Rebecca Hvizdalek Dixon

A medida que la ciencia climática ha avanzado, ha creado un vínculo convincente entre la actividad humana y la crisis climática actual. De acuerdo con la Comisión Europea (2017), “los seres humanos están influyendo cada vez más en el clima y la temperatura de la Tierra mediante la quema de combustibles fósiles, la tala de bosques tropicales y la ganadería. Esto añade una enorme cantidad de gases de efecto invernadero a los que se producen de forma natural en la atmósfera, aumentando el efecto invernadero y el calentamiento global “. Como resultado, la ciencia climática está revelando que el cambio climático está haciendo que los fenómenos meteorológicos extremos sean más intensos y más duraderos (Gabbatiss, 2017).

Este artículo busca mostrar que los desastres en sí no discriminan entre poblaciones, pero los impactos negativos que sufren las poblaciones varía en grado dependiendo de quién eres y dónde vives.  En otras palabras, los desastres relacionados con el clima agravan las desigualdades sociales existentes en cada sociedad y/o comunidad. Las mujeres, las niñas y los niños, las personas con discapacidades, las personas mayores, la comunidad LGBTQI  y aquellos/as que viven en áreas rurales o asentamientos precarios son grupos considerados en mayor situación de vulnerabilidad a los impactos negativos de los desastres debido a su estatus socioeconómico desigual y las estructuras de poder en las que viven. Este documento utilizará la Perspectiva Interseccional de Género con el fin de entender las complejas dimensiones de los efectos del cambio climático y visibilizar cómo las estructuras de poder emergen e interactúan con él. Esta perspectiva somete los efectos del cambio climático a un análisis social matizado con el cuál se puede apreciar que las personas y poblaciones en mayor situación de vulnerabilidad están más fuertemente impactados durante y después de los desastres relacionados con el clima.

Con el fin de entender las complejas dimensiones de los efectos del cambio climático y visibilizar cómo las estructuras de poder emergen e interactúan con él, este documento utilizará la Perspectiva Interseccional de Género, que somete los efectos del cambio climático a un análisis social matizado.

Impactos Diferenciados

Desde una perspectiva interseccional es posible observar que mientras que el riesgo de ser afectado por desastres relacionados con el clima está estrechamente relacionado con la geografía, la situación de vulnerabilidad y la capacidad de un individuo o grupo para prepararse y recuperarse de estos desastres está asociada con el género, el estatus socioeconómico, la etnia, la nacionalidad, la salud, la orientación sexual y la edad (Kaijser y Kronsell, 2014, p 420).

Visto de esta manera, un terremoto masivo o una erupción volcánica pueden entenderse no como un único evento destructivo, sino como un proceso social que se desarrolla dentro de un contexto ambiental y social particular (Enarson, 2000, p.2). Los patrones globales de desarrollo están poniendo en mayor riesgo a un número cada vez mayor de personas, colocando a “algunas personas más que otras en condiciones de vida riesgosas, en laderas empinadas, en casas rodantes en llanuras de inundación, en chabolas en barrios marginales y socavando su capacidad de mitigar, sobrevivir, o recuperarse completamente de los efectos de la catástrofe” (Enarson, 2000, p.2). Dependiendo de estas dimensiones sociales y contextuales, las personas están expuestas a diversos grados de vulnerabilidad y riesgo.

Diferenciación basada en género en desastres relacionados con el clima

Las mujeres están en mayor situación de vulnerabilidad ante los desastres debido a su mayor situación de vulnerabilidad en todo el espectro social, económico, físico y ambiental. Esta situación de vulnerabilidad se agrava aún más cuando se cruza con otras desigualdades que crean “condiciones peligrosas que ponen a diferentes grupos de mujeres en situación de riesgo diferente” (UNISDR, PNUD y UICN, 2009, p.42). Las normas culturales, los estereotipos, la desigualdad y la discriminación pueden impedir o limitar la capacidad de las mujeres y otros grupos para prepararse y recuperarse de los efectos de los desastres relacionados con el clima. Las siguientes secciones analizarán brevemente cómo las desigualdades en las cargas de trabajo, los roles sociales, la educación, el acceso a la información, la salud y los recursos económicos se exasperan durante los desastres.

