Escuela de Gobierno, Universidad Complutense de Madrid

Con el auge de la globalización, el comercio mundial y las dinámicas de desarrollo y cooperación, se ha dado un crecimiento exponencial de los flujos financieros o transacciones de capital entre países del Norte y el Sur Global [1]. Sin embargo, mientras el capital y las mercancías se mueven libremente en la Aldea Global [2], esto no ha traído consigo la libre circulación de personas. Los flujos de personas migrantes han sido objeto de regulación, especialmente a partir de los atentados del 11-S, que intensificó el proceso de “securitización de la ayuda” en el marco de la “Guerra Global contra el Terror” (Sanhauja, 2012). Desde entonces la movilidad humana se ha convertido en una cuestión prioritaria en las agendas políticas a nivel internacional. El control de los flujos migratorios, justificado por la lucha contra el terrorismo, ha llevado a representar la migración como una amenaza a la seguridad nacional de los países del Norte Global. Una representación que trae consigo la criminalización y estigmatización de las personas migrantes a nivel social.

A pesar de las restricciones impuestas, el número de personas migrantes ha seguido aumentando considerablemente en los últimos 20 años. Según los datos de la Organización Internacional de las Migraciones (OIM), en 2020 había 281 millones de personas migrantes en el mundo frente a los 150 millones del año 2000. Con el aumento de la movilidad, se ha dado también un incremento del número de personas refugiadas, que ha pasado de 14 millones de personas en el año 2000 a 26 millones en 2020. Hoy en día el 48,1% de las personas que migran son mujeres y cerca del 13% lo representan niños y niñas menores de 19 años (OIM, 2021).

Tras el conflicto armado en Siria y la crisis de las personas refugiadas a las puertas de Europa, las políticas migratorias de la Unión y de sus países miembros han estado todavía más dirigidas a la restricción de los flujos migratorios, que a la atención de las personas migrantes y refugiadas y al cumplimiento de los derechos humanos. Europa se ha erigido como una fortaleza a base de la construcción de muros en los límites del espacio Schengen. Según un estudio (Ruiz, Akkerman y Brunet, 2020), Europa es la segunda región del mundo con más muros fronterizos construidos, un 26% del total, para frenar la inmigración.  Por otro lado, el proceso de externalización de fronteras[3] se ha afianzado en la frontera Sur, donde las llegadas por la ruta oriental y central del Mediterráneo han descendido tras la firma de acuerdos con países como Libia o Marruecos. A consecuencia de esto, el número personas migrantes en la ruta de África Occidental[4] hacia las Islas Canarias se ha multiplicado, pasando de 2.698 en 2019 a 23.023 personas en 2020 (Rosado y Lara, 2019).

Resulta cuanto menos paradójico que muchos de los esfuerzos invertidos en el control migratorio se canalicen como Ayuda Oficial al Desarrollo (Sanhauja, 2012), cuando lo que fomentan estas políticas es la vulneración de los Derechos Humanos de aquellas personas que por diversas razones deciden emprender su ruta hacia países “desarrollados”. Éste fenómeno, denunciado durante años por colectivos y organizaciones de la sociedad civil, está generando una especie de “Apartheid Global” (Ruiz, Akkerman y Brunet, 2020). En 2019 las entradas de personas migrantes al estado español por la frontera mediterránea supusieron sólo un 4,3% de la inmigración total. Sin embargo, todos los recursos económicos de las políticas migratorias se destinan en exclusiva a frenar y expulsar a ese 4,3% (Rosado y Lara, 2019).

Son numerosos los obstáculos y peligros que las personas migrantes tienen que sortear tanto en su ruta migratoria como en la llegada al destino. Las fronteras representan uno de los obstáculos más difíciles de atravesar, especialmente para mujeres y niños/as. Pero las fronteras son también, como veremos, una oportunidad para resignificar las subjetividades de los cuerpos migrantes en el país de destino.

Pensar la frontera nos remite en primera instancia a la ordenación del territorio, a una separación física o imaginaria entre regiones o estados-nación, resultante de procesos políticos, sociales, económicos y culturales. La frontera es una construcción política que divide territorios, poblaciones y sociedades. La construcción de la categoría frontera responde por tanto a una lógica de inclusión-exclusión entre “nosotros” y “otros”, entre el ser y el no-ser (Fanon, 1986). Así la frontera no sólo divide territorios sino también cuerpos, subjetividades e identidades que conforman al sujeto político moderno.

La geopolítica y los límites de la soberanía nacional están inscritos en lo que Michel Foucault llama “biopolítica”, la política sobre la vida y sobre los cuerpos. Es la forma en que las características biológicas humanas se convierten en un objetivo político estratégico, es el gobierno que define a los cuerpos posibles (Foucault, 2007). En este sentido existen fronteras estáticas, geopolíticas, localizadas y marcadas por la existencia de accidentes geográficos, muros, vallas o centros de detención; pero también existen fronteras en movimiento, desterritorializadas. Estas son las fronteras que se habitan, encarnadas en los cuerpos atravesados por la raza, el género, la sexualidad, la clase, la etnia o la cultura (Andalzúa, 2016).

A nivel geopolítico, las fronteras son complejas localizaciones donde se reproducen las desigualdades y en las que intervienen una diversidad de actores. Las fronteras se han convertido en focos de violencia e impunidad, en espacios en los que los derechos humanos desaparecen y las personas que las transitan dejan de ser sujetos para convertirse en objetos de represión y expulsión. En las rutas que toman las personas de origen subsahariano hacia Europa, el desierto Sáhara y el mar Mediterráneo representan las fronteras físicas más peligrosas, y la ruta del Norte de África se ha convertido en una de las más letales del mundo (ONU, 2020), donde se estima que hubo más de 1750 personas desaparecidas (OIM, 2021).

La violencia ejercida sobre los cuerpos de las mujeres tanto durante su travesía como en los puntos fronterizos adquiere especial relevancia. Según un estudio de Médicos sin Fronteras (2010) un 59% de las mujeres migrantes subsaharianas había sufrido violencia sexual en el paso fronterizo entre Argelia y Marruecos, en la ciudad de Oudja. Una de las mujeres entrevistadas en otra investigación declaró lo siguiente: “Durante el viaje, un policía de frontera dijo que el grupo no iba a pasar si esta mujer no se acostaba con él. La mujer lo hizo como una forma de solidaridad” (Sánchez, Castaño y Boutaleb, 2018 p. 81). Las violencias y amenazas ejercidas contra las mujeres en las zonas fronterizas es uno de los efectos colaterales de los esfuerzos de securitización y la militarización de fronteras en la lucha contra las redes de trata, la inmigración y el contrabando (Sánchez, Castaño y Boutaleb, 2018). Es más, las redes de trata siguen presentes en estos contextos, captando mayoritariamente mujeres para el tráfico con fines de explotación sexual (Médicos sin Fronteras, 2010; Rosado y Lara, 2021).

