Escuela de Gobierno, Universidad Complutense de Madrid

La naturaleza está compuesta por diversos ecosistemas, flora y fauna, sustancias materiales y minerales, vitales para la subsistencia del planeta y de todos los seres vivos, humanos y no humanos, y nos ofrece recursos como el agua, el oxígeno, los alimentos o materiales para construir nuestros hogares, contribuyendo al bienestar y sostenimiento de la vida en la Tierra. Estos recursos naturales, tratados con respeto y cuidado, nos ayudarán a llevar una vida digna y plena para todo el mundo, no obstante, nuestro modelo de desarrollo extractivista impuesto por el Norte Global, ha fomentado más bien un modelo de explotación, apropiación y acumulación de bienes y recursos antes que un uso razonable y equilibrado de estos (Svampa, 2019). Diversos autores y autoras (Acosta, 2012; Alonso, 2011; Gudynas, 2015; Svampa, 2019) sostienen que este modelo se ha forjado con la explotación de la naturaleza para el desarrollo y bienestar del Norte global, sin tener en cuenta el agotamiento de los recursos naturales ni la sostenibilidad de sus prácticas.

Dentro de este círculo de explotación, el acceso, uso y control de los recursos naturales está caracterizado por relaciones de poder entre hombres y mujeres, haciendo que las mujeres se encuentren en una situación de vulnerabilidad y subordinación respecto a los varones, con un uso restringido a los recursos naturales y a la esfera de toma de decisiones, limitando sus oportunidades y campo de acción (Castañeda, Sabater, Owren y Boyer, 2020). Esta situación está determinada por el género, un constructo social que asigna roles diferenciados a las personas en función del sexo biológico, imponiendo valores, labores y capacidades diferentes a mujeres y hombres (Lamas, 1996). La imposición de estos roles establece la existencia de relaciones de poder asimétricas, situando a los varones en un eslabón más alto respecto a las mujeres, y dándoles un mayor uso, acceso y control sobre los recursos naturales.

Los roles de género influyen en la división sexual del trabajo. Mientras que los hombres se decantan por un trabajo productivo generador de ingresos económicos, las mujeres desarrollan tareas reproductivas centradas en el hogar con el fin de sustentar sus familias y comunidades (Bosch, Carrasco, Grau, 2005). La realización de estas tareas domésticas y de cuidado depende directamente del acceso a los recursos naturales como la tierra, el agua o los recursos energéticos. La apropiación de estos recursos por parte del extractivismo, impacta de forma directa a las mujeres que se ven más vulnerables y expuestas ante la escasez de recursos, teniendo, por ejemplo, que andar más kilómetros lejos de sus hogares para recolectar leña, agua o comida, o circular con mayor frecuencia por caminos inhóspitos lo que aumenta sus posibilidades de sufrir algún tipo de violencia (Castañeda, Sabater, Owren y Boyer, 2020; Sommer et al., 2015).

Así, encontramos que las desigualdades de género están presentes en todo el mundo y actúan como barreras para el acceso, el uso, y el control de la tierra y los recursos naturales. Las mujeres representan la mayoría de la población más pobre (Oxfam, 2017), sin tierra (FAO, 2011), analfabeta (ONU, 2015) y en el trabajo informal no remunerado del mundo (ONU Mujeres, 2016). Además, teniendo responsabilidades clave en la gestión de los recursos naturales (Jensen & Halle, 2013), las mujeres están sub representadas en la toma de decisiones (ONU Mujeres, 2019) y con un acceso significativamente restringido a los mismos (OCDE, 2019, Casyañeda, Sabater, Owren y Boyer, 2020).

Tradicionalmente, en países del Sur global, la tierra no era propiedad de un individuo, sino de la familia o comunidad. Las nuevas reglas que llegaron con la colonización, trajeron consigo un gran impacto de género, privando a las mujeres de su derecho a la tierra, y accediendo a ella solamente por voluntad del padre o esposo cuyo nombre estaba escrito en el título de propiedad. Hoy en días las cosas no han cambiado mucho, 35 de los 54 países africanos obligan a las mujeres casadas a obedecer a su marido, encontrando un ordenamiento jurídico que sustenta y genera desigualdades de género. En la actualidad sigue habiendo una desigual distribución de la tierra, según datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, 2018), las mujeres poseen menos del 15% de las tierras en todo el mundo. Estos datos son perturbadores, ya que se sabe que la producción agrícola y seguridad alimentaria recae en su mayoría sobre las mujeres (80%).

De manera constante, muchas mujeres, especialmente en las zonas rurales, continúan siendo discriminadas y marginadas social y económicamente, debido a su acceso limitado a la tierra y recursos naturales, educación, atención médica, infraestructura y tecnología entre otras (ONU Mujeres, 2018). Esta persistencia y continuidad en las brechas de género, crean un escenario proclive al desarrollo de la violencia de género (VG). El uso de la violencia basada en género (VBG) como forma de control sobre la tierra y los recursos naturales es mucho más habitual de lo que pensamos. Se estima que en todo el mundo una de cada tres mujeres y niñas van a experimentar violencia de género durante su vida (World Bank, 2019). Anclada, como hemos señalado en ordenamientos jurídicos con leyes y normas discriminatorias, la VG se desarrolla en todas las sociedades como forma de control y explotación que refuerza la desigualdad de género.

Así se observa una correlación entre la VBG y los recursos naturales. Por ejemplo, la VG se emplea como mecanismo de acaparamiento de tierras y propiedades al existir un marco discriminatorio en las normas de protección hacia las mujeres que beneficia a los varones de las comunidades, gobiernos y empresas extractivistas en detrimento de estas. Aún cuando las mujeres tienen derechos legales sobre la tierra, las normas sobre la toma de decisiones en las comunidades y en los hogares, hacen que sea posible que miembros de la familia las desalojen de sus propiedades, pudiendo sufrir violencia física, psicológica y sexual. Por ejemplo, en algunos países del Sur Global, las viudas y mujeres con maridos VIH positivos, son culpadas, desalojadas y abusadas como forma de retribución (Casyañeda, Sabater, Owren y Boyer, 2020).

En cuanto al acaparamiento de tierras por parte del sector privado y de los gobiernos, las mujeres también experimentan múltiples formas de violencia. Por ejemplo, investigaciones demuestran que la construcción de grandes represas en India llevó a un aumento del alcoholismo y abuso doméstico en los hogares después de que las comunidades fueron desplazadas (Levien, 2014). Otro ejemplo se dio en Papua Occidental, un territorio indonesio militarizado y con una larga historia de conflicto entre las autoridades indonesias y las comunidades indígenas papúes. Según diferentes estudios las fuerzas de seguridad indonesias, contratadas por empresas mineras, utilizaron la violación y la mutilación genital femenina como formas de intimidación y desalojo de las comunidades (Csevár & Tremblay, 2019).

Siguiendo en la misma línea, la VBG también se usa en forma de explotación y abuso sexual por parte de autoridades hacia las mujeres, a cambio de acceso a títulos de tierra y terrenos cultivables (Matsheza et al., 2012); por ejemplo, para pagar los sobornos y solucionar problemas de tierras, a algunas mujeres del Sur global, se les pide un pago sexual para resolverlos. Un estudio de Transparency International (2018) muestra que en Madagascar a las mujeres se les pide “ofrecer algo” en vez de “dejar algo”; esto conlleva a que las mujeres desarrollen relaciones sexuales con “figuras de poder” que puedan darles acceso a la tierra.

Estos, son solo algunos de los ejemplos de VBG que presentan muchas mujeres del mundo relacionados con el acceso, uso y control de recursos naturales. Como hemos observado, la desigualdad de género potencia el desarrollo de relaciones de poder desiguales entre varones y mujeres, incrementando la VG. Esta, es utilizada como forma de control, lo que genera una división de derechos y roles que se reflejan también en el uso, acceso y control de las tierras y recursos naturales. Esta revisión de la VBG en el acceso a recursos naturales ha puesto de manifiesto que se necesita con urgencia mejorar el abordaje de las barreras de género con el fin de lograr resultados equitativos y sostenibles en el tiempo.

Bibliografía

Acosta, A. (2012). Extractivismo y neoextractivismo: Dos caras de la misma maldición, 25 de Julio 2012, Recuperado de https://www.ecoportal.net/temas-especiales/mineria/extractivismo_y_neoextractivismo_dos_caras_de_la_misma_maldicion/

Alonso, J. A. (2011). Teoría del desarrollo: la vigencia de una doctrina. En J. A. Alonso (Coords.), Desarrollo y Cooperación: Nuevas Tendencias (n.º 129, p. 6-14). Madrid: Economistas.

Bosch, A., Carrasco, C. y Grau, E. (2005). Verde que te quiero violeta: Encuentros y desencuentros entre feminismo y ecologismo. Recuperado de https://www.mundubat.org/wp-content/uploads/archivos/201303/verde-que-te-quiero-violeta_anna-bosch-et-al.pdf

Castañeda, I., Sabater, L., Owren, C. and Boyer, A.E. (2020). Gender-based violence and environment linkages: The violence of inequality. Wen, J. (ed.). Gland, Switzerland: IUCN. Recuperado de https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/2020-002-En.pdf

Csevár, S. and Tremblay, C. (2019). ‘Sexualised Violence and Land Grabbing: forgotten conflict and ignored victims in West Papua.’ The London School of Economics (21 August 2019). Recuperado de https://blogs.lse.ac.uk/wps/2019/08/21/ sexualised-violence-and-land-grabbing-forgotten-conflict-and-ignored-victims-in-west-papua/

FAO (2018). The Gender Gap in Lan Rights. Recuperado de http://www.fao.org/3/I8796EN/i8796en.pdf

Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)  (2011). The state of food and agriculture 2010-2011: Women in agriculture. Rome: FAO. Recuperado de  http://www.fao.org/3/i2050e/i2050e.pdf

Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)  (2018). The State of the World’s Fisheries and Aquaculture 2016: Contributing to food security and nutrition for all. Recuperado de http://www.fao.org/3/i9540en/I9540EN.pdf

Gudynas, E. (eds.) (2015). Extractivismos. Ecología, economía y política de un modo de entender el desarrollo y la Naturaleza. Cochabamba: CEDIB.

Jensen, D. and Halle, S. (eds.) (2013). Women and Natural Resources: Unlocking the Peacebuilding Potential. United Nations Environment Programme, United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women, United Nations Peacebuilding Support Office and United Nations Development Programme. Recuperado de https://postconflict.unep.ch/ publications/UNEP_UN-Women_PBSO_UNDP_gender_NRM_peacebuilding_report.pdf

Lamas, M. (1996). La antropología feminista y la categoría “género”. En E. Campos (Coord.), El Género La Construcción Cultural de La Diferencia Sexual (p. 97-125). México: Miguel Ángel Porrúa.