Cargas de Trabajo

La triple carga de las mujeres en el trabajo productivo, reproductivo y comunitario significa que tienen menos tiempo para participar en actividades de preparación para desastres y, por lo tanto, están menos preparadas para enfrentar el inicio de un desastre. Estas responsabilidades aumentan durante y después de un desastre, justo cuando las redes de soporte tradicionales pueden haberse dañado, lo que lleva a una mayor carga de trabajo y dificulta aún más su capacidad de mitigar los efectos de la catástrofe. Las mujeres, las personas mayores, las personas LGBTQI y las personas con discapacidad también carecen de participación y representación en los órganos de toma de decisiones, lo que significa que sus necesidades, vulnerabilidades y capacidades no se tienen plenamente en cuenta cuando se preparan para responder a los desastres, aumentando así su situación de vulnerabilidad.

Roles sociales

Las normas culturales y los estereotipos también conducen a la discriminación contra la comunidad LGBTQI. Según directrices prácticas de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y la Media Luna Roja (2010), Enfoques Sensibles al Género para la Gestión de Desastres, las muertes y pérdidas de las comunidades transgénero a menudo no se registran en las estadísticas oficiales de desastres, la estigmatización afecta su acceso a canales normales de información y advertencias, y pueden ser descuidados/as o ignorados/as en la preparación y alivio de desastres. Además, los hogares encabezados por personas transgénero pueden ser excluidos de los refugios y de la ayuda de emergencia. Por otro lado, las mujeres y los hombres de edad avanzada, en algunos casos, quedan excluidos de la asistencia cuando está mediado a través de las organizaciones de autoridades locales tradicionales de la comunidad debido a suposiciones de que requieren menos alimentos para sobrevivir (p.9).

Educación

La discriminación en el ámbito de la educación y el acceso a la información también afecta la forma en que las mujeres y las niñas, las personas con discapacidad y la comunidad LGBTQI se ven afectadas y se recuperan de los desastres. Los obstáculos que enfrentan estos grupos para su educación conducen a “una menor capacidad para recibir información y comprender los mensajes de advertencia” (UNISDR, PNUD y UICN, 2009, p.43). La capacidad de comprender la información en caso de un desastre inminente puede significar la diferencia entre la vida y la muerte. Según un documento de la UNISDR, el PNUD y la UICN (2009): las mujeres y las niñas tienen niveles más altos de analfabetismo que los hombres y los niños; más niñas no van a la escuela que niños; más niñas abandonan la escuela que niños (p.43).

Acceso e  información

Además de la capacidad de leer y comprender los mensajes de alerta temprana una vez que han sido recibidos, las mujeres y otros grupos tienen acceso diferencial a espacios donde se comparte información y a las estructuras para la diseminación del conocimiento. De hecho, “a menudo se supone que las mujeres simplemente absorberán información de los hombres de la comunidad” (UNISDR, PNUD y UICN, página 44). La separación binaria de las esferas públicas (masculina) – privadas (femenina) en muchas sociedades implica que las mujeres y otros grupos no tienen acceso a la información compartida en ellas. Además, las preferencias de las mujeres por los métodos de intercambio de información pueden pasarse por alto en favor de métodos basados en la tecnología de la información (radio, teléfonos móviles, televisión). Esto, a su vez, también afecta a personas de bajo nivel económico, ya que es menos probable que tengan el poder adquisitivo de estos productos.

Salud

Los desastres están demostrando exasperar las desigualdades existentes en la salud también. Según el documento de UNISDR, PNUD y UICN (2009):

• Las mujeres son más propensas a las deficiencias nutricionales debido a necesidades nutricionales únicas (especialmente durante el embarazo o la lactancia).
• Las mujeres están predispuestas a ciertas infecciones y enfermedades, y están más expuestas a las enfermedades transmisibles.
• Las mujeres sufren una peor salud reproductiva después de los desastres.
• La violencia de género aumenta después de un desastre (p.44).

