Escuela de Gobierno, Universidad Complutense de Madrid

Las desigualdades de género siguen suponiendo una barrera universalmente compartida en los procesos de desarrollo que impide que se logre un desarrollo que promocione y realice los Derechos Humanos. A lo largo de la historia se han llevado a cabo diferentes estrategias y políticas en función del abordaje de los aspectos sociopolíticos y estructurales para conseguir las transformaciones sociales deseadas. En concreto, el presente artículo se centra en cómo la interpretación del papel asignado a las mujeres en los procesos de desarrollo ha llevado a resultados más o menos transformadores bajo el objetivo de paliar las causas de las desigualdades y de la vulneración de sus derechos.

Primeros debates sobre la subordinación de las mujeres en las Conferencias de Naciones Unidas sobre la Mujer

Los primeros debates acerca de las consecuencias que tenían los procesos de desarrollo para las mujeres se plantearon en los años setenta del siglo pasado, con diferentes aportaciones de académicas y activistas del Norte y del Sur. Las diferentes visiones sobre la subordinación de las mujeres en el campo del desarrollo comenzaron a estar presentes en las primeras conferencias internacionales sobre la mujer de Naciones Unidas. En concreto, en 1975 se llevó a cabo la primera Conferencia Internacional de la Mujer en México con el lema “Igualdad, desarrollo y paz” que lanzó lo que se conoce como la Década de las Naciones Unidas para la Mujer (1975-1985). En 1979 se aprobó la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW). Este instrumento supone la primera ley internacional que obliga a los Estados firmantes a acabar con todas las formas de discriminación ejercida contra la mujer y a garantizar el ejercicio de los derechos humanos y las libertades. Después llegaría la segunda conferencia internacional en Copenhague en 1980, Nairobi en 1985 y, la última conferencia celebrada en Beijing en 1995 que ha marcado la línea de trabajo para conseguir la igualdad entre hombres y mujeres a través de asumir el empoderamiento y la transversalización de la perspectiva de género (mainstreaming) como estrategias a implantar en todas las políticas e instituciones.

A lo largo de las últimas décadas estas conferencias junto con el trabajo del movimiento feminista han contribuido a situar los derechos de las mujeres y la igualdad de género en la agenda de desarrollo global. A continuación, se presentan los diferentes enfoques que se han ido presentando en las intervenciones en materia de desarrollo.

Historia del Desarrollo en cuanto al papel asignado a las mujeres

Una de las debilidades de la teoría del desarrollo ha sido la manera de percibir y abordar el trabajo de las mujeres y su subordinación en los modelos de desarrollo.

Será también en la década de los setenta cuando empiece a cuestionarse desde la academia el rol de la mujer en el desarrollo. Es pionero el trabajo de Esther Boserup (1970), Woman´s Role in Economic Development que cuestiona el impacto de las políticas de desarrollo en el avance de las mujeres.

A lo largo de los años se han ido introduciendo críticas y aportes a las teorías del desarrollo desplegando distintas estrategias que reflejan cómo se ha interpretado y aproximado la problemática que enfrentaban las mujeres de bajos ingresos en los diferentes programas y políticas en el desarrollo de sus países (Zabala, 2010; García, 2009), siendo estas, bienestar, equidad, antipobreza, eficiencia y género en desarrollo:

• Estrategia de bienestar: origen después de la Segunda Guerra Mundial. Se entendía el papel de las mujeres como el grupo social vulnerable, se las presentaba como beneficiarias pasivas del desarrollo y cuyo único rol era el reproductivo (ser madres y encargarse del hogar). Conviene tener presente que la idea de desarrollo se fusionaba con crecimiento económico. Aquí se enmarcan programas de ayuda alimenticia, de salud, de planificación familiar, etc. el tipo de proyectos que excluyen a las mujeres del desarrollo y perpetúan su posición en la sociedad en su rol tradicional de madres y esposas. No identifica la desigualdad como un problema.

Durante los años 70 los estudios sobre desarrollo y las organizaciones de mujeres comienzan a preocuparse por la invisibilidad y la marginalidad de las mujeres en el campo del desarrollo. Gracias al citado trabajo de Esther Boserup se visibiliza su aportación a los procesos de desarrollo, es decir, su función también dentro de los trabajos productivos tradicionales como la agricultura y analiza el impacto negativo de entender a las mujeres solamente como amas de casa y a los hombres como la única fuerza productiva proveedora de ingresos.

Esta crítica a la invisibilización de las mujeres favoreció la aparición del enfoque Mujeres en Desarrollo (MED). Siendo precursor de incorporar la visión de género al desarrollo. Su principal objetivo es integrar a las mujeres en las estrategias de desarrollo, pone énfasis en mejorar su situación mediante el acceso al mercado de trabajo. Siguiendo lo planteado por Rodríguez (2017), según este enfoque se identifican tres aproximaciones:

• Estrategia de equidad (MED) (años 70): entiende que la integración de las mujeres al desarrollo pasa por su incorporación al mercado laboral. Y, con esto, conseguir un salario logrando así una mayor independencia económica que lo identifica con equidad.
• Estrategia antipobreza (MED) (años 80): su preocupación se centra en la pobreza de las mujeres, atribuyéndola a su falta de acceso al trabajo, a la propiedad de la tierra y al capital. Entiende que la feminización de la pobreza se debe al escaso crecimiento económico en los países en desarrollo y no a otros factores como la subordinación de género. Para ello propone una redistribución de los recursos productivos, lo que aumentaría el empleo y sus fuentes de ingresos lo que llevaría a una mejora de sus condiciones de vida.
• Estrategia de eficiencia (MED) (años 80-90): concibe la incorporación de las mujeres al desarrollo desde un punto de vista instrumental. Entiende que no es eficiente económicamente que la mujer no contribuya al sistema económico por no tener un trabajo. Asimismo, interpreta que cualquier progreso en cuanto a la situación económica de las mujeres (como su entrada al mercado laboral), tiene como resultado automático una mejora en el resto de áreas de su vida.

Durante los años siguientes, las críticas al enfoque MED fueron creciendo, para el final de la llamada Década de la Mujer de Naciones Unidas (1975-1985), el feminismo comenzó a tener mucha fuerza, visibilizó las limitaciones de los conceptos y enfoques para representar la realidad de las mujeres, manifestó las relaciones desiguales de poder entre mujeres y hombres, promovió la participación de estas en la esfera pública, buscó cambiar los modelos de convivencia y superar los roles tradicionales. Estas reivindicaciones fueron globales, pero las mujeres del Sur a través de la red internacional Development Alternatives for Women in a New Area (DAWN), elaboraron en esta línea, un nuevo paradigma alternativo: el enfoque de empoderamiento (finales de los años 70). El empoderamiento reconoce las relaciones de poder desigual en razón del género. Sitúa la subordinación de las mujeres en múltiples ámbitos[1] y, considera que varía en función de la raza, la clase social, la edad, la historia colonial y el país donde se viva (según la posición que este tenga en el orden económico internacional) (Rodríguez, 2017, p.64).

Como se ha presentado la perspectiva de empoderamiento supone un importante cambio con respecto al enfoque MED que cristaliza en el enfoque de Género en Desarrollo (GED) en la IV Conferencia Mundial sobre las Mujeres en Beijing[2]. Esta visión cuestiona las relaciones de poder entre mujeres y hombres, analiza la subordinación de las mujeres teniendo en cuenta sus posiciones vitales en cuanto a las oportunidades para participar en todos los ámbitos de la vida (social, mercado laboral, espacios de toma de decisiones, etc.). Busca superar la reproducción de los roles tradicionales asignados en el enfoque MED poniendo atención a las necesidades estratégicas para mejorar sus condiciones de vida y promoviendo su participación y empoderamiento para la igualdad (De la Cruz, 1998).

Por lo tanto, la adopción del enfoque GED ha supuesto el hito más importante de la institucionalización de las estrategias para lograr la igualdad de género y visibilizar las causas estructurales de la discriminación y la desigualdad. En la actualidad la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible reafirma este compromiso y supone un paso hacia adelante para posicionar la igualdad de género en el centro de la Agenda de Desarrollo. Ofreciendo en el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 5[3] una visión integral de las causas estructurales de la desigualdad.

Bibliografía:

De la Cruz, C. (1998). Guía Metodológica para integrar la perspectiva de género en proyectos y programas de desarrollo (pp. 25-30). Vitoria: EMAKUNDE. Recuperado de  http://www.emakunde.euskadi.eus/u72-publicac/es/contenidos
/informacion/pub_guias/es_emakunde/adjuntos/guia_genero_es.pdf

Rodríguez, I. (2017). De las mujeres al género en el desarrollo: mucho más que un cambio terminológico, en M. Carballo (coord.), Género y desarrollo: cuestiones clave desde una perspectiva feminista (pp.49-74). Madrid: Catarata e Instituto Universitario de Desarrollo y Cooperación.

