2018)

En primer lugar, es sabido que las políticas macroeconómicas pueden contribuir a la igualdad de género en tanto en cuanto configuren un entorno económico capaz de, en última instancia, proporcionar a las mujeres mejores condiciones labores y facilitar su transición de la economía informal a la formal (OIT, 2018). En este sentido, el Plan compromete al Gobierno a gestar un contexto favorable para con la infraestructura social – servicios de salud y de cuidado de personas dependientes, mayores y de la infancia –; a desarrollar una política monetaria con perspectiva de género que asegure créditos a mujeres que trabajen en pequeñas empresas; y, entre otras políticas, a impulsar una fiscalidad sensible al género que contemple la protección social de las mujeres y asegure su participación de forma igualitaria en el acceso al empleo (Governo de Cabo Verde, 2017.2).

En segundo lugar, en vistas a romper las barreras que penalizan a las trabajadoras de la economía informal, el Plan Nacional de Cuidados exige al Estado asumir como responsabilidad de política pública funciones de cuidado en aras a impulsar una mejor inserción de las mujeres en el mercado laboral aumentando, asimismo, su tiempo de ocio y descanso (OIT, 2018). Así y en tanto que las mujeres por lo general tienden a realizar empleos de baja calidad que les permitan compaginar su trabajo con las tareas de cuidados, se exige aquí un sistema de seguridad social amplio que asuma los cuidados y facilite la conciliación laboral y personal de hombres y mujeres (Hunt y Samman, 2016). En pos de ello, el plan destaca que:

 “en el análisis de políticas sociales y propuestas de políticas públicas sociales sensibles al género, se analizó que el Sistema Universal de Cuidados permitirá la plena liberación de las mujeres, hoy presas de la economía reproductiva” (Governo de Cabo Verde, 2017.2)

En tercer lugar, dado que los regímenes de seguridad social contributivos tienden a quedar vinculados al empleo formal, una mayoría de mujeres queda desamparada por realizar un trabajo no reconocido o cuya cotización es mínima (Hunt y Samman, 2016). Frente a ello, la academia y el Plan coinciden en la necesidad de promover la profesionalización y valorización del trabajo de cuidados como herramienta que permita, por un lado, romper con normas sociales y estereotipos que minusvaloren el mismo e impidan la igualdad de género (Kabeer, Milward y Sudarshan, 2013) y, por otro lado, garantizar la suficiente cotización en vistas a la prestación de servicios públicos como el desempleo o la jubilación (OIT, 2018):

“Se espera que una buena parte de las mujeres inactivas o desempleadas pueda insertarse en puestos de trabajo de cuidados con remuneración a través del desarrollo de servicios de cuidados (…) La profesionalización y el pleno reconocimiento social de las mujeres que cuidan debe estar en el horizonte político de todos los agentes implicados en este Plan” (Governo de Cabo Verde, 2017.2)

En cuarto lugar, la academia insiste en implementar acciones positivas allí donde la presencia de las mujeres sea inferior a la de los hombres con la finalidad de aumentar su participación en el mercado laboral (Kabeer, Milward y Sudarshan, 2013). En plena sintonía con ello, la estrategia bianual articula la puesta en marcha de iniciativas educativas destinadas a mujeres en sectores profesionales socialmente masculinizados – ingeniería, arquitectura, edificación, pesca, turismo… –; complementos salariales y ayudas a las mujeres en situación de riesgo – discapacidad, víctimas de violencia de género… –; la capacitación y la asistencia legal para las trabajadoras que deseen mejorar sus condiciones de vida; y cuotas para el empleo público, incluidos los cargos electos, a través de una futura Ley de Paridad cuyo fin no es otro que un archipiélago 50-50 (Governo de Cabo Verde, 2017.2).

Finalmente, cabe mencionar cómo los estudios han venido señalando la necesidad de promover la articulación de nuevas redes colectivas y solidarias entre grupos de mujeres y movimientos sociales y comunitarios que aspiren a un cambio regulatorio que otorgue condiciones salariales y de tiempo dignas para las mismas (Hunt y Samman, 2016). Si bien el plan no contempla esto último, de la presión y seguimiento de un incipiente movimiento feminista, articulado con las agencias de cooperación internacionales[2], dependerá que la totalidad de estas medidas construyan una República cuyo mayor plan sea poner la vida y los cuidados en el centro de la agenda política.

Referencias bibliográficas

Legislación

ICIEG (2017). Estrategia Nacional de Transición de la Economía Informal a Formal (2017-2020).

Governo de Cabo Verde (2015). Plan Nacional de Igualdad de Género (2017-2019).

Governo de Cabo Verde (2017.1). Plan Estratégico de Desarrollo Sostenible (2017-2021).

Governo de Cabo Verde (2017.2). Plan Nacional de Cuidados (2017-2019).

Revistas académicas

Hunt, A., y Samman, E. (2016). Women’s economic empowerment: Navigating enablers and constraints, ODI Development Progress research report Londres: Overseas Development Institute (ODI).

Kabeer, N.; Milward, K., y Sudarshan, R. (2013). Organising women workers in the informal economy. Gender and Development, vol. 21, núm. 2, págs. 249-263.

Documentos electrónicos

OIT (2018). Empoderar a las mujeres que trabajan en la economía informal. Recuperado el 5 de enero de 2019, de http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—dgreports/—cabinet/documents/publication/wcms_618369.pdf

Governo de Cabo Verde (2017.3). Rede de Mulheres Parlamentares partilha “Declaração de Rui Vaz” com o Chefe do Governo. Recuperado el 30 de septiembre de 2018, de http://www.governo.cv/index.php/rss/7303-rede-de-mulheres-parlamentares-partilha-declaracao-de-rui-vaz-com-o-chefe-do-governo

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[1] En este sentido, en marzo de 2019 se espera la aprobación de una Ley de Paridad para con los procesos electorales y el acceso a los cargos públicos que, como mecanismo normativo encaminado a reponer la justicia social y contribuir al aumento de la participación de las mujeres en las esferas políticas y decisorias, refrende la construcción de una sociedad igualitaria inscrita en una democracia plenamente representativa que “contribuya a un mundo 50-50” (Goberno de Cabo Verde, 2017).