Levien, M. (2017). Gender and land dispossession: A comparative analysis, [Discussion paper No. 17]. New York: UN Women. Recuperado de https://doi.org/10.18356/886cb6f5-en

Matsheza, P., Timilsina, A., Arutyunova, A. (eds.) (2012). Seeing Beyond the State: Grassroots Women’s Perspectives on Corruption and Anti-Corruption. New York: UNDP. Recuperado de https://www.undp.org/content/dam/undp/library/ Democratic%20Governance/Anti-corruption/Grassroots%20women%20and%20anti-corruption.pdf

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) (2019). Social Institutions & Gender Index. 2019 Results. Recuperado de https://www.genderindex.org/ranking/

Oxfam (2017). An economy that works for women. Achieving women’s economic empowerment in an increasingly unequal world. Oxfam briefing paper. Available at: https://www-cdn.oxfam.org/s3fs-public/file_attachments/bp-an-economy-that-works-for-women-020317-en.pdf

Sommer, M., Ferron, S., Cavill, S. and House, S. (2015). ‘Violence, gender and WASH: spurring action on a complex, under-documented and sensitive topic’. Environment & Urbanization 27(1). International Institute for Environment and Development (IIED). Recuperado de https://doi.org/10.1177/0956247814564528

Svampa, M. (2019). Las fronteras del neoextractivismo en América Latina. Conflictos socioambientales, giro ecoterritorial y nuevas dependencias (1.ª ed.). Alemania:  Calas.

Transparency Internatioanl (2018). Women, Land and Corruption: Resources for Practitioners and Policy-Makers. Recuperado de https://www. transparency.org/whatwedo/publication/women_land_and_corruption_resources_for_practitioners_and_policy_makers

United Nations (UN) (2015). The World’s Women 2015: Trends and Statistics. New York: United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Statistics Division. Recuperado de: https://unstats.un.org/unsd/gender/downloads/worldswomen2015_report.pdf

UN Women (2018). Challenges and opportunities in achieving gender equality and the empowerment of rural women and girls. 2018 Commission on the Status of Women. Agreed conclusions. CSW 62, 12-23 March 2018. Recuperado de http://lac.unwomen.org/en/digiteca/publicaciones/2017/10/cedaw-rural

UN Women (2016). UN Secretary-General announces first-ever High-Level Panel on Women’s Economic Empowerment. Recuperado de https://www.unwomen.org/en/news/stories/2016/1/wee-high-level-panel-launch

World Bank (2019). Gender-Based Violence (Violence Against Women and Girls). Recuperado de https://www.worldbank.org/en/topic/socialsustainability/brief/violence-against-women-and-girls

Escuela de Gobierno, Universidad Complutense de Madrid

África, un amplio y fascinante continente en cuyo lugar se dice que surgió la especie humana. Un territorio con una superficie de 30.2 millones de kilómetros cuadrados divididos en 54 países y con una riqueza cultural inimaginable. Ecológicamente hablando, África alberga una inmensa flora y fauna de naturaleza transfronteriza, al igual que la mayoría de sus principales ríos, lagos y bosques (UNEP, 2008). La naturaleza transfronteriza de estos y muchos otros ecosistemas, junto con los recursos naturales que contienen, son la fuente de sustento de miles de comunidades locales, al igual que la fuente de diversos conflictos ambientales que generan grandes desafíos en el continente.

Hoy en día, la pobreza en África se relaciona con la abundante riqueza de recursos naturales, algo que parecería ser paradójico. Este fenómeno se denomina como “la maldición de los recursos naturales”, que atrapa a estos países en una lógica perversa, aumentando sus desigualdades internas y sus conflictos (Acosta, 2012). Sierra Leona, por ejemplo, es uno de los países africanos con más recursos naturales, pero que extrañamente ha sido relegado al final de la lista del Índice de Desarrollo Humano (IDH)[1], siendo en 2018 el 181 de 189 países (UNDP, 2019).

Minerales de conflicto

El continuo comercio de diferentes tipos de minerales como el cobalto, cobre, uranio, oro, diamantes, casiterita y coltán, han financiado algunos de los conflictos armados más violentos del mundo. Estos minerales, que normalmente acaban en nuestros móviles, coches y joyería, cruzan fronteras de forma clandestina creando un comercio mundial que enriquece a unos pocos y empobrece a la mayoría de la población local. A menudo los denominados “minerales de conflicto”, financian lucrativamente a grupos armados, gobiernos y empresas extractivas, y se asocian con abusos de derechos humanos, corrupción, desigualdad de género y degradación ambiental. República Democrática del Congo (RDC) es uno de los países africanos afectados por la violencia de los minerales (ALBOAN 2009), y el mayor exportador de cobalto con un 70% de la producción mundial según el U.S. Geological Survey (USGS, 2020).

En los territorios africanos, la minería es una de las actividades en auge que se da actualmente en explotaciones a cielo abierto, utilizando explosivos para remover toneladas de roca cada año. La extracción de minerales y metales del subsuelo no siempre es llevada a cabo por empresas nacionales o internacionales, sino que a veces algunas actividades mineras son realizadas por personas que no tienen permiso del gobierno. Este tipo de minería se llama artesanal o ilegal, y por lo general es a pequeña escala, con una baja obtención de ganancias y en condiciones de trabajo peligrosas. Esta, está representada normalmente por grupos armados de hombres y niños soldado que fomentan conflicto y terror entre la población local. Los diamantes y el coltán son lamentablemente conocidos por representar atrocidades de unos seres humanos hacia otros, convirtiendo la naturaleza en un arma de guerra, que impacta a las comunidades locales, militarizando el territorio y abusando de los derechos humanos (CEAR 2018).  El caso de Sierra Leona, es un claro ejemplo de un país dónde los llamados “diamantes de sangre”, hicieron parte de un largo conflicto que desembocó en una década de guerra civil. De hecho, Ross (2003) explica que, dentro de toda la variedad de recursos naturales, los diamantes fueron los que más se asociaron a guerras civiles entre los años 1990 y 2000.

¿Pero qué significa para las mujeres la presencia de industrias extractivas como la minería?

Los “diamantes de sangre” tuvieron un claro impacto en los cuerpos de las mujeres de Sierra Leona y en sus vidas, violando todo tipo de derechos humanos y dejando a las mujeres en una situación de pobreza extrema, reforzando aún más la estructura social patriarcal existente (Mcferson 2012). Aún así, esto no ha cambiado en la actualidad, donde se sigue con un modelo extractivista capitalista y patriarcal que presenta violencia en cada punto de la cadena de extracción, desde el saqueo de los recursos naturales hasta la explotación del trabajo humano (pagado y no pagado), incrementando las desigualdades entre ricos y pobres, y entre hombres y mujeres (WOMIN s.f.).

Cuando las luchas por el dominio y control sobre los minerales se vuelven violentas, las mujeres son las primeras en sufrir tanto violencia directa como indirecta, teniendo, la violencia por razón de género contra las mujeres, un alto grado de impunidad, y manifestándose en una serie de formas múltiples (CEDAW, 2017). Las mujeres de las comunidades afectadas por la minería experimentan violencia por parte de la policía, del ejército, de los grupos armados y las empresas de seguridad privada de manera diferente a los hombres (Mouzinho, s.f.)

Según Mouzinho, en el caso de proyectos mineros en Mozambique, cuando las comunidades pierden sus tierras por causa de la minería, las mujeres y niñas tienen que caminar distancias más largas para buscar agua, leña y alimentos que servirán para el sustento de la familia. En estos casos es cuando están expuestas a riesgos importantes como el tener que facilitar favores sexuales para que se les permita entrar en bosques a recoger madera, ser registradas de forma sexual al entrar en zona minera, o incluso ser violadas por agentes de seguridad, trabajadores, militares, etc. (Mouzinho, s.f.)

Vandana Shiva y Maria Mies (1993), aseguran la existente relación entre el modelo de desarrollo extractivista, la militarización de los territorios ocupados y la violencia contra las mujeres. El conjunto de estos tres factores que presentan los “minerales de conflicto”, fomentan las relaciones de poder desiguales entre mujeres y hombres, aumentando la violencia de género y utilizando a menudo la violencia sexual como arma de guerra.

Conclusiones

“Los minerales de conflicto” en el continente africano causan una violencia continua y estructurada que impacta los ecosistemas, las comunidades, y en específico a las mujeres, siendo estas últimas a menudo invisibilizadas.

Aún queda mucho por hacer para lograr la igualdad y el empoderamiento de la mujer en todo el mundo. Por este motivo, si nos centramos en las industrias mineras, hay que luchar para conseguir nuevas iniciativas, políticas públicas, leyes y compromiso de los gobiernos para que apuesten por una industria responsable y transparente, y que sea sensible a sus impactos sociales, económicos y ambientales, particularmente sobre las mujeres. Este tipo de transición, aunque insuficiente, es un paso más hacia el logro de los derechos humanos y la justicia de género.

Esta reflexión pone de manifiesto la necesidad urgente de entender que la violencia es una forma innata de este modelo de desarrollo extractivo patriarcal, y que necesitamos re-imaginar otro modelo posible que garantice una vida digna para todo ser vivo, al igual que para nuestros ecosistemas de los cuales nuestras vidas dependen.

Bibliografía

Acosta, A. (2012). Extractivismo y neoextractivismo: Dos caras de la misma maldición, 25 de Julio 2012, Recuperado de https://www.ecoportal.net/temas-especiales/mineria/extractivismo_y_neoextractivismo_dos_caras_de_la_misma_maldicion/

ALBOAN, Grassroots Reconciliation Group (2009). ENOUGH, El proyecto para poner fin al genocidio y a las muertes contra la humanidad. Un enfoque completo sobre los minerales en conflicto del Congo.

Âurea Mouzinho (s.f.). Guns, Power and Politics. Extractivism, Militarisation and Violence against Women in Mozambique. WOMIN. Recuperado de https://womin.africa/wp-content/uploads/2020/09/Mozambique_Report_English_FINAL.pdf

CEAR, (2018). Refugio por causas medioambientales: África en el olvido, Estudio de caso. CEAR y Universidad Autónoma de Madrid.

Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) (2017). Recomendación general núm. 35 sobre la violencia por razón de género contra la mujer, por la que se actualiza la recomendación general núm. 19. Recuperado de https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2017/11405.pdf

Mecferson, H. (2012). Women and Post-Conlict Society in Sierra Leone. Journal of International Women’s Studies. Recuperado de https://www.researchgate.net/publication/265229907_Women_and_Post-Conflict_Society_in_Sierra_Leone_1

UNEP (2008). Africa atlas of our changing environment. UNEP.

Ross, M.L. (2003). Oil, drugs and diamonds: the varying roles of natural resources in civil war. En: Ballentince, K., Sherman, J. The political economy of armend conflict: Beyond Greed and Grievance (p. 47-70). Boulder y London, Lynne Rienner Publishers.

Shiva, V., Mies, M. (1993). Ecofeminism (1a ed.). Zed Books, London.

UNDP (2019). Inequalities in Human Development in the 21^st Century: Briefing note for countries on the 2019 Human Development Report, Sierra Leone. Recuperado de http://hdr.undp.org/sites/all/themes/hdr_theme/country-notes/SLE.pdf

WOMIN (s.f.). Guns, Power and Politics. Extractivism, Militarisation and Violence against Women. Recuperado de https://womin.africa/militarization-vaw/

[1] El Índice de Desarrollo Humano (IDH) es un indicador del desarrollo humano por país elaborado por el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). El indicador se calcula atendiendo a la media de las siguientes dimensiones: la esperanza de vida al nacer, la esperanza de vida escolar de niñas/os y la media de años de escolarización, y el ingreso nacional bruto per cápita.