Este hecho ilustra las condiciones de peligrosidad a las que se exponen las mujeres por el hecho de serlo, y que se intensifican cuando viajan con menores dependientes. La investigación llevada a cabo por Inka Stock (2011) en la frontera de Marruecos revela que 14 de las 19 mujeres entrevistadas habían dado a luz durante el trayecto, siendo en ocasiones a causa de una violación. En la ribera mediterránea, la existencia de muros y vallas como las de Ceuta y Melilla supone un importante obstáculo para las mujeres, que no suelen participar en los saltos, especialmente cuando van acompañadas de niños/as. Sin embargo, los hombres se aventuran a proseguir su viaje, saltando la valla y abandonando a las mujeres a su suerte. Como revela Stock (2011), las mujeres embarazadas tienen más probabilidades de ser incluidas en las barcas que a diario cruzan el mar hacia las costas europeas, ya que las embarcaciones con mujeres embarazadas o bebés tienen más probabilidades de ser rescatadas por Salvamento Marítimo. El embarazo es considerado por los hombres el “ticket” para su entrada a Europa (Sánchez, Castaño y Boutaleb, 2018).

Además de ser lugares de tránsito, las fronteras son también “enclaves de espera, gestión y organización de la propia vida” (Sánchez, Castaño y Boutaleb, 2018 p. 23). Tras un largo y peligroso viaje muchas de las mujeres quedan atrapadas en los pasos fronterizos del Mediterráneo, a consecuencia de las políticas de control y expulsión de la Unión Europea que han externalizado sus fronteras eludiendo las responsabilidades relativas al cumplimiento de los derechos humanos y la atención humanitaria. Al no poder continuar su viaje, las mujeres permanecen de forma indefinida en asentamientos y ciudades fronterizas en Marruecos donde además de las violencias están expuestas al racismo social, político e institucional y al miedo a ser deportadas o expulsadas del país. Durante esta espera que, según la investigación (Sánchez, Castaño y Boutaleb, 2018) oscila entre meses y años, las mujeres buscan estrategias de supervivencia (Sassen, 2003). La mendicidad, la prostitución o el servicio doméstico en condiciones de servidumbre son a menudo las únicas opciones para muchas mujeres atrapadas a las puertas de la fortaleza Europa.

Quienes consiguen llegar al destino se enfrentan a las leyes de inmigración y extranjería, a la condición de “ilegal”, al nuevo idioma, al racismo, los prejuicios, estereotipos y estigmatización, a la exotización de sus cuerpos, etc., como principales fronteras simbólicas y en movimiento. Todos estos obstáculos responden a la instalación fronteras étnico-culturales (Brah, 2011) fundadas en el orden racista, colonial y de género (Lugones, 2008). Las mujeres migrantes son representadas como personas sumisas, desempoderadas y carentes de agencia. No obstante, esa carencia en los imaginarios colectivos sobre las mujeres migrantes se contrapone a la agencia que se espera de ellas en las políticas de integración. Como señala Carmen Gregorio (2009), si bien se interpretan como políticas de reconocimiento del rol de las mujeres “extranjeras”, no hacen sino construir “una nueva frontera entre un nosotras que se libera del trabajo doméstico y del cuidado de sus familiares (…) y un otras en cuanto a reproductoras sociales de su grupo doméstico”. Otra de las prácticas contradictorias que señala la autora hace referencia a las prácticas culturales como la ablación femenina. Mientras las políticas de extranjería contemplan la expulsión de quienes la practican, se niega la petición de asilo a las mujeres que huyen de ella (Gregorio, 2009). La etnicidad se convierte entonces en un mecanismo de separación entre grupos, por lo que las políticas de representación resultan esenciales para transformar las fronteras, los discursos y las percepciones sobre las mujeres migrantes (Brah, 2011). Para Avtar Brah (2011), la categoría frontera está intrínsecamente unida a la idea de diáspora y la (des)localización. La diáspora es para ella “el punto de confluencia de procesos económicos, políticos, culturales y psíquicos (…) y el punto donde se discuten las barreras de inclusión y exclusión, de pertenencia y otredad, de nosotros y ellos (p. 240), ya que la diáspora es habitada tanto por personas migrantes como autóctonas[5].

Por otro lado, estas fronteras encarnadas se pueden transgredir tal como señala Donna Haraway (1995) en su conceptualización feminista de “cyborg”: “la frontera entre herramienta y mito, instrumento y concepto, sistemas históricos de relaciones sociales y anatomías históricas de cuerpos posibles, incluyendo objetos de conocimiento, es permeable” (p. 281). Las mujeres de color, indígenas, transexuales, homosexuales, etc., son para esta autora “cyborgs”, pues están en una constante transgresión, construcción y reconstrucción de fronteras, disolviendo los límites las dicotomías establecidas.

En esta línea, las fronteras que habitan y transgreden las mujeres migrantes en su lugar de destino hacen de ellas, como explica Gloria Andalzúa (2016), “sujetos híbridos” que redefinen su identidad desde el feminismo fronterizo. Así, “La Nueva Mestiza” se construye como una nueva identidad chicana, de origen indígena, lesbiana y habitante de la frontera que lucha contra el machismo, la diferencia racial y cultural, la colonialidad y los binarismos. Estos feminismos fronterizos son los que Chela Sandoval (2004) denomina “Feminismos del Tercer Mundo”, constituidos por sujetos interseccionales, mestizos e híbridos que a través de la reapropiación y recontextualización de las fronteras políticas generan formas de agencia y resistencia. Esta autora propone las prácticas de “metodología de las oprimidas” para generar espacios para la coalición, comunidades diversas en las que se construya un nuevo tipo de ciudadanía.

Con esta revisión, se alerta de la necesidad de atender los impactos diferenciados de las políticas migratorias sobre la diversidad de corporalidades que transitan fronteras tanto en su viaje migratorio como en su cotidianeidad. Si pensar en las fronteras nos lleva a una localización geográfica masculinizada, violenta y en ocasiones infranqueable, pensar desde las fronteras en términos feministas nos ofrece una visión más amplia de la realidad, y también una propuesta política para reconfigurar otros cuerpos y otros mundos posibles.

Bibliografía:

Andalzúa, Gloria. (2016). Borderlands / La frontera: la nueva mestiza. Madrid: Capitán Swing S.L.

Brah, Avtar. (2011). Cartografías de la diáspora. Identidades en cuestión. Madrid: Traficantes de Sueños.

Fanon, Frantz. (1986). Black skin, white masks. London: Pluto Press.

Foucault, Michel. (2007). El nacimiento de la biopolítica. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.

Gregorio, Carmen. (2009). Mujeres inmigrantes: Colonizando sus cuerpos mediante fronteras procreativas, étnico-culturales, sexuales y reproductivas. Viento Sur, 104, 42-54

Haraway, Donna (1995). Ciencia, cyborgs y mujeres. La reinvención de la naturaleza. Madrid: Ediciones Cátedra.

Lugones, M. (2008). Colonialidad y Género. Tabula Rasa, (9), 73-101. Recuperado de https://www.revistatabularasa.org/numero-9/05lugones.pdf

McLuhan, Marshall. (1995). Understanding Media. The extensions of man. Cambridge: The MIT Press.

