Escuela de Gobierno, Universidad Complutense de Madrid

La autonomía corporal sigue siendo un campo de batalla para las mujeres y niñas. Tener control sobre el propio cuerpo y poder de decisión sobre los derechos sexuales y reproductivos es fundamental para ganar no solo en términos de autonomía, sino también de salud, educación, ingresos y bienestar general. En definitiva, la autonomía corporal y la integridad física sientan una base para el disfrute del resto de derechos humanos. Sin embargo, según el último informe del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNPFA por sus siglas en inglés), solo el 55% de las mujeres y niñas pueden tomar sus propias decisiones en lo que a su autonomía corporal respecta (UNFPA, 2021). Queda, por lo tanto, mucho camino por recorrer.

Una de las prácticas más evidentes que niegan la capacidad de decisión de las niñas es el matrimonio infantil. A pesar de estar legalmente prohibido en casi todo el mundo, sigue siendo una práctica muy extendida. La Convención sobre los Derechos del Niño (CRC) y la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), son dos de los acuerdos en materia de derechos humanos más ampliamente ratificados y respaldados del mundo y, a su vez, abordan el matrimonio infantil. Un matrimonio en el que una de las personas contrayentes es menor de 18 años se considera un subconjunto del matrimonio forzado, ya que, según la definición de niño acordada internacionalmente, “las personas menores de 18 años carecen de capacidad para dar su consentimiento pleno, libre e informado” (ACNUR, 2014). Por su parte, el artículo 16 de la CEDAW (1979) afirma rotundamente: “No tendrán ningún efecto jurídico los esponsales y el matrimonio de niños y se adoptarán todas las medidas necesarias, incluso de carácter legislativo, para fijar una edad mínima para la celebración del matrimonio y hacer obligatoria la inscripción del matrimonio en un registro oficial”.

Sin embargo, muchos países siguen permitiendo el matrimonio de menores de 18 años directa o indirectamente, ya sea permitiendo el consentimiento de un progenitor o tutor legal, definiendo la capacidad jurídica y la edad de consentimiento sexual, o en virtud de otras fuentes del derecho, como las prácticas consuetudinarias que reconocen el matrimonio sin necesidad de pasar por el registro legal.

Prácticas matrimoniales patriarcales

Los matrimonios infantiles obedecen a prácticas patriarcales institucionalizadas (UNFPA, 2021):

• La dote: la familia de la novia paga a la familia del novio para que deje de ser una carga económica en el hogar. Es más común en el continente asiático, y se considera una vía para asegurar el bienestar de la novia, pero perpetua un sistema de desigualdad de género. Se pagan dotes más pequeñas por novias más jóvenes por lo que fomenta el matrimonio infantil, y generan violencia cuando las familias no reciben la cantidad esperada. A pesar de ser una práctica prohibida desde 1961, la Oficina Nacional de Registro de Crímenes de India cuenta hasta 8.000 muertes anuales relacionadas con las dotes (Azizur, 2017).
• El precio de la novia: es lo contrario de la dote, la familia del novio “compra” a una niña o mujer para que se convierta en esposa de su hijo. Más habitual en ciertas zonas de África, relega a la mujer a la condición de propiedad y respalda la noción de que el hombre ha comprado la obediencia de su esposa, junto a su capacidad productiva y reproductiva.
• El rapto de la novia: Un hombre puede secuestrar a una mujer o niña y obligarla a escribir una carta (en la que se incluye el pago del precio de la novia) pidiendo el consentimiento de su familia para casarse.
• Levirato: Se da cuando, al fallecer su marido, una mujer es obligada a casarse con un pariente del fallecido, normalmente un hermano. En algunas ocasiones se lleva a cabo la “purificación de las viudas”, un ritual sexual que pretende disolver el vínculo del espíritu del fallecido con su esposa, sometiéndola a relaciones sexuales con uno de sus familiares vivos.

El matrimonio infantil tiene profundas consecuencias sobre la salud sexual y reproductiva de las niñas y su autonomía corporal. Se relaciona estrechamente el matrimonio infantil y los embarazos precoces con altas tasas de morbilidad y mortalidad materna e infantil. En los países de ingreso bajo y mediano, las complicaciones derivadas del embarazo y el parto son la principal causa de muerte entre las niñas de 15 a 19 años (UNFPA, 2021). Por otro lado, se les niega el derecho a tomar decisiones sobre su salud sexual y reproductiva, no se les permite decidir sobre la atención de su salud, ni sobre el uso de anticonceptivos, ni se tiene en cuenta su consentimiento a la hora de mantener relaciones sexuales. Las normas patriarcales tradicionales entienden que, una vez celebrado el matrimonio, el hombre es dueño del cuerpo de la mujer y se le otorga la legitimidad de decidir por ella en la mayoría de sus decisiones. Más riesgos del matrimonio infantil incluyen un riesgo mayor de transmisión del VIH y tasas elevadas de violencia y violencia sexual contra las mujeres (Mendoza et al, 2016).

Del mismo modo, el matrimonio infantil es un obstáculo importante a la hora de garantizar las oportunidades de recibir una educación. El matrimonio infantil (y la maternidad temprana) pueden ser tanto causa como consecuencia del abandono escolar:  si bien es cierto que las niñas abandonan o se las echa de la escuela porque son obligadas a casarse, también ocurre que las niñas que han dejado la escuela tienen más probabilidades de ser casadas (Birchall, 2018).

Matrimonio infantil y COVID-19

Desde 1994, UNFPA se enfoca particularmente en el Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y Desarrollo (CIPD) de El Cairo. En él se establecieron una serie de medidas para lograr la salud sexual y reproductiva universal que se convertirían en el compromiso mundial más importante hasta la fecha en materia de derechos reproductivos. Más adelante, en 2015, se aprobó la agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. El ODS5, relativo a la Igualdad de Género, cuenta con la meta 5.6 que, en respaldo del Programa de Acción de la CIPD, insta a asegurar el acceso universal a la salud y los derechos reproductivos.

Muchos son los esfuerzos que se han dirigido a promover la autonomía corporal de niñas y mujeres, así como a la protección contra prácticas nocivas que restringen su capacidad de decisión como el matrimonio infantil. Durante la última década se han conseguido evitar 25 millones de matrimonios infantiles. Sin embargo, UNICEF (2021) advierte que la pandemia de COVID-19 está amenazando los logros alcanzados hasta la fecha, relegando a las niñas a una situación de aún mayor vulnerabilidad. Los cierres de las escuelas, las limitaciones económicas, la interrupción de servicios públicos básicos, las muertes durante el embarazo y las muertes de los progenitores a causa de la pandemia son los factores principales que aumentan el riesgo de recurrir al matrimonio infantil como herramienta para paliar la situación de vulnerabilidad económica a la que se enfrentan millones de familias en todo el mundo debido al coronavirus. Antes de la pandemia, también se alertó sobre el crecimiento del número de matrimonios infantiles en los campamentos de refugiados, otro componente de vulnerabilidad añadido. Ante una situación tan preocupante, se recomienda encarecidamente tomar acción de inmediato y llevar a cabo un enfoque más ambicioso si realmente queremos cumplir las promesas que tomamos al aprobar la Agenda 2030, entre ellas eliminar el matrimonio infantil, promover la autonomía corporal y, en general, poner fin a todas las formas de discriminación contra las mujeres y niñas.