Escuela de Gobierno, Universidad Complutense de Madrid

Se entiende por extractivismo una forma de explotación del medio natural para la obtención de materias primas a gran escala. En la región de América Latina y el Caribe los proyectos de extracción de materias primas por parte de países extranjeros, se intensificaron en la década de los noventa, impulsados por políticas de países latinoamericanos para favorecer la inversión extranjera directa, concentrando el grueso de la extracción minera en: Perú, México, Brasil, Chile y Argentina (Carvajal, 2016).

Las prácticas extractivas son múltiples, entre las cuales destacan: la minería, extracción de hidrocarburos o plantaciones para los agro negocios (consistentes en emplear extensos territorios para la plantación de un producto agrícola que será exportado a países extranjeros).

Existe una gran competencia entre los países de América Latina y el Caribe por albergar los proyectos de desarrollo extractivo en sus territorios, motivados por las ganancias económicas que éstos pueden generar. Sin embargo, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), pone de manifiesto que el hecho de que la inversión extranjera en un país sea alta, no implica por sí sola el desarrollo económico y la diversificación productiva de los países receptores de la misma, ya que debe ir acompañada de otras medidas orientadas a coordinar las prioridades de inversión de estos países. Igualmente, señala la importancia de que en un contexto internacional en el que la competencia por las inversiones extranjeras es cada vez más fuerte, se diseñen políticas involucradas con el desarrollo sostenible (CEPAL, 2019 p.15).

En este contexto, algunos Estados[1] flexibilizan determinadas legislaciones y firman convenios favorables para poder extraer, sin necesidad de adherirse a medidas de sostenibilidad y mantenimiento de los ecosistemas del entorno. Además, estos acuerdos dejan de lado a partes directamente afectadas, como las poblaciones que habitan los territorios en los que pretenden asentarse las actividades extractivas.

China y Canadá son dos de los países con mayor número de proyectos activos de minería y extracción de hidrocarburos en la región de América Latina y el Caribe, concentrando entre ambos un elevado número de acciones e inversiones en la región. Aunque esto podría considerarse como una inversión positiva en el país receptor, la mayor parte de las ganancias de estos proyectos van orientadas a empresas transnacionales privadas, que compiten en un mercado global. No necesariamente responden a los intereses locales y regionales de los países de donde se extraen las materias primas (Fund. Rosa de Luxemburgo,2013 p.23).

El discurso pro extractivista, basado en el neoliberalismo de los años 90, niega la necesidad de un equilibrio entre lo social y lo ambiental basándose en el concepto de crecimiento económico. El desarrollo extractivo, tiene como objetivo el beneficio de la población de las grandes ciudades, en detrimento de la población rural e indígena que ve mermada su calidad de vida por las consecuencias de dicha extracción (Silva, 2017 p.25).

Los métodos utilizados para las mencionadas explotaciones generan efectos devastadores en el entorno. Esto condena a los territorios exportadores a la pérdida de sus medios tradicionales de vida por el envenenamiento de sus aguas, sus tierras y los animales que las habitan. Dichos métodos se ven habitualmente confrontados por movimientos de resistencia de los pueblos indígenas y grupos ambientalistas, por citar algunos ejemplos en diferentes países: el Frente de Defensoras de la Pachamama (Ecuador), OFRANEH y COPINH (Honduras), Mujeres Aq’ab’al (Guatemala) y organizaciones como el Colectivo de Acciones Socioambientales CASA (Bolivia) (Carvajal, 2016 p.47-48).

La aparición en los territorios de grandes proyectos de extracción conlleva la presencia de militares, seguridad privada y grupos paramilitares en la zona y la consecuente expulsión de sus habitantes -en su mayoría población indígena- despojándoles de sus tierras y medios de subsistencia. La militarización de los territorios en pro de la protección de las instalaciones de los proyectos, ejerce control sobre las tierras donde los derechos humanos se violan de manera sistemática por parte de entidades públicas y privadas en connivencia en muchos casos, con autoridades regionales (Carvajal, 2016 p.29).

La Relatora Especial de las Naciones Unidas en su Informe sobre los derechos de los pueblos indígenas (2015), sostiene que tal y como se están llevando a cabo los acuerdos multinacionales de inversión, estos “afectan negativamente […] a los derechos de los pueblos indígenas, en particular a sus derechos a la libre determinación, a sus tierras, territorios y recursos, a la participación y al consentimiento libre, previo e informado”.

¿Qué implicaciones tiene el extractivismo en las mujeres indígenas?

María Lugones expone en su trabajo “Hacia un feminismo descolonial” (2011) que a partir de la colonización de las Américas y el Caribe, se estableció una dicotomía entre lo humano (colonizadores) y no humano (colonizados) y una “misión civilizadora” de aquellos seres considerados bestias, sirviendo de excusa para numerosos actos de crueldad y explotación sobre personas y territorios.

Basándonos en esta dicotomía, en lo que podría considerarse un colonialismo moderno los valores predominantes son los del neoliberalismo, que despojan de humanidad e importancia a las costumbres ancestrales de los pueblos originarios, que suponen parte trascendental de sus medios de subsistencia y también de sus valores culturales. Rocío Silva Santiesteban habla del extractivismo como un sistema colonial y patriarcal que se representa a través de lo que ella llama “basurización simbólica que es una forma de conferirle a “ciertos seres humanos” una representación que tenga como mandato salir del sistema para que el sistema funcione” (Silva, 2017).

El modelo de desarrollo basado en explotar el territorio de manera abusiva es fuertemente criticado por movimientos de mujeres indígenas y asociaciones en defensa de la tierra. Estos movimientos son desacreditados y demonizados por el discurso imperante, que los define como contrarios al crecimiento de la región y como agitadores del orden público (Silva, 2017). La filosofía de las mujeres indígenas fomenta valores en torno a la comunidad como un concepto global del “nosotras/os”, de interconexión entre la tierra, la naturaleza, los animales y los seres humanos. El binomio mujer/naturaleza que situaría a la mujer como creadora y sostenedora de la vida, también lo haría como sujeto explotable y denigrable por parte del sistema patriarcal capitalista (Aimé, 2015).

La contaminación ambiental a causa de vertidos tóxicos u otras consecuencias derivadas de los asentamientos extractivos, provoca otras implicaciones como la migración forzada, la expulsión o la permanencia de estos pueblos en sus territorios, en situaciones de extrema pobreza y vulnerabilidad.

Esta contaminación puede generar problemas graves de salud en la población, que en las mujeres se ven principalmente representados en altas mortalidades maternas, cánceres en el aparato reproductor, contaminación de la leche materna o abortos espontáneos. Asimismo, puede influir en sus labores de crianza, por una alta mortalidad infantil, defectos congénitos o enfermedades infantiles (CIDH 2017).

La existencia de proyectos extractivos en los territorios, supone la alteración de la estructura social y las economías locales y una ruptura en los paradigmas culturales y vitales de los pueblos originarios. Las mujeres indígenas se ven afectadas de manera desproporcionada, ya que sus roles como integrantes partícipes de la sociedad y lideresas espirituales cambian por completo, al introducirse nuevas formas de producción que emplean mayoritariamente a los varones en empleos precarizados, mal pagados e insalubres.

También se ven precarizadas las labores de cuidados, haciendo responsables a las mujeres de todo el trabajo comunitario (en ausencia de los varones) y doméstico, atención a personas enfermas a causa de la contaminación ambiental y a la pérdida de autonomía económica por la descomposición del tejido comercial tradicional.

El impacto diferencial de género implica que los roles y las tareas asociadas tradicionalmente a las mujeres indígenas se diluyan, dejándolas al margen del orden social y siendo forzadas por sus situaciones de vulnerabilidad a ejercer la prostitución o inmersas en redes trata de seres humanos (CIDH, 2017 p.71).

La violencia sexual es una fórmula recurrente de represión ante resistencias de grupos contrarios a los proyectos extractivos, en desalojos forzados y como medio de denigración y estigmatización de las defensoras de los territorios (Carvajal, 2016 p.33). Por su condición de indígenas, las mujeres son víctimas también del racismo estructural y los prejuicios que las sitúan en un escalafón social inferior con un alto riesgo de marginalidad.

La situación de alta vulnerabilidad y pérdida de sustento económico, unida a la llegada de trabajadores temporales a los puntos de extracción y a una “masculinización” del entorno, genera situaciones de gran peligro y violencia hacia las mujeres. Berta Cáceres o Máxima Acuña de Chaupe son dos ejemplos de los muchos que existen, de mujeres defensoras de los territorios que han liderado protestas contra la destrucción de su entorno natural y su capital cultural, poniendo en riesgo su integridad física e incluso su propia vida.

El dogma capitalista del crecimiento económico a toda costa, niega la existencia de los límites del planeta tanto en su superficie cultivable como habitable. Esta tendencia aboca al colapso ambiental, con la consecuente pérdida de vidas humanas y especies de animales y plantas (Fund. Rosa de Luxemburgo, 2013). Valorar exclusivamente elementos relacionados con el crecimiento económico, desde una perspectiva neoliberal, capitalista y patriarcal repercute en un aumento de la pobreza, la desigualdad y la violencia en los territorios indígenas y unas desastrosas previsiones de futuro, ya que las consecuencias a nivel ecológico, social y económico para estas poblaciones tienen un gran impacto a largo plazo.

Bibliografía

Aimé Tapia González, Georgina (2015). Aportaciones de las mujeres indígenas al diálogo entre filosofía y ecología en Puleo, Alicia, Ecología y género en diálogo interdisciplinar (p.263-276). Madrid: Plaza y Valdés Ediciones.

Carvajal, Laura María (2016). Extractivismo en América Latina impacto en la vida de las mujeres y propuestas de defensa del territorio. Colombia: FAU – AL Fondo Acción Urgente – América Latina.

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (2019). La inversión directa extranjera en América Latina y el Caribe. Santiago: CEPAL

Comisión Interamericana de Derechos Humanos (2017). Las mujeres indígenas y sus derechos humanos en las Américas. CIDH

Fundación Rosa de Luxemburgo, Radialistas apasasionadas y apasionados y Censat Agua Viva (2013). Alternativas al desarrollo. La destrucción del planeta no es un destino. Quito: Fundación Rosa de Luxemburgo, Radialistas apasasionadas y apasionados y Censat Agua Viva.

Naciones Unidas Asamblea General (2015). Informe de la Relatora Especial del Consejo de Derechos Humanos sobre los derechos de los pueblos indígenas relativo a las repercusiones de las inversiones internacionales y el libre comercio sobre los derechos humanos de los pueblos indígenas (2015). Nueva York: Naciones Unidas.