Las relaciones sociales juegan un papel importante en los temas anteriores. Por ejemplo, las mujeres, las personas mayores y las personas con discapacidades están, en algunas culturas, más bajas en la jerarquía de alimentos del hogar y sufren deficiencias nutricionales debido a esto. Del mismo modo, los tabúes que rodean la menstruación y las normas sobre el comportamiento apropiado para las mujeres y las niñas pueden contribuir a los problemas de salud de las niñas durante los desastres. Además, con respecto a la salud reproductiva y sexual, después de los desastres hay un aumento en los partos prematuros y la mortalidad materna debido a la atención prenatal inadecuada y el parto inseguro, y las prácticas de seguimiento posparto.

Por último, la investigación indica que los desastres tienden a exasperar los patrones existentes de violencia de género en una sociedad, y que a veces surgen nuevas formas después. Según un estudio mundial sobre violencia de género en desastres realizado por la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (2015), “muchos de los factores asociados con los desastres- la separación de familias, el colapso de las relaciones sociales, la ruptura de las normas, la destrucción de la infraestructura, la reubicación de las personas y el cambio de las relaciones dentro de la familia parecen aumentar la violencia “(Invisible, inaudito: Violencia basada en género en desastres: estudio mundial, p. 18). Además de las repercusiones obvias en la salud de las mujeres, la violencia de género también resulta en traumas, aumentos en embarazos no deseados / no planificados y abortos inseguros, y la propagación de enfermedades de transmisión sexual. Incluso el temor a la violencia puede dar lugar a la renuencia a evacuar a refugios temporales y, por lo tanto, aumenta el riesgo de daño.

Recursos económicos

El acceso y el control de los recursos económicos son cruciales para la capacidad de una familia para responder y recuperarse de los desastres. Según Elaine Enarson (2000), “los recursos económicos clave en los desastres son ingresos seguros, acceso a ahorros o créditos, empleo con protección social, habilidades laborales comercializables, educación y capacitación, y control sobre los recursos productivos” (p.9). El diferente acceso y control sobre estos recursos determinará cuánto tiempo puede sobrevivir una familia si se interrumpe el ingreso, su capacidad para reubicarse o reconstruir sus medios de subsistencia y sus hogares si han sido destruidos, etc.

De hecho, la pobreza es un factor clave en la determinación de la situación de vulnerabilidad de todas las personas durante las catástrofes, pero la situación de vulnerabilidad agravada por el género. Según un estudio en el American Journal of Human Ecology, “en comparación con los hombres, las mujeres son más pobres, tienen menos acceso al desarrollo de habilidades empresariales, menos capacidad de acceder a recursos financieros como crédito, ahorros o pensiones, menos capacidad de comprar y poseer tierras, se les paga menos en todos los casos, y sus ingresos son menos seguros”(Rahman, 2013, p.7). Algunos de estos problemas están relacionados con el hecho de que las mujeres tienen una alta presencia en la fuerza de trabajo informal, que a menudo se ve más afectada por los desastres y tiene menos capacidad para recuperarse. La suma de estas realidades significa que las mujeres son menos capaces de recuperarse de los desastres.

Los desastres relacionados con el clima son cada vez más una preocupación mundial y nacional que se cruza con los crecientes problemas del desarrollo social y económico, la protección y gestión del medio ambiente y la seguridad humana. La complejidad que rodea los efectos de estos desastres en las diversas poblaciones del mundo requiere un análisis matizado de ellos. Este artículo argumenta que la perspectiva feminista interseccional es un método de análisis eficaz, ya que permite tener en cuenta dimensiones como el género, el estatus económico y social, la edad, la orientación sexual, las discapacidades, etc., en el análisis. Esta no es solo una herramienta útil para comprender cómo diferentes comunidades se ven afectadas de manera diferente por los mismos desastres; también sirve para evitar el agravamiento de las desigualdades sociales existentes y para atender las necesidades de diversas poblaciones en la preparación, respuesta y recuperación de este tipo de desastres.

Bibliografía

Comisión Europea (2017, 16 de febrero). Consecuencias del cambio climático – Acción Climática. Obtenido el 23 de septiembre de 2018, desde https://ec.europa.eu/clima/change/consequences_en.