Bibliografía

Azizur, S. (junio 9, 2017). Eliminar las dotes de boda puede evitar miles de muertes en India. Recuperado de:

https://www.eldiario.es/internacional/theguardian/practica-retrocede-familias-empiezan-devolver_1_3362877.html

Birchall, J. (2018). Early marriage, pregnancy and girl child school dropout. K4D. Recuperado de:

https://resourcecentre.savethechildren.net/node/15655/pdf/470_early_marriage_pregnancy_and_school_dropout.pdf

CEDAW (1979). Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Recuperado de:          https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/cedaw.aspx

Mendoza, LA., Claros, DI., Mendoza, LI., Peñarand, CB., Arias, MD., Carrillo, JH., Sarria, Z. (2016). Matrimonio infantil: Un problema social, económico y de salud pública. Revista chilena de obstetricia y ginecología, 81(3), 254-261. Recuperado de: https://dx.doi.org/10.4067/S0717-75262016000300013

OHCHR (2014). Prevención y eliminación del matrimonio infantil, precoz y forzado. Informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Recuperado de:

https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/crc.aspx

UNICEF (2021). COVID-19 A threat to progress against child marriage. Recuperado de: https://data.unicef.org/resources/covid-19-a-threat-to-progress-against-child-marriage/

UNPFA (2021). Estado de la Población Mundial 2021. Mi cuerpo me pertenece. Recuperado de: https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/SoWP2021_Report-ES_-_v3312.pdf

Escuela de Gobierno, Universidad Complutense de Madrid

Los cuidados

¿De qué hablamos cuando hablamos de cuidados? Así iniciaba su intervención Amaia Pérez Orozco, economista y militante social y feminista, en su intervención en la Comisión de Reconstrucción del Congreso de los Diputados en Madrid el pasado 29 de mayo de 2020. La variedad de interpretaciones y debates teóricos abiertos entorno a este concepto da cuenta de la complejidad del asunto a tratar. De manera general, podemos afirmar que cuidados son aquellas actividades dirigidas al mantenimiento de la vida, históricamente invisibilizados, atribuidos a mujeres y relegados al ámbito doméstico (Olga Abasolo, 2010). Los cuidados constituyen un tema central en las miradas feministas a la economía que han reclamado su reconocimiento como valor humano fundamental; es un asunto complejo, ya que obliga a reflexionar sobre las distintas dimensiones de la vida. No se trata de un término “cerrado”, como indica Amaia Pérez (2019), puede tomar diferentes perspectivas como la referida a las actividades concretas de atención a los cuerpos (actividades diarias que posibilitan la vida) o un enfoque desde el que cuestionamos el conjunto del sistema económico (sostenibilidad de la vida).

Es preciso, buscar otras formas de conceptualizar y entender las fronteras analíticas y conceptuales entre las que se mueve este concepto: los cuidados están entre trabajo, consumo y ocio; entre egoísmo y altruismo; entre el mercado y el no-mercado; entre la autonomía y la dependencia; entre lo público y lo privado; entre lo colectivo y lo individual. Asimismo, lo que hoy llamamos cuidados, encierra una lucha histórica feminista por los derechos de las mujeres, una lucha contra las desigualdades sociales y un esfuerzo por crear sistemas económicos que pongan la vida en el centro (Amaia Pérez, 2019).

Crisis de los cuidados

Según el último Informe sobre Desarrollo Humano 2019 publicado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), afirma que la desigualdad continúa siendo muy elevada en cuanto al poder que ejercen hombres y mujeres dentro de los hogares. Las mujeres realizan más del triple de cuidados no remunerados que los hombres. Las normas sociales y culturales mantienen comportamientos que perpetúan esta desigualdad (p.14). Antes del estallido de la burbuja financiera en 2008, ya se hablaba de crisis de reproducción social, desde la mirada de los cuidados se manifestaban unas condiciones de vida cotidiana cada vez más duras para las mujeres: aumento de cargas de cuidados debido a la privatización de servicios de protección social y mayores necesidades de cuidados en sociedades cada vez más envejecidas.

En este contexto, del Norte Global, las mujeres se han incorporado al mercado laboral enfrentando prácticamente en solitario y de forma diferenciada en función de factores tan importantes como la raza, el origen y el nivel de renta la “conciliación” del doble papel: familiar y laboral. Por su parte, los hombres tampoco han cambiado su lógica económica capitalista respondiendo al imaginario de autosuficiencia[1]. De lo anterior se deduce que la supuesta disponibilidad infinita de trabajo de las mujeres donde desarrollan estrategias para conciliar lo irreconciliable, no era tal, derivando en lo que se conoce como crisis de los cuidados. Esta crisis visibiliza, en primer lugar, el conflicto de acumulación de capital y sostenibilidad de la vida, es decir, cuando la vida humana y no humana se utilizan de forma mercantil como un recurso a explotar. Y, en segundo lugar, hace aflorar las tensiones ocultas del sistema productivo capitalista que necesita de las mujeres para encargarse de la “parte reproductiva del sistema” gratuitamente y de manera “natural” (“por amor”).

Expansión global de la crisis de los cuidados y llegada del COVID-19

La pandemia provocada por la COVID-19, ha evidenciado la importancia de los cuidados para la sostenibilidad de la vida y lo invisibilizados que están dentro de los actuales sistemas económicos, que no se preocupan por las condiciones de vida de las personas y su afán de lucro está poniendo al límite tanto los recursos naturales como la vida misma. Por otra parte, esta crisis sanitaria pone en evidencia la injusta organización social de los cuidados y agrava el escenario existente debido a medidas propuestas para la contención del virus como han sido el cierre de escuelas y el aislamiento social que afecta directamente a las redes comunitarias de cuidados. Todo ello ha supuesto un aumento de carga de trabajo en las familias, que se traduce en realidad sobre las mujeres.

La pandemia obliga a replantearse nuevas formas de organizar la vida social, evidenciando que los cuidados no se pueden parar cuando todo lo demás se ha parado y visibilizando las diferentes capas de desigualdad que existen en términos de género, clase, etnia, status migratorio, diversidad funcional, edad, entre otras. Todas las personas somos vulnerables y necesitamos de cuidados, en mayor o menor intensidad, todos los días de nuestra vida. En este sentido, es momento de responder mediante políticas socioeconómicas que pongan la vida, los cuidados, en el centro y en común.

Avanzar en agendas robustas de cuidados: Necesidad de cuidados colectivos

El desafío actual provocado por la pandemia supone una oportunidad para avanzar en agendas de cuidados. En este sentido destacan las aportaciones que plantean la necesidad de elaborar un plan de ajuste estructural que proyecte a los cuidados como una política palanca para empujar al resto de la política pública; posicionar “los cuidados como política faro” (Amaia Pérez, 2020). Estas planificaciones de ajuste cuestionan, entre otros asuntos, que los cuidados no pueden estar sometidos a las lógicas del lucro y deben moverse entre lo público y lo social-comunitario. Y proponen, una articulación distinta entre la institución pública y la comunidad.