Zabala, I. (2010). Estrategias alternativas en los debates sobre género y desarrollo. Revista de Economía Crítica, 9, 75-89. Recuperado de http://revistaeconomiacritica.org/sites/default/files/revistas/n9/4_Idoie_Zabala.pdf

[1] En la familia, la comunidad, el mercado y el Estado.

[2] Se celebró en septiembre de 1995, participaron más de 30.000 personas en el foro de organizaciones no gubernamentales y 189 gobiernos acordaron compromisos sin precedentes en favor de la igualdad de género, el desarrollo y la paz.

[3] El ODS5: Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas, se concreta en 9 metas específicas que recogen cuestiones relacionadas con la eliminación de todas las formas de violencia, la garantía de la participación plena y efectiva de las mujeres, la referencia a los cuidados y el trabajo doméstico no remunerados, fortalecimiento de leyes que promuevan la igualdad y el empoderamiento, etc.

Escuela de Gobierno, Universidad Complutense de Madrid

La resolución 1325 del 2000 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas reconoce por primera vez la necesidad de incorporar la perspectiva de género en los procesos de negociación de paz, así como garantizar la participación de las mujeres en dichos procesos.

Se ha comprobado que la participación de las mujeres en las negociaciones de paz suele suponer una garantía de mayor éxito, existiendo más posibilidades de que los acuerdos permanezcan en el tiempo. A día de hoy tan sólo el 22% de los acuerdos de paz incluyen disposiciones específicas sobre igualdad de género. Además, entre 1992 y 2019, las mujeres han liderado el 13% del total de negociaciones y firmado el 6% de los principales procesos de paz. (ONU Mujeres, 2021).

Si bien la resolución 1325 es un avance importante en la visibilidad y protagonismo de las mujeres en la toma decisiones en contextos de guerra, también ha sido criticada por el riesgo a ser instrumentalizada por las instituciones, centrando su discurso en medidas cuantitativas de representación, cuando las cuotas en sí mismas no son suficientes, siendo necesarias medidas que cuestionen las relaciones estructurales de poder.[1] Además, es significativo resaltar que la resolución no es vinculante a nivel jurídico, por lo que las herramientas de control y seguimiento son especialmente complejas. (Mesa, 2012).

Existen impactos diferenciales en los contextos de guerra, que dependen de factores como el género, el grupo étnico, la orientación e identidad sexual, la afinidad con un colectivo ideológico u otro, la capacidad económica, o el hecho de vivir en un entorno más rural o urbano, entre otros. En cuanto al género, es importante destacar que la violencia sexual y la apropiación del cuerpo de las mujeres son un instrumento de guerra habitual en los conflictos armados, que pueden ir desde la violación, la prostitución, el embarazo forzoso, la esterilización, la infección deliberada de enfermedades de transmisión sexual, etc. (Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, 2019; Mesa, 2012).

El objetivo de esta práctica es aterrorizar a la población, ejercer control directo sobre los cuerpos y territorios de las mujeres, así como generar rupturas y traumas personales y colectivos, que afecten tanto a una familia como a una comunidad entera (Mesa, 2012). No es hasta el año 2008 (Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas) cuando se reconoce la violencia sexual como estrategia común de guerra empleada en el contexto de los conflictos armados y un año más tarde cuando se crea la Oficina de la Representante Especial sobre la Violencia Sexual en los Conflictos (Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, 2009).

Acuerdo Final de Paz en Colombia

El conflicto armado en Colombia destaca por se especialmente complejo, en el que están implicados una serie de actores con multitud de matices. En términos generales, si bien no es posible determinar una fecha exacta, pues cuenta con antecedentes históricos que no se pueden separar de la propia historia del conflicto, se podría decir que este tiene lugar a partir del año 1960. Entre las principales características del conflicto se encuentran: el problema agrario y de la titularidad de las tierras; la falta de confianza democrática (destacar que hasta 1991 no se aprueba la Constitución del país), el narcotráfico, las influencias y presiones de políticas internacionales (EE.UU como “tutela política”) y la debilidad del Estado (especialmente en zonas rurales y alejadas de los centros del poder). En cuanto a los actores implicados, destacan los siguientes: las guerrillas (FARC, ELN, EPL, M19), el Estado y los paramilitares. Cabe señalar que las guerrillas han protagonizado más secuestros, ataques a los pueblos, atentados terroristas y minas antipersona; mientras que los paramilitares han llevado a cabo más acciones de masacre, asesinatos selectivos, y desapariciones. (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2013).

Los últimos datos disponibles en el Registro Único de Víctimas del gobierno colombiano recogen que, a día de hoy, existen un total de 9.123.123 víctimas. Entre los principales hechos victimizantes se encuentran: ataques terroristas, amenazas, delitos contra la libertad y la integridad sexual, desaparición y desplazamiento forzoso, homicidio, minas antipersona, secuestro y tortura. Las mujeres representan el 48,8% del total de víctimas, y hasta hoy se han contabilizado un total de 33.263 víctimas de delitos contra la libertad y la integridad sexual del conflicto armado, la mayoría de ellas mujeres. (Unidad para la atención y reparación integral para las víctimas, 2021).

Destacar que, tal y como recoge el informe general del Centro Nacional de Memoria Histórica (2013), entre el año 1958 y 2012, el 80% del total de víctimas mortales del conflicto (unas 180.000 personas) eran civiles.

El acuerdo de paz comenzó sus diálogos y negociaciones en la ciudad de Oslo el 18 de octubre de 2012 y continuaron en La Habana, siendo la ciudad el epicentro de la Mesa de Negociaciones. Finalmente, el 24 de noviembre de 2016 se firmó en Bogotá el acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera entre el gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) (Biblioteca del proceso de paz con las FARC‐EP, Presidencia de la Republica, Oficina del Alto Comisionado para la Paz, 2018).

El acuerdo cuenta con seis puntos clave:

1. Reforma Rural Integral;
2. Participación Política:
3. Apertura Democrática para Construir la Paz;
4. Fin del Conflicto;
5. Solución al Problema de las Drogas Ilícitas;
6. Acuerdo sobre las Victimas del Conflicto, Implementación, Verificación y Refrendación.

Tras la firma del acuerdo, se crea la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición (2020), como un mecanismo autónomo, independiente, extrajudicial y de carácter temporal cuyos propósitos clave son: contribuir al esclarecimiento de lo ocurrido, contribuir al reconocimiento de las víctimas y promover la convivencia con los territorios. Dentro de la comisión se recogen distintos enfoques específicos, que abarquen de manera transversal el impacto diferenciado del conflicto: étnico, de género, psicosocial, cultural, infancia y juventud, mayores y discapacidad.

De esta forma, el objetivo del enfoque de género es “evidenciar las formas diferenciales en que el conflicto afectó a las personas en razón de su género, orientación sexual e identidad de género” de cara a diseñar medidas de esclarecimiento, reconocimiento y responsabilidad, contando con las aportaciones de las entidades y movimientos de mujeres y colectivos LGTBI (Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, 2020).

En cuanto al acuerdo de paz, destacar que, en la mesa de negociaciones, las mujeres representaron el 46% de las participantes y el 60% de las delegaciones de víctimas que se desplazaron a La Habana para recoger los testimonios de las distintas partes implicadas (ONU Mujeres, 2018).

Es reseñable la influencia de los grupos de mujeres en lograr que el acuerdo incorpore la perspectiva de género como eje vertebrador, que incluye 100 medidas específicas que promueven la igualdad. Para el seguimiento de estas medidas, se pusieron a disposición distintos organismos encargados de evaluar su cumplimiento, entre ellos: la Instancia Especial de Mujeres para el Enfoque de Género en la Paz, ONU Mujeres, la Representante del Secretario General para la Violencia Sexual en el Conflicto, la Federación Democrática Internacional de Mujeres y la Embajada de Suecia. (ONU Mujeres, 2018).

Por otro lado, en el año 2014 se crea la Subcomisión de Género, que tiene como finalidad centralizar todos los asuntos en materia de derechos humanos de las mujeres y niñas y velar por la incorporación del enfoque de de género durante todo el proceso de elaboración del acuerdo. (ONU Mujeres, 2018).

El octavo informe de verificación de la implementación del Acuerdo Final de Paz en Colombia (Secretaría Técnica del Componente de Verificación Internacional, 2020), recoge que una de las mayores preocupaciones que atraviesa el país es el aumento de las masacres, amenazas y asesinatos a líderes y lideresas sociales, así como a defensoras de los derechos humanos y excombatientes de las FARC. De igual modo, persisten importantes limitaciones en el derecho a la protesta, que sigue estando fuertemente estigmatizada y reprimida por un uso desproporcionado de la fuerza pública. También se ha observado un incremento de la pobreza rural, agudizada tras la crisis de la COVID-19.

En cuanto al acuerdo de la reincorporación política, económica y social de los excombatientes de las FARC a la vida civil, el informe apunta a que existen dificultades administrativas y legales para su adecuado cumplimiento.