Lugones, María (2011) Hacia un feminismo descolonial. Revista La Manzana de la Discordia, pp. 105-117

Silva Santiesteban, Rocío (2017). Mujeres y conflictos ecoterritoriales. Impactos, estrategias, resistencias. Disponible en (abril de 2018) http://www. entrepueblos. org/files/Mujeresyconflictos_Convenio_-2017. pdf.

[1] “En Chile, la Ley Orgánica Constitucional sobre Concesiones Mineras -creada durante la dictadura de Pinochet-, está encaminada a la privatización absoluta de los yacimientos pues estos pasan a ser propiedad de quien los explote hasta su agotamiento, dejando un margen de acción mínimo para el Estado” (Carvajal, 2016).

Escuela de Gobierno, Universidad Complutense de Madrid

La Tierra, fuente de sustento de la vida y la humanidad, está experimentando cambios drásticos cuyos efectos podemos observar cada vez con mayor claridad. Puesto que somos ecodependientes, los cambios en el clima y sus efectos impactan directamente sobre las personas, alterando las vías de acceso a recursos para el sostenimiento de la vida y por tanto de las sociedades.

El cambio climático supone una de las mayores amenazas para la vida y aunque sus consecuencias se observan en todos los rincones del planeta, éstas impactan de forma diferenciada no sólo entre las regiones, sino también entre las personas en función de su , edad, clase social, etnia, origen o lugar de residencia (IPCC, 2018; CEDAW, 2018).

El género como constructo social impone roles diferenciados a las personas en función del sexo biológico, asignando valores, tareas y capacidades diferentes a hombres y mujeres. La imposición de estos roles establece la existencia de relaciones de poder asimétricas, que sitúan a las mujeres en una posición inferior respecto de los hombres, y que se manifiestan, entre otras, en el acceso y control de los recursos naturales.

Los roles de género sostenidos por la división sexual del trabajo implican que mujeres y hombres se relacionen de forma diferente con el medio natural. Mientras los hombres son los encargados de generar recursos económicos a través del trabajo remunerado, a las mujeres se les asigna las tareas reproductivas que sostienen la vida de los hogares y comunidades. La realización de estas tareas domésticas y de cuidados depende directamente del acceso a los recursos que la naturaleza les brinda, como el agua, la tierra o los recursos energéticos. El cambio climático y sus efectos impactan de forma directa en la disponibilidad de estos recursos, especialmente en las zonas rurales de los países del Sur Global, haciendo que las mujeres se vean más expuestas y vulnerables ante la escasez (Castañeda, Sabater, Owren y Boyer, 2020; Masika, 2002).

En este artículo se exploran los vínculos entre el cambio climático y las relaciones de género en el marco del desarrollo, repasando algunos de los impactos que actualmente azotan el medio rural de África Oriental.

La Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático (CMNUCC) define el cambio climático como un cambio en el estado clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana. Las evidencias científicas señalan como esa actividad humana acelera los procesos de calentamiento global y degradación del planeta, resultando ser una causa determinante del cambio climático (IPCC, 2018).

El carácter antropógeno del cambio climático guarda una estrecha relación con el sistema capitalista, centrado en la extracción de recursos del planeta, la producción y el crecimiento ilimitados. El capitalismo es también la base del modelo de desarrollo que venimos experimentando desde el pasado siglo. Un desarrollo único exportado a nivel global y sostenido en las relaciones desiguales de poder entre personas y regiones del Norte y del Sur. Este modelo no sólo ha disparado las emisiones de gases de efecto de invernadero y los procesos de degradación de los ecosistemas, sino que ha intensificado la pobreza y las desigualdades especialmente en los países del Sur.

Dada esta realidad nacieron nuevas formas de entender el desarrollo que situaron en el centro la vida de las personas y del planeta. Por un lado, en los albores de la década de los noventa, el Informe Brundtland planteaba la necesidad de caminar hacia un desarrollo sostenible, es decir, hacia la satisfacción de las necesidades básicas de las personas sin comprometer los recursos y ecosistemas para las generaciones venideras. Por otro lado, el paradigma de desarrollo humano se centró en la idea del bienestar y la creación de oportunidades para que todas las personas puedan vivir una vida digna.

Sin embargo, los esfuerzos institucionales en esta dirección parecen estar lejos de transformar las bases de un desarrollo que parece ir contra la vida. Los datos de Global Footprint Network (2019) revelan que cuanto mayor es el desarrollo humano, mayor es la huella ecológica[1]. Actualmente los países con altos índices de desarrollo humano, en su mayoría del Norte Global, utilizan más recursos de los que la Tierra les puede proveer, viviendo como si tuviéramos entre dos y cuatro planetas. Se ha experimentado desarrollo humano, esencialmente en regiones del Norte, pero éste ha sido en detrimento de la vida del planeta y de las personas de los países del Sur. Esto nos remite a la idea de que el desarrollo humano sostenible resulta incompatible con el sistema económico capitalista en el que se basa y que ya ha superado los límites físicos de la Tierra.

Siguiendo los datos de Global Footprint Network (2019) el continente africano, con una media de desarrollo humano bajo, es la región que menos contribuye al cambio climático y sin embargo la que más sufre por sus efectos. Pero ¿cómo estos efectos suponen un problema para el desarrollo desde la perspectiva de género?

El cambio climático exacerba los niveles de pobreza, que ya a priori esta feminizada, siendo las mujeres el 70% de las personas en condición de pobreza a nivel global. Además, se estima que los índices de pobreza se multipliquen en las próximas décadas a causa del cambio climático (IPCC, 2018), provocando la desaparición de comunidades y el incremento de flujos migratorios internos y externos.

El calentamiento global está provocando el aumento de fenómenos meteorológicos extremos cuyos impactos más evidentes se observan en la agricultura y los medios de vida en las zonas rurales. En África subsahariana, las mujeres son responsables del 75% de producción de alimentos para los hogares (Nellemann, Verma, and Hislop, 2011), además de ser las encargadas de su comercialización de los mercados locales. La escasez de lluvias provoca sequías cada vez más prolongadas que alteran los ciclos de las cosechas y la salud del ganado, afectando negativamente a la producción de alimentos y a la seguridad alimentaria (Afifi, Govil, Sakdapolrak, and Warner, 2012).

Además, las tareas de recolección y administración de agua para el hogar y en muchos casos para la comunidad están asociadas a mujeres y niñas. Las sequías les obligan a caminar más horas al día aumentando la carga de trabajo y exponiéndose a riesgos en la salud, pero también a mayor riesgo de violencia y explotación sexual. Las niñas de Etiopía entrevistadas en el estudio de Goulds (2011) señalaban que las sequías eran cada año más prolongadas y que el tiempo empleado en realizar la tarea de recolección de agua aumentó de 2 a 10 horas diarias en unos pocos años. Este hecho supone que muchas de las niñas se vean obligadas a abandonar la escuela para poder realizar estas tareas esenciales.

Si bien la escasez de lluvias y las sequías afectan negativamente sobre los cuerpos de mujeres y niñas, el exceso de agua también intensifica la desigualdad de género. Las cada vez más acusadas e inesperadas lluvias torrenciales están provocando inundaciones en muchas partes de la región, provocando la pérdida de los cultivos, de propiedades y limitando de nuevo el acceso a la satisfacción de necesidades básicas. Debido a los roles de género, la gran mayoría de las mujeres no saben nadar, por lo que son las personas que menos sobreviven a los ciclones e inundaciones (Masika, 2002; Castañeda, Sabater, Owren y Boyer, 2020).

Las tensiones y el estrés que se generan como consecuencia de estos desastres climáticos tienden a elevar los niveles de violencia de género en los hogares. En los casos de Uganda y Sudán del Sur, las manifestaciones de estas violencias van desde el incremento de la violencia física y sexual al control y venta de las tierras cultivadas por mujeres y de las que dependen familias enteras (Castañeda, Sabater, Owren y Boyer, 2020).

Otro de los efectos del calentamiento global se da sobre la actividad pesquera, en la que existe una clara división del trabajo. Los hombres, dueños de las barcas, se encargan de la pesca mientras las mujeres son responsables de la compra de pescado para su procesamiento y comercialización en mercados locales. Una práctica extendida en países como Kenia, Uganda o Somalia es la negociación por parte de los pescadores de relaciones sexuales con las mujeres (generalmente en condiciones de pobreza) a cambio de la venta de sus productos. El aumento de temperaturas de las masas acuáticas implica un importante descenso de la cantidad de peces y por tanto de productos que vender. Esta situación contribuye a promover esta forma de violencia contra los cuerpos de las mujeres, que incrementa los riesgos de contagio del VIH tan presente en esta región (Castañeda, Sabater, Owren y Boyer, 2020).

Por otro lado, son cada vez más los estudios que vinculan el cambio climático, la pobreza y la falta de acceso a recursos con el aumento de casos de matrimonio infantil. En países como Etiopía, Uganda, Kenia y Sudán del Sur las niñas son vendidas a sus futuros maridos a cambio de ganado o dinero, con el fin de aliviar la carga económica frente a la escasez de recursos en el núcleo familiar. No hay que obviar los factores culturales preexistentes relativos a esta práctica, pero esta decisión también puede ser entendida como un mecanismo de adaptación al cambio climático, que para muchas familias supone una boca menos que alimentar y la garantía de supervivencia de las hijas (North, 2010; Goulds, 2011; Castañeda, Sabater, Owren y Boyer, 2020). Sin embargo, los matrimonios infantiles son una violación de los derechos de las niñas e implican graves riesgos para su salud y su desarrollo humano. Las diferentes formas de violencia, la explotación sexual, la contracción de enfermedades o los embarazos en edades tempranas son las principales consecuencias de esta práctica (Goulds, 2011). Esta situación también provoca el abandono temprano de la escuela, lo cual limita las oportunidades de las niñas para construir su futuro y contribuye a perpetuar las condiciones de pobreza.

Como se puede observar, la crisis climática es también una crisis humana y supone un importante obstáculo para el desarrollo humano y sostenible. Son diversos los impactos negativos sobre los cuerpos de las mujeres y las niñas de esta región. No obstante, es importante recalcar que el hecho de ser las más afectadas no sólo les convierte en víctimas sino también en protagonistas de la mayoría de las iniciativas de adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático en las regiones que más lo sufren (Masika, 2002; Nellemann, Verma, and Hislop, 2011). La agencia de las mujeres o capacidad para tomar decisiones vitales se manifiesta en la emergencia de procesos de acción colectiva, basados en la solidaridad y el apoyo mutuo, encaminados a construir diversas formas de resiliencia basadas en la sostenibilidad ambiental (Masika, 2002; Nellemann, Verma, and Hislop, 2011).

Estas evidencias ponen de manifiesto la necesidad urgente de desplazar la mirada hacia la vida, entendida como un todo, y de redefinir nuestra relación con el planeta que nos sostiene.