[2] En el año 2018 ha comenzado a implementarse el programa financiado por Cooperación Española “Contribuyendo al acceso y a la generación de empleo digno para las mujeres caboverdianas” con la finalidad de mejorar las condiciones de empleabilidad y garantizar las condiciones dignas para las mujeres caboverdianas a través del fortalecimiento de las redes municipales del cuidado para la atención de personas dependientes (infancia, personas con discapacidad, personas mayores…) y la formación en profesiones relacionadas con el cuidado.

Verónica Pastor Fernández

Los desastres llamados naturales son un obstáculo para lograr un desarrollo sostenible, dado que devastan la seguridad y el sustento de las poblaciones afectadas. Este tipo de desastres no son consecuencia exclusiva de la acción de la naturaleza, sino que los fenómenos naturales causan catástrofes cuando exceden la capacidad de las sociedades para enfrentarlos (Barrantes, 2011). Ante la dificultad para controlar los peligros naturales, es importante fomentar la construcción de sociedades resistentes y resilientes[2], aumentando la capacidad social para enfrentarse a los desastres como una de las formas más efectivas para manejar y reducir el riesgo de los mismos.

Así como los desastres no tienen las mismas consecuencias para todas las poblaciones, dependiendo de la resiliencia o “capacidad de absorción” de la comunidad que lo recibe, dentro de una misma comunidad el impacto tampoco es el mismo para todas las personas (Urgoiti y Rey, 2007). En contextos de desastres, mujeres y hombres son afectados de diferente manera fundamentalmente en base a sus distintas necesidades, capacidades, y a los roles de género.

Según algunos estudios realizados sobre desastres naturales, es conocido que “las mujeres y los niños y niñas son 14 veces más propensas a morir en caso de desastre” (Sanz y Tomás, 2013, p.1402). Entre las principales razones suele aparecer la dificultad de las mujeres para nadar o para trepar a los árboles, lo que da lugar a menos posibilidades de salvarse en caso de no encontrarse en una zona segura. Otra complicación que encuentran las mujeres es la huida ralentizada hacia los centros de evacuación al detenerse a recoger a los niños y niñas, y a las personas mayores dependientes (Sanz y Tomás, 2013).

La vulnerabilidad que afecta a las mujeres, niñas, niños y hombres varía, así mismo, en función de sus edades y estratos socio-económicos de procedencia, que configuran el modo en que viven los desastres y su capacidad de recuperación. El porcentaje de mujeres y niñas que mueren cuando ocurre un desastre es  mayor que el de hombres especialmente en aquellos países donde hay mayor tolerancia hacia la desigualdad de género. Así mismo, la violencia de género (incluida la violación y la trata de personas), aumenta exponencialmente durante y después de los desastres (PNUD, 2010).

La estrecha relación entre la igualdad de género y la capacidad de recuperación frente a los desastres pone de relieve la necesidad de la integración de la perspectiva de género en las estrategias para la reducción del riesgo de desastres. Una gestión del riesgo con enfoque de género integrado permite detectar modelos de desarrollo inadecuados y plantear alternativas para la consecución de contextos más igualitarios. Asimismo, hace posible el enriquecimiento y la renovación de las herramientas empleadas para la gestión del riesgo, normalmente ciegas al género, desde un enfoque de equidad y justicia social (América Latina Genera, 2008).

La integración de la perspectiva de género en la respuesta a los desastres generados por los fenómenos naturales cuenta con múltiples compromisos internacionales que la promueven:

• El Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres (2015-2030) (que da continuidad al Marco de Acción de Hyogo, 2005-2015) incluye, entre sus principios rectores, la necesidad de que la reducción del riesgo de desastres integre “la perspectiva de género, edad, discapacidad y cultura en todas las políticas y prácticas, debiendo promoverse el liderazgo de las mujeres y los jóvenes” (Naciones Unidas, 2015, p. 13). Así mismo, para el fortalecimiento y la preparación ante casos de desastres especifica que “es esencial empoderar a las mujeres y a las personas con discapacidad para que encabecen y promuevan públicamente enfoques basados en la equidad de género y el acceso universal en materia de respuesta, recuperación, rehabilitación y reconstrucción” (Naciones Unidas, 2015b, p. 21).
• En la Cumbre del Clima celebrada en Paris en 2015 se instó a las Partes a respetar y promover las obligaciones relativas a “la igualdad de género, el empoderamiento de la mujer y la equidad intergeneracional” (Naciones Unidas, 2015a, p. 2), para hacer frente al cambio climático, reconociendo que se trata de un problema que afecta a toda la humanidad.
• En la Plataforma Global para la Reducción del Riesgo de Desastres celebrada en Cancún en 2017 se subrayó “el liderazgo y el empoderamiento de las mujeres como elementos esenciales de una gobernanza efectiva del riesgo de desastres” (Naciones Unidas, 2017, p. 63).
• Es preciso hacer referencia también al Objetivo de Desarrollo Sostenible número 13, destinado a la Acción por el Clima, que especifica, en su meta 13.b, la necesidad de hacer hincapié en las mujeres para la promoción de mecanismos que aumenten la capacidad para la planificación y gestión eficaces en relación con el cambio climático (Naciones Unidas, 2015c).

Desastre y crisis como oportunidad de cambio

Una vez que el desastre ha ocurrido, el objetivo de las etapas posteriores no debe ser retornar a la situación previa, sino tomar la crisis como oportunidad para que se lleve a cabo una rehabilitación en la que las situaciones de vulnerabilidad sean reducidas, contribuyendo al desarrollo sostenible (Urgoiti y Rey, 2007). El contexto de crisis tras un desastre puede suponer una oportunidad para reducir las desigualdades de género, considerándolo como una ocasión para implicar a las mujeres como agentes de cambio. Contar con la participación de las mujeres, en condiciones de igualdad, en el trabajo de recuperación tras un desastre, puede favorecer la deconstrucción de estereotipos basados en el género. A su vez, no contar con la participación de las mujeres y las niñas en la reconstrucción supone el desperdicio del conocimiento y las capacidades de la mitad de la población (PNUD, 2010).

La gestión de desastres desde una perspectiva feminista requiere obtener información desagregada y analizarla de manera que las políticas, planes, programas y proyectos sean diseñados prestando atención a las distintas vulnerabilidades de mujeres y hombres, generadas a partir del género (América Latina Genera, 2014). Contribuye, por tanto, a identificar y analizar las causas del impacto diferenciado de los desastres en hombres y mujeres; ayuda a comprender mejor la situación de las poblaciones expuestas a una amenaza, a atender de manera más específica las necesidades y prioridades de mujeres y hombres, de niños y niñas y facilita el diseño de medidas más apropiadas y eficaces (Barbier et al., 2012). La gestión del riesgo con perspectiva feminista implica, así mismo, el acceso equitativo a los recursos, a los puestos de toma de decisión y a todos los espacios de gestión de los riesgos (América Latina Genera, 2014).