Por otro lado, el informe recoge que se mantienen los enfrentamientos entre los grupos armados en los territorios, lo que se traduce en amenazas, desplazamientos forzosos, reclutamientos, etc. Además, persisten las economías ilegales (en especial el narcotráfico y la minería ilegal), marcadas por la violencia y obstaculización de los acuerdos. En concreto, han aumentado los cultivos ilícitos de cocaína y los habitantes han denunciado la ausencia de políticas de sustitución de cultivos.

El cuarto informe de verificación de la implementación del enfoque de género en el Acuerdo Final de Paz en Colombia (2020), aboga por incorporar una perspectiva interseccional de las violencias basadas en el género, que incluya a la infancia y adolescencia, a personas LGTBI, hombres víctimas de violencia sexual, grupos étnicos y excombatientes. Resaltan la importancia de avanzar en la transformación de las masculinidades bélicas o militarizadas en el proceso de reincorporación a la vida civil”.

El informe (2020) señala que, pese a los avances, existen importantes vacíos y limitaciones en la implementación de los acuerdos con enfoque de género. Por un lado, señalan que la recopilación de datos y estadísticas no vienen desagregados por sexo, orientación e identidad sexual y pertenencia étnico-racial. Afirman que no se están aplicando medidas afirmativas hacia las mujeres dentro del plan de reforma rural, ni se está teniendo en cuenta, entre otras cosas, la influencia de los roles de género en la reincorporación social de las mujeres que han sido guerrilleras (si bien la mayoría son hombres). Por otro lado, animan a que se visibilice y profundice en la investigación sobre la violencia sexual contra los hombres dentro de los grupos armados y contra la infancia y adolescencia. El informe reivindica también que se preste más atención a las peculiaridades de las desapariciones forzosas en el caso de mujeres y personas LGTBI.

El informe final de Instancia Especial de Mujeres para el Enfoque de Género en la Paz (2019) realizó un balance de la implementación del enfoque de género en el acuerdo de paz, donde concluye que, si bien el género era un eje central del acuerdo, este se ha ido desdibujando, limitando las acciones específicas con mujeres y población LGTBI que no incorporan indicadores de impacto en su diseño.

Un informe emitido por el Consejo de Seguridad de la ONU sobre violencia sexual relacionada con los conflictos (2019), apunta a que en Colombia existen en la actualidad situaciones enmarcadas dentro del conflicto armado que suponen una vulneración de los derechos humanos de las mujeres y las niñas, que siguen sufriendo violencia sexual en sus territorios. Además, señala que los mecanismos de denuncia y visibilidad de estos casos son deficitarios y complejos. Por ello, se insta al gobierno colombiano a velar por los derechos de las mujeres y cumplir con las resoluciones firmadas.

Es relevante destacar el trabajo de la Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad (LIMPAL COLOMBIA, 2021), organización que se define como “feminista, pacifista y antimilitarista” que lleva más de 20 años trabajando en el terreno por la construcción de la paz, la implementación de la Resolución 1325 y los derechos de mujeres y niñas en el marco del conflicto armado colombiano. Forman parte del movimiento Women´s International League For Peace and Freedom (WILPF), reconocida organización internacional de mujeres pacifistas.

Se han dado avances importantes en la agenda de las mujeres, paz y seguridad y existen herramientas legislativas que en un principio parecen bien definidas, así como un discurso político e institucional aparentemente comprometido. Aún así, persisten dificultades estructurales que ayuden a esclarecer, denunciar y reparar los casos de vulneración de derechos de las mujeres en los contextos de conflicto, y predomina una falta de voluntad política real, que no hacen posible un cambio en la vida de las mujeres de manera significativa.

En el caso de Colombia, a pesar de la firma del acuerdo de paz en el año 2016, el conflicto armado sigue estando presente en la sociedad y en los territorios más golpeados tradicionalmente, adquiriendo nuevas formas y estrategias de violencia. Es especialmente importante tener en cuenta el impacto diferenciado del conflicto y en concreto en las mujeres, para lo cual se han creado distintos mecanismos de control y seguimiento de la implementación de los acuerdos.

Por todo ello, tal y como se reivindica desde distintos espacios de lucha y reivindicación de las zonas que sufren las consecuencias del conflicto armado, los desplazamientos forzosos, la violación de los derechos humanos y el expolio de sus tierras, es importante recordar que: “Ni la tierra ni las mujeres somos territorios de conquista”[2].

Bibliografía

Biblioteca del proceso de paz con las FARC‐EP. Presidencia de la República, Oficina del Alto Comisionado para la Paz. (2018). Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. Oficina del Alto Comisionado para la Paz (coordinador editorial). Recuperado de https://www.jep.gov.co/Documents/Acuerdo%20Final/Acuerdo%20Final.pdf

Centro Nacional de Memoria Histórica. (2013). ¡Basta Ya! Colombia: memorias de guerra y dignidad. Resumen. Bogotá: Imprenta Nacional de Colombia.

Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición. (2020). ¿Qué es la Comisión de la Verdad?. Disponible en https://comisiondelaverdad.co/la-comision/que-es-la-comision-de-la-verdad

Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. (2000). Resolución 1325 (2000) Aprobada por el Consejo de Seguridad en su sesión 4213a, celebrada el 31 de octubre de 2000. Recuperado de https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2006/1759.pdf?file=fileadmin/Documentos/BDL/2006/1759

Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. (2008). Resolución 1820 (2008) Aprobada por el Consejo de Seguridad en su 5916a sesión, celebrada el 19 de junio de 2008.  Recuperado de https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2011/8217.pdf

Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. (2019). Informe del Secretario General del 29 de marzo de 2019 sobre “Violencia sexual relacionada con los conflictos.” S/2019/280. Recuperado de https://www.un.org/sexualviolenceinconflict/wp-content/uploads/2019/12/report/violencia-sexual-relacionada-con-los-conflictos-informe-del-secretario-general-s-2019-280-spanish/ESP.pdf

Instancia Especial de Mujeres para el Enfoque de Género en la Paz. (2019). Enfoque de género y paz territorial: Balance a tres años de la firma del Acuerdo de Paz. Recuperado de http://www.codajic.org/sites/www.codajic.org/files/Informe-final-Instancia-Especial-de-Mujeres-para-el-Enfoque-de-G%C3%A9nero-en-la-Paz.pdf

LIMPAL COLOMBIA. (2021). Sobre nosotras. Disponible en: https://www.limpalcolombia.org/es/limpal-colombia/sobre-nosotras

Mesa, Manuela. (2012). Mujeres y construcción de paz: Balance y retos pendientes.  Pensamiento Propio. Publicación Trilingüe de Ciencias Sociales de America Latina y El Caribe: Prevención de conflictos, paz y seguridad: Avances conceptuales, experiencias y lecciones aprendidas (nº 30), 189-218.  Recuperado de http://www.cries.org/wp-content/uploads/2013/03/36.pdf

ONU Mujeres. (2021). En la mira: Mujeres, paz y poder. Disponible en: https://www.unwomen.org/es/news/in-focus/women-peace-security

ONU Mujeres. (2018). 100 medidas que incorporan la perspectiva de género en el acuerdode paz entre el gobierno de Colombia y las FARC-EP para terminar el conflicto y construir una paz estable y duradera. Recuperado de https://www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20colombia/documentos/publicaciones/2017/10/internas%20farc-ep.pdf?la=es&vs=4845

Secretaría Técnica del Componente de Verificación Internacional. (2020).                                                                        Octavo  informe de verificación de la implementación del Acuerdo Final de Paz en Colombia. Recuperado de https://www.verificacion.cerac.org.co/wp-content/uploads/2021/02/Octavo-Informe-de-Verificacion-Secretaria-Tecnica.pdf

Secretaría Técnica del Componente de Verificación Internacional. (2020). Cuarto informe de verificación de la implementación del enfoque de género en el Acuerdo Final de Paz en Colombia. Recuperado de https://www.cinep.org.co/Home2/images/2020Noticias/V2.%20Cuarto%20Informe%20de%20Ge%CC%81nero.pdf

Unidad para la atención y reparación integral para las víctimas. (2021). Registro Único de Víctimas. Disponible en https://www.unidadvictimas.gov.co/es/registro-unico-de-victimas-ruv/37394

[1]Por ejemplo, se ha observado que las negociaciones de paz también están determinadas por los estereotipos de género, ya que en muchas ocasiones se tiende a otorgar tareas secundarias a las mujeres que tienen que ver con el rol de cuidadoras o con tareas de carácter más asistencial (Mesa, 2012).