OIM. (2021). Portal de datos mundiales sobre migración. Recuperado de: https://migrationdataportal.org/es/data?i=stock_abs_&t=2020

ONU. (2020). Muerte y abuso, dos realidades que sufren miles de migrantes africanos en su ruta hacia el Mediterráneo. Noticias ONU. Recuperado de: https://news.un.org/es/story/2020/07/1478111

Rosado, Ana y Lara, Rafael. (2021). Derechos Humanos en la Frontera Sur 2021. Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía – APDHA. Recuperado de: https://apdha.org/media/informe-frontera-sur-2021.pdf

Ruiz, Ainhoa; Akkerman, Mark y Brunet, Pere. (2020). Mundo amurallado. Hacia el Apartheid Global. Barcelona: Centre Delàs d’Estudis per la Pau. Recuperado de: https://www.tni.org/files/publication-downloads/informe46_mundoamurallado_cast_centredelas_tni_stopwapenhandel_stopthewall.pdf

Sánchez, Manuel Vicente; Castaño, Ángeles y Boutaleb, Abdelkhader. (Coords.). (2018). Feminización de las migraciones africanas y violencias sobre las mujeres en ruta. Fundación Sevilla Acoge. Recuperado de: https://sevillaacoge.org/wp-content/uploads/2020/06/Mujeres.en_.ruta_.pdf

Sandoval, Chela. (2004). Nuevas ciencias. Feminismo cyborg y metodología de los oprimidos. En hooks, bell; Brah, Avtar; Sandoval, Chela et al. (2004). Otras Inapropiables: feminismos desde las fronteras (p. 81-107). Madrid: Traficantes de Sueños.

Sanhauja, Jose Antonio. (2012). El nexo seguridad-desarrollo: entre la construcción de paz y la securitización de la ayuda. En Sanhauja, José Antonio. (Coord.). (2012). Construcción de la paz, seguridad y desarrollo (p.17-71). Madrid: Editorial Complutense.

Sassen, Saskia. (2003). Contrageografías de la globalización. Género y ciudadanía en los circuitos transfronterizos. Madrid: Traficantes de Sueños.

Sousa Santos, Boaventura. (2009). Una epistemología del sur: la reinvención del conocimiento y la emancipación social. México D.F.: Siglo XXI Editores.

Stock, Inka. (2011). Gender and the dynamics of mobility: reflections on African migrant mothers and ‘transit migration’ in Morocco. Ethnic and Racial Studies, 35(9) 1577-1595.

[1] La categoría Sur Global se utiliza para referirse al conjunto de países que conforman la (semi)periferia del sistema-mundo. Boaventura Sousa Santos utiliza la metáfora geográfica para conceptualizar un Sur epistemológico, un pensamiento antiimperial que parte de las luchas de resistencia de quienes sufren las opresiones e injusticias del capitalismo, colonialismo y patriarcado. Es una apuesta por suprimir las jerarquías de poder Norte-Sur, sin eliminar las diferencias (Sousa Santos, 2009).

[2] Acuñado por Marshall McLuhan, el término “Aldea Global” hace referencia a los cambios generados por la expansión de los medios de comunicación de masas y la tecnología a nivel mundial. Este fenómeno hace del mundo una aldea interconectada que traspasa las fronteras geográficas y nos sitúa en un espacio único, un “campo simultáneo”, que facilita la interacción humana alrededor del mundo, recordando a la vida en una aldea (McLuchan 1995).

[3] Proceso por el que se transfiere gestión migratoria fuera de las fronteras nacionales y regionales. Este proceso se materializa mediante acuerdos y transferencias financieras con los países del Norte de África.

[4] Para más información sobre las rutas migratorias del Mediterráneo y África occidental: https://www.consilium.europa.eu/es/policies/migratory-pressures/

[5] Según la RAE la palabra diáspora, de origen griego, hace referencia a la dispersión de judíos exiliados de su país o de grupos humanos que abandona su país de origen. La aportación conceptual de Avtar Brah da cuenta de la complejidad de un término que va más allá de la dispersión humana.

Escuela de Gobierno, Universidad Complutense de Madrid

La crisis económica y social que vive Venezuela ha generado un estado de emergencia humanitaria compleja en el que mujeres, hombres niños y niñas se han visto gravemente afectadas, teniendo que migrar hacia países vecinos como Colombia, viendo su derecho a la salud severamente afectado y demostrando como las crisis agravan las desigualdades existentes, teniendo un impacto de género contundente.

La migración es un determinante que tiene un impacto en la salud, incrementando las desigualdades en el uso de servicios de salud, teniendo una relación compleja antes, durante y después de la movilización. La salud y bienestar como derechos humanos de los y las migrantes debe ponerse en el centro de las agendas de respuesta humanitaria.

Durante los procesos migratorios, muchas necesidades no son cubiertas, como pueden ser la vivienda, la salud, la educación, el empleo o la alimentación; que repercuten directamente en las necesidades sexuales y los derechos reproductivos de los y las migrantes, especialmente mujeres y jóvenes.

Según UNFPA (2016) la salud sexual y reproductiva (SSR) supone el bienestar físico, mental y social del sistema reproductivo, la capacidad de disfrutar una vida sexual satisfactoria y sin riesgos de procrear o no hacerlo y decidir cuando y con qué frecuencia.  La salud reproductiva es una cuestión que preocupa a las personas durante todo el ciclo vital, desde la infancia hasta la vejez, demostrando que tiene un profundo efecto en el bienestar de mujeres, hombres, niños y niñas.

Un estudio de Profamilia (2018) indica que los y las migrantes venezolanas en Colombia llegan con grandes déficits en cuanto a salud sexual y reproductiva, que son agravados con las barreras de acceso a la atención en salud debido a la situación migratoria, de discriminación y xenofobia y estado de desinformación en el que se encuentran.

Según Migración Colombia, en diciembre de 2019 más de 1.825.000 venezolanos/as estarían radicados en el país, de los cuales el 58% se encuentran en situación irregular administrativa, situación, que agrava la posibilidad de acceder a los servicios de salud que se les podría brindar.

Este contexto migratorio de emergencia humanitaria, ha tenido un impacto negativo en el disfrute de los derechos a la salud sexual y reproductiva de las mujeres y adolescentes, situación que según el informe de UNFPA (2019) se materializa en el incremento de violencias de género, violencia sexual, ausencia de una atención efectiva, aumento de la mortalidad materna y neonatal, del embarazo adolescente, de abortos inseguros asociados a embarazos no deseados,  y de enfermedades de transmisión sexual incluido el VIH.

La importancia de analizar el panorama en torno a la salud sexual y reproductiva de las migrantes venezolanas en Colombia se centra en que no es un tema abordado. Es por ello que conocerlo se hace necesario para comprender las amenazas que enfrentan estas mujeres actualmente, junto con la necesidad de establecer un marco de políticas que permita dar respuesta efectiva a la migración actual. Además, Colombia, reafirmó su compromiso respecto a los derechos reproductivos en el Consenso de Montevideo (CEPAL, 2013), y en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que incluyen como meta dentro del Objetivo 3 de Salud y Bienestar, garantizar el acceso universal a los servicios de salud sexual y reproductiva, incluidos los de planificación familiar, información y educación. Esto se traduce en un compromiso en integrar la temática en sus estrategias y programas nacionales. Estas estrategias del sistema de salud deben incluir respuestas a las necesidades de la población migrante para avanzar en una cobertura universal de la salud dentro del territorio colombiano.