Bibliografía

Afifi, T., Govil, R., Sakdapolrak, P., and Warner. K., (2012). Report Nº1.  Climate change, vulnerability and human mobility. Perspectives of refugees from the east and horn of Africa Institute of Environment and Human security. UNHCR. Disponible en: https://www.unhcr.org/en-au/protection/environment/4fe8538d9/climate-change-vulnerability-human-mobility-perspectives-refugees-east.html

Castañeda, I., Sabater, L., Owren, C. and Boyer, A.E. (2020). Gender-based violence and environment linkages: The violence of inequality. Wen, J. (ed.). Gland, Switzerland: IUCN. Disponible en: https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/2020-002-En.pdf

Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women Committee (CEDAW) (2018). CEDAW General Recommendation No. 37 on Gender-related dimensions of disaster risk reduction in the context of climate change. Available at: https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/Shared%20Documents/1_Global/CEDAW_C_GC_37_8642_E.pdf

Global Footprint Network. (2019). Ecological footprint (in number of earths). National footprint and biocapacity. Disponible en: https://www.footprintnetwork.org/our-work/sustainable-development/

Goulds, S. (ed.) (2011). Weathering the storm: adolescent girls and climate change. Plan International. Disponible en: https://plan-international.org/publications/weathering-storm

Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). (2018). Resumen para responsables de políticas. En: Calentamiento global de 1,5 °C. [Masson-Delmotte V., P. Zhai, H.-O. Pörtner, D. Roberts, J. Skea, P.R. Shukla,. … T. Waterfield (eds.)]. Disponible en: https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/2/2019/09/IPCC-Special-Report-1.5-SPM_es.pdf

Masika, R. (ed.) (2002). Gender, development and climate change. Disponible en: https://oxfamilibrary.openrepository.com/bitstream/handle/10546/121149/bk-gender-development-climate-change-010102-en.pdf%3Bjsessionid%3DA4B7684A68798E3F98EE003B9DB62E18%3Fsequence%3D1

Nellemann, C., Verma, R., and Hislop, L. (eds). (2011). Women at the frontline of climate change: Gender risks and hopes. United Nations Environment Programme. Disponible en: http://wedocs.unep.org/handle/20.500.11822/7985

North, A., (2010). Drought, drop out and early marriage: feeling the effects of climate change in East Africa. Equals: Newsletter for beyond the Access: Gender Education and development, 24, pag. 12. Recuperado de: https://cdn.atria.nl/ezines/IAV_606069/IAV_606069_2010_24.pdf

[1] La huella ecológica es un indicador que mide los activos ecológicos que una población determinada requiere para producir los recursos naturales que consume (incluyendo alimentos a base de plantas, fibras, ganado, productos pesqueros, madera y otro productos forestales, espacio para la infraestructura urbana) y para absorber sus residuos, especialmente las emisiones de carbono (Global Footprint Network: https://www.footprintnetwork.org/our-work/ecological-footprint/)

Rebecca Hvizdalek Dixon

A medida que la ciencia climática ha avanzado, ha creado un vínculo convincente entre la actividad humana y la crisis climática actual. De acuerdo con la Comisión Europea (2017), “los seres humanos están influyendo cada vez más en el clima y la temperatura de la Tierra mediante la quema de combustibles fósiles, la tala de bosques tropicales y la ganadería. Esto añade una enorme cantidad de gases de efecto invernadero a los que se producen de forma natural en la atmósfera, aumentando el efecto invernadero y el calentamiento global “. Como resultado, la ciencia climática está revelando que el cambio climático está haciendo que los fenómenos meteorológicos extremos sean más intensos y más duraderos (Gabbatiss, 2017).

Este artículo busca mostrar que los desastres en sí no discriminan entre poblaciones, pero los impactos negativos que sufren las poblaciones varía en grado dependiendo de quién eres y dónde vives.  En otras palabras, los desastres relacionados con el clima agravan las desigualdades sociales existentes en cada sociedad y/o comunidad. Las mujeres, las niñas y los niños, las personas con discapacidades, las personas mayores, la comunidad LGBTQI  y aquellos/as que viven en áreas rurales o asentamientos precarios son grupos considerados en mayor situación de vulnerabilidad a los impactos negativos de los desastres debido a su estatus socioeconómico desigual y las estructuras de poder en las que viven. Este documento utilizará la Perspectiva Interseccional de Género con el fin de entender las complejas dimensiones de los efectos del cambio climático y visibilizar cómo las estructuras de poder emergen e interactúan con él. Esta perspectiva somete los efectos del cambio climático a un análisis social matizado con el cuál se puede apreciar que las personas y poblaciones en mayor situación de vulnerabilidad están más fuertemente impactados durante y después de los desastres relacionados con el clima.

Con el fin de entender las complejas dimensiones de los efectos del cambio climático y visibilizar cómo las estructuras de poder emergen e interactúan con él, este documento utilizará la Perspectiva Interseccional de Género, que somete los efectos del cambio climático a un análisis social matizado.

Impactos Diferenciados

Desde una perspectiva interseccional es posible observar que mientras que el riesgo de ser afectado por desastres relacionados con el clima está estrechamente relacionado con la geografía, la situación de vulnerabilidad y la capacidad de un individuo o grupo para prepararse y recuperarse de estos desastres está asociada con el género, el estatus socioeconómico, la etnia, la nacionalidad, la salud, la orientación sexual y la edad (Kaijser y Kronsell, 2014, p 420).

Visto de esta manera, un terremoto masivo o una erupción volcánica pueden entenderse no como un único evento destructivo, sino como un proceso social que se desarrolla dentro de un contexto ambiental y social particular (Enarson, 2000, p.2). Los patrones globales de desarrollo están poniendo en mayor riesgo a un número cada vez mayor de personas, colocando a “algunas personas más que otras en condiciones de vida riesgosas, en laderas empinadas, en casas rodantes en llanuras de inundación, en chabolas en barrios marginales y socavando su capacidad de mitigar, sobrevivir, o recuperarse completamente de los efectos de la catástrofe” (Enarson, 2000, p.2). Dependiendo de estas dimensiones sociales y contextuales, las personas están expuestas a diversos grados de vulnerabilidad y riesgo.

Diferenciación basada en género en desastres relacionados con el clima

Las mujeres están en mayor situación de vulnerabilidad ante los desastres debido a su mayor situación de vulnerabilidad en todo el espectro social, económico, físico y ambiental. Esta situación de vulnerabilidad se agrava aún más cuando se cruza con otras desigualdades que crean “condiciones peligrosas que ponen a diferentes grupos de mujeres en situación de riesgo diferente” (UNISDR, PNUD y UICN, 2009, p.42). Las normas culturales, los estereotipos, la desigualdad y la discriminación pueden impedir o limitar la capacidad de las mujeres y otros grupos para prepararse y recuperarse de los efectos de los desastres relacionados con el clima. Las siguientes secciones analizarán brevemente cómo las desigualdades en las cargas de trabajo, los roles sociales, la educación, el acceso a la información, la salud y los recursos económicos se exasperan durante los desastres.

Cargas de Trabajo

La triple carga de las mujeres en el trabajo productivo, reproductivo y comunitario significa que tienen menos tiempo para participar en actividades de preparación para desastres y, por lo tanto, están menos preparadas para enfrentar el inicio de un desastre. Estas responsabilidades aumentan durante y después de un desastre, justo cuando las redes de soporte tradicionales pueden haberse dañado, lo que lleva a una mayor carga de trabajo y dificulta aún más su capacidad de mitigar los efectos de la catástrofe. Las mujeres, las personas mayores, las personas LGBTQI y las personas con discapacidad también carecen de participación y representación en los órganos de toma de decisiones, lo que significa que sus necesidades, vulnerabilidades y capacidades no se tienen plenamente en cuenta cuando se preparan para responder a los desastres, aumentando así su situación de vulnerabilidad.

Roles sociales

Las normas culturales y los estereotipos también conducen a la discriminación contra la comunidad LGBTQI. Según directrices prácticas de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y la Media Luna Roja (2010), Enfoques Sensibles al Género para la Gestión de Desastres, las muertes y pérdidas de las comunidades transgénero a menudo no se registran en las estadísticas oficiales de desastres, la estigmatización afecta su acceso a canales normales de información y advertencias, y pueden ser descuidados/as o ignorados/as en la preparación y alivio de desastres. Además, los hogares encabezados por personas transgénero pueden ser excluidos de los refugios y de la ayuda de emergencia. Por otro lado, las mujeres y los hombres de edad avanzada, en algunos casos, quedan excluidos de la asistencia cuando está mediado a través de las organizaciones de autoridades locales tradicionales de la comunidad debido a suposiciones de que requieren menos alimentos para sobrevivir (p.9).

Educación

La discriminación en el ámbito de la educación y el acceso a la información también afecta la forma en que las mujeres y las niñas, las personas con discapacidad y la comunidad LGBTQI se ven afectadas y se recuperan de los desastres. Los obstáculos que enfrentan estos grupos para su educación conducen a “una menor capacidad para recibir información y comprender los mensajes de advertencia” (UNISDR, PNUD y UICN, 2009, p.43). La capacidad de comprender la información en caso de un desastre inminente puede significar la diferencia entre la vida y la muerte. Según un documento de la UNISDR, el PNUD y la UICN (2009): las mujeres y las niñas tienen niveles más altos de analfabetismo que los hombres y los niños; más niñas no van a la escuela que niños; más niñas abandonan la escuela que niños (p.43).

Acceso e  información

Además de la capacidad de leer y comprender los mensajes de alerta temprana una vez que han sido recibidos, las mujeres y otros grupos tienen acceso diferencial a espacios donde se comparte información y a las estructuras para la diseminación del conocimiento. De hecho, “a menudo se supone que las mujeres simplemente absorberán información de los hombres de la comunidad” (UNISDR, PNUD y UICN, página 44). La separación binaria de las esferas públicas (masculina) – privadas (femenina) en muchas sociedades implica que las mujeres y otros grupos no tienen acceso a la información compartida en ellas. Además, las preferencias de las mujeres por los métodos de intercambio de información pueden pasarse por alto en favor de métodos basados en la tecnología de la información (radio, teléfonos móviles, televisión). Esto, a su vez, también afecta a personas de bajo nivel económico, ya que es menos probable que tengan el poder adquisitivo de estos productos.

Salud

Los desastres están demostrando exasperar las desigualdades existentes en la salud también. Según el documento de UNISDR, PNUD y UICN (2009):

• Las mujeres son más propensas a las deficiencias nutricionales debido a necesidades nutricionales únicas (especialmente durante el embarazo o la lactancia).
• Las mujeres están predispuestas a ciertas infecciones y enfermedades, y están más expuestas a las enfermedades transmisibles.
• Las mujeres sufren una peor salud reproductiva después de los desastres.
• La violencia de género aumenta después de un desastre (p.44).

Las relaciones sociales juegan un papel importante en los temas anteriores. Por ejemplo, las mujeres, las personas mayores y las personas con discapacidades están, en algunas culturas, más bajas en la jerarquía de alimentos del hogar y sufren deficiencias nutricionales debido a esto. Del mismo modo, los tabúes que rodean la menstruación y las normas sobre el comportamiento apropiado para las mujeres y las niñas pueden contribuir a los problemas de salud de las niñas durante los desastres. Además, con respecto a la salud reproductiva y sexual, después de los desastres hay un aumento en los partos prematuros y la mortalidad materna debido a la atención prenatal inadecuada y el parto inseguro, y las prácticas de seguimiento posparto.