[2] https://airelibre.fm/ecofeminismo-ni-las-mujeres-ni-la-tierra-somos-territorios-de-conquista/

María Jesús González Sanz

Escuela de Gobierno, Universidad Complutense de Madrid

Las feministas han tratado de descubrir las injusticias y nombrarlas, de cuestionar el orden establecido y quienes se benefician de él. El feminismo como teoría y práctica surge en la época de la Ilustración europea (siglo XVIII), cuando comienza a hacerse preguntas impertinentes que cuestionaban el “orden natural de las cosas”: ¿Por qué los derechos solo corresponden a los varones?, ¿dónde están las mujeres?, ¿por qué se las excluye?, ¿qué supone el hecho de ser mujer? Los diversos discursos y propuestas feministas han desarrollado y siguen aportando material suficiente como para articular discursos políticos basados en la justicia que permitan tomar conciencia de las discriminaciones que enfrentan las mujeres y tomar parte para cambiarlas. En el presente artículo, se presenta, en primer lugar, la importancia de tomar consciencia de los discursos y hechos que construyen el binarismo masculino/femenino, posicionando relaciones de poder, desigualdades y privilegios. Y, en segundo lugar, cuestionar cómo se articula el poder alrededor de las relaciones sociales. Por último, se realiza una breve reflexión sobre las diferentes experiencias con respecto al poder o a la ausencia de poder reflejadas en los roles normalizados y asignados a hombres y mujeres.

Lo indispensable para comenzar: tomar consciencia de género.

El enfoque de género cuestiona la relación entre hombres y mujeres establecida en la sociedad bajo patrones culturales que justifican la desigualdad y la subordinación de la mujer dentro de este sistema de relaciones sociales. De la misma forma, el enfoque de género es una propuesta de transformación de la sociedad, una revisión de cómo las relaciones entre hombres y mujeres se han desarrollado bajo un patrón de poder discriminatorio hacia las mujeres y personas discriminadas en función de diversos factores como pueden ser la raza, clase, diversidad funcional, etc.

Desde la segunda mitad del siglo XX, las académicas feministas[1] han elaborado el marco teórico donde situar la desigualdad de las mujeres, insistiendo en que las diferencias físicas entre los sexos -lo corporal, lo social, lo psíquico y lo histórico-, no justifican la desigualdad social entre mujeres y hombres. Desde el pensamiento teórico, se trataba de evidenciar que lo biológico[2] no es lo determinante, sino que las identidades simbólicas asignadas a mujeres y hombres en la organización de la vida social, al ser culturales, no son fijas, son variables y pueden ser transformadas.

En este sentido, Marta Lamas (1999, p.161) define la lógica del género como la “división simbólica de los sexos, partiendo de una oposición binaria: lo propio del hombre y lo propio de la mujer. Esta definición contribuye ideológicamente a establecer lo esencial de la feminidad y de la masculinidad”. La interpretación de esta lógica de género y sus reglamentaciones es lo que nos hace mujeres u hombres, así, “la asignación de género, implica atribuir a las mujeres un lugar distinto del que ocupan los hombres, cosa en la que no interviene su voluntad, se toma como natural” (María Jesús Izquierdo 2004, p. 132). Esta lógica social del género construye ideas y valores que pautan determinadas conductas en la sociedad, entrañando relaciones de poder, desigualdades y privilegios. Es decir, los hombres y mujeres se configuran conforme a un reparto de responsabilidades y posiciones, lo que condiciona su forma de desarrollo en los diferentes ámbitos de la vida.

Enfoque de género cuestionador de las relaciones de poder

El análisis crítico de la perspectiva de género sobre los diferentes patrones culturales asignados a hombres y mujeres comprende inevitablemente una crítica de la cultura del poder presente en la sociedad. El poder es uno de los temas más difíciles de abordar, Foucault (1992) establece que el poder es una relación social que opera en todos los ámbitos de la sociedad, desde las relaciones interpersonales hasta las instituciones del Gobierno. Como indica Isabel Rauber (2003), el poder no reside en una institución determinada, si no que actúa gracias a factores socioculturales y económicos que se presentan en la sociedad a través de diferentes medios y mecanismos que invisibilizan acciones de dominación, de poder. Haciendo que parezca natural la reproducción del poder dominante (roles masculinos) por la costumbre en los comportamientos del conjunto de la sociedad.

El poder está presente en todas las relaciones sociales y adopta diversas formas (económico, político, social o cultural), es multidimensional y depende de cada contexto. Las personas experimentamos distintas dinámicas de poder dependiendo de características sociales o identidades asignadas en base a cuestiones de género, raza, clase, orientación sexual, capacitismo, religión, etc… Es por esto que en función del contexto podemos experimentar privilegios y subordinaciones simultáneamente. Por ejemplo, en cualquier parte del mundo una mujer dirigente de una empresa, muy respetada y reconocida en su profesión, podría sufrir abuso doméstico en su hogar. (JASS, 2008).

Las feministas han categorizado las diferentes expresiones de poder, para entender mejor las fuentes de subordinación y desigualdad que operan en todas las sociedades. Estas expresiones de poder pueden ser tanto negativas (“poder sobre”) como positivas (“poder entre”, “poder para” y “poder interior”). El “poder sobre” es la forma más conocida del poder, se produce cuando se ejerce dominio sobre otros/as, concede privilegios a ciertas personas (acceso a recursos, participación, reconocimiento, etc.) mientras margina a otras (se les niega acceso y control a recursos, se ven obligados/as a ceder parte de su poder). Este tipo de poder perpetúa la desigualdad, la injusticia y la pobreza. Sin embargo, hay otras formas positivas de articular el poder que conllevan a la transformación de este “poder sobre”. En primer lugar, el “poder entre” tiene que ver con trabajar de manera colectiva, crear una base común para conseguir valores y visiones comunes. En segundo lugar, el “poder para” alude a la capacidad que cada persona tiene para desarrollar su vida, abriendo posibilidades a la acción conjunta. Por último, el “poder interior”, tiene que ver con la autoestima, la conciencia, el autocuidado, la confianza, es la capacidad de imaginar y tener esperanza (JASS, 2008).  

Mujeres: poder y voz.

Observar las diferentes experiencias con respecto al poder o a la ausencia de poder reflejadas en los roles normalizados y asignados a hombres y mujeres puede ayudar a entender las importantes estructuras culturales que legitiman la exclusión de las mujeres.

Mary Beard (2018) en su libro “Mujeres y Poder” reflexiona sobre el poder y la voz pública de las mujeres. Es preciso señalar que la visión de poder presentada, en esta obra, es una aproximación limitada y centrada en la representación política femenina e identificada con el prestigio público. Beard realiza una reflexión interesante sobre cómo (en Occidente) hemos aprendido a mirar a las mujeres que ostentan cargos de poder “¿Cómo y por qué excluyen a las mujeres las definiciones convencionales de poder que llevamos a cuestas?” (p.58). Aunque es un hecho que en la actualidad hay más mujeres en “puestos de poder” que en años atrás, se evidencia que las mujeres son percibidas como individuos ajenos al poder. En este sentido bastaría con analizar las metáforas en torno al acceso al poder por parte de las mujeres: “romper el techo de cristal”, “llamar a la puerta”, “darles un empujón”, etc. Como indica Beard, “es habitual pensar que las mujeres que ocupan cargos de poder están derribando barreras o apoderándose de algo a lo que no tienen derecho” (2018, p.60).

Es importante la forma en la que se entiende el poder. Si atendemos a la esfera política, el poder se presenta como algo elitista, asignado al carisma individual y al alcance de unos pocos (en su mayoría hombres) que lo pueden poseer y ejercer. Bajo esta premisa, las mujeres quedan excluidas del poder al tratarse de una estructura codificada como masculina. Para revertir esta lógica patriarcal sería necesario articular el poder bajo premisas que den posibilidades a relaciones y estructuras más equitativas y que transformen las conductas que mantienen a las mujeres en los márgenes.

Otro centro importante de poder donde las mujeres están aisladas y silenciadas sería el de la voz pública. El discurso público y la oratoria aparecían como habilidades que definían la virilidad y la masculinidad como género. Como afirma Mary Beard “una mujer que hablase en público no era, en la mayoría de los casos y por definición, una mujer”. Por suerte nuestro sistema político-social actual ha desmontado muchas de las convicciones de género de la Antigüedad, pero no dejamos de ser herederos/as de una tradición de discurso de género que marca todavía nuestras tradiciones de debate y discurso público. Estos tipos de análisis dan cuenta de la necesidad de sensibilizarnos sobre cómo hemos llegado a crear y a entender esta “voz de autoridad”.

Es necesario repensar el poder en términos menos masculinos, tomar consciencia sobre cómo hablamos en público y creamos las “voces de autoridad”, las “voces de poder”. Aprender a construir nuevos caminos de poder, más equitativos, que cuestionen las relaciones de poder entre hombres y mujeres y, desde ahí, configurar nuevas significaciones de ser mujeres y hombres. Es decir, nuevas formas de relaciones entre ambos sin que pasen por la subordinación de ninguno (Isabel Rauber, 2003).

El feminismo intenta poner luz de justicia en los grandes paradigmas (democracia, poder, desarrollo económico, familia, justicia, etc…) desarrollados sin las mujeres o a costa de ellas, con el propósito de que los seres humanos sean lo que quieran ser y vivan como quieran vivir, sin estar condicionados por unas determinadas pautas y roles en función del sexo con que hayan nacido.

Bibliografía:

Beard, Mary (2018). Mujeres y Poder. Barcelona: Planeta.

Foucault, Michel (1992). Microfísica del poder. Buenos Aires: Siglo Veintiuno Editores Argentina S.A. Edición 2019.