Bibliografía

CEPAL (2013). Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo. Recuperado de https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/21835/4/S20131037_es.pdf

Profamila (2018). Evaluación de las necesidades insatisfechas en salud sexual y salud reproductiva de la población migrante venezolana en cuatro ciudades de la frontera colombo-venezolana. https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/LIBRO Evaluación de las necesidades insatisfechas SSR y Migrantes Venezolanos – Digital.pdf

UNFPA (2016). Salud Sexual y Reproductiva. Recuperado de https://www.unfpa.org/es/salud-sexual-y-reproductiva

UNFPA (2019). Situación de la salud sexual y reproductiva de la población migrante venezolana. Recuperado de 75496.pdf (reliefweb.int

Escuela de Gobierno. Universidad Complutense de Madrid

Los datos actuales sobre migraciones internacionales reflejan una creciente proporción porcentual de mujeres migrantes, constituyendo casi la mitad de la población migrante internacional (48%); este fenómeno se conoce como feminización de la migraciones, y es uno de los efectos de las políticas económicas de la globalización[1].

El término de globalización alude a un proceso político, económico, social y cultural que favorece la interconexión y la interdependencia del mundo a través de flujos de capital global. Este modelo económico mundial da lugar a nuevas posibilidades de crecimiento, pero ha impactado especialmente en las mujeres porque acentúa las desigualdades preexistentes en cuanto al acceso a los recursos productivos. Las mujeres se ven perjudicadas en este sentido por su posición subalterna en el mercado de trabajo y por sus responsabilidades reproductivas, que vienen determinadas por la división sexual del trabajo.

Según se expone en el Informe de la Asamblea General de Naciones Unidas de 2019,[2] aunque las razones por las que mujeres y hombres migran son similares, la experiencia migratoria genera en las mujeres consecuencias diferenciadas marcadas por desigualdades de género. En este sentido, es importante, conocer cómo influyen las relaciones de género, tanto en origen como en destino, en las experiencias de las mujeres migrantes. Cada vez hay más mujeres que son el primer miembro de la familia que inicia el proceso migratorio; muchas de ellas, encuentran dificultades para abandonar sus países debido a la existencia de leyes discriminatorias y prohibitivas por razón de género, o por la existencia de normas sociales restrictivas.  En muchos casos, será por estas razones por las que se recurre a canales migratorios irregulares, lo que les expone a vivir situaciones de alta vulnerabilidad.

Pero, ¿por qué afecta la globalización de forma especial a las mujeres migrantes? El modelo capitalista globalizador todavía impone la supremacía de la vida pública para los hombres y la privada para las mujeres (Valle Rodríguez, 2006); esta asignación de espacios perpetúa la división sexual del trabajo y los roles de género tradicionales, dando lugar a sectores laborales feminizados, como son el trabajo doméstico o el sector de los cuidados. Durante las últimas décadas la incorporación gradual de las mujeres de países del norte global a trabajos remunerados, el envejecimiento de la población y la privatización de los servicios sociales básicos, ha provocado una trasferencia de cargas. Esto ha derivado en una creciente demanda de mujeres inmigradas, que se encargan en los hogares de las tareas domésticas y de cuidados, generando un efecto en cadena que se conoce como Cadena Global de Cuidados. Este fenómeno refuerza el papel preexistente asignado a las mujeres tanto en sus sociedades de origen como en las de acogida: son cuidadoras en origen, por ser consideradas las principales proveedoras en el hogar y son cuidadoras en destino.

De este modo, las trabajadoras inmigradas se ven atrapadas en dos de los nichos de empleo peor remunerados y peor valorados socialmente por ser ámbitos laborales de naturaleza informal y poco regulados. Como consecuencia de ello, se dan situaciones de precariedad vital, sobre todo en el acceso y disfrute de las prestaciones sociales que toda persona trabajadora tiene, por derecho propio, de acuerdo a las normas internacionales.

En este sentido, las respuestas sociales al trabajo doméstico y de cuidados ofrecidas desde los programas estatales son escasas, siendo la lógica del mercado la que articula la migración de millones de mujeres. Este hecho responde precisamente a la dimensión económica de la globalización antes mencionada, que se caracteriza por la liberalización del comercio y por el crecimiento del sector privado, apoyando un modelo económico poco regulado que prioriza la eficiencia económica frente a la protección social y el bienestar.

Si observamos cómo los hogares privados están insertos en las dinámicas de interdependencia global, se hace más evidente que éstos son la cara local que adopta en Europa occidental la división generizada y racializada del sistema-mundo moderno/colonial. Desde este punto de vista, la herencia del orden colonial —reactivada mediante la segregación racial y de género del mercado de trabajo y de las políticas migratorias deshumanizadoras— se deja sentir a nivel individual y moviliza nuestros encuentros cotidianos, remitiéndonos a lo que Aníbal Quijano analiza como la ‘colonialidad del trabajo’ (Encarnación Gutiérrez, s.f.).

Así, la construcción del imaginario de mujer inmigrante en los países de acogida, se construye desde una lógica de racialización y generización que dificulta su posibilidad de representación y reconocimiento en la sociedad. Estas realidades son contrarias a los derechos humanos y promueven mecanismos de desigualdad y situaciones de vulnerabilidad en las mujeres migrantes – irregularidad, precariedad, riesgo social y personal, entre otras –.

De todo esto se deduce que la organización actual de los modos de producción capitalistas presenta desigualdades de género, favoreciendo nichos de empleo generizados que se articulan desde la colonialidad del trabajo. Resulta esencial comprender desde una perspectiva feminista decolonial las diversas realidades a las que se enfrentan las mujeres migrantes, reconociendo sus singularidades basadas en la cultura, la clase, la raza y la ubicación geográfica. El discurso político y social en torno a la inmigración construido de forma homogeneizada, responde a una lógica mercantil y colonial más que a la salvaguarda de los derechos humanos a lo largo del proceso migratorio (origen, tránsito y destino). En este sentido, es reseñable señalar de nuevo la cuestión del trabajo doméstico y de cuidados, ya que “el valor del trabajo doméstico es inseparable de las genealogías históricas y es una expresión de las desigualdades globales impresas en los cuerpos de las mujeres.” (Gutiérrez Rodríguez s.f.).

BIBLIOGRAFÍA

Naciones Unidas, Asamblea General (2019). Los efectos de la migración en las mujeres y las niñas migrantes: una perspectiva de género, A/HCR/41/38 (15 de abril de 2019). Recuperado de: https://undocs.org/es/A/HRC/41/38

Congreso Internacional sobre los Derechos Humanos de las Mujeres Migrantes. Ciudad de México, México. (2006). Acciones para su protección. (24 y 25 de abril de 2006). Recuperado de: http://www.pa.gob.mx/publica/rev_34/FOROS.pdf

Gutiérrez Rodríguez, Encarnación. (s.f).  Valor afectivo, colonialidad, feminización y migración. Recuperado de https://transversal.at/transversal/0112/gutierrez-rodriguez/es#_ftn9

Valle Rodríguez, Gloria M. (2006). Feminización de la pobreza y la migración en el contexto de la globalización. Revista electrónica zacatecana sobre Población y Sociedad, 28, 1-17.

[1] Congreso Internacional sobre los Derechos Humanos de las Mujeres Migrantes: acciones para su protección. Celebrado en Ciudad de México en 2006, con el objetivo de difundir los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos de las mujeres migrantes.

[2]Informe redactado por el Relator Especial sobre los derechos humanos de las personas migrantes: Los efectos de la migración en las mujeres y niñas migrantes: una perspectiva de género.