El presente artículo se ha extraído del Trabajo de Fin de Máster: Una mirada desde la perspectiva de género a los desastres naturales: el caso del Tifón Yolanda (Haiyan) en Filipinas, realizado en el Marco del XI Máster Propio en Género y Desarrollo, presentado en abril de 2016.

[2] En la Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres (Oficina de Naciones Unidas para Reducción de Riesgo de Desastres (UNISDR) 2009, pp. 28-29) la resiliencia es definida como: la capacidad de un sistema, comunidad o sociedad expuestos a una amenaza para resistir, absorber, adaptarse y recuperarse de sus efectos de manera oportuna y eficaz, lo que incluye la preservación y la restauración de sus estructuras y funciones básicas. La resiliencia de una comunidad con respecto a los posibles eventos que resulten de una amenaza se determina por el grado en que esa comunidad cuenta con los recursos necesarios y es capaz de organizarse tanto antes como durante los momentos apremiantes.

Bibliografía

América Latina Genera (2008). El riesgo de desastres y la inequidad de género: problemas no resueltos del desarrollo. Recuperado de http://www.americalatinagenera.org/toolkit/docs/enfoques/enf-riesgosalg.swf

América Latina Genera (2014). Desarrollo Sostenible. Gestión del Riesgo de Desastres. Recuperado de http://americalatinagenera.org/newsite/index.php/es/nuestro-trabajo/desarrollo-sostenible/39-gestion-del-riesgo-de-desastres-grd

Barbier, J.L.; Respighi, E.; Etchichury,L.; Moscardini, O.; Zaballa, C.; González, S.; Torchia, N.; Pallares, U.; Celeste, C.; Manchiola, J.I.; Fernández, S.; Ferrari, C.; Bonaldé, A.; Tomasini, D.; Bottino, G.; García, A.; Martorell, A.; Bruno, P. y Remes, S. (2012). Documento País 2012. Riesgo de Desastres en La Argentina. Recuperado de https://www.mininterior.gov.ar/planificacion/pdf/AS_13662310131.pdf

Naciones Unidas, (2015a). Convención Marco sobre el Cambio Climático. Aprobación del Acuerdo de París. Recuperado de https://unfccc.int/resource/docs/2015/cop21/spa/l09s.pdf

Naciones Unidas, (2015b). Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres (2015-2030). Recuperado de https://www.unisdr.org/files/43291_spanishsendaiframeworkfordisasterri.pdf

Naciones Unidas (2015c). Objetivos de Desarrollo Sostenible. Recuperado de https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/gender-equality/

Naciones Unidas (2017). Plataforma Global 2017 para la Reducción del Riesgo de Desastres. Recuperado de https://www.preventionweb.net/files/48240_gp17programmees.pdf

Oficina de Naciones Unidas para Reducción de Riesgo de Desastres (UNISDR) (2009). Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres. Recuperado de: http://www.unisdr.org/files/7817_UNISDRTerminologySpanish.pdf

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), (2010). Género y Desastres. Buró de prevención de crisis y recuperación. Nueva York: PNUD. Recuperado de: http://www.undp.org/content/dam/undp/library/crisis%20prevention/disaster/Reduccion-Genero.pdf

Sanz, C. y Tomás, R. (2013). Género y crisis humanitarias en América Latina y El Caribe. HAL archives ouvertes (1399-1409). Recuperado de https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00877337/document

Urgoity, A. y Rey, F. (2007). Cooperación Internacional, Obra Social La Caixa. Barcelona: Fundación La Caixa.

Universidad Complutense de Madrid 

Isis Labrunie

La esfera oculta de la Economía

El trabajo no-remunerado es aquel que es realizado sin pago. La mayor parte de éste es llevado a cabo por mujeres mediante labores de cuidados, especialmente tareas domésticas y atención a la dependencia. Aunque este tipo de trabajo es fundamental para garantir la sustentabilidad de la vida humana, creando las condiciones necesarias para que prospere, el mismo es infravalorado.

El imaginario occidental relata la organización socioeconómica en base al flujo circular de la renta. Esta metáfora esquemática – fundamento de los modelos capitalistas – marca una clara separación entre los hogares, vistos como agentes de consumo y ofertantes de mano de obra; y las empresas, productoras de bienes y servicios mediante la transformación de recursos vía trabajo. En este modelo, los grandes protagonistas son la industria y los mercados; mientras, los hogares se leen como agentes pasivos y la naturaleza como un medio a explotar. Toda interacción que ocurra fuera del llamado ámbito productivo es infravalorada, limitándose la esfera económica a los ámbitos monetarizados.

De esta manera, los trabajos de cuidados no son reconocidos como parte de la economía, aunque sean el pilar que la sostiene. No solo eso, sino que los datos demuestran que el total de trabajo no-remunerado es igual o superior al monto del recompensado monetariamente[1]. Por lo que podemos afirmar que la economía mercantilizada – protagonista de toda política y debate público – se apoya en gran parte en un esfuerzo que tiene lugar fuera de los mercados y que, por ello, es ignorado y considerado como apolítico.

Comprender de forma más realista los procesos económicos y construir sociedades más justas, exige cambiar nuestro enfoque y visibilizar el trabajo no-remunerado.

Los Hogares: ¿ámbito reproductivo o productivo?

Tal como señala el esquema básico del flujo de la renta, los hogares cumplen la función de dotar de mano de obra al llamado ámbito productivo; transformando criaturas humanas en individuos competitivos en el mercado laboral. Las personas más aptas para el sistema – normalmente las que cuentan con trabajos bien pagados, o lo que Picchio llamaría «trabajos de hombres»[2] – demandan grandes cantidades de cuidados. Pues dicho modelo de individuo debe delegar aquellas funciones básicas que aseguran su supervivencia y que – supuestamente – no son provechosas para su productividad.

Así, el mejor individuo trabajador es aquel que carece de responsabilidades de cuidados, ni necesidades propias. Amanece cada día «libre de toda carga y plenamente disponible para las necesidades de la empresa»[3]. Un arquetipo de trabajador, que aunque poco realista, marca un ideal y prolifera en base al mito de la autosuficiencia; que imagina a los humanos como dependientes solo en las primeras y últimas etapas de la vida, siendo completamente autónomos mientras hagan parte del mundo laboral y el mercado satisfaga sus necesidades.