Izquierdo, María Jesús (2004). Sistema sexo/género. Formación y acreditación en consultoría para la igualdad de mujeres y hombres, 111-143.

JASS-Asociadas por lo Justo (2008). Conceptualizando el poder para avanzar la justicia y la equidad. Haciendo que el cambio sea una realidad: El poder. HIVOS, 3.

Lamas, Marta (1999). Usos, dificultades y posibilidades de la categoría género. Papeles de Población, 21, 147-178.

Rauber, Isabel (2003). Género y Poder: Ensayo Testimonio. Uma, Parte 1. Recuperado de: https://cronicon.net/paginas/Documentos/No.38.pdf

[1] Simón de Beauvoir fue la precursora de este enfoque. Publicó en 1949 su libro “El Segundo Sexo”, suponiendo un estudio totalizador de la mujer en Occidente, donde afirma que la opresión de la mujer no se debe a factores biológicos, psicológicos o económicos.

[2] El reduccionismo biológico supone recurrir a la Naturaleza para explicar las diferencias entre hombres y mujeres, apelar a la biología (rasgos físicos, genes y hormonas) para justificar dichas diferencias, reduciéndolas a los caracteres sexuales primarios. Negando así la diversidad individual afectada por circunstancias y relaciones que nos rodean, que son asimismo producto nuestro. Un ejemplo de reduccionismo biológico es el libro de Helen Fisher (2000), El primer sexo. Las capacidades innatas de las mujeres y cómo están cambiando el mundo.

Escuela de Gobierno, Universidad Complutense de Madrid

Con la llegada de la pandemia global provocada por la COVID-19 se ha evidenciado uno de los temas centrales de debate del movimiento feminista: que el sistema socioeconómico actual pone a los mercados capitalistas en el centro en lugar de a la propia vida, inhibiendo la responsabilidad colectiva para su sostenimiento. El colapso de los sistemas sanitarios y el miedo por la supervivencia, sobre todo de las personas mayores, ha sacado a la luz los trabajos de cuidados no remunerados. La expansión del virus ha mostrado que los trabajos de cuidados son imprescindibles para nuestra supervivencia y que el sistema socioeconómico actual no los reconoce y minusvalora. De manera tradicional, la economía “oficial” se ha preocupado solamente por los procesos que tienen que ver con la acumulación de capital (capitalismo): trabajo remunerado, mercados (producción de bienes y servicios, financieros), industrialización, etc. Dejando al margen todas las actividades de sostenibilidad de la vida humana. Una de las primeras autoras en utilizar el concepto de sostenibilidad de la vida (al menos en el contexto español) fue Cristina Carrasco (2001). Este concepto implica múltiples dimensiones que tienen que ver con la satisfacción de las necesidades de las personas (cuidados, interdependencia y ecodependencia) y permite darnos cuenta que esta lógica de los cuidados entra en contradicción con la lógica del capitalismo (máximo beneficio monetario privado) ya que tienen ritmos y exigencias muy diferentes.

Desanclar miradas de los mercados: la perspectiva feminista

En consecuencia, se hace necesario explicar el sistema socioeconómico con una perspectiva feminista que nos permita visibilizar todo lo que se queda al margen. Como indica Amaia Pérez (2019) la economía feminista[1] denuncia que el paradigma neoclásico económico se asienta sobre profundos sesgos androcéntricos, no se consideran a las mujeres presentes en la economía considerada productiva ni se tiene en cuenta el ámbito de la reproducción. Asimismo, la economía ecológica también acusa a este paradigma por ser antropocéntrico: considera la naturaleza como un input más dentro del objetivo de generar riqueza, imponiendo un modelo extractivista y medioambientalmente insostenible.

La economía feminista utiliza la metáfora del iceberg para explicar y mostrar la totalidad del sistema económico. En la parte emergente del iceberg se sitúa lo que la economía neoclásica ha monetizado, es decir, el “trabajo productivo” formado por las estructuras y las instituciones del sistema capitalista: mercado financiero, empresas, clase trabajadora[2], bancos, mercados, bolsa de valores, Estado, etc. Esto es la esfera visible masculinizada porque implica transacciones monetarias, visión asentada en la idea reduccionista de identificar que economía es igual a dinero y trabajo es por aquello que te pagan. Por su parte, en la parte sumergida, oculta del iceberg, se ubican las actividades del “trabajo reproductivo” que tienen que ver con los procesos que hacen posible la vida: los recursos de la naturaleza, lavar, cocinar, cuidado de personas dependientes (enfermos/as, niños/as y personas mayores), disposición sexual y afectiva, reproducción, etc. Se trata de trabajos no monetizados (y feminizados), por lo tanto, invisibles para el sistema económico capitalista hegemónico. Esta metáfora ayuda a entender los argumentos más relevantes de la economía feminista, entre los que destacan estos tres aspectos: la visibilización de las esferas económicas ocultas a manos de las mujeres; la necesidad de esta base del iceberg oculta para que la estructura se mantenga y la total dependencia de las dos partes del iceberg (en este sistema una no puede existir sin la otra). Si medimos este iceberg en términos de tiempo de trabajo, dejando atrás la lógica de medición monetaria, la base es mucho más grande que la parte visible y en “términos de vida” mucho más relevante, ya que es la responsable de asegurar lo más básico, de sostener la vida (Amaia Pérez, 2006).

El conflicto capital vida: cuando el virus se atraviesa en el sistema

Por lo tanto, el virus ha operado como detonante de lo que el Movimiento Feminista lleva denunciando desde hace mucho tiempo, que el objetivo social deberían ser las personas y no el capital, es decir, posicionar a los cuidados como el eje vertebrador de una nueva economía (Cristina Carrasco, 2013). Esta pandemia ha evidenciado (más si cabe) cuáles son las condiciones o actividades que posibilitan la vida, esto es, lo que no se ha podido parar cuando todo lo demás se ha parado. Rompiendo el perverso mito de la      autosuficiencia, es decir, todas las personas somos vulnerables y necesitamos de cuidados todos los días, somos seres interdependientes, necesitamos de los demás para poder desarrollar nuestra vida.

La lucha feminista ha denunciado históricamente que la responsabilidad de sostener la vida está privatizada, feminizada e invisibilizada. Siendo el propio sistema económico capitalista el que exige un modelo de mercantilización de la vida que se sostiene gracias al desarrollo de un modelo de socialización bajo unas pautas de género. Basándonos en la argumentación realizada por María Jesús Izquierdo (2003) en su estudio sobre la socialización del cuidado, expone que bajo este modelo se construye una subjetividad femenina y masculina con rasgos sexistas apuntalados en la división sexual del trabajo, donde las mujeres están caracterizadas por un cierto tipo de rasgos (mayor conexión con los demás, mayor disposición a satisfacer las necesidades ajenas, más sensibles a las necesidades de cuidados) y los hombres por otros (visión centrada en la provisión, eliminación de obstáculos y protección de los más débiles). Estas subjetividades cómplices justifican una división sexual del trabajo configurada dentro de la metáfora del iceberg, donde los aspectos en torno al cuidado ponen a las mujeres en una situación de explotación, puesto que “aportan un trabajo que no las beneficia, ni es reconocido, y que fortalece la posición social y política de quienes se benefician del mismo”.

En definitiva, la pandemia provocada por el brote del COVID-19 revela una parte importante de la lucha histórica acumulada por el movimiento feminista. En primer lugar, pone en crisis al sistema porque, como no puede ser de otra manera, la vida se impone y se necesitan urgentemente los trabajos que son necesarios para poder vivir, como, por ejemplo, el trabajo en hospitales (médicos, médicas, personal de enfermería, personal de limpieza, de cocina, personal de residencias de ancianos o personas en situación de dependencia…), pero dejamos por nombrar aquí muchos otros trabajos esenciales que hasta ahora el sistema ha invisibilizado. En segundo lugar, esta crisis ha demostrado que cuando los cuidados entran a formar parte de las lógicas lucrativas del sistema capitalista surgen los problemas porque no resultan rentables (suponen un alto coste para este modelo económico). Por lo tanto, es el momento de plantearse otras formas de actuación entre lo público y lo social-comunitario. Finalmente, muestra que los trabajos que permiten la vida no son reconocidos por el sistema, tienen un menor valor de mercado y se encuentran altamente feminizados y racializados.

Bibliografía:

Carrasco, Cristina (2001). La sostenibilidad de la vida humana: ¿un asunto de mujeres? Mientras Tanto, 82, 43-70.

Carrasco, Cristina (2013). El cuidado como eje vertebrador de una nueva economía, Cuadernos de Relaciones Laborales, 31(1), 39-56.

Izquierdo, María Jesús. (2003). Del sexismo y la mercantilización del cuidado a su socialización: hacia una política democrática del cuidado. Cuidar cuesta: costes y beneficios del cuidado, 121-133.

Pérez, Amaia (2006). Perspectivas feministas en torno a la economía: el caso de los cuidados (1ª ed.). Madrid: Consejo Económico y Social.