Enarson, E. (2000). Género y Desastres Naturales (Documento de trabajo No. 92-2-112260-3). Obtenido el 27 de octubre de 2016 del sitio web de la Organización Internacional del Trabajo: http://natlex.ilo.ch/wcmsp5/groups/public/@ed_emp/@emp_ent/@ifp_crisis/documents/publication/wcms_116391.pdf

Gabbatiss, J. (2017, 11 de diciembre). Los desastres naturales están cada vez más relacionados con el cambio climático, advierte un nuevo informe. Obtenido el 23 de septiembre de 2018, desde https://www.independent.co.uk/environment/climate-change-natural-disasters-link-increase-global-warming-report-warning-a8103556.html).

Invisible, inaudito: Violencia basada en género en desastres: estudio mundial [PDF]. (2015). Ginebra: Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.

Kaijser, A., y Kronsell, E. (2014). Cambio climático a través del lente de Interseccionalidad, Política Ambiental, 23: 3, 417-433, DOI: 10.1080 / 09644016.2013.835203. Recuperado el 13 de noviembre de 2016 de http://dx.doi.org/10.1080/09644016.2013.835203

Rahman, M. S. (2013). Cambio climático, desastres y vulnerabilidad de género: un estudio sobre dos divisiones de Bangladesh. American Journal of Human Ecology, 2 (2), 72-82. doi: 10.11634 / 216796221302315

Una guía práctica sobre los Enfoques sensibles al género para la gestión de desastres [PDF]. (2010). Ginebra: Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.

UNISDR, PNUD y UICN. (2009). Hacer que la reducción del riesgo de desastres sea sensible al género: políticas y directrices prácticas. Recuperado el 10 de julio de 2016, de http://www.unidr.org/files/9922_MakingDisasterRiskReductionGenderSe.pdf

Isis Labrunie

En todo el mundo, las niñas en situación de pobreza y sobre todo aquellas con baja escolaridad son más susceptibles a los embarazos – deseados o no – que aquellas en los quintiles más ricos y con  un mayor acceso a la educación.

Esta relación entre educación y  maternidad precoz[1] es reconocida por múltiples países e instituciones. En tanto que las estadísticas señalan que mientras una niña siga en la escuela, disminuye sustancialmente la probabilidad de que viva un matrimonio forzado, o que sea madre antes de alcanzar la edad adulta[2].

Esta línea de trabajo, vinculada especialmente con el enfoque del empoderamiento, se ha potenciado conforme se ha expandido la defensa de la educación y la igualdad de género como derechos fundamentales. Así, diversos países han impulsado medidas para armonizar sus normativas conforme a los compromisos internacionales asumidos, instaurando acciones para fomentar la educación de las niñas y prevenir el embarazo precoz.

En el caso del continente africano – donde encontramos las más altas tasas de embarazos adolescentes – este cambio se daría principalmente desde la firma de la Carta Africana de los Derechos del Niño, en 2009 y la adopción en 2013 de la Agenda 2063 de la Unión Africana, que identifica como prioridades la inversión en la educación y la eliminación de las desigualdades de género en todos los ámbitos educativos.

No obstante, el trabajo en torno al embarazo adolescente se ha centrado principalmente en el cambio de comportamiento de las niñas, abordando en menor medida las causas subyacentes – como la desigualdad de género, la pobreza, la violencia sexual o las presiones sociales – y en la mayoría de casos desconsiderando la importancia del papel de niños y hombres en dicho fenómeno.

Asimismo, resulta imperioso señalar que el foco puesto en la prevención – y el papel de la educación como vector preventivo – ha supuesto repetidas veces una menor atención al colectivo de niñas y adolescentes embarazadas. Siendo que, en algunos casos, la priorización del eje profiláctico ha servido incluso de justificación para acciones en detrimento de las adolescentes embarazadas.

En esta línea, cabe señalar que diversos países tienen normativas que explícitamente prohíben o dificultan el acceso de las alumnas embarazadas a los centros educativos – como Tanzania, Sierra Leona, Togo, Burundi o Guinea Ecuatorial – iniciativas que se justifican como medidas para proteger a dichas alumnas y sus compañeras.