No obstante, en la realidad, la transformación de mercancías en satisfacción exige trabajo no-remunerado. Como bien planteó Katrine Marçal en ¿Quién le hacía la cena a Adam Smith?[4], en última instancia no es el interés propio – convertido en virtud por la mano invisible – lo que nos sustenta. Pues el ciclo económico – que va desde la producción hasta la satisfacción de una necesidad – no se cierra en el momento que se realiza una compra, sino que solo finaliza mediante el trabajo no-remunerado. Siguiendo el ejemplo de Adam Smith: la satisfacción de su necesidad llega, no cuando el carnicero egoísta le vende la carne sino – como concluiría Marçal – cuando su madre, Margaret Douglas, le sirve la cena.

Margaret personifica la pieza que falta en la lectura capitalista y que impide percibir el papel económico de los hogares; no solo como compradores y ofertantes de mano de obra, sino como ámbitos de producción, donde se crean y amplían bienes y servicios, generándose bienestar. Lo que nos lleva a cuestionar la renta como máximo indicador de la calidad de vida y, por consiguiente, nos obliga a replantearnos los mismos conceptos de riqueza y pobreza; así como la equivalencia entre igualdad y redistribución de la renta.

Las mujeres como cuidadoras

En prácticamente la totalidad de sociedades, las mujeres son responsabilizadas de la mayor parte de los trabajos no-remunerados, variando drásticamente el tiempo que dedican a estas labores según las condiciones de vida. Ya que aquellas que tienen más recursos, compran el tiempo de aquellas que tienen menos, dando forma al mercado de cuidados/trabajo doméstico.

Asimismo, con la entrada en masa de las mujeres en el mundo laboral, gran parte de las mujeres en economías desarrolladas cargan con las labores de cuidados y al mismo tiempo participan en el mundo laboral capitalista. Evidenciándose que no se tratan de labores sustitutivas, sino que los cuidados para las mujeres son un trabajo acumulativo[5]. Lo que evidencia que la división sexual del trabajo se vincula con misma la identidad sexual.

Por ello, entender nuestro sistema socioeconómico implica analizar las «dimensiones económicas de la matriz heterosexual»[6]. Es decir, la relación que sociedad exige que los individuos tengan con la economía para ser plenamente reconocidos como mujer u hombre. Entendiendo que esta construcción no es universal, por lo que, aunque la feminización de cuidados sea internacional, no se trata de un fenómeno homogéneo.

Si nos ceñimos al contexto occidental, la actual relación entre identidad sexual y economía se empieza a cristalizar tras la Revolución Industrial. Si bien los cimientos de la división sexual del trabajo occidental son anteriores[7], las sociedades contemporáneas surgen con la economía de mercado; que provocaría una fuerte dicotomía entre la vida pública y privada, acentuando – con ayuda estatal, mediante la promulgación de leyes que restringirían el trabajo y salario femenino[8] – las diferencias entre “productores” y “reproductoras”.

Los mercados capitalistas pasarían a ser el centro de la vida contemporánea, a nivel material, simbólico y político. Determinando nuestras escalas de valoración, procesos vitales y la misma comprensión de la vida; redefiniendo qué es ser hombre y qué es ser mujer. Así, en términos económicos, la construcción de la masculinidad en nuestro contexto pasa por el trabajo remunerado: tener un empleo, una profesión y un salario, otorga identidad y reconocimiento bajo los parámetros de la masculinidad. Mientras, la feminidad pasa en gran medida por una construcción de sí para las demás personas, obteniéndose sentido identitario y reconocimiento social mediante la realización de las tareas que posibilitan la vida ajena, supeditando a ello la vida propia; una lógica de sacrificio – o «ética reaccionaria del cuidado»[9] – que sostiene la existencia humana, a la vez que la pone en peligro al enmascarar el conflicto capital-vida.

El Conflicto Capital-Vida

Tal como hemos visto, una economía competitiva exige una mano de obra que delegue sus responsabilidades de cuidado; asimismo, el trabajo no-remunerado es mediador indispensable entre los mercados y el bienestar. Por tanto, la lógica de acumulación supone no solo la apropiación de trabajo remunerado – lo que el marxismo denominaría la apropiación de la plusvalía – sino también la captación de grandes cantidades de trabajo no-remunerado[10]. Por lo que el conflicto capital-trabajo no se da solo con los trabajos asalariados, sino también con los no-pagados.

No solo eso, sino que el propio Estado de Bienestar favorece el mantenimiento de la perspectiva capitalista mercadocéntrica; siendo en gran parte culpable de que la responsabilidad de mantener la vida esté privatizada, feminizada e invisibilizada. Es una estrategia de Estado mantener los cuidados en los hogares, asegurándolo mediante la infravaloración, invisibilización y negación de derechos. En esas premisas se basa la aplicación de las políticas públicas – tal como el sistema sanitario o educativo – que se diseñan contando con ingentes cantidades de trabajo no-remunerado.

El futuro de los cuidados

La falta de corresponsabilidad con la vida por parte del Estado y el mercado carga a los hogares con la cuasi totalidad de los cuidados. Los cuales, a su vez, debido a la falta de corresponsabilidad por parte de las masculinidades, son transferidos a las figuras femeninas; quienes lo asumen de acuerdo con la ética del cuidado que las hace inteligibles en la matriz heterosexual; es decir, que las hace ser más reconocidas y valorizadas dentro de una sociedad, conforme a la percepción hegemónica respecto a cómo debería ser una mujer. Sin embargo, el género no es una categoría monolítica, sino que se construye conforme se ejercita. Y en nuestro contexto, el prototipo de ama de casa ya no parece ser el modelo a seguir incluso para gran parte de las que se lo pueden permitir económicamente; lo que ha potenciado la entrada masiva de mujeres al mundo laboral en las últimas décadas, alterando significativamente el modelo de reparto sexual del trabajo. El cual también se ha visto afectado por otros factores menos señalados, como la privatización de los cuidados, la precarización laboral, el modelo urbano – caracterizado por la individualización de la vida y la necesidad de vigilancia constante de las criaturas – o el envejecimiento de la población. Todo ello, ha provocado una creciente necesidad de cuidados, incompatible con la reducción de personas disponibles para efectuarlos; conformando una verdadera crisis.