Por último, la investigación indica que los desastres tienden a exasperar los patrones existentes de violencia de género en una sociedad, y que a veces surgen nuevas formas después. Según un estudio mundial sobre violencia de género en desastres realizado por la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (2015), “muchos de los factores asociados con los desastres- la separación de familias, el colapso de las relaciones sociales, la ruptura de las normas, la destrucción de la infraestructura, la reubicación de las personas y el cambio de las relaciones dentro de la familia parecen aumentar la violencia “(Invisible, inaudito: Violencia basada en género en desastres: estudio mundial, p. 18). Además de las repercusiones obvias en la salud de las mujeres, la violencia de género también resulta en traumas, aumentos en embarazos no deseados / no planificados y abortos inseguros, y la propagación de enfermedades de transmisión sexual. Incluso el temor a la violencia puede dar lugar a la renuencia a evacuar a refugios temporales y, por lo tanto, aumenta el riesgo de daño.

Recursos económicos

El acceso y el control de los recursos económicos son cruciales para la capacidad de una familia para responder y recuperarse de los desastres. Según Elaine Enarson (2000), “los recursos económicos clave en los desastres son ingresos seguros, acceso a ahorros o créditos, empleo con protección social, habilidades laborales comercializables, educación y capacitación, y control sobre los recursos productivos” (p.9). El diferente acceso y control sobre estos recursos determinará cuánto tiempo puede sobrevivir una familia si se interrumpe el ingreso, su capacidad para reubicarse o reconstruir sus medios de subsistencia y sus hogares si han sido destruidos, etc.

De hecho, la pobreza es un factor clave en la determinación de la situación de vulnerabilidad de todas las personas durante las catástrofes, pero la situación de vulnerabilidad agravada por el género. Según un estudio en el American Journal of Human Ecology, “en comparación con los hombres, las mujeres son más pobres, tienen menos acceso al desarrollo de habilidades empresariales, menos capacidad de acceder a recursos financieros como crédito, ahorros o pensiones, menos capacidad de comprar y poseer tierras, se les paga menos en todos los casos, y sus ingresos son menos seguros”(Rahman, 2013, p.7). Algunos de estos problemas están relacionados con el hecho de que las mujeres tienen una alta presencia en la fuerza de trabajo informal, que a menudo se ve más afectada por los desastres y tiene menos capacidad para recuperarse. La suma de estas realidades significa que las mujeres son menos capaces de recuperarse de los desastres.

Los desastres relacionados con el clima son cada vez más una preocupación mundial y nacional que se cruza con los crecientes problemas del desarrollo social y económico, la protección y gestión del medio ambiente y la seguridad humana. La complejidad que rodea los efectos de estos desastres en las diversas poblaciones del mundo requiere un análisis matizado de ellos. Este artículo argumenta que la perspectiva feminista interseccional es un método de análisis eficaz, ya que permite tener en cuenta dimensiones como el género, el estatus económico y social, la edad, la orientación sexual, las discapacidades, etc., en el análisis. Esta no es solo una herramienta útil para comprender cómo diferentes comunidades se ven afectadas de manera diferente por los mismos desastres; también sirve para evitar el agravamiento de las desigualdades sociales existentes y para atender las necesidades de diversas poblaciones en la preparación, respuesta y recuperación de este tipo de desastres.

Bibliografía

Comisión Europea (2017, 16 de febrero). Consecuencias del cambio climático – Acción Climática. Obtenido el 23 de septiembre de 2018, desde https://ec.europa.eu/clima/change/consequences_en.

Enarson, E. (2000). Género y Desastres Naturales (Documento de trabajo No. 92-2-112260-3). Obtenido el 27 de octubre de 2016 del sitio web de la Organización Internacional del Trabajo: http://natlex.ilo.ch/wcmsp5/groups/public/@ed_emp/@emp_ent/@ifp_crisis/documents/publication/wcms_116391.pdf

Gabbatiss, J. (2017, 11 de diciembre). Los desastres naturales están cada vez más relacionados con el cambio climático, advierte un nuevo informe. Obtenido el 23 de septiembre de 2018, desde https://www.independent.co.uk/environment/climate-change-natural-disasters-link-increase-global-warming-report-warning-a8103556.html).

Invisible, inaudito: Violencia basada en género en desastres: estudio mundial [PDF]. (2015). Ginebra: Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.

Kaijser, A., y Kronsell, E. (2014). Cambio climático a través del lente de Interseccionalidad, Política Ambiental, 23: 3, 417-433, DOI: 10.1080 / 09644016.2013.835203. Recuperado el 13 de noviembre de 2016 de http://dx.doi.org/10.1080/09644016.2013.835203

Rahman, M. S. (2013). Cambio climático, desastres y vulnerabilidad de género: un estudio sobre dos divisiones de Bangladesh. American Journal of Human Ecology, 2 (2), 72-82. doi: 10.11634 / 216796221302315

Una guía práctica sobre los Enfoques sensibles al género para la gestión de desastres [PDF]. (2010). Ginebra: Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.

UNISDR, PNUD y UICN. (2009). Hacer que la reducción del riesgo de desastres sea sensible al género: políticas y directrices prácticas. Recuperado el 10 de julio de 2016, de http://www.unidr.org/files/9922_MakingDisasterRiskReductionGenderSe.pdf

Verónica Pastor Fernández

Los desastres llamados naturales son un obstáculo para lograr un desarrollo sostenible, dado que devastan la seguridad y el sustento de las poblaciones afectadas. Este tipo de desastres no son consecuencia exclusiva de la acción de la naturaleza, sino que los fenómenos naturales causan catástrofes cuando exceden la capacidad de las sociedades para enfrentarlos (Barrantes, 2011). Ante la dificultad para controlar los peligros naturales, es importante fomentar la construcción de sociedades resistentes y resilientes[2], aumentando la capacidad social para enfrentarse a los desastres como una de las formas más efectivas para manejar y reducir el riesgo de los mismos.

Así como los desastres no tienen las mismas consecuencias para todas las poblaciones, dependiendo de la resiliencia o “capacidad de absorción” de la comunidad que lo recibe, dentro de una misma comunidad el impacto tampoco es el mismo para todas las personas (Urgoiti y Rey, 2007). En contextos de desastres, mujeres y hombres son afectados de diferente manera fundamentalmente en base a sus distintas necesidades, capacidades, y a los roles de género.

Según algunos estudios realizados sobre desastres naturales, es conocido que “las mujeres y los niños y niñas son 14 veces más propensas a morir en caso de desastre” (Sanz y Tomás, 2013, p.1402). Entre las principales razones suele aparecer la dificultad de las mujeres para nadar o para trepar a los árboles, lo que da lugar a menos posibilidades de salvarse en caso de no encontrarse en una zona segura. Otra complicación que encuentran las mujeres es la huida ralentizada hacia los centros de evacuación al detenerse a recoger a los niños y niñas, y a las personas mayores dependientes (Sanz y Tomás, 2013).

La vulnerabilidad que afecta a las mujeres, niñas, niños y hombres varía, así mismo, en función de sus edades y estratos socio-económicos de procedencia, que configuran el modo en que viven los desastres y su capacidad de recuperación. El porcentaje de mujeres y niñas que mueren cuando ocurre un desastre es  mayor que el de hombres especialmente en aquellos países donde hay mayor tolerancia hacia la desigualdad de género. Así mismo, la violencia de género (incluida la violación y la trata de personas), aumenta exponencialmente durante y después de los desastres (PNUD, 2010).

La estrecha relación entre la igualdad de género y la capacidad de recuperación frente a los desastres pone de relieve la necesidad de la integración de la perspectiva de género en las estrategias para la reducción del riesgo de desastres. Una gestión del riesgo con enfoque de género integrado permite detectar modelos de desarrollo inadecuados y plantear alternativas para la consecución de contextos más igualitarios. Asimismo, hace posible el enriquecimiento y la renovación de las herramientas empleadas para la gestión del riesgo, normalmente ciegas al género, desde un enfoque de equidad y justicia social (América Latina Genera, 2008).

La integración de la perspectiva de género en la respuesta a los desastres generados por los fenómenos naturales cuenta con múltiples compromisos internacionales que la promueven:

• El Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres (2015-2030) (que da continuidad al Marco de Acción de Hyogo, 2005-2015) incluye, entre sus principios rectores, la necesidad de que la reducción del riesgo de desastres integre “la perspectiva de género, edad, discapacidad y cultura en todas las políticas y prácticas, debiendo promoverse el liderazgo de las mujeres y los jóvenes” (Naciones Unidas, 2015, p. 13). Así mismo, para el fortalecimiento y la preparación ante casos de desastres especifica que “es esencial empoderar a las mujeres y a las personas con discapacidad para que encabecen y promuevan públicamente enfoques basados en la equidad de género y el acceso universal en materia de respuesta, recuperación, rehabilitación y reconstrucción” (Naciones Unidas, 2015b, p. 21).
• En la Cumbre del Clima celebrada en Paris en 2015 se instó a las Partes a respetar y promover las obligaciones relativas a “la igualdad de género, el empoderamiento de la mujer y la equidad intergeneracional” (Naciones Unidas, 2015a, p. 2), para hacer frente al cambio climático, reconociendo que se trata de un problema que afecta a toda la humanidad.
• En la Plataforma Global para la Reducción del Riesgo de Desastres celebrada en Cancún en 2017 se subrayó “el liderazgo y el empoderamiento de las mujeres como elementos esenciales de una gobernanza efectiva del riesgo de desastres” (Naciones Unidas, 2017, p. 63).
• Es preciso hacer referencia también al Objetivo de Desarrollo Sostenible número 13, destinado a la Acción por el Clima, que especifica, en su meta 13.b, la necesidad de hacer hincapié en las mujeres para la promoción de mecanismos que aumenten la capacidad para la planificación y gestión eficaces en relación con el cambio climático (Naciones Unidas, 2015c).

Desastre y crisis como oportunidad de cambio

Una vez que el desastre ha ocurrido, el objetivo de las etapas posteriores no debe ser retornar a la situación previa, sino tomar la crisis como oportunidad para que se lleve a cabo una rehabilitación en la que las situaciones de vulnerabilidad sean reducidas, contribuyendo al desarrollo sostenible (Urgoiti y Rey, 2007). El contexto de crisis tras un desastre puede suponer una oportunidad para reducir las desigualdades de género, considerándolo como una ocasión para implicar a las mujeres como agentes de cambio. Contar con la participación de las mujeres, en condiciones de igualdad, en el trabajo de recuperación tras un desastre, puede favorecer la deconstrucción de estereotipos basados en el género. A su vez, no contar con la participación de las mujeres y las niñas en la reconstrucción supone el desperdicio del conocimiento y las capacidades de la mitad de la población (PNUD, 2010).