Sin embargo, actualmente en la mayoría de Estados Africanos no existen legislaciones que definan como deberá ser tratada esta cuestión – lo que deja abierta la puerta a la arbitrariedad de las escuelas en base a su juicio moral – o se ha optado por favorecer la reincorporación de adolescentes-madres tras el parto; como es el caso de Mauritania, Mali, Gabón, Kenia, Ruanda, Liberia, Zambia y Malawi, entre otros[3].

Las medidas de reincorporación han sido aplaudidas a nivel internacional; aunque debemos considerar no solo lo que dictaminan esas iniciativas legislativas, sino también aquello que deliberadamente excluyen. Pues a menudo hablar de la reincorporación esconde la decisión intencionada de no considerar – o remediar – lo que llevó al abandono del espacio educativo en un primer momento. Ignorándose así la relevancia de las medidas de adaptación curricular, la disponibilidad de transporte o incluso la discriminación vivida dentro de las mismas escuelas.

En definitiva, parece ser más fácil reincorporar que asegurar la permanencia y el éxito escolar de las adolescentes embarazadas. Posicionamiento que invita a una verdadera reflexión sobre los derechos educativos, a quienes son aplicados los mismos y que vivencias son invisibilizadas.

Para profundizar en esta cuestión, buscando conocer mejor la problemática y los posibles abordajes a la misma, a continuación, haremos un breve recorrido por las normativas relacionadas con educación, embarazos adolescentes y salud sexual en Cabo Verde.

El caso de Cabo Verde: de la suspensión a la permanencia

Contrastando con la realidad de gran parte de los Estados-nación del Oeste del continente africano, Cabo Verde tiene una reducida población, sumando poco más de medio millón de habitantes. Asimismo, con una esperanza de vida superior a los 70 años y una tasa de alfabetismo que ronda el 90% de la población, muestra indicadores en materia de desarrollo que destacan a nivel regional. Aunque esto no significa la ausencia de problemáticas sociales, como aquellas vinculadas a la desigualdad de género y específicamente los embarazos precoces[4].

Precisamente para hacer frente a esta última cuestión, en el año 2001, el Ministerio de Educación de Cabo Verde elaboró un documento titulado Orientações Gerais para uma melhor gestão da questão da gravidez no meio escolar.

Estas orientaciones vendrían a definir la praxis nacional de los centros educativos respecto a las alumnas embarazadas. Estableciéndose la recomendación – existente en otros países – de que las alumnas que se quedaran embarazadas durante el año lectivo fueran orientadas a suspender su asistencia a la escuela, pudiendo, caso les fuera conveniente, retornar tras el parto.

Siguiendo la tendencia internacional, las justificaciones para esta orientación se basaban en la dificultad para conciliar el estudio y el embarazo, factor que se había “revelado particularmente difícil y doloroso para las escuelas, las jóvenes, los compañeros y para el país”, realzándose que tal esfuerzo producía “efectos nocivos para el embarazo, la maternidad y la vida de la criatura”. Igualmente, se señalaba que el embarazo y la maternidad creaban problemas “incompatibles con las reglas de funcionamiento del sistema educativo (como la rigidez de horarios) (…) y los varios derechos (de la alumna, del bebé y los demás alumnos) que no se realizarían de forma armoniosa en el espacio escolar”.

Asimismo, era destacado como factor de peso en la definición de esta medida la cuestión moral del mal ejemplo y la mala imagen que el embarazo adolescente producía; entendiéndose que fomentaba que otras compañeras se quedaran embarazadas.

En todo caso, el documento destacaba que no se trataba de una medida punitiva, sino que su objetivo era “conciliar los principios constitucionales de protección de la maternidad y de la infancia, con la garantía, dentro de lo posible, del derecho al acceso a la enseñanza y la formación”.

Más allá de su sustrato teórico – que abordaremos más adelante – si nos remitimos a los efectos prácticos de esta orientación, hoy en día podemos afirmar que la misma fue ineficaz a la hora de disminuir el número de embarazos adolescentes. Esto se aprecia al constatar los datos sobre las alumnas que suspendieron la matricula debido a embarazos; cifra que permaneció prácticamente constante a lo largo de los años en los que estuvo vigente la orientación (Ver Figura 1).