Esta tensión ha llevado a un fenómeno característico de la época que vivimos: el auge de las cadenas de cuidados internacionales. Las cuales mitigan y ocultan la falta de compromiso colectivo con la vida; que es, en última instancia, el motivo que lleva a unas mujeres a emigrar y a otras a demandar trabajadoras extranjeras para incorporarse al mercado laboral. Ahondando en dos problemas al esconder, por un lado, la carencia de corresponsabilidad por parte de las masculinidades, las empresas y los Estados del Norte Global; profundizando al mismo tiempo en las crisis de cuidados de los países emisores, debido al desplazamiento de las mujeres/cuidadoras.

Si miramos el caso de España y otros países europeos, veremos que el Estado favorece este tipo de comercialización de los cuidados; potenciándolo como sinónimo de conciliación[11]. El respaldo a este modelo, así como la infravaloración de los trabajos de cuidados, se aprecia claramente en el Régimen Especial de las Empleadas del Hogar español; que niega derechos laborales como vacaciones, pagas extraordinarias o pensiones de jubilación[12]. Mediante estas “facilidades”, las mujeres acomodadas se ven animadas por el Estado a solucionar sus problemas de conciliación contratando a otras mujeres, sin que se vea cuestionada la corresponsabilidad social o siquiera los problemas de conciliación de las “empleadas”. Las cuales – pese a ser el sector sobre el que se legisla – no son el objetivo de esa política, que profundiza en la precariedad de aquellas que se dedican a los cuidados.

Esta gestión de los cuidados es insostenible y socialmente inaceptable. Sin embargo, en un sistema centrado en los mercados, no podemos subestimar el peso que éstos tienen en la asignación de valores. Por lo que la meta de hacer de los cuidados un eje económico fundamental, en un modelo capitalista, implica la introducción de éstos en la lógica de mercados. La cuestión es como se llevará a cabo este proceso.

En definitiva, la transición de una economía de acumulación a una centrada en la sostenibilidad de la vida empieza en los mismos hogares – con la corresponsabilidad masculina – pero se extiende mucho más allá. Implicando un gran cambio ético que atraviese todas las instituciones y estructuras. Para solo así alcanzar una corresponsabilidad social vigente en todas las esferas de la especie humana y su relación con el entorno vivo.

Referencias:

Camacho, M., Cordero, M., Gómez, V., Ruiz, N.  (Prods.), Camacho, M.  Clos,M.,  Cordero,  S.,  Gómez,  V.,  Jiménez,  L.,  Suarez,  C.  (Dir.).  (2013).  Cuidado Resbala [Vídeo].  España:  Círculo de Mujeres.

Durán, M. Á.  (2002).  Los costes invisibles de la enfermedad. Madrid: Fundación BBVA.   Marçal, K.  (2016).  ¿Quién le hacía la cena a Adam Smith? Barcelona:  Debate.

Orozco, A.  (2006).  Perspectivas entorno a la Economía:  el caso de los cuidados. Madrid: Consejo Económico y Social.

—– (2014).  Subvención Feminista de la Economía: Aportes para un debate sobre el conflicto capital-vida. Madrid: Traficantes de Sueños.

—– (2015).  La sostenibilidad de la vida en el centro… ¿y eso qué significa?  En L.  M.  Alba (coord.), La Econología del Trabajo:  el trabajo que sostiene la vida (p.  71-100).  Madrid:  Bomarzo, p.94.

Picchio, A.  (2012). Un Enfoque Macroeconómico Ampliado de las Condiciones de vida.  En L.A. Concha (coord.)  La Economía Feminista como un Derecho (p.43-67).  México DF: Red Nacional Género y Economía.

PNUD (1995). Informe sobre Desarrollo Humano, México, p.1. Orozco, A. (2016) Mundo laboral y el enfoque feminista.

[1] PNUD 1995, p.7.

[2] Picchio, 2012, p.34.

[3] Orozco, 2009, p.3.

[4] Marçal, 2016.

[5] Produciendo tensiones como la doble jornada, triple ausencia o suelo pegajoso; conceptos que remiten a la difícil conciliación entre trabajos de cuidados, mercado laboral y participación sociopolítica.

[6] Orozco, 2014, p.166.

[7] Recuérdese la percepción de los clásicos de las mujeres como naturaleza y los hombres como política.

[8] Orozco, 2006.

[9] Orozco, 2015, p.94.

[10] Orozco, 2014.

[11] La conciliación es entendida desde las instituciones como un esfuerzo exclusivamente femenino; siendo las mujeres – nacionales o inmigrantes – quienes deben modificar su actuación para alcanzarlo.

[12] Camacho, M., Cordero, M., Gómez, V., Ruiz, N.  (Prods.), 2013.

Verónica Pastor Fernández

La contribución de las mujeres a la esfera económica es algo que a día de hoy no se puede obviar, tanto por el trabajo remunerado por cuenta propia o ajena (como empleadas o emprendedoras), como por todo el trabajo doméstico y de cuidados que realizan sin remunerar, gracias al cual sus vidas y las de sus familias y comunidades salen adelante. A pesar de los avances y los reconocimientos en los compromisos internacionales, existe actualmente una gran persistencia de mujeres que son económicamente dependientes.

El empoderamiento económico de las mujeres contribuiría a la reducción de la pobreza y mejoraría la calidad de vida de toda la población. Sin embargo, el modelo económico actual no propicia la igualdad de género, dificultando el acceso de muchas mujeres a empleos de más calidad y mejor remunerados, e impidiendo hacer frente a la desigualdad en la carga de trabajo doméstico y de cuidados no remunerado (Oxfam, 2017).