Pérez, Amaia (2019). Subversión feminista de la economía. Aportes para un debate sobre el conflicto capital-vida (4ª ed.). Madrid: Traficantes de Sueños Mapas.

[1] Dentro de lo que se ha considerado como “economía feminista” hay una pluralidad de miradas sobre la economía, pero todas ellas tienen como punto de partida el descubrimiento del otro oculto, es decir, la denuncia de la construcción del sistema económico sobre la ausencia de las mujeres. Amaia Pérez (2019) distingue tres corrientes de pensamiento económico feminista: economía de género (no cuestiona el capitalismo, visión incompleta de las actividades económicas: “añada mujeres y revuelva”), economía feminista integradora (visibiliza la parte oculta del capitalismo y la interrelación entre ambas partes) y economía feminista emancipadora (propone una mirada transversal, poner el foco en la “sostenibilidad de la vida”, es decir, descentrar los mercados).

[2] Dentro de esta metáfora se identifica a la clase trabajadora como el “trabajador champiñón”: persona que llega a su puesto de trabajo lavada, comida y planchada, lista para preocuparse solamente de producir. Es decir, aparece “espontáneamente” con las necesidades básicas de vida resueltas y su trabajo invisibiliza todo lo demás necesario para la vida.

Sergio Moreno Ríos

Una República para la igualdad

“Los derechos de las mujeres son derechos humanos (…), su dignidad es igual a la de los hombres” (Duarte, 2007). Guiado por este pensamiento, Amílcar Cabral, máximo dirigente de la lucha por la liberación del pueblo guineano y caboverdiano, enalteció la participación de las mujeres superando la visión utilitarista que, en aquel momento, imperaba la movilización de todos los estratos y segmentos de la población en aras a la emancipación nacional. De este modo, el Partido Africano para la Independencia de Guinea y Cabo Verde (PAIGC) fue fundado en 1956 bajo la inspiración del pensamiento de un revolucionario que guionizaba “la igualdad de la ciudadanía bajo la ley sin distinción de sexo” para el igual disfrute “de derechos en la familia, en el trabajo y en la arena pública” (Duarte, 2007).

Su compromiso sincero le llevo a afirmar que “las mujeres no necesitan del favor de nadie… Necesitan justicia social, pues sobre la base de la justicia conquistarán lo que realmente les es propio por derecho”. Particularmente, encuentro en este pionero enfoque de derechos – extremadamente atrevido para su época –  el germen que permitió enraizar el ideal de la igualdad y la libertad femenina como uno de los fines constituyentes propios de una saliente república caboverdiana que, de acuerdo con la academia, brotó con mayor facilidad que en otras naciones africanas debido, principalmente, a los tres siguientes factores (Monteiro, 2009):

1. La irrisoria existencia de usos consuetudinarios que contrariaban la igualdad de derechos por razón de género, tales como la mutilación genital femenina, la poligamia forzosa o el matrimonio concertado.
2. El empleo y lectura del discurso cristiano desde postulados que acentuaban los principios de dignidad e igualdad entre los seres humanos en una sociedad mayoritariamente católica.
3. Las costumbres arraigadas a una administración colonial que destinó a las mujeres a trabajar fuera del hogar tanto igual o más que a sus compañeros varones.

En efecto, el eco del mensaje de liberación humana de Cabral cautivó a sus oyentes y fue superado por sus seguidoras que fueron, durante y tras la guerra de  independencia, aumentando progresivamente su participación en los diversos frentes. Así, en común, defendieron la defensa de los derechos de las mujeres, su lucha contra todo aquello que pudiera comprometer su dignidad, el empoderamiento y la sororidad que habría de convencer a las mujeres de que su manumisión les correspondía por motu proprio y la necesidad de volcar sus esfuerzos participativos en un Partido que aspiraba a hegemonizar la igualdad como valor último de la revolución (Duarte, 2007).

No obstante, y a pesar de los avances que sitúan a la República de Cabo Verde como uno de los países más progresistas de la región de África subsahariana en materia de igualdad de género, hoy el enfoque limitado de la participación política sigue siendo un obstáculo para la concurrencia igualitaria de mujeres y hombres en la toma de decisiones. Si bien el Código Electoral, en los artículos 415 y 431, establece que “las listas electorales propuestas deberán contener una representación equilibrada de ambos sexos” y “prevé un incentivo financiero a los partidos políticos que presenten al menos el 25% de las mujeres en sus listas”, la aplicación de lo previsto en la ley queda aún hoy lejos de ser una realidad, no existiendo mecanismos de fiscalización para su aplicación ni reglamentación alguna de dicho incentivo.

A tenor de ello, este artículo se compromete a desentrañar breve y descriptivamente la realidad del noble ideal de igualdad que inspiro a un archipiélago libre que hoy dirige sus esfuerzos hacia la promulgación de una Ley de paridad. En consonancia, se pretende aquí ofrecer una panorámica de la situación de la participación política de las mujeres en términos descriptivos y simbólicos, a fin de sugerir un camino que abogue por la adopción e implementación de una agenda que conduzca al país a la materialización, de forma progresiva, consistente e irreversible, de la paridad de género en la participación política, social, económica y cultural en la sociedad caboverdiana a través de resultados concretos, visibles y mensurables a corto y medio plazo, de acuerdo con lo establecido en el Plan Estratégico para el Desarrollo Sostenible del País, la Agenda de Desarrollo 2063 de la Unión Africana y la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.

La construcción de la disparidad como problema social

Así pues, la Constitución de la República caboverdiana (CRCV), en su artículo 1, establece que “la República de Cabo Verde reconoce la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley, sin distinción de origen social o situación económica, raza, sexo, religión, convicciones políticas o ideológicas y condición social” (apartado 2), estableciendo que el Estado “creará progresivamente las condiciones indispensables para la eliminación de todos los obstáculos que puedan impedir el pleno desarrollo de la persona humana y limitar la igualdad de los ciudadanos y su efectiva participación en la organización política, económica, social y cultural del Estado y de la sociedad caboverdiana” (apartado 4). Con ello, la CRCV aspira a una clara interdicción del mantenimiento de determinadas diferenciaciones que han situado a sectores de la población en situaciones de desventaja y contrarias al principio de igualdad que, aquí, se ve reforzado por el artículo 24 de la misma. Especial mención merece además el artículo 54.4 que, bajo la estela del cuarto deber del Estado concerniente al artículo 7. D), ordena a los poderes públicos a alentar “la participación equilibrada de los ciudadanos de ambos sexos en la vida política”. Recapitulando, el ansia y anhelo por la paridad entre hombres y mujeres adquiere una naturaleza constituyente que se tomará aquí como marco interpretativo o policy frame de los datos que seguirán a la narración, transformando la información fragmentaria o casual en un problema político estructurado y significativo en el que se ha de incluir, implícita o explícitamente, una solución (Verloo, 2005).

Desde esta premisa el Código Electoral prosiguió, desde su reforma en el año 2010, el anhelo por una mayor paridad política desde un enfoque basado en la demanda^[1]  (Lovenduski y Norris, 1995):

Tabla 1. Fuente: Gender Quotas Database (2018)

Sin embargo y como se ha venido adelantando, la ausencia de mecanismos de fiscalización ni reglamentación que viabilicen las sanciones administrativas, así como la inexistencia de un sistema reglado de colocación paritario, desvanecen las probabilidades de éxito de una ley que, con la única aspiración de reserva del 25% de las candidaturas para las mujeres, resultaba de por sí poco ambiciosa.

En consecuencia, los resultados obtenidos en las últimas elecciones legislativas vislumbraron un horizonte de trabajo por delante. Así, de 2011 a 2016 sólo hubo un ligero aumento de presencia femenina: habiendo un 21% de diputadas y de concejalas, fue posible avanzar hacia un 23,6% de diputadas y un 29,4% de concejalas, respectivamente. En otras palabras, de los 72 asientos que dispone la Asamblea Nacional, únicamente 17 fueron ocupados por mujeres. Huelga señalar aquí cómo tan sólo se alcanzó la paridad en 2 de las 22 cámaras municipales del país (Praia con un 44,4% y Brava con un 60%). Asimismo, y a nivel ejecutivo, al tiempo que se produjo un descenso del 50% al 25% de cargos ministeriales ocupados por mujeres, la representación femenina en la Presidencia de las Mesas de las Asambleas Municipales supuso un escaso 13,6% y ninguna mujer resultó electa alcaldesa (INE, 2016). Por otro lado, especialmente clarificador resulta el retroceso simbólico tras el cambio de Gobierno del socialdemócrata Partido Africano de la Independencia de Cabo Verde (PAICV) por el actual en manos del liberal Movimiento por la Democracia (MpD), que ha relegado a las mujeres de las carteras ministeriales ligadas a la economía o a la defensa nacional, permitiendo afirmar así la asociación simbólica (Yuval-Davis, 1997) de los hombres con la defensa de la nación y de las mujeres con el cuidado y las virtudes de la misma. Concretamente, el actual equipo de Gobierno delega el Ministerio de Justicia y Trabajo, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Familia e Inclusión Social y el Ministerio de Infraestructuras y Ordenación territorial en manos de mujeres (Governo de Cabo Verde, 2018).