Figura 1: Retorno alumnas que suspendieron la matricula por embarazo (2002-2008)

Fuente: Estudo Avaliação da Medida de Suspensão Temporária das alunas grávidas no ensino secundário, ICIEG (p.41)

Asimismo, la medida también se mostró insuficiente para garantizar el retorno de las alumnas-madres, pues tal como muestra el cuadro, el 42% de las alumnas que abandonaron los estudios nunca retomaron los mismos.

A la vista de estos hechos, el Instituto Caboverdiano para a Igualdade e Equidade de Género (ICIEG) elaboró en 2010, junto con el Ministerio de Educación, una evaluación de esa Orientación. La misma concluyó que la suspensión tenía un impacto negativo en la trayectoria personal y académica de las alumnas embarazadas/madres; y que no respetaban el principio de igualdad y equidad de género.

El estudio también se detuvo a analizar como la medida se basaba principalmente en representaciones sociales negativas respecto al embarazo adolescente, llevando a la reproducción de estigmas sobre la sexualidad de adolescentes y jóvenes, liberando a la escuela de cualquier responsabilidad social respecto a ese hecho y posicionándose contra los derechos humanos.

Sin embargo, pese a estas contundentes y fundamentadas conclusiones, el estudio no tendría inicialmente un gran impacto. De hecho, el cambio de la praxis escolar en torno al embarazo y la maternidad, no llegaría a un punto decisivo hasta 2013. Cuando se promulga el Estatuto da Criança e do Adolescente, que prohíbe expresamente – en su artículo 47 – que las jóvenes embarazadas sean incentivadas a interrumpir los estudios o abandonar la escuela.

Finalmente, en 2017, se promulgaría una legislación específica para hacer operativo este principio – el Decreto 47/2017 – que establece medidas para garantizar la permanencia y favorecer el éxito escolar de las alumnas embarazadas, madres y padres. Indicando, entre otras medidas la necesidad de un régimen especial de faltas, así como el derecho a orientación específica y la necesidad del uso de una metodología dirigida a fomentar mejores resultados escolares.

Esta ley, sin duda representa un gran paso para garantizar el acceso igualitario al espacio educativo y la construcción de escuelas libres de discriminación. Pero tanto por lo reciente que es la iniciativa, como por el hecho de que la implementación de la misma se realiza de forma autónoma por las escuelas, sin una articulación clara, todavía queda mucho para asegurar una adaptación curricular satisfactoria y el éxito de la medida. En cualquier caso, Cabo Verde representa un caso paradigmático de evolución normativa, así como un gran aprendizaje de las potencialidades y retos de los distintos enfoques con los que se aborda la educación de las alumnas adolescentes embarazadas y madres.

Reflexiones

Aunque podemos discordar con la suspensión de alumnas embarazadas, la aprobación de este tipo de medidas saca a relucir importantes cuestiones que deben ser consideradas.

En efecto, como señalan las Orientaciones que implementan esa práctica en Cabo Verde, la maternidad es incompatible con el funcionamiento de los centros educativos. O, dicho de otra manera: la maternidad, como constructo social que representa la reproducción dentro de los roles de género femeninos, es intrínsecamente disonante con el sistema educativo tradicional.

No solo eso, sino que la presencia en los espacios formativos también es incompatible con el rol de una madre en el modelo familiar-nuclear y su división sexual del trabajo. Y si a esto le añadimos la constante equiparación entre los derechos de la madre y la criatura aun no nacida, así como la discriminación tanto por motivo de edad como de género existente en los espacios educativos – y su intersección en el caso de las adolescentes embarazadas – podemos acercarnos a comprender con matices esta problemática.

Lo que nos permite reconocer que no basta con identificar fallos en las medidas adoptadas por los diversos Ministerios de Educación, sin atender al propio contexto en el que se insertan, siendo necesario realizar una crítica a todo el sistema en su conjunto.