Como se ha argumentado a lo largo de este artículo, los cuidados son la base para que todo funcione, desde ahí, se entiende que hay que “empujar” hacia el cambio de las estructuras socioeconómicas y su orientación al servicio de la vida colectiva. Asumir los cuidados como una responsabilidad colectiva implica una asignación de recursos. Para ello, es necesario una financiación pública suficiente mediante reformas progresivas en los sistemas fiscales[2]. Asimismo, son necesarios cambios en la legislación laboral que debe contemplar a las personas trabajadoras como sujetos con responsabilidades de cuidado, y necesidades de cuidados no resueltas que interfieren con su inserción y su plena disponibilidad. También, se necesitan derechos de conciliación y reducción de la jornada laboral, para que quede tiempo de vida y poder acometer los requerimientos de cuidados cotidianos.

De forma más específica se necesitan acciones que aterricen el derecho al cuidado como un derecho universal basado en la idea de la corresponsabilidad integral. Entre las múltiples contribuciones que se han realizado en esta línea destacan: la creación de agencias públicas de intermediación de empleo de hogar, la mejora de las condiciones de los trabajos remunerados de cuidados tanto en el ámbito público como en el privado, la creación de una prestación económica por cuidados no profesionales en el entorno familiar, y la generación de diálogo social sobre los cuidados entendidos como un Bien Común.

Todas estas líneas de actuación propuestas van encaminadas hacia la creación de un sistema estatal de cuidados, donde el buen convivir se articule como eje vertebrador de la estructura socioeconómica y el ajuste estructural propuesto desarrolle formas de corresponsabilidad colectiva que ponga el cuidado colectivo de la vida en el centro.

Bibliografía:

Abasolo, Olga (2010). Diálogo Mari Luz Esteban e Isabel Ochoa sobre el concepto de cuidados. Boletín ECOS, 10.

Pérez, Amaia (2019). Subversión feminista de la economía. Aportes para un debate sobre el conflicto capital-vida (4ª ed.). Madrid: Traficantes de Sueños Mapas.

Pérez, Amaia (2020). Propuesta socioeconómica con los cuidados como centro. En Comisión para la Reconstrucción Social y Económica. Grupo de Trabajo de Políticas Sociales y Sistema de Cuidados: 29 de mayo 2020. Madrid: Congreso de los Diputados.

PNUD (2019). Informe sobre Desarrollo Humano 2019. Más allá del ingreso, más allá de los promedios, más allá de los presentes: Desigualdades del Desarrollo Humano en el siglo XXI. Recuperado de: http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr_2019_overview_-_spanish.pdf

[1] Las condiciones laborales que impone el sistema capitalista crea la ficción de los individuos autosuficientes que niegan su vulnerabilidad y la inter y ecodependencia de las vidas humanas. Es decir, toma a la clase trabajadora como individuos con sus necesidades básicas de vida resueltas y su trabajo invisibiliza todo lo demás necesario para la vida.

[2] Priorizar impuestos directos sobre los indirectos, priorizar impuestos al capital frente impuestos al trabajo, garantizar y aumentar la progresividad en los impuestos sobre la renta, eliminar la regresividad de los impuestos al capital, al revés, convertir el impuesto de sociedades en un impuesto progresivo, recuperar el impuesto de patrimonio y avanzar hacia una fiscalidad ecológica.

Universidad Complutense de Madrid (CSEG)

La economía feminista pone en el centro de sus prioridades la vida de las personas, el trabajo de los cuidados que es realizado por mujeres de todo el mundo, y en general, la sostenibilidad, porque sostenibles son los cuidados si hay un modelo que lo hace posible, y sin ellos, el mundo se para. Somos las mujeres las que cuidamos el mundo y existe una rama de la economía que lo valora y lo pone el centro.

1. La economía feminista: la sostenibilidad de la vida

Son varias las categorías que caracterizan a nuestro sistema económico actual ya que no sólo es capitalista, sino también heteropatriarcal, colonialista y antropocéntrico. Donna Haraway lo denominaría «esa cosa escandalosa» (Haraway 1991; citado por Perez Orozco, 2014) y contra esa cosa es que la economía feminista encuentra la fuerza para hacer crítica. (Conferencia ICEI).

En ese sentido la economía feminista se posiciona como la alternativa a la economía ortodoxa, con gran sesgo androcéntrico y que atribuye al hombre económico [1] características universales, poniendo en el centro la desigualdad de género para explicar el funcionamiento de la lógica económica. Rodríguez (2015)

Sánchez (2015) afirma que «el análisis que realiza la economía feminista ha sido fundamental no sólo para comprender las experiencias económicas de las mujeres, sino también la economía en su conjunto». (p. 59).

Para la economía feminista son varios los conceptos que transcienden los límites. Entendiendo que el mercado va más allá de su propio concepto, que el trabajo no es sólo el trabajo remunerado, que la economía es un proceso que satisface necesidades y donde la presencia de la mujer juega un valor fundamental.

Es importante incorporar la variable de género para entender el funcionamiento de la economía y la diferente posición de mujeres y hombres como agentes económicos y beneficiarios de las políticas públicas.

A diferencia de la economía normativa la economía feminista pone en el centro la sostenibilidad de la vida, tanto humana como no humana [2]. En palabras de Carrasco (2013) esta disciplina tiene en cuenta lo que está por debajo que sostiene el mercado: el cuidado y la naturaleza.

Lo importante no es la producción de capital sino la reproducción de la vida desde una propuesta política y social, convirtiendo a la economía más que en un elemento académico y científico en una herramienta social y política transformadora del sistema económico. En palabras de Pérez Orozco (2016) «Una vida que merezca la pena ser vivida». (p. 160).

Pero ¿cómo es una vida que merezca la pena ser vivida? Para la economía normativa la percepción del mantenimiento de los procesos de vida sólo es entendida desde el punto de vista mercantil y desde la concepción de las relaciones jerárquicas dentro en el mercado. Beneficio contra bienestar de las personas, dos objetivos incompatibles. Lo ideal sería poner uno al servicio del otro, aunque en la actualidad el poder ha decidido apostar por el capital, quedando las personas al servicio del capitalismo y del patriarcado.

Regresando a la base de la economía feminista la sostenibilidad de la vida que plantea se puede entender desde tres principios:

• Sostenibilidad ecológica y social

Va más allá de la reproducción social desde el punto de vista de superar las relaciones de poder propias de la reproducción social-patriarcal que ponen en peligro la propia vida de las personas.

El enfoque de la sostenibilidad de la vida habla actualmente de la existencia de una contradicción entre el capital y la vida. «Las feministas entienden que existe una contradicción entre la obtención de beneficios capitalistas y el mantenimiento de las condiciones de vida» (Picchio 1992; Bosch et al. 2005 citado por Sánchez, 2015, p. 69).

• Centrar la vida en lugar de los mercados

El androcentrismo económico legitima qué debe considerarse económico y qué debe considerarse trabajo, excluyendo a todo lo que califica como no económico, generando además una jerarquización de las actividades, dando más valor a las que se consideran dentro del mercado.