Escuela de Gobierno, Universidad Complutense de Madrid

Según la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, una persona refugiada es aquella que:

Debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera acogerse a la protección de tal país; o que, careciendo de nacionalidad y hallándose, […] fuera del país donde antes tuviera su residencia habitual, no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera regresar a él (Naciones Unidas, 1951).

Actualmente, y según datos actualizados en 2020, del Alto Comisionado de las Naciones Unidas por los Refugiados (ACNUR), más de 79,5 millones de personas en todo el mundo se han visto obligadas a huir de sus países de nacimiento y de estas, casi 26 millones son refugiadas. Las mujeres y niñas suponen aproximadamente el 50% de la población refugiada.

Las desigualdades de género son patentes antes de cualquier crisis, pero las consecuencias de dicha crisis se manifiestan de manera diferenciada en mujeres, hombres, niñas y niños. En este contexto de pandemia, la Alta Comisionada Adjunta para Protección de ACNUR, Gillian Triggs, alerta sobre la mayor vulnerabilidad a la que están expuestas las mujeres y niñas frente a la COVID-19, con mayor riesgo de sufrir agresiones vinculadas al género, con el agravante de poder quedar recluidas con sus agresores sin la posibilidad de pedir ayuda y de ser forzadas a ejercer la prostitución o a contraer matrimonios infantiles debido a la pérdida de sus medios de subsistencia a causa de las medidas de confinamiento.[1]

¿Qué está suponiendo esta nueva crisis para las mujeres refugiadas?

La aparición de la COVID-19 ha supuesto un impacto de gran magnitud a nivel global, significando no sólo una crisis sanitaria sino también el acicate de una importante crisis social y económica que perjudica especialmente a las personas que ya se encontraban en situaciones de gran vulnerabilidad y pobreza como es el caso de la población refugiada.

La mayoría de las personas refugiadas residen en estados vecinos a los suyos de origen, en países como Turquía, Pakistán o Uganda que huyen de situaciones de conflicto como las de Siria, Sudán del Sur o Afganistán. Sólo un 1% de la población refugiada se desplaza fuera de la región de su país natal. El 80% de las personas refugiadas residen en países de renta media o baja, cerca de sus lugares de origen (CEAR, 2020 p.9).

Las condiciones de vida en los campos de personas refugiadas se ha hecho mucho más compleja con la aparición del virus, no necesariamente por la expansión del mismo o un alto número de personas infectadas, sino por el freno de la provisión de servicios y asistencia que garantizan la supervivencia en ellos.

El cierre de los campos por la cuarentena, ha supuesto un incremento de la violencia especialmente hacia mujeres y menores, en unas condiciones de vida extremas y de máxima dificultad. La precariedad económica se ha acentuado también, por la imposibilidad de desplazamiento para trabajar, por lo que proliferan comercios informales alrededor de los campos, con precios desproporcionados, que generan aún más pobreza en la población (CEAR, 2020 p.13-15).

Estadísticas recientes señalan que, a nivel global, hay más hombres fallecidos por la COVID-19, que mujeres. Sin embargo, son éstas las que más sufren las consecuencias a largo plazo de las crisis económicas, sociales y sanitarias generadas por la pandemia (Global Health 5050, 2020).

El incremento de la violencia, el deterioro de la salud mental, la sobrecarga de tareas de cuidados y la imposibilidad de tener un sustento propio, son algunas de las amenazas que se han visto acentuadas para las mujeres, con el confinamiento de los campos de personas refugiadas. En contextos como estos, hay que sumar a los riesgos ya mencionados, el hecho de que los servicios sanitarios se colapsan y los relativos a la salud sexual y reproductiva se ven seriamente afectados, causando graves problemas de salud en las mujeres, que continúan necesitando programas de planificación familiar o partería (UNFPA, 2020).

La necesidad de aplicar medidas y proyectos sensibles con la igualdad de género y la protección y atención a las mujeres y niñas, es imperativa en una crisis sanitaria de la que todavía no se vislumbra el final y que trae consigo consecuencias catastróficas a nivel global. Esta crisis incide más duramente en las personas que antes de verse abocadas a una epidemia sanitaria, ya estaban en condiciones de gran precariedad y vulnerabilidad y cuya supervivencia es extremadamente compleja.

Impacto de la COVID-19 en población refugiada y la importancia de incorporar una perspectiva de género

En contextos de campos de personas refugiadas, la imposibilidad de la distancia física debido al hacinamiento, el acceso limitado a fuentes de agua potable, materiales de higiene y productos sanitarios y una estructura sanitaria muy débil, convierte estos asentamientos en un escenario muy complicado para la prevención y tratamiento de la COVID-19.

En estos espacios de gran dificultad para la supervivencia, la incorporación de la perspectiva de género en los ciclos de programas humanitarios es de vital importancia, para evitar la desigualdad y violencia, donde mujeres y niñas son las principales afectadas. La incorporación del enfoque de género en programas de desarrollo, supone el análisis, cuestionamiento y transformación de los tradicionales roles de género que perpetúan situaciones de desigualdad.

Dicho enfoque combina una doble estrategia: la del empoderamiento de las mujeres y la del mainstreaming de género o transversalidad (Gómez-Galán, Pavón y Sáinz, 2013, p.87); que sitúa el género como un factor que debe atravesar todo el ciclo del programa para poder dar visibilidad a problemáticas derivadas de la desigualdad de género como por ejemplo: acceso a libertades, derechos o representatividad, sufridas por mujeres en todas las franjas de edad (Secretaría General Iberoamericana, 2016, p.17). Por ejemplo, en el diseño de los programas humanitarios en materia de salud y asistencia sanitaria, debe considerarse el hecho de que la realidad es vivida de formas diferenciadas, en función del sexo y la edad, por lo que las repercusiones psicológicas, físicas y emocionales, así como el acceso a información y tratamientos sanitarios serán muy distintos también.

De esta forma, a la hora de abordar acciones en materia de salud, es conveniente realizar un análisis de género, integrando otras variables como la edad, religión, orientación sexual etc. para valorar y comprender las necesidades específicas de mujeres, hombres, niñas y niños y también población LGTBIQ+ (como población que en determinados países también se ve forzada a huir por cuestiones relacionadas con la identidad de género) (CEAR, 2015). La integración de medidas y acciones específicas que atiendan estas necesidades garantiza mejorar las condiciones sanitarias, la seguridad y la dignidad de la totalidad de la población receptora (IASC, 2017 p.224), así como el acceso universal al derecho a la salud en condiciones de igualdad (Gómez-Galán, Pavón y Sáinz, 2013 p.41).

Aplicar un enfoque de género a lo largo de todo el ciclo de programación, haciendo partícipes a las personas a las que se dirigen los programas, valorando sus necesidades y obstáculos reales (ACNUR, 2020), permitirá definir mejor los objetivos y diseñar actividades para paliar problemas específicos como, por ejemplo: incluir servicios de salud reproductiva y acciones para supervivientes de violencia de género.