En cualquier caso, esto no implica adoptar una actitud derrotista o ser conniventes con medidas claramente discriminatorias. Por el contrario, aceptar que ninguna política e institución es neutral y que todas muestran una clara tendencia a la reproducción del sistema – en este caso patriarcal – nos permite un análisis más riguroso de la complejidad del fenómeno que estamos abordando. Viéndose así que para contar con un sistema educativo inclusivo es necesario ir más allá de lo establecido por las normativas respecto a la escolarización.

Partiendo de este enfoque crítico, también se evidencia que no es suficiente hablar del derecho a la educación sin pararnos a considerar en que interpretación de este principio nos basamos; y a quienes se aplica el mismo. Dado que incluso el discurso de los derechos humanos, tal como hemos visto, es susceptible a ser empleado como justificación para la negación de derechos; posibilitando que la prevención de los embarazos precoces justifique la discriminación directa de un colectivo.

Por ello, es indispensable un enfoque interseccional en el abordaje de la educación femenina que trascienda el enfoque homogeneizador tradicional de los Derechos Humanos. Poniendo así en evidencia que defender el derecho a la educación implica también contemplar el disfrute del mismo por parte de las alumnas embarazadas.

Por último, también cabe preguntarnos por la disponibilidad de recursos. De poco sirve una orientación de permanencia de alumnas embarazadas si los centros no cuentan con lo necesario – transporte, infraestructuras, personal docente, clima educativo, etc. – para que dichas alumnas pueden prosperar.  Asimismo, si no son creadas las condiciones para que las alumnas puedan seguir su formación durante embarazo ¿qué podemos esperar de las condiciones de conciliación una vez sean madres? Hablar de “reincorporación” tras el embarazo, parece difícil en esos términos.

En definitiva, el caso de Cabo Verde permite entender las motivaciones detrás de las normativas de reincorporación; así como los contra-argumentos existentes frente a las mismas. Igualmente, Cabo Verde es ejemplo de la posibilidad de reflexión y alteración de las normas adoptadas, evidenciando la importancia de los diagnósticos con enfoque de género para la creación y modificación de políticas públicas. Sentando también un precedente al considerar la necesidad de contemplar la adaptación curricular para que los alumnos-padres puedan ejercer una paternidad basada en la corresponsabilidad.

 Referencias bibliográficas

[1] Término definido por la OMS como cualquier embarazo antes de los 20 años.

[2]Maternidade precoce: enfrentado o desafio da maternidade na adolescência (UNFPA):  http://www.unfpa.org.br/Arquivos/swop2013.pdf

[3] Leave no girl behind (Human Rights Watch): https://www.hrw.org/report/2018/06/14/leave-no-girl-behind-africa/discrimination-education-against-pregnant-girls-and

[4] En 2016, 20.4% de los embarazos registrados en el país fueron de menores de 19 años. Relatório Estatístico do Ministério da Saúde 2016: http://www.minsaude.gov.cv/index.php/documentosite/-1/457-relatorio-estatistico-2016-versao-final-1/file

8 DE MARZO

Celebración del Día Internacional de la Mujer

La iniciativa de #WIKI4WOMEN llama a todos a tomar unos minutos de su tiempo para crear, enriquecer o traducir, en tantos idiomas como sea posible, perfiles en Wikipedia de mujeres destacadas ayer y hoy en los ámbitos de la educación, las ciencias sociales y humanas, la cultura y la comunicación.

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Un movimiento mundial  

El 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, participa en París, Buenos Aires, Bangkok, Nueva Delhi, Almaty, El Cairo, Lima, o donde estés, para añadir más perfiles femeninos en Wikipedia.

#WIKI4WOMEN es una iniciativa de la UNESCO y la Fundación Wikimedia, con el apoyo de la Comisión Canadiense para la UNESCO, de Islandia, la República de Corea, la Fundación Chanel, la empresa ENGIE, el diario New York Times, el grupo de comunicación France Médias Monde y La Journée de la Femme Digitale.

La UNESCO considera la igualdad de género como un derecho humano fundamental, un fundamento de la justicia social y una necesidad económica. La igualdad de género es un factor determinante en la realización de todos los objetivos de desarrollo acordados a nivel internacional, así como un objetivo en sí mismo.E