Entonces la economía feminista propone una revisión y ampliación de conceptos para incluir todas las actividades que forman parte de la sostenibilidad de la vida. Aquí se enmarca el trabajo del hogar y cuidados como actividad dirigida a conservar y mantener a las personas.

• Las personas son vulnerables y dependientes

Se considera que toda persona es un cuerpo vulnerable que pierde energías, enferma y muere, un cuerpo cargado de pasiones, afectos y creatividad, un cuerpo, al fin y al cabo, con necesidades fisiológicas y afectivas. La perspectiva plantea que toda persona, y en cada momento de nuestra vida, necesita al resto para sobrevivir. Es decir, somos todas interdependientes (Carrasco 2006; Fineman 2006; Pérez Orozco 2006b citado por Sánchez, 2015). Por tanto, si somos vulnerables las personas no pueden ser consideradas como mercancías, tal como muestra la economía hegemónica.

Dicho esto, la economía, así como el sexo y el género, también es una construcción social y, por tanto, puede ser deconstruida y reconstruida a través de una lógica propositiva que integre el cuidado dentro de la economía (Burns, 2007).

2. Economía que cuida

Para Rodríguez (2015) desde la perspectiva económica feminista el trabajo de los cuidados cumple una función esencial en la economía capitalista: La reproducción de la fuerza de trabajo. Gracias a esta labor cada día las trabajadoras y trabajadores alcanzan las condiciones adecuadas para poder desempeñarse dentro del mercado laboral. De tal forma que pareciera que la fuerza de trabajo asume un papel de trabajador champiñón[3] que brota de la nada y se presenta en su espacio laboral en óptimas condiciones para presentarse ante el mercado.

Sin embargo, en la economía convencional este análisis está invisibilizado, aunque para la crítica feminista el sistema es incapaz de sostenerse sino es en base a estos trabajos invisibles de cuidado no remunerados.

El capitalismo se ha alimentado del patriarcado. Desde la economía convencional se tienen en cuenta los hogares como un agente económico destinado al consumo de bienes y a la provisión de fuerza de trabajo, donde además se ejecuta una división sexual del trabajo[4] en el que los cuidados domésticos recaen específicamente sobre las mujeres. Sin embargo, no se tiene en cuenta lo que sucede al interior de los hogares, el trabajo no remunerado no está a la venta en el mercado, aunque se encarga de reproducir a los miembros que en él habitan.

Según la autora «podría decirse que el trabajo de cuidado no remunerado que se realiza dentro de los hogares (y que realizan mayoritariamente las mujeres) constituye un subsidio a la tasa de ganancia y a la acumulación del capital», por tanto, al empoderamiento económico. (p. 40).

El trabajo realizado desde y dentro de los hogares proporciona bases de desarrollo a nivel emocional, de cuidado y socialización, que no pueden ser adquiridos en el mercado. Al mismo tiempo lo que se produce dentro del ámbito doméstico incrementa la renta nacional, un aspecto no considerado en el Producto Interior Bruto de los países.

Por tanto, las mujeres contribuyen de una forma primordial al valor económico para el desarrollo de los países. En esta línea, Carrasco (2013) afirma que «El sistema capitalista no podría subsistir sin el trabajo doméstico y de cuidados, depende de él para el mantenimiento de la población y la reproducción de la necesaria fuerza de trabajo» (p. 44).

Referencias:

Burns, A.T. (2007). Politizando la pobreza: Hacia una economía solidaria del cuidado (1ª ed.). El Salvador: Progressio e IMU (Instituto de Investigación, Capacitación y Desarrollo de la Mujer)

Carrasco, C. (2013). El cuidado como eje vertebrador de una nueva economía. Cuadernos de Relaciones Laborales, 31(1), 39-56.

Círculo de Mujeres (Prod.), Camacho, M. (Dir.) (2013). Cuidado resbala [DVD]. España: Círculo de Mujeres. Recuperado de http://cuidadoresbala.com/el-documental/

Pérez Orozco, A. (2010). Cadenas globales de cuidados. ¿Qué derechos para un régimen global de cuidados justo? Instituto Internacional de Investigaciones y Capacitación de las Naciones Unidas para la Promoción de la Mujer (UN-INSTRAW).

Pérez Orozco, A. (2012). Cadenas globales de cuidados, preguntas para una crisis. Revista Diálogos, 13-15.

Pérez Orozco, A. (2014). Subversión feminista de la economía. Aportes para un debate sobre el conflicto capital-vida. (1ª Ed). Madrid: Traficantes de sueños.

Pérez Orozco, A. y Artiaga, A. (2016). Tres años de aprendizaje colectivo y global sobre los cuidados. ¿Por qué nos preocupamos por los cuidados? Colección de ensayos en español sobre la economía de los cuidados. Women UN Training Centre.

Rodríguez, C. (2015). Economía feminista y de Cuidado. Revista Nueva Sociedad, 256.

Sánchez-Cid, M. (2015). De la reproducción económica a la sostenibilidad de la vida. Revista de Economía Crítica, 19, 58-76.

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[1] Según el texto de Corina Rodríguez y en palabras de Amaia P. Orozco entiéndase Homos Económicus como sujeto representativo de la humanidad con características universales: hombre, blanco, adulto, heterosexual, sano, de clase media.

[2] Vinculación con la economía ecológica y solidaria.

[3] Según Pérez Orozco la metáfora del champiñón responde a la idea de que la gente brota en el mercado dispuesta a trabajar y/o consumir por generación espontánea. (p. 154).

[4] Rodríguez (2015) afirma que «El proceso de distribución de trabajo en el interior de los hogares es parte de la mencionada división sexual del trabajo, la cual está determinada tanto por pautas culturales como por racionalidades económicas».

Jenifer Rodríguez

Las dicotomías entre lo rural y lo urbano siempre han estado presentes en España. Hay dos Españas, la urbana y la rural, no terminan de conocerse, sin embargo, no se podría entender una sin otra.

Como afirma el escritor Sergio del Molino (2016) en su último libro La España vacía «El desequilibro entre la España urbana y la rural ha marcado nuestra forma de entender el país». (p.20). A esta confrontación sumamos nuestro análisis, esto es, el sesgo de género que se produce también en el entorno rural español que recae en la actividad del cuidado.

Desigualdades de género en el campo español

La incorporación de la perspectiva de género en el campo español es muy reciente. En los años 60 y 70 se produce una acelerada industrialización del país debido al Plan de Estabilización de la dictadura franquista, con el consecuente éxodo rural.

El campo empieza a mecanizarse, dotando de mano de obra a las ciudades en expansión. Bajo esta lógica, el objetivo es que la agricultura deja de considerarse un negocio familiar para dirigirse al mercado, desaparece así, la capacidad de autoconsumo para generarse la producción de bienes, representada por el cabeza de familia y las tareas de reproducción que serán ejercidas por las esposas de los agricultores (Sampedro, 1996).