El empoderamiento económico de las mujeres cuenta con múltiples compromisos internacionales que lo promueven. Algunos ejemplos de los más representativos son:

• La Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres (CEDAW) (Naciones Unidas, 1979), en su artículo 11 reconoce el “derecho a igual remuneración, inclusive prestaciones, y a igualdad de trato con respecto a un trabajo de igual valor, así como igualdad de trato con respecto a la evaluación de la calidad del trabajo”. Así mismo, hace referencia al “derecho a la seguridad social, en particular en casos de jubilación, desempleo, enfermedad, invalidez, vejez u otra incapacidad para trabajar, así como el derecho a vacaciones pagadas”.
• La Plataforma de Acción de Pekín (Naciones Unidas, 1995) reúne seis objetivos específicos para impulsar el empoderamiento económico de las mujeres: promover los derechos económicos y la independencia de las mujeres; facilitar el acceso de las mujeres a los recursos y empleo en condiciones de igualdad; proporcionar capacitaciones y acceso a los mercados, la información y la tecnología; fortalecer la capacidad económica de las mujeres y sus redes comerciales; eliminar la segregación ocupacional y todas las formas de discriminación en el empleo; y promover la armonización del empleo y las responsabilidades familiares de hombres y mujeres.
• Entre los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), el objetivo 5, sobre igualdad de género, establece como una de sus metas para lograr la igualdad de género (meta 5.a) la necesidad de emprender “reformas que otorguen a las mujeres la igualdad de derechos a los recursos económicos, así como acceso a la propiedad y al control de la tierra y otros tipos de bienes, los servicios financieros, la herencia y los recursos naturales (…)” (Naciones Unidas, 2015).

Pese a este marco internacional, las mujeres siguen estando discriminadas en el ámbito del empleo, caracterizado por una brecha salarial entre mujeres y hombres, y por la segregación ocupacional y vertical, donde los puestos de mayor responsabilidad y prestigio son ocupados por hombres. Según los datos del Banco Mundial, el porcentaje medio de mujeres que trabaja en situación de vulnerabilidad es de un 78,32%[1] en África Subsahariana, que es la región geográfica con porcentajes más elevados. Así mismo, en esa misma región, el porcentaje de mujeres con empleo remunerado es del 19,86%[2]. Las cifras ponen de manifiesto que las mujeres realizan trabajos que las mantienen en situación de pobreza y explotación.

Un importante factor a tener en cuenta respecto a las dificultades que encuentran las mujeres para llevar a cabo trabajos remunerados, sin ser el único, es la carga desigual de trabajo doméstico y de cuidados en los hogares. Se trata de un factor estructural que limita las opciones de las mujeres para contar con ingresos propios, participar plenamente en la política y la sociedad, y tener acceso a la protección social para la satisfacción autónoma de sus necesidades (ONU Mujeres México, 2015, p. 2).

El trabajo doméstico y de cuidados: una barrera para la trayectoria laboral de algunas mujeres y una –precaria- oportunidad de empleo para otras

Comúnmente se considera al trabajo doméstico y de cuidados como una barrera para el empoderamiento económico de las mujeres. Es interesante reflexionar acerca de esta afirmación dado que la barrera no es el trabajo en sí, sino el hecho de que recaiga principalmente sobre las mujeres, sin valoración y casi siempre, sin remuneración. El trabajo doméstico y de cuidados no puede suprimirse porque es fundamental para la supervivencia. Sin embargo, podría dejar de suponer una carga para las mujeres si se distribuye, no solo con los hombres, sino también con los Estados y las empresas.

La falta de responsabilidad hacia el trabajo doméstico y de cuidados por parte de los mercados y los Estados (a excepción de los Estados de bienestar de los países nórdicos, donde sí hay una fuerte intervención estatal), que no proveen de estructuras colectivas que se encarguen del cuidado de la vida, conlleva la búsqueda individualizada de soluciones a las necesidades de cuidados dentro de los hogares. De esta manera, en los hogares se llevan a cabo estrategias privadas para resolver un problema que es público, y son particularmente las mujeres quienes terminan asumiendo los trabajos de reproducción.

El trabajo reproductivo tiene un elemento de naturalización que hace difícil separarlo de las mujeres debido a que se naturaliza la capacidad y el deseo de cuidar como cualidades femeninas. Existe una asociación tradicional del crecimiento y la acumulación con los valores de la masculinidad, y de la reproducción y cuidados con la feminidad.

Sin embargo, las estrategias de cada hogar para gestionar las tareas domésticas y de cuidados varían en función de factores como la clase social, la etnia o la nacionalidad. En muchos hogares de países del Norte donde las mujeres han ido abandonando el rol de cuidadoras a tiempo completo, sin que esto haya conllevado la desaparición de trabajos no mercantiles (Jubeto y Larrañaga, 2014), se recurre a la red familiar (generalmente las abuelas) para “echar una mano” en el trabajo doméstico y de cuidados. En otros casos en los que no se dispone de esta red, las mujeres hacen frente a la doble jornada o triple, cuádruple… dependiendo de si, además de los trabajos en el ámbito productivo y reproductivo, estudia, participa en actividades comunitarias, etc.

Los hogares que pueden permitírselo han mercantilizado el trabajo reproductivo, que se ha convertido en un nicho laboral para las mujeres migrantes. Se trata de hogares de clase media de países ricos, que contratan a otras mujeres (inmigrantes en la mayoría de los casos, pero no siempre) como empleadas domésticas y/o cuidadoras, porque las mujeres autóctonas se han movilizado hacia otros sectores de trabajo. A su vez, estas mujeres migrantes que se han desplazado a países ricos en busca de empleo con el fin de asegurar unos ingresos a sus familias, dejan el cuidado de estas en manos de otras mujeres. Para ello, recurren a la estrategia de la “familia amplia” (lazos familiares estratégicos en la provisión de bienestar cotidiano), donde la encargada del trabajo doméstico y los cuidados generalmente es la abuela, gracias a las remesas que las mujeres migrantes envían desde el país donde están trabajando. En otros casos, compran los servicios de mujeres más pobres que han dejado en su país de origen (Castelló, 2008). Este proceso da lugar a la globalización de los cuidados.

Rowena llama “mi bebe” a Noa, la niña estadounidense que está a su cuidado. Y la pequeña ha comenzado a balbucear en tagalog, la lengua que su niñera hablaba en Filipinas. Los hijos de Rowena viven con sus abuelos maternos y otros doce miembros de la familia, ocho de ellos niños, algunos de los cuales también son hijos de mujeres que trabajan en el extranjero. La figura que ocupa el lugar central en la vida de los niños es su abuela, la madre de Rowena. Pero la abuela trabaja de maestra con horarios prolongados, y el abuelo materno no se relaciona mucho con sus nietos, por lo cual Rowena ha contratado a Anna de la Cruz para cocinar, limpiar y cuidar a los niños. A su vez, Anna de la Cruz deja a su hijo al cuidado de su suegra octogenaria (Russell, 2008 p. 270).

Las cadenas globales de cuidados son “redes transnacionales que se establecen para sostener cotidianamente la vida y a lo largo de las cuales los hogares y, en ellos, las mujeres, se transfieren cuidados de unas a otras con base en ejes de jerarquización social” (Pérez, 2014, p. 215).