La gestión de desastres desde una perspectiva feminista requiere obtener información desagregada y analizarla de manera que las políticas, planes, programas y proyectos sean diseñados prestando atención a las distintas vulnerabilidades de mujeres y hombres, generadas a partir del género (América Latina Genera, 2014). Contribuye, por tanto, a identificar y analizar las causas del impacto diferenciado de los desastres en hombres y mujeres; ayuda a comprender mejor la situación de las poblaciones expuestas a una amenaza, a atender de manera más específica las necesidades y prioridades de mujeres y hombres, de niños y niñas y facilita el diseño de medidas más apropiadas y eficaces (Barbier et al., 2012). La gestión del riesgo con perspectiva feminista implica, así mismo, el acceso equitativo a los recursos, a los puestos de toma de decisión y a todos los espacios de gestión de los riesgos (América Latina Genera, 2014).

El presente artículo se ha extraído del Trabajo de Fin de Máster: Una mirada desde la perspectiva de género a los desastres naturales: el caso del Tifón Yolanda (Haiyan) en Filipinas, realizado en el Marco del XI Máster Propio en Género y Desarrollo, presentado en abril de 2016.

[2] En la Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres (Oficina de Naciones Unidas para Reducción de Riesgo de Desastres (UNISDR) 2009, pp. 28-29) la resiliencia es definida como: la capacidad de un sistema, comunidad o sociedad expuestos a una amenaza para resistir, absorber, adaptarse y recuperarse de sus efectos de manera oportuna y eficaz, lo que incluye la preservación y la restauración de sus estructuras y funciones básicas. La resiliencia de una comunidad con respecto a los posibles eventos que resulten de una amenaza se determina por el grado en que esa comunidad cuenta con los recursos necesarios y es capaz de organizarse tanto antes como durante los momentos apremiantes.

Bibliografía

América Latina Genera (2008). El riesgo de desastres y la inequidad de género: problemas no resueltos del desarrollo. Recuperado de http://www.americalatinagenera.org/toolkit/docs/enfoques/enf-riesgosalg.swf

América Latina Genera (2014). Desarrollo Sostenible. Gestión del Riesgo de Desastres. Recuperado de http://americalatinagenera.org/newsite/index.php/es/nuestro-trabajo/desarrollo-sostenible/39-gestion-del-riesgo-de-desastres-grd

Barbier, J.L.; Respighi, E.; Etchichury,L.; Moscardini, O.; Zaballa, C.; González, S.; Torchia, N.; Pallares, U.; Celeste, C.; Manchiola, J.I.; Fernández, S.; Ferrari, C.; Bonaldé, A.; Tomasini, D.; Bottino, G.; García, A.; Martorell, A.; Bruno, P. y Remes, S. (2012). Documento País 2012. Riesgo de Desastres en La Argentina. Recuperado de https://www.mininterior.gov.ar/planificacion/pdf/AS_13662310131.pdf

Naciones Unidas, (2015a). Convención Marco sobre el Cambio Climático. Aprobación del Acuerdo de París. Recuperado de https://unfccc.int/resource/docs/2015/cop21/spa/l09s.pdf

Naciones Unidas, (2015b). Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres (2015-2030). Recuperado de https://www.unisdr.org/files/43291_spanishsendaiframeworkfordisasterri.pdf

Naciones Unidas (2015c). Objetivos de Desarrollo Sostenible. Recuperado de https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/gender-equality/

Naciones Unidas (2017). Plataforma Global 2017 para la Reducción del Riesgo de Desastres. Recuperado de https://www.preventionweb.net/files/48240_gp17programmees.pdf

Oficina de Naciones Unidas para Reducción de Riesgo de Desastres (UNISDR) (2009). Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres. Recuperado de: http://www.unisdr.org/files/7817_UNISDRTerminologySpanish.pdf

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), (2010). Género y Desastres. Buró de prevención de crisis y recuperación. Nueva York: PNUD. Recuperado de: http://www.undp.org/content/dam/undp/library/crisis%20prevention/disaster/Reduccion-Genero.pdf

Sanz, C. y Tomás, R. (2013). Género y crisis humanitarias en América Latina y El Caribe. HAL archives ouvertes (1399-1409). Recuperado de https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00877337/document

Urgoity, A. y Rey, F. (2007). Cooperación Internacional, Obra Social La Caixa. Barcelona: Fundación La Caixa.

Verónica Pastor Fernández

El archipiélago filipino es propenso a los desastres naturales, que ocasionan importantes consecuencias socioeconómicas para el país. Entre los peores desastres que han agitado Filipinas, destaca el tifón Haiyan (localmente conocido como Yolanda), que en noviembre de 2013 golpeó el archipiélago con nivel cinco, el máximo de la escala Saffir-Simpson (OTC en Filipinas, 2013), dejando 6.300 víctimas mortales, 1.061 personas desaparecidas, 28.689 personas heridas, 4.095.280 desplazadas y 1.084.762 hogares destruidos (NDRRMC, 2014).

El impacto arrasador del tifón produjo además la destrucción de una exorbitante magnitud de infraestructuras públicas y privadas. Edificios, puentes, carreteras, instalaciones de comunicación, suministro de agua y electricidad, fueron destruidos, limitando los accesos y, en consecuencia, dificultando la respuesta humanitaria (Naciones Unidas, 2013).

No existe disponibilidad datos de las víctimas del tifón Yolanda desagregados por sexo, por lo que no se puede afirmar en este caso que el número de mujeres víctimas supere al de los hombres. La falta de datos desagregados implica la invisibilización del impacto diferenciado sobre mujeres y hombres.  En consecuencia, las acciones realizadas en la respuesta, rehabilitación y posterior recuperación tras el desastre no cuentan con toda la información necesaria para atender de manera específica las desigualdades de género.

A través de la intervención de distintas organizaciones no gubernamentales para el desarrollo (ONGD) y organismos internacionales en la respuesta al desastre, sí existe constancia respecto a determinadas transformaciones en las relaciones de género entre la población afectada tras el tifón.

Transgresión de roles de género

A raíz de Yolanda, muchas mujeres quedaron viudas, lo que les obligó a convertirse en las principales sustentadoras económicas de la familia. Los hombres retomaron sus roles tradicionales como jefes de hogar a pesar de que sus ingresos eran menores por las dificultades para encontrar medios para conseguir un salario. Con el tifón perdieron los instrumentos que empleaban para ganarse la vida: animales, barcos, etc.

Las mujeres, con el apoyo de los niños y niñas, continuaron con las tareas reproductivas para atender las necesidades, no solo de sus familias, sino de las comunidades. Además del desempeño de las tareas reproductivas, se dedicaron a la realización de labores que transgredían sus roles de género, como la carpintería o la limpieza de escombros. Los ingresos de los hombres eran inferiores por la dificultad para adquirir un sustento de vida, por lo que las mujeres diversificaron la búsqueda de formas de generar ingresos. En un primer momento, los hombres dudaron si las mujeres serían capaces de hacer trabajos de carpintería, pero la necesidad de reconstruir todo lo que el tifón había devastado no dejó lugar para los escepticismos (M. Guillermo, comunicación personal, 16 septiembre 2015).

No obstante, las posibilidades para hacer frente al rol productivo fueron más limitadas para las mujeres por la necesidad de conciliarlo con el trabajo reproductivo, lo que limitaba su movilidad, su tiempo y sus opciones. Además, el trabajo reproductivo se intensificó, entre otros factores, debido a que las casas y sus ubicaciones cambiaron radicalmente, especialmente para quienes vivían en refugios temporales (por las mayores distancias a los mercados, a los puntos de distribución de agua, etc.). Las múltiples responsabilidades necesariamente afectaban al acceso a oportunidades de educación, participación, producción y, sobre todo, bienestar (Novales, 2014).

La transgresión de roles de género durante la rehabilitación y reconstrucción tras el desastre solo se llevó a cabo por las mujeres, pero no a la inversa, siendo el trabajo de cuidados escasamente desempeñado por los hombres. Hubo, de hecho, dificultades para involucrar a los hombres en cuestiones de higiene y salud, dado que encontraban “gracioso” formar parte de iniciativas que consideraban fuera de sus cometidos, presentando una mayor resistencia para traspasar sus roles, y permaneciendo en la esfera productiva (Novales, 2014).

Participación asociativa

Tras el tifón Yolanda surgió un fuerte movimiento asociativo en las zonas afectadas, relacionado con la toma de conciencia de la importancia que tienen las redes sociales para el acceso a la información y a los recursos. En esta proliferación de asociaciones hubo una extraordinaria participación de mujeres, que desempeñaron un trabajo especialmente activo en la recuperación. Su participación les involucró en la obtención de ingresos para la comunidad y les dio la oportunidad de vivir nuevas experiencias, al entrar en un ámbito que anteriormente les estaba implícitamente vetado.

La participación de las mujeres en los espacios donde se desempeñan funciones de administración política y comunitaria ha sido muy importante para su empoderamiento. Sin embargo, también ha tenido importantes costes para ellas, dado que además de dedicarse al asociacionismo, siguieron encargándose del trabajo reproductivo, abordando las necesidades de cuidados de su familia. Así, la participación se convertía en una tarea añadida, dando lugar a una doble jornada o triple, en los múltiples casos de las mujeres que, como se ha descrito, comenzaron a trabajar además en el ámbito productivo.

La sobrecarga generada hacia las mujeres a causa de intervenciones en el desarrollo de las comunidades es el resultado de la aplicación del enfoque “Mujeres en el Desarrollo” (MED), implementado a partir de los años 70, con el objetivo de integrar a las mujeres en las estrategias de desarrollo, poniendo énfasis en su papel productivo. Este enfoque considera a las mujeres aisladamente y, por tanto, propone soluciones parciales, reforzando sus roles de género y sin cuestionar la división sexual del trabajo (De la Cruz, 1999).

La falta de cuestionamiento de las relaciones de poder supone perpetuar el rol reproductor de las mujeres debido a la falta de articulación entre los roles productivos y reproductivos.

Posteriormente, durante los años 80, surge el enfoque transformador “Género en el Desarrollo” (GED) como consecuencia del análisis de las relaciones entre mujeres y hombres, partiendo del reconocimiento de la posición subordinada de las mujeres. Este enfoque implica que las necesidades de las mujeres dejen de ser consideradas aisladamente para formar parte de un análisis de las relaciones de género en los hogares, las comunidades y las instituciones. Promueve, en consecuencia, la superación de las desigualdades estructurales (De la Cruz, 1999).

El fomento de la ruptura de los roles tradicionales de género es fundamental tras un desastre, pudiendo aprovechar la oportunidad para que las mujeres puedan ocupar espacios donde antes no participaban. Sin embargo, es importante asegurarse de que con ello no se incrementa drásticamente su carga de trabajo.

La ocupación de espacios públicos por parte de las mujeres debe hacerse en armonía con la ocupación por parte de los hombres del espacio reproductivo, para que las cargas de trabajo estén equiparadas. No se trata de invertir los roles de género, sino de redefinirlos, en la búsqueda de un contexto más justo y equitativo, aprovechando las situaciones de crisis para dejar de perpetuar las desigualdades. Para ello, es esencial dar visibilidad a las estructuras que hacen posibles esas desigualdades.