Además de la participación política de las mujeres, urge mencionar la baja representatividad de mujeres en cargos de liderazgo en otras esferas del país. Así por ejemplo, mientras que en el Supremo Tribunal de Justicia, de las 7 magistraturas únicamente 2 son ocupadas por mujeres (el 28,6%), en la Administración Pública, de entre los 106 cargos dirigentes habidos en el año 2014, sólo 37 fueron desempeñados por mujeres (el 34,9%). Por otro lado, y si bien el sector educativo viene disfrutando de mayor representatividad femenina, hasta el año 2014 tan sólo un 18,2% de mujeres ocuparon cargos de jefatura descentralizados. Afortunadamente, a partir del año 2017 se produjo una evolución positiva, situándose ahora las mujeres en un 45,5%y en un 39% de delegaciones de educación y dirección de Escuelas Secundarias, respectivamente (INE, 2016).

En conclusión, la legislación vigente no alcanza a revertir la desigualdad y discriminación histórica que deviene en la escasa cuando no nula participación igualitaria entre hombres y mujeres en la toma de decisiones. Por tanto y en aras a superar este desafío, en enero de 2017, la Red de Mujeres Parlamentarias (RMPCV) celebró conjunto al Instituto Cabo Verdiano para la Igualdad y la Equidad del Género (ICIEG) y bajo el amparo de ONU Mujeres y del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), un Taller sobre Mecanismos de Paridad del que germinaría la Declaración de Rui Vaz, un manifiesto conjunto que reafirmó su compromiso con la formulación, adopción, monitoreo y evaluación de una Ley de Paridad en los procesos electorales y en el acceso a los cargos públicos que, como mecanismo normativo encaminado a reponer la justicia social y contribuir al aumento de la participación de las mujeres en las esferas políticas y decisorias, refrendase la construcción de una sociedad igualitaria inscrita en una democracia plenamente representativa (Governo de Cabo Verde, 2017).

A esta Declaración le seguiría el Workshop Internacional “Compartiendo experiencias: buenas prácticas en la promoción de la paridad política. Casos de España, Mozambique, Portugal, Senegal y Ruanda”, celebrado en Julio del pasado año en la ciudad de Praia y cuya clausura correría a cargo del Primer Ministro caboverdiano Ulisses Correia e Silva. El mismo consideró que la implementación de la Ley de paridad permitirá “romper prejuicios y estigmas con relación a la participación de la mujer en la política” y, por otro lado, aseguró el total compromiso de su Gobierno con el desarrollo de una Ley de Paridad que amplíe el debate y supere el marco partidista (Agencia Angola Press, 2017). A razón de esto último, conviene mencionar aquí que, si bien la Ley cuenta con el respaldo generalizado de los dos principales partidos políticos del país, durante la ejecución del proyecto de Cooperación Española de “Apoyo al Plan Estratégico del ICIEG para el combate a la VBG”, en estos últimos meses, se han venido detectando ciertas reticencias sociales en materia de igualdad de género y, más concretamente, en lo que confiere a la paridad política.

En esta senda y ante una Ley que requiere de mayoría cualificada secreta para su aprobación y que precisa del respaldo civil para su efectiva consecución, en marzo de 2018 se firmó un Memorándum de colaboración entre la RMPCV, el ICIEG y ONU Mujeres para la implementación de un Plan de Advocacy para la Paridad de Género que, comenzando este otoño sus primeros pasos bajo el también respaldo de Cooperación Española, ayude a concebir ésta no como una mera vindicación de los grupos de mujeres, sino como una voluntad colectiva de la sociedad caboverdiana para la reposición de la justicia social y política en materia de igualdad de oportunidades de participación entre hombres y mujeres (Infopress, 2018).

En definitiva, el espíritu de Cabral sigue intacto en un país que perpetúa su batalla por la liberación, y es que “después de nuestra lucha (por la independencia), todavía tenemos que abrir más caminos para que las mujeres realmente puedan avanzar” (Duarte, 2007), porque no habrá independencia ni emancipación real ni completa, si no la hay para las mujeres.

Reflexiones hacia la paridad

Como es sabido, alcanzar la paridad de género en Cabo Verde y contribuir de este modo a un planeta 50-50 en 2030, no puede ser sino una responsabilidad de todos los actores sociales, del Gobierno, de la Asamblea Nacional, de los partidos y de los socios de desarrollo del país. En este sentido, cabe mencionar aquí la “Meta 5: lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas” de los Objetivos de Desarrollo Sostenible que, entre otros, propone “asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidades de liderazgo a todos los niveles decisorios en la vida política, económica y pública” (5.5) y “aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables para promover la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y las niñas a todos los niveles” (5.c).

A propósito de la elaboración de Ley de Paridad – cuya formulación no parece haber concluido^[2]– y de acuerdo con los datos aportados, resulta imprescindible insistir en la necesidad de impulsar una normativa que consolide el enfoque demanda desde la superación del sistema sancionador por una reglamentación que prohíba expresamente la concurrencia electoral de todo partido o coalición que no garantice una representación del 50% de ambos géneros bajo la clasificación o colocación paritaria o cremallera de los mismos en las listas electorales (Monteiro, 2009). A su vez, en lo referente la eliminación progresiva de la persistente discriminación de acceso de las mujeres a cargos políticos y de dirección, cargos electivos o de nombramiento, la citada experiencia en el sector educativo debe advertir cómo la exigible paridad en los altos cargos y la ruptura con el techo de cristal no debe descuidar la totalidad de un organigrama que condena a las mujeres a un suelo pegajoso de difícil salida. En este sentido, se hace aquí un llamado a acciones positivas que democraticen la ley y extiendan su cometido: la plena igualdad entre hombres y mujeres en todas las esferas y a todos los niveles. Por último, desde una perspectiva simbólica, se espera que el loable trabajo que se está llevando a cabo tanto desde el Plan de Advocacy de la Ley como desde otras iniciativas y acciones, impugnen los estereotipos de género en las instituciones políticas basados en suposiciones tácitas sobre una división tradicional del trabajo por género (Lovenduski, 2005), que no pueden sino dificultar el trabajo de las mujeres cuando, como space invaders o intrusas (Puwar, 2004), acceden a territorios y carteras institucionales masculinizadas.

En síntesis, en esta Ley ha venido a imaginarse un horizonte de emancipación nacional cuya orientación y empresa no puede ser otra salvo la igualdad. Como en aquel discurso que Amílcar Cabral pronunció en la Escuela Piloto de Conakry el 8 de marzo de 1968, se hace aquí una llamada a luchar por un futuro compartido:

”Queremos que nuestras madres sean iguales a nuestros padres; queremos que nuestras hermanas sean iguales a nosotros; queremos que nuestras hijas no sean esclavas de nadie y que no estén dominadas por nadie. Para esto es necesario luchar, nada cae del cielo, excepto la lluvia” (Duarte, 2007) “.

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[1] Frente a los enfoques basados en la oferta  – ¿por qué las mujeres no se presentan como candidatas? –  Lovenduski y Norris atajaron soluciones a la pregunta “¿por qué los partidos y las instituciones públicas no reclutan mujeres?”, ofreciendo medidas de acción positiva como la que aquí prosigue.

[2] Será presentada en enero, siendo sometida a la Asamblea Nacional para debate y posterior aprobación en marzo de 2019.

Referencias bibliográficas

Libros

Duarte, V. (2007). Gender, Liberation, Theory and Practice in Amílcar Cabral. Constuindo a Utopia: Temas e conferências sobre Direitos Humanos. Praia: Tipografia Santos.

Lovenduski, J. y Norris, P. (1995). Political Recruitment: Gender, Race and Class in the British Parliament. Cambridge: Cambridge University Press.

Lovenduski, Joni. (2005). Feminizing Politics. Oxford Malden, Massachusetts: Polity.

Monteiro, E. (2009). Democracia e Desafios Pós‑Coloniais: Uma Análise da Participação Política das Mulheres em Cabo Verde. Praia: Universidade de Cabo Verde

Puwar, N. (2004). Space Invaders: Race, Gender and Bodies Out of Place. Mánchester: University of Salford.

Yuval-Davis, N. (1997) Gender and Nation. London: Sage Publications.

Revistas académicas

Verloo, M. (2005). Differences in the framing of gender inequality as a policy problem across europe. The Greek Review of Social Research, 117, 3-10.