Desde esta idea comienza el sesgo que arrastra a las mujeres rurales, quienes desarrollan tareas mercantiles que, sin embargo, se conciben como relaciones familiares y de cuidado no remuneradas. Las contradicciones sobre la identidad y el salario laboral de estas mujeres resultan cruciales. Las mujeres rurales se sucederán en calidad de esposas o hijas de los empresarios agrícolas, pero sin percibir salario, prestaciones o algún tipo de identificativo laboral, quedando reducidas a la sombra.

Por otra parte, el hecho de que estas mujeres se encargasen de las tareas agrícolas no evidenciaba que no tuvieran que realizar el trabajo doméstico. Las políticas de la dictadura franquista pretendían convertir amas de casa a imagen y semejanza de las áreas urbanas. Por tanto, las mujeres rurales realizaban (y siguen realizando) un doble trabajo de cuidados, cuidando de los campos, de sus familias y hogares (Sampedro, 1996).

En muchas zonas agrícolas este proceso sacó a muchas mujeres del campo quienes abandonaron sus hogares para cuidar a la élite de las zonas urbanas. Fue el caso de mujeres manchegas, andaluzas o extremeñas que se acogieron al cosmopolitismo de algunas ciudades como Barcelona, pero desde el trabajo de cuidados, a veces remunerado y otras no.

Cabe decir que esa industrialización de la agricultura ha producido a largo plazo una masculinización del campo, quedando las producciones agrícolas a cargo de los hombres. El autor Camarero (2008) afirma que «se produce a través del concepto de ruptura generacional, puesto que las jóvenes rurales buscan abandonar la sumisión patriarcal de las familias agrarias» (p. 5). En segundo lugar, este abandono ha producido lo que Camarero (2008) denomina como «la huida ilustrada, estrategia de cualificación formativa que permite dejar atrás el mundo rural/agrario, haciendo posible el ascenso social mediante el ejercicio de una ocupación o profesión cualificada» (p. 5).

En el proceso de industrialización de la agricultura se produjo una división sexual del trabajo, por una parte, los hombres que aportaron su mano de obra en cuanto a la mercantilización de la agricultura y las mujeres que se quedaron en el campo desde la función de cuidado de sus hogares y familias, también las mujeres que se fueron desde la labor de ejercer un nuevo cuidado sobre la ciudad.

 Cadenas de cuidado rural-urbana: mujeres manchegas en los 60’s

Con el Plan de Estabilización de 1959 se pretende mejorar la situación de la economía española que se abnegaba en un estancamiento y retraso industrial. Esto produce una migración masiva de las zonas rurales totalmente empobrecidas hacia las capitales más industrializadas, ocasionando el distanciamiento total entre el campo y la ciudad.  Provincias tradicionalmente rurales se revierten en un proceso de desagrarización. Las áreas rurales se despueblan en favor de las urbanas. El medio rural debe alimentar a la industrialización no sólo en la producción de materia prima, sino en el expolio de obreros hacia las ciudades y también de muchas de las mujeres y su trabajo de cuidados.

En este sentido se produjeron dos situaciones. Por un lado, se ponía de manifiesto un sesgo de género. El hombre era el cabeza de familia y la mujer e hijos/as pasaban a ser ayuda familiar. Esto se tradujo en doble jornada para la mujer quedando a cargo de los cuidados del hogar y familia y también como cuidadora de la explotación, proceso que ya se ha mencionado en la introducción.

La segunda situación es la salida de mujeres rurales. Las cadenas de cuidados están presentes en este proceso, dejan a cargo de otras personas sus familias y hogares para poder servir y cuidar de la ciudad. Algunas lo hicieron como sirvientas encargándose de las tareas de las casas de la clase social alta de Barcelona, lo que muchas denominaban “los señoritos/as”. Otras trabajaban como amas de cría, cuidando a los hijos/as de las señoras pudientes, entre otros o algunas, simplemente, no recibían un valor monetario, sino casa, comida y educación, todo ello a cambio de, simplemente, cuidar. Muchas de ellas permanecieron varios años en la capital, con el paso de los años regresaron a su pueblo, asumiendo, una vez más el papel de cuidados de sus campos, familias y hogares manchegos.

Se aprecia, como el cuidado, se forja como un círculo intrínseco que atraviesa la vida de tantas mujeres, en todas las etapas de su vida, prácticamente desde su infancia hasta la ancianidad. A veces remunerado económicamente, aunque, mayoritariamente, sin ningún valor monetario o reconocimiento por parte de la sociedad, el sistema económico o el estado.

El éxodo rural, el trabajo de cuidados realizado por aquellas mujeres (remunerado o no) está relacionado directamente con su situación actual. Hoy, con más de 70 años, podrían rondar el umbral de la pobreza, una pobreza diseminada y pincelada desde la mirada patriarcal e invisible. Ellas siguen sin ser las dueñas de sus tierras, no reciben prestación, subsidio o reconocimiento alguno por todo el trabajo de cuidados realizado durante toda y cada una de las etapas de sus vidas. Ninguno de los trabajos de cuidado se ha contemplado hoy en día como fuente de cotización al sistema de seguridad social. Sus familias siguen dependiendo de ellas porque aún en la ancianidad, cuidan de la estructura familiar. Del otro lado, ellas siguen dependiendo de sus maridos y sus familias, debido al nulo reconocimiento económico.

La sociedad, el estado, nosotras y nosotros, estamos en deuda con ellas. Son nuestras madres y abuelas, pero también las de un país dividido entre lo rural y lo urbano.

Referencias:

Aguilar, M.J. (2010). La mujer rural en Castilla La Mancha. Aspectos demográficos, ocupacionales y de actividad laboral y familiar, desde la perspectiva de género. Grupo Interdisciplinar de Estudios Sobre Migraciones, Interculturalidad y Ciudadanía, GIEMIC. Universidad de Castilla La Mancha.

Benería, L. (1999). La aparición de la economía feminista. Revista Historia agraria, 17, 59-61.

Camarero, L. (2008). ¿Por qué se van las mujeres?: El continuum de movilidad como hipótesis explicativa de la masculinización rural. Revista Española de Investigaciones Sociológicas (REIS), 124, 73-105.

Camarero, L. (2008). Invisibles y móviles: Trayectorias de ocupación de las mujeres rurales en España. Revista de Estudios sobre Despoblación y Desarrollo Rural, 7, 7-31.