El presente artículo se ha extraído del Trabajo de Fin de Máster: Una mirada desde la perspectiva de género a los desastres naturales: el caso del Tifón Yolanda (Haiyan) en Filipinas, realizado en el marco del XI Máster Propio en Género y Desarrollo, presentado en abril de 2016.

Bibliografía

Barrantes, G. (2011). Desastres, desarrollo y sostenibilidad. Espacio Regional, 2, 8, pp. 15-24. Recuperado de https://www.researchgate.net/publication/274073220_DESASTRES_DESARROLLO_Y_SOSTENIBILIDAD

De la Cruz, C. (1999). Guía metodológica para integrar la perspectiva de género en proyectos y programas de desarrollo. Vitoria-Gasteiz: Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer. Recuperado de https://docplayer.es/194797-Como-ha-evolucionado-el-enfoque-de-mujeres-en-el-desarrollo-med-a-genero-en-el-desarrollo-ged.html

Naciones Unidas, (2013). Accountability to Affected Populations and Prevention of Sexual Exploitation and Abuse. Interagency Coordination to the Haiyan Typhoon Response. End of first mission report. Recuperado en: http://pseataskforce.org/uploads/tools/1387544518.pdf

National Disaster Risk Reduction and Management Council (NDRRMC), (2014). Updates the effects of Typhoon Yolanda. Recuperado de http://www.ndrrmc.gov.ph/attachments/article/1329/Update_on_Effects_Typhoon_YOLANDA_(Haiyan)_17APR2014.pdf

Novales, C. L. (2014). Haiyan Gender Snapshot. Quezon City: Oxfam. Recuperado de https://issuu.com/oxfamsapilipinas/docs/typhoon_haiyan_gender_snapshot_oxfa

Oficina Técnica de Cooperación (OTC) en Filipinas, (2013). Nota Informativa sobre la intervención de la Cooperación Española en la catástrofe causada en Filipinas por el tifón Haiyan (Yolanda), de noviembre de 2013. Documento no publicado. AECID, Manila.

Introducción

Las distintas líneas de pensamiento en torno al género y medio ambiente que se han sucedido en el tiempo: ecofeminismo; mujeres y medioambiente; género, medio ambiente y desarrollo sostenible; han logrado que la igualdad de género haya pasado a formar parte de las políticas ambientales, dando lugar a una compleja pero inexorable relación entre ambos enfoques. La incorporación de la perspectiva de género a la gestión medioambiental cuenta así mismo con un amplio marco legislativo internacional que le da cobertura.

A partir de la década de los noventa, diversas conferencias de las Naciones Unidas – la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro (1992), el Convenio sobre Diversidad Biológica (1992), la Convención Internacional de Lucha contra la Desertificación (1994), la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer de Pekín (1995), la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sustentable en Johannesburgo (2002), la Conferencia Mundial sobre la Reducción de Desastres en Hyogo (2005) y la posterior en Sendai (2015), la Cumbre de Clima en París (2015) — han reconocido el rol decisivo de las mujeres en la conservación y la gestión de los recursos naturales y la protección del medio ambiente, señalando la necesidad de garantizar su plena participación en la toma de decisiones, así como en la formulación y ejecución de políticas ambientales (Inmujeres, 2003).

En el año 2007 se creó la Alianza Global de Género y Clima (GGCA), a raíz de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático celebrada en Bali, dedicada a promover el fortalecimiento organizacional para asegurar que las políticas de cambio climático, las iniciativas y la toma de decisiones transversalizan la perspectiva de género (GGCA, s.f.).

No se puede negar que ha habido importantes reconocimientos y logros de carácter legislativo, derivados de una gran conciencia de la necesidad de eliminar las desigualdades de género en todos los ámbitos. Sin embargo, en el ámbito ambiental las mujeres se encuentran en una posición de desventaja, que limita su acceso a los recursos y dificulta su participación en las decisiones relativas a la gestión ambiental, pese a ser las principales proveedoras y administradoras de los recursos naturales en los hogares.

Antes de entrar en el análisis, conviene hacer la siguiente aclaración. Si bien en este artículo se hace referencia a hombres y mujeres, se ha de tener en consideración la pluralidad de personas y sin entender a las mujeres, hombres y otras identidades como grupos homogéneos. Así mismo, es imprescindible tener en cuenta los distintos factores de opresión que atraviesan a cada persona, además del género, como la etnia o la edad, y que posicionan a los individuos en distintos niveles de vulnerabilidad.

Acceso y control de los recursos

El género como principio organizador de la sociedad asigna a mujeres y hombres distintos roles y espacios, afectando a sus experiencias, intereses y habilidades para manejar los recursos naturales. Los roles de género intervienen en tanto que mujeres y hombres hacen un uso distinto de los recursos naturales, y a su vez, las posibilidades de preservar los recursos y regular las acciones en torno a estos también varían (Vázquez, 2003).

Más en detalle, como expone Vázquez (2003) a partir de Thomas-Slayter y Rocheleau (1995), el género determina el acceso y control sobre la tierra, el trabajo, las instituciones y los servicios, de manera que mujeres y hombres de distinta condición tienen diferentes responsabilidades, oportunidades y limitaciones en el manejo de recursos naturales tanto al interior del grupo doméstico como en la comunidad, lo que da lugar a distintos conocimientos sobre el ambiente.

En casi todo el mundo corresponde a los hombres el aprovechamiento comercial de los recursos naturales: pastoreo, pesca, explotación minera y extracción maderera y de diversos productos forestales; los beneficios, empero, no necesariamente llegan a los hogares. Las mujeres, por su parte, usan los bosques y otros recursos para obtener alimentos, plantas medicinales y combustible, e incluso para generar ingresos que invariablemente se destinan al sostén familiar; pero cuando llegan a emprender proyectos productivos, enfrentan —por mera razón de su sexo— serias dificultades para conseguir créditos, apoyos, programas, capacitación e insumos en general (Inmujeres, 2003, p. 7).

Más allá de considerar el distinto uso de los recursos, es preciso prestar atención a la forma en que mujeres y hombres de distinta condición se apropian de ellos, así como el poder o la falta del mismo que tienen sobre otras personas para controlar sus actividades (Vázquez, 2003). En algunos países[1], la única forma de acceder a la tierra por parte de las mujeres es a través de redes masculinas (marido, padre, hermano…). Según datos ofrecidos por la Base de Datos de Género y Derechos de la Tierra (GLRD) de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), la proporción de mujeres propietarias de explotaciones agrícolas a nivel mundial oscila entre el 0,8% (Arabia Saudí) y el 51% (Cabo Verde), con un porcentaje global del 12,8%[2]. De este modo, además del tipo de derechos y responsabilidades que mujeres y hombres tienen sobre un determinado recurso, se ha de considerar su capacidad de acción sobre el mismo.

Participación y toma de decisiones

El reconocimiento del saber y la experiencia de las mujeres como usuarias de los recursos naturales es clave para la sostenibilidad ambiental. La división de roles por sexo y el tipo de conocimientos que derivan de ello convierte a las mujeres necesarias en el manejo de proyectos ambientales.

Excluir a las mujeres de este proceso tiene como consecuencia el deterioro ambiental, por lo que “todo lo relacionado con las cuestiones ambientales precisa ser abordado desde la perspectiva de género, junto con la promoción de una ética medioambiental con tendencia hacia un uso sostenible de los recursos y un entorno más justo y equitativo” (Melero, 2011, p. 23).

La consideración de las mujeres como agentes ambientales supone su participación activa en los proyectos de manejo comunitario de recursos. Sin embargo, al igual que en la mayoría de los ámbitos, las mujeres son discriminadas y no tenidas en cuenta en los procesos ambientales a pesar de ser las principales administradoras de este tipo de recursos en base a las actividades domésticas y otras tareas reproductivas que realizan. Un problema frecuente es, así mismo, la apropiación de su trabajo, siendo consideradas como instrumentos y no como agentes de su propio desarrollo (Vázquez, 2003).

Aportes para la práctica

La construcción de soluciones a las problemáticas ambientales en conjunto con las mujeres requiere la generación de procesos más justos y equitativos en el acceso, uso y gestión de los recursos naturales, analizando la participación e implicación de mujeres y hombres, con el objetivo de identificar las brechas de género que se ocasionan en determinados contextos y realidades a nivel local, que impiden a las mujeres desarrollar sus potencialidades (Melero, 2011).

La siguiente tabla recoge una serie de criterios básicos para integrar la perspectiva de género en la gestión ambiental a través de las dos dimensiones expuestas (acceso y control de recursos, y participación y toma de decisiones):

Fuente: Elaboración propia a partir de Melero (2011) y AECID (2015)

Conclusiones

Las mujeres, como conocedoras, usuarias y consumidoras de los recursos naturales desempeñan una serie de funciones esenciales en el manejo de los mismos que deberían garantizar su participación de calidad en las decisiones relativas a la gestión ambiental. Sin embargo, la situación de desventaja en el acceso y especialmente el control de los recursos, dificultan su participación pese a contar con el soporte de un extenso marco internacional, junto con diversas estrategias conceptuales que ponen de manifiesto los vínculos entre género y medio ambiente.

La gestión ambiental con perspectiva de género supone visibilizar y reconocer el trabajo desempeñado por las mujeres (distinguiendo los diferentes aportes de mujeres y hombres), poniendo de manifiesto su capacidad para proponer mecanismos conducentes a la sostenibilidad ambiental. Supone, así mismo, propiciar relaciones más justas y complementarias, en pro de la igualdad de género.

Referencias bibliográficas

• Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). Guía de la AECID para la transversalización del Enfoque de Género (2015). Madrid: AECID. Recuperado de:  http://www.aecid.es/Centro-Documentacion/Documentos/Publicaciones%20AECID/GU%C3%8DA%20DE%20G%C3%89NERO.pdf
• Alianza Global de Género y Clima (GGCA), (s.f.). Recuperado de: http://genderandenvironment.org/actors/the-global-gender-and-climate-alliance-ggca/
• Inmujeres (2003). Equidad de género y medio ambiente. México: Inmujeres. Recuperado de: http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/100505.pdf
• Melero, N. (2011). La participación de la mujer en el acceso y gestión del agua. Una experiencia cubana. Anduli. Revista Andaluza de Ciencias Sociales, 10, 21-30. Recuperado de: file:///C:/Users/Usuario/Downloads/Dialnet-LaParticipacionDeLaMujerEnElAccesoYGestionDelAgua-3874061.pdf
• Vázquez, V. (2003). La gestión ambiental con perspectiva de género. El manejo integrado de ecosistemas y la participación comunitaria. Gestión y Política Pública, XII, (2), 291-322. Recuperado de: http://www.redalyc.org/pdf/133/13312204.pdf

Referencias web

• www.fao.org

[1] En algunos países las mujeres solo pueden acceder a las tierras a través de figuras masculinas de referencia. No obstante, las desigualdades de género en la propiedad de la tierra están presentes en todos los países.

[2] http://www.fao.org/gender-landrights-database/data-map/statistics/es/?sta_id=982

Universidad Complutense de Madrid 

Autora: Verónica Pastor Fernández