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Bibliografía

ACNUR (2019). Tendencias globales: desplazamiento forzado en 2019. Recuperado de: https://www.acnur.org/5eeaf5664.pdf

ACNUR (2020). Gender equality toolkit. Recuperado de: https://www.unhcr.org/publications/manuals/5e5cd64a7/unhcr-gender-equality-toolkit.html?query=gender

CEAR (2015). Discriminación y persecución por orientación sexual e identidad de género: el camino hacia una vida digna. Recuperado de: https://www.cear.es/wp-content/uploads/2020/03/Perseguidos-LGTB.pdf

CEAR (2020). Situación de las personas en necesidad de protección internacional ante la COVID-19. Recuperado de :https://www.cear.es/wp-content/uploads/2020/06/Informe-COVID_web.pdf

Gómez-Galán, Pavón y Sáinz (2013). Enfoque basado en los derechos humanos en los programas y proyectos de desarrollo. Madrid: CIDEAL.

IASC (2017). Manual de género para la acción humanitaria. IASC.

Naciones Unidas (1951). Convención sobre el Estatuto de los Refugiados. Ginebra. Recuperado de: https://eacnur.org/files/convencion_de_ginebra_de_1951_sobre_el_estatuto_de_los_refugiados.pdf

Secretaría General Iberoamericana (2016). Guía para la transversalización de la perspectiva de género en los programas, iniciativas y proyectos adscritos de la cooperación iberoamericana. Madrid: Secretaría General Iberoamericana.

Enlaces web consultados:

ACNUR (2020). Violencia de género y mujeres refugiadas.

Recuperado de: https://eacnur.org/blog/violencia-de-genero-y-mujeres-refugiadas-tc_alt45664n_o_pstn_o_pst/

Global Health 5050 (2020): Sex, gender and COVID-19: overview and resources. Recuperado de: https://globalhealth5050.org/covid19/ en Oertelt-Prigione, Sabine (2020). The impact of sex and gender in the COVID-19 pandemic: case study. European Commission. Recuperado de: https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/4f419ffb-a0ca-11ea-9d2d-01aa75ed71a1/language-en

UNFPA (Fondo de Población de las Naciones Unidas) (2020): Frenar la COVID-19: proteger la salud y los derechos de las mujeres y niñas. Recuperado de: https://www.unfpa.org/es/news/frenar-la-covid-19-proteger-la-salud-y-los-derechos-de-las-mujeres-y-las-ni%C3%B1as

Sergio Moreno Ríos

Un genocidio a cámara lenta

La comunidad rohinyá es una minoría étnica predominantemente musulmana formada por más de 1,1 millones de personas que disponen del Estado de Rakáin, situado en el oeste de Myanmar – antigua Birmania – fronterizo con Bangladesh, como lugar de residencia. Si bien durante siglos han venido cohabitado el territorio que hoy toma el nombre de Myanmar, los sucesivos gobiernos denegaron su condición de ciudadanía alegando que no son sino inmigrantes ilegales, personas extranjeras o personas de razas bengalíes venidas de la vecina Bangladesh (Masegosa, 2018). Así pues e históricamente, el Gobierno birmano ha excluido y perseguido a la población rohinyá durante décadas, condenándola a un estado de segregación con respecto al resto de la población de mayoría budista (Amnesty International, 2017). De dicha negación de nacionalidad emanaron, a su vez, múltiples discriminaciones que siguen afligiendo hoy a la totalidad de su existencia social: a saber, restricción para con su libertad de circulación y para con el acceso a la educación; prohibición de reunión y de atención médica salvo para casos de extrema necesidad; coacción para con su libertad religiosa e incitación masiva al odio por parte de la ciudadanía budista, entre otras (Amnesty International, 2017).

Huyendo del horror y al menos desde 1970, 700.000 personas de la comunidad se refugiarían en la vecina Bangladesh, con cuyos habitantes comparten lengua y etnia – la bengalí – y religión – el islam – pero cuyo gobierno, así como Birmania, optaría por denegar sus derechos civiles (Masegosa, 2018). En otras palabras: “ninguno de los dos países considera a la población rohinyá como suya. A esta comunidad no la quiere nadie” (Masegosa, 2018). Recapitulando, se habla aquí de una violencia sistemática e indiscriminada con base racial y con un claro objetivo de dominación, intimidación y aislamiento contra la población civil que, de acuerdo con Naciones Unidas, constituye un régimen de apartheid y, por tanto, un crimen de lesa humanidad (Amnesty International, 2017).

Así por ejemplo, en el año 2012 la tensión étnica entre rohingyas y budistas propiciaría unos disturbios que culminarían con el desplazamiento forzoso de miles de personas obligadas a abandonar sus hogares y padecer, cuatro años más tarde y tras varios enfrentamientos entre grupos rohingya y el ejército birmano, una campaña de represión que concluiría con flagrantes vulneraciones de derechos humanos tales como detenciones arbitrarias, violaciones, asesinatos e incendios selectivos (Masegosa, 2018). Seguidamente, este episodio se repetiría, cruentamente, el 25 de agosto de 2017, cuando el gobierno birmano y patrullas ciudadanas de otras etnias procuraron un exterminio de localidades rohingya que vendría a verificar, consecuentemente y de cara a la comunidad internacional, la detallada planificación de un intento de limpieza étnica:

“Las personas rohinyá fueron víctimas de una jauría militar y popular que perpetró miles de asesinatos, la destrucción de cientos de sus aldeas, la violación de sus mujeres, el exterminio de sus ganados, la quema de sus campos de cultivo…” (Masegosa, 2018)

A razón de ello, el éxodo rohingyá desde Myanmar hacia Bangladesh ha ido incrementándose de forma significativa coincidiendo con los periodos de violencia y alcanzando el total de 867.000 personas refugiadas acorde a los últimos datos de la ONU del 21 de enero de 2018 (ISCG, 2018). Tal es así que, en su inmensa mayoría, las personas rohingyá alcanzan los campos de refugiados, heridas, hambrientas y necesitadas con suma urgencia de ayuda humanitaria (ISCG, 2018). Sintéticamente, de las 700.000 personas refugiadas que se hallan en los campos, cabe señalar la supervivencia de 120.000 mujeres embarazadas o lactantes, 399.000 niñas y niños menores de cinco años y 1.200.000 personas que requieren asistencia humanitaria (UNICEF, 2018).

En este sentido y de acuerdo con investigaciones recientes, la invisibilidad de las mujeres en los campos de refugiados es extraña, pues se estima que ellas constituyen la mitad de la población rohinyá huida a causa de las matanzas, violaciones y torturas (Amnesty International, 2017). Sin embargo, es posible encontrar la razón de ello en el temor de muchas mujeres refugiadas a sufrir violencia sexual dentro de los propios campos (ONU News, 2018.3). Por tanto y en sintonía con los estudios migratorios atravesados por la perspectiva de género (Pacecca, 2012), este artículo pretende analizar someramente la operatoria de las estructuras de género y sus discriminaciones diversas en la etapa pre-migratoria, en la migración en sí y en el ingreso al país de destino, constatando las vulneraciones de derechos humanos que las mujeres rohinyás padecen a razón de su género.