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Sergio Moreno Ríos

El Plan Nacional de Cuidados de Cabo Verde

En 2017, el Instituto Cabo Verdiano para la Igualdad y la Equidad de Género (ICIEG) confeccionó ​​un estudio de género a raíz de los resultados de la Encuesta al Sector Informal (2015) con el objetivo de contribuir a la Estrategia Nacional de Transición de la Economía Informal a Formal (2017-2020). En síntesis, las conclusiones extraídas constatan que la mayoría de las mujeres se hallan adscritas al sector informal, poseen niveles de escolaridad básica, son sobre todo auto empleadas no asalariadas y ganan, en promedio, el 71,5 % del salario medio de los hombres (ICIEG, 2017).A partir de la presente investigación preliminar del ICIEG, y enmarcado dentro de los compromisos para la década planteados por el Programa de Gobierno de la IX Legislatura del país insular, el gobierno caboverdiano elaboró un Plan Nacional de Cuidados 2017-2019 comprometiéndose en su punto 6 a: “situar los cuidados a las personas dependientes – niños y niñas, personas ancianas y personas portadoras de deficiencias –, tradicionalmente considerados mandato social exclusivo de familias, en el centro de la agenda de las políticas públicas de inclusión social para promover la igualdad de género y la conciliación de la vida laboral y familiar” (Governo de Cabo Verde, 2017.2)

En cierto modo, es posible aventurar que este proyecto emana, en parte, del pasado Plan Nacional de Igualdad de Género (PNIG) 2015-2018 que, haciendo referencia a la igualdad de género en términos de economía productiva y reproductiva, señalaba cómo la actual distribución del sistema económico – incluido el reproductivo – constituye el fundamento de la desigualdad económica y de género. Contra ello, el plan aseveró la imposibilidad de establecer un abordaje eficaz en la lucha contra la pobreza y la desigualdad de género sin procurar una mayor corresponsabilidad tanto en el interior de los agregados familiares como en los sectores público[1] y privado a través de provisión de servicios de apoyo y de cuidados, y la facilitación de tiempo para la conciliación entre la vida personal y laboral (2015).

Así pues, el presente proyecto ha venido a complementar el Plan Estratégico de Desarrollo Sostenible 2017-2021 (PEDS) identificando como área prioritaria la igualdad de género en su Objetivo 3: asegurar la inclusión social y la reducción de desigualdades y asimetrías.  En concreto, refiere que:

 “el Gobierno tiene la igualdad de género como una de las cuestiones centrales para el desarrollo inclusivo, siendo una precondición para alcanzar el desarrollo sostenible.  El país continúa registrando importantes desafíos para alcanzar la plena igualdad de género, con énfasis en la autonomía económica de las mujeres, su participación política y en la toma de decisiones y la Violencia basada en el género” (Governo de Cabo Verde, 2017.1)

Es en este mismo objetivo – 3.1. Condiciones de vida de las familias e inclusión social – donde se inserta como eje de intervención el sistema de cuidados de dependientes que señala como acciones y medidas la creación y regulación de los servicios de cuidados destinados a personas dependientes – niñas y niños, personas ancianas y personas con discapacidad –, la profesionalización del trabajo de las cuidadoras – garantizando el acceso de las personas y familias de renta baja – y la puesta en funcionamiento de una red de escuelas infantiles en colaboración con la sociedad civil y los municipios (2017.1).

Por lo pronto, este artículo se compromete a desentrañar someramente y de forma sucinta las estrategias y acciones clave a implementar en Cabo Verde propuestas por el ya mencionado Plan de Cuidados 2017-2019, y su coherencia con las principales tesis desarrollistas y de la academia inmersa en los estudios de género y empoderamiento económico femenino.

Contextualizando los cuidados

Según datos ofrecidos por ICIEG (2017), se estima que cerca del 82% de la población caboverdiana mayor de 10 años invertiría un tercio de su tiempo semanal realizando Trabajos no Remunerados (TnR). Por lo pronto y desde una perspectiva de género, los primeros resultados preludian una brecha significativa al dividir este porcentaje en mujeres (un 90%) y en hombres (un 73%) que los realizan. Es más, en el ámbito de los cuidados la tasa de participación de las mujeres dobla a la de los hombres (45% frente al 21%) y proyecta como éstas emplean más horas de la semana a su realización (19h frente a 12h).

Asimismo, la Asociación de Apoyo a la Autopromoción de la Mujer en el Desarrollo (MORABI) ha venido denunciando como, a menudo, recae sobre las mujeres el peso de realizar las tareas domésticas y el cuidado de niñas y niños, personas mayores, con discapacidad y/o dependientes sin remuneración (ICIEG, 2017). Con todo y de acuerdo con los datos del ICIEG, este tiempo es destinado en gran medida al cuidado de niños y niñas dependientes –de 0 a 6 años – ante la ausencia de redes de escuelas infantiles y redes de parentela alargada que suplan la incapacidad de conciliar los cuidados con la vida laboral y personal de la ciudadanía – especialmente las mujeres–. En consecuencia, las mujeres ocupadas a la economía informal y al TnR se ven confrontadas a una serie de limitaciones estructurales que propician una sobrecarga física y emocional que limita su dedicación a trabajos remunerados que viabilicen su independencia económica (ICIEG, 2017).

Por ello, resulta habitual que las mujeres caboverdianas accedan a trabajos de baja calidad o jornadas parciales que les permitan hacerse cargo de las responsabilidades derivadas del cuidado de personas. Además, perviven aún hoy normas sociales discriminatorias en base a roles tradicionales y estereotipos que, perpetuando la división sexual del trabajo, vienen a restringir el acceso de las mujeres a la propiedad o a la adquisición de activos y servicios financieros, a oportunidades educativas o al desarrollo de competencias socio-laborales. Todo ello desencadena una brecha de poder que perjudica a la población femenina al mermar su acceso al trabajo formal y reducir una carga de cuidados que imposibilita su completa independencia y autonomía (ICIEG, 2017).

Un Plan para la igualdad

A tenor del contexto descrito previamente, resulta posible estimar una exacerbación de la misma fruto del proceso de transición demográfica que viene caracterizando al país (Governo de Cabo Verde, 2017.1) y que requiere de estrategias integrales en las que participen activamente titulares y portadores de derechos y obligaciones (OIT, 2018)

En primer lugar, es sabido que las políticas macroeconómicas pueden contribuir a la igualdad de género en tanto en cuanto configuren un entorno económico capaz de, en última instancia, proporcionar a las mujeres mejores condiciones labores y facilitar su transición de la economía informal a la formal (OIT, 2018). En este sentido, el Plan compromete al Gobierno a gestar un contexto favorable para con la infraestructura social – servicios de salud y de cuidado de personas dependientes, mayores y de la infancia –; a desarrollar una política monetaria con perspectiva de género que asegure créditos a mujeres que trabajen en pequeñas empresas; y, entre otras políticas, a impulsar una fiscalidad sensible al género que contemple la protección social de las mujeres y asegure su participación de forma igualitaria en el acceso al empleo (Governo de Cabo Verde, 2017.2).