En un mundo globalizado, los problemas ya no son nacionales, sino transnacionales. La globalización remite a una transformación en la escala de la organización humana que enraíza comunidades distantes y expande el alcance de las relaciones de poder. En los lugares de origen, los hogares reunificados de las personas migrantes experimentan seriamente las dificultades de conciliación de la vida familiar y laboral. Sin embargo, en los países de destino, los hogares que contratan a personas migrantes obtienen beneficios de este trabajo, que responde a necesidades concretas y cotidianas (Orozco, 2007).

Así, aparecen nuevas formas de dominación entre mujeres autóctonas y mujeres migrantes. Este trasvase de la desigualdad evidencia cómo el proceso de externalización del trabajo reproductivo se ha hecho de tal forma que, lejos de poner en entredicho la división sexual del trabajo, la alimenta y la normaliza (Parella, 2003 en Castelló, 2008).

Las oportunidades para el empoderamiento económico de unas mujeres no deben suponer la explotación de otras. De esta manera, son únicamente las mujeres, desde sus distintas posiciones, quienes asumen el “invisibilizado” trabajo doméstico y de cuidados que sostiene los trabajos productivos, asimilando las estrategias patriarcales.

Para lograr el empoderamiento económico de todas las mujeres es fundamental la redistribución de las tareas domésticas y de cuidados al interior de los hogares, al tiempo que se promueve la intervención estatal a través de la implementación de programas para asegurar trabajos decentes para todas las mujeres, en igualdad de condiciones. Así mismo, las empresas deben adoptar un rol activo para favorecer la promoción de las mujeres a los puestos de poder y evitar segregación por ocupaciones y la brecha salarial, todo ello, propiciando posibilidades de conciliación reales.

Finalmente, es importante tener en consideración la importancia del trabajo doméstico de cuidados, sin el cual no sería posible realizar el resto de trabajos que se desempeñan en el ámbito “productivo”.  La plena igualdad de los derechos laborales de quienes ejercen estos trabajos es un pilar básico para comenzar a trabajar por el empoderamiento económico de las mujeres.

Bibliografía

Castelló, L. (2008). La mercantilización y mundialización del trabajo reproductivo. El caso español. XI Jornadas de Economía Crítica, Bilbao. Recuperado de http://pendientedemigracion.ucm.es/info/ec/ecocri/cas/Castello_Santamaria.pdf

Jubeto, Y., y Larrañaga, M. (2014). El Desarrollo Humano local desde la equidad de género: un proceso en construcción. Bilbao: UPV / EHU.

Naciones Unidas (1979). Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres (CEDAW). Recuperado de http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/sconvention.htm

Naciones Unidas (1995). Plataforma de Acción de Pekín. Recuperado de http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/platform/

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Oxfam (2017). Una economía para las mujeres. Informe de Oxfam. Recuperado de https://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/file_attachments/bp-an-economy-that-works-for-women-020317-es.pdf

Pérez, A. (2014). Subversión feminista de la economía. Aportes para un debate sobre el conflicto capital-vida. Madrid: Traficantes de sueños.

Russell, A. (2008). Amor y oro. En, La mercantilización de la vida íntima (pp.269-284). Madrid: Hatz Editores.

Referencias web

www.bancomundial.org

[1]https://datos.bancomundial.org/indicador/SL.EMP.VULN.FE.ZS?name_desc=false&view=chart

[2] https://datos.bancomundial.org/indicador/SL.EMP.WORK.FE.ZS?view=chart

Introducción

Las distintas líneas de pensamiento en torno al género y medio ambiente que se han sucedido en el tiempo: ecofeminismo; mujeres y medioambiente; género, medio ambiente y desarrollo sostenible; han logrado que la igualdad de género haya pasado a formar parte de las políticas ambientales, dando lugar a una compleja pero inexorable relación entre ambos enfoques. La incorporación de la perspectiva de género a la gestión medioambiental cuenta así mismo con un amplio marco legislativo internacional que le da cobertura.

A partir de la década de los noventa, diversas conferencias de las Naciones Unidas – la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro (1992), el Convenio sobre Diversidad Biológica (1992), la Convención Internacional de Lucha contra la Desertificación (1994), la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer de Pekín (1995), la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sustentable en Johannesburgo (2002), la Conferencia Mundial sobre la Reducción de Desastres en Hyogo (2005) y la posterior en Sendai (2015), la Cumbre de Clima en París (2015) — han reconocido el rol decisivo de las mujeres en la conservación y la gestión de los recursos naturales y la protección del medio ambiente, señalando la necesidad de garantizar su plena participación en la toma de decisiones, así como en la formulación y ejecución de políticas ambientales (Inmujeres, 2003).

En el año 2007 se creó la Alianza Global de Género y Clima (GGCA), a raíz de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático celebrada en Bali, dedicada a promover el fortalecimiento organizacional para asegurar que las políticas de cambio climático, las iniciativas y la toma de decisiones transversalizan la perspectiva de género (GGCA, s.f.).

No se puede negar que ha habido importantes reconocimientos y logros de carácter legislativo, derivados de una gran conciencia de la necesidad de eliminar las desigualdades de género en todos los ámbitos. Sin embargo, en el ámbito ambiental las mujeres se encuentran en una posición de desventaja, que limita su acceso a los recursos y dificulta su participación en las decisiones relativas a la gestión ambiental, pese a ser las principales proveedoras y administradoras de los recursos naturales en los hogares.

Antes de entrar en el análisis, conviene hacer la siguiente aclaración. Si bien en este artículo se hace referencia a hombres y mujeres, se ha de tener en consideración la pluralidad de personas y sin entender a las mujeres, hombres y otras identidades como grupos homogéneos. Así mismo, es imprescindible tener en cuenta los distintos factores de opresión que atraviesan a cada persona, además del género, como la etnia o la edad, y que posicionan a los individuos en distintos niveles de vulnerabilidad.

Acceso y control de los recursos

El género como principio organizador de la sociedad asigna a mujeres y hombres distintos roles y espacios, afectando a sus experiencias, intereses y habilidades para manejar los recursos naturales. Los roles de género intervienen en tanto que mujeres y hombres hacen un uso distinto de los recursos naturales, y a su vez, las posibilidades de preservar los recursos y regular las acciones en torno a estos también varían (Vázquez, 2003).