Etapas pre-migratoria y migratoria

Tal y como sostienen las investigaciones de Elisabeth J. Wood, la violencia sexual tiende a ser utilizada como una estrategia de guerra en un conflicto armado en la medida que permite limpiar un territorio garantizando que lo traumático de lo sucedido dificulte la voluntad de la población de retornar al mismo (2013). En el caso que aquí respecta, en la etapa pre-migratoria – previo a la huida – todas las mujeres y niñas rohingyá habrían presenciado o padecido sucesos de violencia sexual en clave de violación, violaciones masivas por múltiples soldados, desnudez, humillación pública y/o esclavitud sexual. Es más, el modo de actuar empleado habría seguido un patrón de planificación aplicado en las distintas operaciones de limpieza (ONU News, 2018.1, 2018.2). Asimismo, los informes constatan que el número de denuncias es inferior a los delitos efectivamente perpetrados en tanto que, debido a la negación de ciudadanía, al temor y a la estigmatización cultural que culpabiliza a las supervivientes, éstas rara vez ven facilitada su capacidad de denuncia (Amnesty International, 2017). Por otro lado, el secuestro de mujeres y niñas con fines de explotación sexual ha venido desencadenando un “factor motivador de huida” añadido habida cuenta de la prevalencia de violaciones durante las operaciones militares a finales de 2016 y, nuevamente, después del 25 de agosto de 2017 (ONU News, 2018.2).

Finalmente, y pese a la escasez de fuentes fidedignas que aborden la etapa migratoria o éxodo a Bangladesh, parece posible confirmar que numerosas personas que cruzaban la frontera presentaban heridas de bala y signos de violencia sexual (Amnesty International, 2017).

Etapa de ingreso en el país de destino

Finalmente, en noviembre de 2017, la Organización Internacional para las Migraciones de las Naciones Unidas informó sobre el tráfico, trata y explotación de personas rohinyá en los propios campos de Bangladesh. Tal y como fue cerciorado, en la actualidad numerosas personas bangladesís proceden a contratar a mujeres y niñas refugiadas con falsas ofertas de empleo doméstico. Además, la Oficina informó que, con frecuencia, se les obliga a trabajar más de lo convenido, se les impide contactar con la familia y son sometidas a malos tratos y a violencia sexual. Por último, se mencionó que entre la población rohinyá están teniendo lugar matrimonios forzados bajo la promesa de protección y seguridad económica para las mujeres y niñas rohinyá (ONU News, 2018.2).

En efecto, cabe concluir aquí que los niveles de violencia sexual contra las mujeres rohingyás tanto por parte de la población local como de los hombres refugiados son extremadamente elevados.

Un genocidio en clave de género

“En contextos de extrema violencia la violencia contra las mujeres se intensifica; esto se ha observado globalmente una y otra vez en las crisis humanitarias. Esta vez no ha sido diferente” (Wood, 2013).

Si bien los hechos que se recogen aquí abarcan una pequeña fracción de la realidad de las mujeres rohinyás, urge señalar como las violaciones de derechos humanos perpetrados contra ellas, trascienden las formas de genocidio que sufre la totalidad de la comunidad. Recapitulando, se ha hablado aquí de una discriminación que toma forma de violencia sexual y esclavitud, de un genocidio dentro de otro, de un genocidio con rostro de mujer:

• La violación y la trata de personas es un acto de violencia de género y constituye “discriminación”, prohibida con arreglo a la normativa internacional, incluida la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW) de la que Myanmar es Estado Parte.
• Asimismo, similares violaciones perpetradas por funcionarios estatales – que incluyen tanto soldados como policía fronteriza – han venido siendo definidos como tortura tanto por tribunales penales internacionales como por la ONU y los órganos regionales de derechos humanos. Dado que los perpetradores participaron y planificaron sistemáticamente cada violación contra las mujeres rohinyás, la misma violencia sexual constituye un crimen de guerra y de lesa humanidad que cabría a ser juzgado por el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.

Referencias bibliográficas

Libros

Masegosa, A. (2018). Ronhinyá. El drama de los innombrables y la leyenda de Aung San Suu Kyi. Madrid: Los libros de la catarata.

Wood, E. J. (2013). Multiple perpetrator rape during war. In Handbook on the Study of Multiple Perpetrator Rape (pp. 152-179). Routledge.

Revistas académicas

Pacecca, M. I. (2012). La migración de mujeres en clave de género y derechos en tres relatorías especiales de las Naciones Unidas. Buenos Aires: Mora, 18 (2).

Documentos electrónicos

UN News (2017.1). UN envoy urges greater support for Rohingya victims of sexual violence. Recuperado el  22 de diciembre del 2018, de https://news.un.org/en/story/2017/11/636412-un-envoy-urges-greater-support-rohingya-victims-sexual-violence#.WnrmTKKQ57Y

UN News (2017.2). Myanmar can draw on UN expertise in tackling Rohingya returns, Security Council told. Recuperado el  22 de diciembre del 2018, de https://news.un.org/en/story/2017/12/639202-myanmar-can-draw-un-expertise-tackling-rohingya-returns-security-council-told#.Wjk0ulXiaUk

UN News (2017.3). UN warns of trafficking, sexual abuse in shadow of Rohingya refugee crisis. Recuperado el  22 de diciembre del 2018, de https://news.un.org/en/story/2017/11/636002-un-warns-trafficking-sexual-abuse-shadow-rohingya-refugee-crisis#.Wjk0xlXiaUk

ISCG (2018). Situation Update: Rohingya Refugee Crisis – Cox’s Bazar. Recuperado el  22 de diciembre del 2018, de https://reliefweb.int/report/bangladesh/iscg-situation-update-rohingya-refugee-crisis-cox-s-bazar-21-january-2018

UNICEF (2018). Bangladesh – Humanitarian Situation report No.19 (Rohingya influx). Recuperado el  22 de diciembre del 2018, de https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/UNICEF%20Bangladesh%20Humanitarian%20Situation%20Report%20No.19%2C%2021%20January%202018.pdf

Amnesty International (2017). “Caged without a roof” apartheid in Myanmar’s Rakhine state. Recuperado el  22 de diciembre del 2018, de https://www.amnesty.org/download/Documents/ASA1674842017ENGLISH.PDF

Jenifer Rodríguez

Las dicotomías entre lo rural y lo urbano siempre han estado presentes en España. Hay dos Españas, la urbana y la rural, no terminan de conocerse, sin embargo, no se podría entender una sin otra.

Como afirma el escritor Sergio del Molino (2016) en su último libro La España vacía «El desequilibro entre la España urbana y la rural ha marcado nuestra forma de entender el país». (p.20). A esta confrontación sumamos nuestro análisis, esto es, el sesgo de género que se produce también en el entorno rural español que recae en la actividad del cuidado.

Desigualdades de género en el campo español

La incorporación de la perspectiva de género en el campo español es muy reciente. En los años 60 y 70 se produce una acelerada industrialización del país debido al Plan de Estabilización de la dictadura franquista, con el consecuente éxodo rural.

El campo empieza a mecanizarse, dotando de mano de obra a las ciudades en expansión. Bajo esta lógica, el objetivo es que la agricultura deja de considerarse un negocio familiar para dirigirse al mercado, desaparece así, la capacidad de autoconsumo para generarse la producción de bienes, representada por el cabeza de familia y las tareas de reproducción que serán ejercidas por las esposas de los agricultores (Sampedro, 1996).

Desde esta idea comienza el sesgo que arrastra a las mujeres rurales, quienes desarrollan tareas mercantiles que, sin embargo, se conciben como relaciones familiares y de cuidado no remuneradas. Las contradicciones sobre la identidad y el salario laboral de estas mujeres resultan cruciales. Las mujeres rurales se sucederán en calidad de esposas o hijas de los empresarios agrícolas, pero sin percibir salario, prestaciones o algún tipo de identificativo laboral, quedando reducidas a la sombra.