En segundo lugar, en vistas a romper las barreras que penalizan a las trabajadoras de la economía informal, el Plan Nacional de Cuidados exige al Estado asumir como responsabilidad de política pública funciones de cuidado en aras a impulsar una mejor inserción de las mujeres en el mercado laboral aumentando, asimismo, su tiempo de ocio y descanso (OIT, 2018). Así y en tanto que las mujeres por lo general tienden a realizar empleos de baja calidad que les permitan compaginar su trabajo con las tareas de cuidados, se exige aquí un sistema de seguridad social amplio que asuma los cuidados y facilite la conciliación laboral y personal de hombres y mujeres (Hunt y Samman, 2016). En pos de ello, el plan destaca que:

 “en el análisis de políticas sociales y propuestas de políticas públicas sociales sensibles al género, se analizó que el Sistema Universal de Cuidados permitirá la plena liberación de las mujeres, hoy presas de la economía reproductiva” (Governo de Cabo Verde, 2017.2)

En tercer lugar, dado que los regímenes de seguridad social contributivos tienden a quedar vinculados al empleo formal, una mayoría de mujeres queda desamparada por realizar un trabajo no reconocido o cuya cotización es mínima (Hunt y Samman, 2016). Frente a ello, la academia y el Plan coinciden en la necesidad de promover la profesionalización y valorización del trabajo de cuidados como herramienta que permita, por un lado, romper con normas sociales y estereotipos que minusvaloren el mismo e impidan la igualdad de género (Kabeer, Milward y Sudarshan, 2013) y, por otro lado, garantizar la suficiente cotización en vistas a la prestación de servicios públicos como el desempleo o la jubilación (OIT, 2018):

“Se espera que una buena parte de las mujeres inactivas o desempleadas pueda insertarse en puestos de trabajo de cuidados con remuneración a través del desarrollo de servicios de cuidados (…) La profesionalización y el pleno reconocimiento social de las mujeres que cuidan debe estar en el horizonte político de todos los agentes implicados en este Plan” (Governo de Cabo Verde, 2017.2)

En cuarto lugar, la academia insiste en implementar acciones positivas allí donde la presencia de las mujeres sea inferior a la de los hombres con la finalidad de aumentar su participación en el mercado laboral (Kabeer, Milward y Sudarshan, 2013). En plena sintonía con ello, la estrategia bianual articula la puesta en marcha de iniciativas educativas destinadas a mujeres en sectores profesionales socialmente masculinizados – ingeniería, arquitectura, edificación, pesca, turismo… –; complementos salariales y ayudas a las mujeres en situación de riesgo – discapacidad, víctimas de violencia de género… –; la capacitación y la asistencia legal para las trabajadoras que deseen mejorar sus condiciones de vida; y cuotas para el empleo público, incluidos los cargos electos, a través de una futura Ley de Paridad cuyo fin no es otro que un archipiélago 50-50 (Governo de Cabo Verde, 2017.2).

Finalmente, cabe mencionar cómo los estudios han venido señalando la necesidad de promover la articulación de nuevas redes colectivas y solidarias entre grupos de mujeres y movimientos sociales y comunitarios que aspiren a un cambio regulatorio que otorgue condiciones salariales y de tiempo dignas para las mismas (Hunt y Samman, 2016). Si bien el plan no contempla esto último, de la presión y seguimiento de un incipiente movimiento feminista, articulado con las agencias de cooperación internacionales[2], dependerá que la totalidad de estas medidas construyan una República cuyo mayor plan sea poner la vida y los cuidados en el centro de la agenda política.

Referencias bibliográficas

Legislación

ICIEG (2017). Estrategia Nacional de Transición de la Economía Informal a Formal (2017-2020).

Governo de Cabo Verde (2015). Plan Nacional de Igualdad de Género (2017-2019).

Governo de Cabo Verde (2017.1). Plan Estratégico de Desarrollo Sostenible (2017-2021).

Governo de Cabo Verde (2017.2). Plan Nacional de Cuidados (2017-2019).

Revistas académicas

Hunt, A., y Samman, E. (2016). Women’s economic empowerment: Navigating enablers and constraints, ODI Development Progress research report Londres: Overseas Development Institute (ODI).

Kabeer, N.; Milward, K., y Sudarshan, R. (2013). Organising women workers in the informal economy. Gender and Development, vol. 21, núm. 2, págs. 249-263.

Documentos electrónicos

OIT (2018). Empoderar a las mujeres que trabajan en la economía informal. Recuperado el 5 de enero de 2019, de http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—dgreports/—cabinet/documents/publication/wcms_618369.pdf

Governo de Cabo Verde (2017.3). Rede de Mulheres Parlamentares partilha “Declaração de Rui Vaz” com o Chefe do Governo. Recuperado el 30 de septiembre de 2018, de http://www.governo.cv/index.php/rss/7303-rede-de-mulheres-parlamentares-partilha-declaracao-de-rui-vaz-com-o-chefe-do-governo

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[1] En este sentido, en marzo de 2019 se espera la aprobación de una Ley de Paridad para con los procesos electorales y el acceso a los cargos públicos que, como mecanismo normativo encaminado a reponer la justicia social y contribuir al aumento de la participación de las mujeres en las esferas políticas y decisorias, refrende la construcción de una sociedad igualitaria inscrita en una democracia plenamente representativa que “contribuya a un mundo 50-50” (Goberno de Cabo Verde, 2017).

[2] En el año 2018 ha comenzado a implementarse el programa financiado por Cooperación Española “Contribuyendo al acceso y a la generación de empleo digno para las mujeres caboverdianas” con la finalidad de mejorar las condiciones de empleabilidad y garantizar las condiciones dignas para las mujeres caboverdianas a través del fortalecimiento de las redes municipales del cuidado para la atención de personas dependientes (infancia, personas con discapacidad, personas mayores…) y la formación en profesiones relacionadas con el cuidado.

Isis Labrunie

En todo el mundo, las niñas en situación de pobreza y sobre todo aquellas con baja escolaridad son más susceptibles a los embarazos – deseados o no – que aquellas en los quintiles más ricos y con  un mayor acceso a la educación.

Esta relación entre educación y  maternidad precoz[1] es reconocida por múltiples países e instituciones. En tanto que las estadísticas señalan que mientras una niña siga en la escuela, disminuye sustancialmente la probabilidad de que viva un matrimonio forzado, o que sea madre antes de alcanzar la edad adulta[2].

Esta línea de trabajo, vinculada especialmente con el enfoque del empoderamiento, se ha potenciado conforme se ha expandido la defensa de la educación y la igualdad de género como derechos fundamentales. Así, diversos países han impulsado medidas para armonizar sus normativas conforme a los compromisos internacionales asumidos, instaurando acciones para fomentar la educación de las niñas y prevenir el embarazo precoz.

En el caso del continente africano – donde encontramos las más altas tasas de embarazos adolescentes – este cambio se daría principalmente desde la firma de la Carta Africana de los Derechos del Niño, en 2009 y la adopción en 2013 de la Agenda 2063 de la Unión Africana, que identifica como prioridades la inversión en la educación y la eliminación de las desigualdades de género en todos los ámbitos educativos.

No obstante, el trabajo en torno al embarazo adolescente se ha centrado principalmente en el cambio de comportamiento de las niñas, abordando en menor medida las causas subyacentes – como la desigualdad de género, la pobreza, la violencia sexual o las presiones sociales – y en la mayoría de casos desconsiderando la importancia del papel de niños y hombres en dicho fenómeno.

Asimismo, resulta imperioso señalar que el foco puesto en la prevención – y el papel de la educación como vector preventivo – ha supuesto repetidas veces una menor atención al colectivo de niñas y adolescentes embarazadas. Siendo que, en algunos casos, la priorización del eje profiláctico ha servido incluso de justificación para acciones en detrimento de las adolescentes embarazadas.