Más en detalle, como expone Vázquez (2003) a partir de Thomas-Slayter y Rocheleau (1995), el género determina el acceso y control sobre la tierra, el trabajo, las instituciones y los servicios, de manera que mujeres y hombres de distinta condición tienen diferentes responsabilidades, oportunidades y limitaciones en el manejo de recursos naturales tanto al interior del grupo doméstico como en la comunidad, lo que da lugar a distintos conocimientos sobre el ambiente.

En casi todo el mundo corresponde a los hombres el aprovechamiento comercial de los recursos naturales: pastoreo, pesca, explotación minera y extracción maderera y de diversos productos forestales; los beneficios, empero, no necesariamente llegan a los hogares. Las mujeres, por su parte, usan los bosques y otros recursos para obtener alimentos, plantas medicinales y combustible, e incluso para generar ingresos que invariablemente se destinan al sostén familiar; pero cuando llegan a emprender proyectos productivos, enfrentan —por mera razón de su sexo— serias dificultades para conseguir créditos, apoyos, programas, capacitación e insumos en general (Inmujeres, 2003, p. 7).

Más allá de considerar el distinto uso de los recursos, es preciso prestar atención a la forma en que mujeres y hombres de distinta condición se apropian de ellos, así como el poder o la falta del mismo que tienen sobre otras personas para controlar sus actividades (Vázquez, 2003). En algunos países[1], la única forma de acceder a la tierra por parte de las mujeres es a través de redes masculinas (marido, padre, hermano…). Según datos ofrecidos por la Base de Datos de Género y Derechos de la Tierra (GLRD) de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), la proporción de mujeres propietarias de explotaciones agrícolas a nivel mundial oscila entre el 0,8% (Arabia Saudí) y el 51% (Cabo Verde), con un porcentaje global del 12,8%[2]. De este modo, además del tipo de derechos y responsabilidades que mujeres y hombres tienen sobre un determinado recurso, se ha de considerar su capacidad de acción sobre el mismo.

Participación y toma de decisiones

El reconocimiento del saber y la experiencia de las mujeres como usuarias de los recursos naturales es clave para la sostenibilidad ambiental. La división de roles por sexo y el tipo de conocimientos que derivan de ello convierte a las mujeres necesarias en el manejo de proyectos ambientales.

Excluir a las mujeres de este proceso tiene como consecuencia el deterioro ambiental, por lo que “todo lo relacionado con las cuestiones ambientales precisa ser abordado desde la perspectiva de género, junto con la promoción de una ética medioambiental con tendencia hacia un uso sostenible de los recursos y un entorno más justo y equitativo” (Melero, 2011, p. 23).

La consideración de las mujeres como agentes ambientales supone su participación activa en los proyectos de manejo comunitario de recursos. Sin embargo, al igual que en la mayoría de los ámbitos, las mujeres son discriminadas y no tenidas en cuenta en los procesos ambientales a pesar de ser las principales administradoras de este tipo de recursos en base a las actividades domésticas y otras tareas reproductivas que realizan. Un problema frecuente es, así mismo, la apropiación de su trabajo, siendo consideradas como instrumentos y no como agentes de su propio desarrollo (Vázquez, 2003).

Aportes para la práctica

La construcción de soluciones a las problemáticas ambientales en conjunto con las mujeres requiere la generación de procesos más justos y equitativos en el acceso, uso y gestión de los recursos naturales, analizando la participación e implicación de mujeres y hombres, con el objetivo de identificar las brechas de género que se ocasionan en determinados contextos y realidades a nivel local, que impiden a las mujeres desarrollar sus potencialidades (Melero, 2011).

La siguiente tabla recoge una serie de criterios básicos para integrar la perspectiva de género en la gestión ambiental a través de las dos dimensiones expuestas (acceso y control de recursos, y participación y toma de decisiones):

Fuente: Elaboración propia a partir de Melero (2011) y AECID (2015)

Conclusiones

Las mujeres, como conocedoras, usuarias y consumidoras de los recursos naturales desempeñan una serie de funciones esenciales en el manejo de los mismos que deberían garantizar su participación de calidad en las decisiones relativas a la gestión ambiental. Sin embargo, la situación de desventaja en el acceso y especialmente el control de los recursos, dificultan su participación pese a contar con el soporte de un extenso marco internacional, junto con diversas estrategias conceptuales que ponen de manifiesto los vínculos entre género y medio ambiente.

La gestión ambiental con perspectiva de género supone visibilizar y reconocer el trabajo desempeñado por las mujeres (distinguiendo los diferentes aportes de mujeres y hombres), poniendo de manifiesto su capacidad para proponer mecanismos conducentes a la sostenibilidad ambiental. Supone, así mismo, propiciar relaciones más justas y complementarias, en pro de la igualdad de género.

Referencias bibliográficas

• Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). Guía de la AECID para la transversalización del Enfoque de Género (2015). Madrid: AECID. Recuperado de:  http://www.aecid.es/Centro-Documentacion/Documentos/Publicaciones%20AECID/GU%C3%8DA%20DE%20G%C3%89NERO.pdf
• Alianza Global de Género y Clima (GGCA), (s.f.). Recuperado de: http://genderandenvironment.org/actors/the-global-gender-and-climate-alliance-ggca/
• Inmujeres (2003). Equidad de género y medio ambiente. México: Inmujeres. Recuperado de: http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/100505.pdf
• Melero, N. (2011). La participación de la mujer en el acceso y gestión del agua. Una experiencia cubana. Anduli. Revista Andaluza de Ciencias Sociales, 10, 21-30. Recuperado de: file:///C:/Users/Usuario/Downloads/Dialnet-LaParticipacionDeLaMujerEnElAccesoYGestionDelAgua-3874061.pdf
• Vázquez, V. (2003). La gestión ambiental con perspectiva de género. El manejo integrado de ecosistemas y la participación comunitaria. Gestión y Política Pública, XII, (2), 291-322. Recuperado de: http://www.redalyc.org/pdf/133/13312204.pdf

Referencias web

• www.fao.org

[1] En algunos países las mujeres solo pueden acceder a las tierras a través de figuras masculinas de referencia. No obstante, las desigualdades de género en la propiedad de la tierra están presentes en todos los países.

[2] http://www.fao.org/gender-landrights-database/data-map/statistics/es/?sta_id=982

Universidad Complutense de Madrid 

Autora: Verónica Pastor Fernández