Por otra parte, el hecho de que estas mujeres se encargasen de las tareas agrícolas no evidenciaba que no tuvieran que realizar el trabajo doméstico. Las políticas de la dictadura franquista pretendían convertir amas de casa a imagen y semejanza de las áreas urbanas. Por tanto, las mujeres rurales realizaban (y siguen realizando) un doble trabajo de cuidados, cuidando de los campos, de sus familias y hogares (Sampedro, 1996).

En muchas zonas agrícolas este proceso sacó a muchas mujeres del campo quienes abandonaron sus hogares para cuidar a la élite de las zonas urbanas. Fue el caso de mujeres manchegas, andaluzas o extremeñas que se acogieron al cosmopolitismo de algunas ciudades como Barcelona, pero desde el trabajo de cuidados, a veces remunerado y otras no.

Cabe decir que esa industrialización de la agricultura ha producido a largo plazo una masculinización del campo, quedando las producciones agrícolas a cargo de los hombres. El autor Camarero (2008) afirma que «se produce a través del concepto de ruptura generacional, puesto que las jóvenes rurales buscan abandonar la sumisión patriarcal de las familias agrarias» (p. 5). En segundo lugar, este abandono ha producido lo que Camarero (2008) denomina como «la huida ilustrada, estrategia de cualificación formativa que permite dejar atrás el mundo rural/agrario, haciendo posible el ascenso social mediante el ejercicio de una ocupación o profesión cualificada» (p. 5).

En el proceso de industrialización de la agricultura se produjo una división sexual del trabajo, por una parte, los hombres que aportaron su mano de obra en cuanto a la mercantilización de la agricultura y las mujeres que se quedaron en el campo desde la función de cuidado de sus hogares y familias, también las mujeres que se fueron desde la labor de ejercer un nuevo cuidado sobre la ciudad.

 Cadenas de cuidado rural-urbana: mujeres manchegas en los 60’s

Con el Plan de Estabilización de 1959 se pretende mejorar la situación de la economía española que se abnegaba en un estancamiento y retraso industrial. Esto produce una migración masiva de las zonas rurales totalmente empobrecidas hacia las capitales más industrializadas, ocasionando el distanciamiento total entre el campo y la ciudad.  Provincias tradicionalmente rurales se revierten en un proceso de desagrarización. Las áreas rurales se despueblan en favor de las urbanas. El medio rural debe alimentar a la industrialización no sólo en la producción de materia prima, sino en el expolio de obreros hacia las ciudades y también de muchas de las mujeres y su trabajo de cuidados.

En este sentido se produjeron dos situaciones. Por un lado, se ponía de manifiesto un sesgo de género. El hombre era el cabeza de familia y la mujer e hijos/as pasaban a ser ayuda familiar. Esto se tradujo en doble jornada para la mujer quedando a cargo de los cuidados del hogar y familia y también como cuidadora de la explotación, proceso que ya se ha mencionado en la introducción.

La segunda situación es la salida de mujeres rurales. Las cadenas de cuidados están presentes en este proceso, dejan a cargo de otras personas sus familias y hogares para poder servir y cuidar de la ciudad. Algunas lo hicieron como sirvientas encargándose de las tareas de las casas de la clase social alta de Barcelona, lo que muchas denominaban “los señoritos/as”. Otras trabajaban como amas de cría, cuidando a los hijos/as de las señoras pudientes, entre otros o algunas, simplemente, no recibían un valor monetario, sino casa, comida y educación, todo ello a cambio de, simplemente, cuidar. Muchas de ellas permanecieron varios años en la capital, con el paso de los años regresaron a su pueblo, asumiendo, una vez más el papel de cuidados de sus campos, familias y hogares manchegos.

Se aprecia, como el cuidado, se forja como un círculo intrínseco que atraviesa la vida de tantas mujeres, en todas las etapas de su vida, prácticamente desde su infancia hasta la ancianidad. A veces remunerado económicamente, aunque, mayoritariamente, sin ningún valor monetario o reconocimiento por parte de la sociedad, el sistema económico o el estado.

El éxodo rural, el trabajo de cuidados realizado por aquellas mujeres (remunerado o no) está relacionado directamente con su situación actual. Hoy, con más de 70 años, podrían rondar el umbral de la pobreza, una pobreza diseminada y pincelada desde la mirada patriarcal e invisible. Ellas siguen sin ser las dueñas de sus tierras, no reciben prestación, subsidio o reconocimiento alguno por todo el trabajo de cuidados realizado durante toda y cada una de las etapas de sus vidas. Ninguno de los trabajos de cuidado se ha contemplado hoy en día como fuente de cotización al sistema de seguridad social. Sus familias siguen dependiendo de ellas porque aún en la ancianidad, cuidan de la estructura familiar. Del otro lado, ellas siguen dependiendo de sus maridos y sus familias, debido al nulo reconocimiento económico.

La sociedad, el estado, nosotras y nosotros, estamos en deuda con ellas. Son nuestras madres y abuelas, pero también las de un país dividido entre lo rural y lo urbano.

Referencias:

Aguilar, M.J. (2010). La mujer rural en Castilla La Mancha. Aspectos demográficos, ocupacionales y de actividad laboral y familiar, desde la perspectiva de género. Grupo Interdisciplinar de Estudios Sobre Migraciones, Interculturalidad y Ciudadanía, GIEMIC. Universidad de Castilla La Mancha.

Benería, L. (1999). La aparición de la economía feminista. Revista Historia agraria, 17, 59-61.

Camarero, L. (2008). ¿Por qué se van las mujeres?: El continuum de movilidad como hipótesis explicativa de la masculinización rural. Revista Española de Investigaciones Sociológicas (REIS), 124, 73-105.

Camarero, L. (2008). Invisibles y móviles: Trayectorias de ocupación de las mujeres rurales en España. Revista de Estudios sobre Despoblación y Desarrollo Rural, 7, 7-31.

Casado, F. García, C. (2009). Migraciones. Nuevas realidades en la provincia de Albacete. Instituto de Estudios Albacetenses “Don Juan Manuel”, 1(188).

Del Molino, S. (2016). La España vacía. Viaje por un país que nunca fue. (1ª ed.) Madrid: Turner.

García, M.A. (1996). El campo y la ciudad. Sociedad rural y cambio social. (1ª ed). Madrid: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Centro de publicaciones.

Gómez, J.M (1993). Instituciones, perspectivas económicas y problemas sociales durante el Franquismo. Albacete, entre el silencio y el éxodo rural (1939-1962). Instituto de Estudios Albacetenses “Don Juan Manuel”, 1(72).

Sampedro, R. (1996). Mujeres del campo: los conflictos de género como elemento de transformación social del mundo rural. En M.A. García (Coord), El campo y la ciudad. Sociedad rural y cambio social (p. 83-101). Madrid: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Centro de publicaciones.

Unión General de Trabajadores (UGT). (2017). Cerca de un millón y medio de mujeres subsisten con pensiones inferiores a 700 euros. Recuperado de http://www.tribunafeminista.org/2017/01/cerca-de-un-millon-y-medio-de-mujeres-subsisten-con-pensiones-inferiores-a-700-euros/