Documentos electrónicos

Agencia Angola Press, (2017). Cabo Verde: Praia alberga workshop internacional sobre paridade política. Recuperado el 30 de septiembre de 2018, de http://www.angop.ao/angola/pt_pt/noticias/africa/2017/6/31/Cabo-Verde-Praia-alberga-workshop-internacional-sobre-paridade-politica,e86e7946-87af-4118-b337-c03964cfb73b.html

Gender Quotas Database. (2018). Cape Verde. Recuperado el 30 de septiembre de 2018, de https://www.idea.int/data-tools/data/gender-quotas/country-view/89/35

Governo de Cabo Verde (2017). Rede de Mulheres Parlamentares partilha “Declaração de Rui Vaz” com o Chefe do Governo. Recuperado el 30 de septiembre de 2018, de http://www.governo.cv/index.php/rss/7303-rede-de-mulheres-parlamentares-partilha-declaracao-de-rui-vaz-com-o-chefe-do-governo

Governo de Cabo Verde (2018). Elenco Governamental. Recuperado el 30 de septiembre de 2018, de http://www.governo.cv/index.php/elenco-governamental

Instituto Nacional de Estadística (2016), Mulheres em Cabo Verde: factos e números. Recuperado el 30 de septiembre de 2018, de http://ine.cv/publicacoes/mulheres-cabo-verde/

Infopress (2018). RMPCV, ICIEG e ONU Mulheres unem esforços na elaboração da proposta de Lei da Paridade. Recuperado el 30 de septiembre de 2018, de http://www.inforpress.publ.cv/rmpcv-icieg-e-onu-mulheres-unem-esforcos-na-elaboracao-da-proposta-de-lei-da-paridade/

Verónica Pastor Fernández

El archipiélago filipino es propenso a los desastres naturales, que ocasionan importantes consecuencias socioeconómicas para el país. Entre los peores desastres que han agitado Filipinas, destaca el tifón Haiyan (localmente conocido como Yolanda), que en noviembre de 2013 golpeó el archipiélago con nivel cinco, el máximo de la escala Saffir-Simpson (OTC en Filipinas, 2013), dejando 6.300 víctimas mortales, 1.061 personas desaparecidas, 28.689 personas heridas, 4.095.280 desplazadas y 1.084.762 hogares destruidos (NDRRMC, 2014).

El impacto arrasador del tifón produjo además la destrucción de una exorbitante magnitud de infraestructuras públicas y privadas. Edificios, puentes, carreteras, instalaciones de comunicación, suministro de agua y electricidad, fueron destruidos, limitando los accesos y, en consecuencia, dificultando la respuesta humanitaria (Naciones Unidas, 2013).

No existe disponibilidad datos de las víctimas del tifón Yolanda desagregados por sexo, por lo que no se puede afirmar en este caso que el número de mujeres víctimas supere al de los hombres. La falta de datos desagregados implica la invisibilización del impacto diferenciado sobre mujeres y hombres.  En consecuencia, las acciones realizadas en la respuesta, rehabilitación y posterior recuperación tras el desastre no cuentan con toda la información necesaria para atender de manera específica las desigualdades de género.

A través de la intervención de distintas organizaciones no gubernamentales para el desarrollo (ONGD) y organismos internacionales en la respuesta al desastre, sí existe constancia respecto a determinadas transformaciones en las relaciones de género entre la población afectada tras el tifón.

Transgresión de roles de género

A raíz de Yolanda, muchas mujeres quedaron viudas, lo que les obligó a convertirse en las principales sustentadoras económicas de la familia. Los hombres retomaron sus roles tradicionales como jefes de hogar a pesar de que sus ingresos eran menores por las dificultades para encontrar medios para conseguir un salario. Con el tifón perdieron los instrumentos que empleaban para ganarse la vida: animales, barcos, etc.

Las mujeres, con el apoyo de los niños y niñas, continuaron con las tareas reproductivas para atender las necesidades, no solo de sus familias, sino de las comunidades. Además del desempeño de las tareas reproductivas, se dedicaron a la realización de labores que transgredían sus roles de género, como la carpintería o la limpieza de escombros. Los ingresos de los hombres eran inferiores por la dificultad para adquirir un sustento de vida, por lo que las mujeres diversificaron la búsqueda de formas de generar ingresos. En un primer momento, los hombres dudaron si las mujeres serían capaces de hacer trabajos de carpintería, pero la necesidad de reconstruir todo lo que el tifón había devastado no dejó lugar para los escepticismos (M. Guillermo, comunicación personal, 16 septiembre 2015).

No obstante, las posibilidades para hacer frente al rol productivo fueron más limitadas para las mujeres por la necesidad de conciliarlo con el trabajo reproductivo, lo que limitaba su movilidad, su tiempo y sus opciones. Además, el trabajo reproductivo se intensificó, entre otros factores, debido a que las casas y sus ubicaciones cambiaron radicalmente, especialmente para quienes vivían en refugios temporales (por las mayores distancias a los mercados, a los puntos de distribución de agua, etc.). Las múltiples responsabilidades necesariamente afectaban al acceso a oportunidades de educación, participación, producción y, sobre todo, bienestar (Novales, 2014).

La transgresión de roles de género durante la rehabilitación y reconstrucción tras el desastre solo se llevó a cabo por las mujeres, pero no a la inversa, siendo el trabajo de cuidados escasamente desempeñado por los hombres. Hubo, de hecho, dificultades para involucrar a los hombres en cuestiones de higiene y salud, dado que encontraban “gracioso” formar parte de iniciativas que consideraban fuera de sus cometidos, presentando una mayor resistencia para traspasar sus roles, y permaneciendo en la esfera productiva (Novales, 2014).

Participación asociativa

Tras el tifón Yolanda surgió un fuerte movimiento asociativo en las zonas afectadas, relacionado con la toma de conciencia de la importancia que tienen las redes sociales para el acceso a la información y a los recursos. En esta proliferación de asociaciones hubo una extraordinaria participación de mujeres, que desempeñaron un trabajo especialmente activo en la recuperación. Su participación les involucró en la obtención de ingresos para la comunidad y les dio la oportunidad de vivir nuevas experiencias, al entrar en un ámbito que anteriormente les estaba implícitamente vetado.

La participación de las mujeres en los espacios donde se desempeñan funciones de administración política y comunitaria ha sido muy importante para su empoderamiento. Sin embargo, también ha tenido importantes costes para ellas, dado que además de dedicarse al asociacionismo, siguieron encargándose del trabajo reproductivo, abordando las necesidades de cuidados de su familia. Así, la participación se convertía en una tarea añadida, dando lugar a una doble jornada o triple, en los múltiples casos de las mujeres que, como se ha descrito, comenzaron a trabajar además en el ámbito productivo.

La sobrecarga generada hacia las mujeres a causa de intervenciones en el desarrollo de las comunidades es el resultado de la aplicación del enfoque “Mujeres en el Desarrollo” (MED), implementado a partir de los años 70, con el objetivo de integrar a las mujeres en las estrategias de desarrollo, poniendo énfasis en su papel productivo. Este enfoque considera a las mujeres aisladamente y, por tanto, propone soluciones parciales, reforzando sus roles de género y sin cuestionar la división sexual del trabajo (De la Cruz, 1999).

La falta de cuestionamiento de las relaciones de poder supone perpetuar el rol reproductor de las mujeres debido a la falta de articulación entre los roles productivos y reproductivos.

Posteriormente, durante los años 80, surge el enfoque transformador “Género en el Desarrollo” (GED) como consecuencia del análisis de las relaciones entre mujeres y hombres, partiendo del reconocimiento de la posición subordinada de las mujeres. Este enfoque implica que las necesidades de las mujeres dejen de ser consideradas aisladamente para formar parte de un análisis de las relaciones de género en los hogares, las comunidades y las instituciones. Promueve, en consecuencia, la superación de las desigualdades estructurales (De la Cruz, 1999).

El fomento de la ruptura de los roles tradicionales de género es fundamental tras un desastre, pudiendo aprovechar la oportunidad para que las mujeres puedan ocupar espacios donde antes no participaban. Sin embargo, es importante asegurarse de que con ello no se incrementa drásticamente su carga de trabajo.

La ocupación de espacios públicos por parte de las mujeres debe hacerse en armonía con la ocupación por parte de los hombres del espacio reproductivo, para que las cargas de trabajo estén equiparadas. No se trata de invertir los roles de género, sino de redefinirlos, en la búsqueda de un contexto más justo y equitativo, aprovechando las situaciones de crisis para dejar de perpetuar las desigualdades. Para ello, es esencial dar visibilidad a las estructuras que hacen posibles esas desigualdades.

El presente artículo se ha extraído del Trabajo de Fin de Máster: Una mirada desde la perspectiva de género a los desastres naturales: el caso del Tifón Yolanda (Haiyan) en Filipinas, realizado en el marco del XI Máster Propio en Género y Desarrollo, presentado en abril de 2016.

Bibliografía

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Novales, C. L. (2014). Haiyan Gender Snapshot. Quezon City: Oxfam. Recuperado de https://issuu.com/oxfamsapilipinas/docs/typhoon_haiyan_gender_snapshot_oxfa

Oficina Técnica de Cooperación (OTC) en Filipinas, (2013). Nota Informativa sobre la intervención de la Cooperación Española en la catástrofe causada en Filipinas por el tifón Haiyan (Yolanda), de noviembre de 2013. Documento no publicado. AECID, Manila.