En esta línea, cabe señalar que diversos países tienen normativas que explícitamente prohíben o dificultan el acceso de las alumnas embarazadas a los centros educativos – como Tanzania, Sierra Leona, Togo, Burundi o Guinea Ecuatorial – iniciativas que se justifican como medidas para proteger a dichas alumnas y sus compañeras.

Sin embargo, actualmente en la mayoría de Estados Africanos no existen legislaciones que definan como deberá ser tratada esta cuestión – lo que deja abierta la puerta a la arbitrariedad de las escuelas en base a su juicio moral – o se ha optado por favorecer la reincorporación de adolescentes-madres tras el parto; como es el caso de Mauritania, Mali, Gabón, Kenia, Ruanda, Liberia, Zambia y Malawi, entre otros[3].

Las medidas de reincorporación han sido aplaudidas a nivel internacional; aunque debemos considerar no solo lo que dictaminan esas iniciativas legislativas, sino también aquello que deliberadamente excluyen. Pues a menudo hablar de la reincorporación esconde la decisión intencionada de no considerar – o remediar – lo que llevó al abandono del espacio educativo en un primer momento. Ignorándose así la relevancia de las medidas de adaptación curricular, la disponibilidad de transporte o incluso la discriminación vivida dentro de las mismas escuelas.

En definitiva, parece ser más fácil reincorporar que asegurar la permanencia y el éxito escolar de las adolescentes embarazadas. Posicionamiento que invita a una verdadera reflexión sobre los derechos educativos, a quienes son aplicados los mismos y que vivencias son invisibilizadas.

Para profundizar en esta cuestión, buscando conocer mejor la problemática y los posibles abordajes a la misma, a continuación, haremos un breve recorrido por las normativas relacionadas con educación, embarazos adolescentes y salud sexual en Cabo Verde.

El caso de Cabo Verde: de la suspensión a la permanencia

Contrastando con la realidad de gran parte de los Estados-nación del Oeste del continente africano, Cabo Verde tiene una reducida población, sumando poco más de medio millón de habitantes. Asimismo, con una esperanza de vida superior a los 70 años y una tasa de alfabetismo que ronda el 90% de la población, muestra indicadores en materia de desarrollo que destacan a nivel regional. Aunque esto no significa la ausencia de problemáticas sociales, como aquellas vinculadas a la desigualdad de género y específicamente los embarazos precoces[4].

Precisamente para hacer frente a esta última cuestión, en el año 2001, el Ministerio de Educación de Cabo Verde elaboró un documento titulado Orientações Gerais para uma melhor gestão da questão da gravidez no meio escolar.

Estas orientaciones vendrían a definir la praxis nacional de los centros educativos respecto a las alumnas embarazadas. Estableciéndose la recomendación – existente en otros países – de que las alumnas que se quedaran embarazadas durante el año lectivo fueran orientadas a suspender su asistencia a la escuela, pudiendo, caso les fuera conveniente, retornar tras el parto.

Siguiendo la tendencia internacional, las justificaciones para esta orientación se basaban en la dificultad para conciliar el estudio y el embarazo, factor que se había “revelado particularmente difícil y doloroso para las escuelas, las jóvenes, los compañeros y para el país”, realzándose que tal esfuerzo producía “efectos nocivos para el embarazo, la maternidad y la vida de la criatura”. Igualmente, se señalaba que el embarazo y la maternidad creaban problemas “incompatibles con las reglas de funcionamiento del sistema educativo (como la rigidez de horarios) (…) y los varios derechos (de la alumna, del bebé y los demás alumnos) que no se realizarían de forma armoniosa en el espacio escolar”.

Asimismo, era destacado como factor de peso en la definición de esta medida la cuestión moral del mal ejemplo y la mala imagen que el embarazo adolescente producía; entendiéndose que fomentaba que otras compañeras se quedaran embarazadas.

En todo caso, el documento destacaba que no se trataba de una medida punitiva, sino que su objetivo era “conciliar los principios constitucionales de protección de la maternidad y de la infancia, con la garantía, dentro de lo posible, del derecho al acceso a la enseñanza y la formación”.

Más allá de su sustrato teórico – que abordaremos más adelante – si nos remitimos a los efectos prácticos de esta orientación, hoy en día podemos afirmar que la misma fue ineficaz a la hora de disminuir el número de embarazos adolescentes. Esto se aprecia al constatar los datos sobre las alumnas que suspendieron la matricula debido a embarazos; cifra que permaneció prácticamente constante a lo largo de los años en los que estuvo vigente la orientación (Ver Figura 1).

Figura 1: Retorno alumnas que suspendieron la matricula por embarazo (2002-2008)

Fuente: Estudo Avaliação da Medida de Suspensão Temporária das alunas grávidas no ensino secundário, ICIEG (p.41)

Asimismo, la medida también se mostró insuficiente para garantizar el retorno de las alumnas-madres, pues tal como muestra el cuadro, el 42% de las alumnas que abandonaron los estudios nunca retomaron los mismos.

A la vista de estos hechos, el Instituto Caboverdiano para a Igualdade e Equidade de Género (ICIEG) elaboró en 2010, junto con el Ministerio de Educación, una evaluación de esa Orientación. La misma concluyó que la suspensión tenía un impacto negativo en la trayectoria personal y académica de las alumnas embarazadas/madres; y que no respetaban el principio de igualdad y equidad de género.

El estudio también se detuvo a analizar como la medida se basaba principalmente en representaciones sociales negativas respecto al embarazo adolescente, llevando a la reproducción de estigmas sobre la sexualidad de adolescentes y jóvenes, liberando a la escuela de cualquier responsabilidad social respecto a ese hecho y posicionándose contra los derechos humanos.

Sin embargo, pese a estas contundentes y fundamentadas conclusiones, el estudio no tendría inicialmente un gran impacto. De hecho, el cambio de la praxis escolar en torno al embarazo y la maternidad, no llegaría a un punto decisivo hasta 2013. Cuando se promulga el Estatuto da Criança e do Adolescente, que prohíbe expresamente – en su artículo 47 – que las jóvenes embarazadas sean incentivadas a interrumpir los estudios o abandonar la escuela.

Finalmente, en 2017, se promulgaría una legislación específica para hacer operativo este principio – el Decreto 47/2017 – que establece medidas para garantizar la permanencia y favorecer el éxito escolar de las alumnas embarazadas, madres y padres. Indicando, entre otras medidas la necesidad de un régimen especial de faltas, así como el derecho a orientación específica y la necesidad del uso de una metodología dirigida a fomentar mejores resultados escolares.

Esta ley, sin duda representa un gran paso para garantizar el acceso igualitario al espacio educativo y la construcción de escuelas libres de discriminación. Pero tanto por lo reciente que es la iniciativa, como por el hecho de que la implementación de la misma se realiza de forma autónoma por las escuelas, sin una articulación clara, todavía queda mucho para asegurar una adaptación curricular satisfactoria y el éxito de la medida. En cualquier caso, Cabo Verde representa un caso paradigmático de evolución normativa, así como un gran aprendizaje de las potencialidades y retos de los distintos enfoques con los que se aborda la educación de las alumnas adolescentes embarazadas y madres.

Reflexiones

Aunque podemos discordar con la suspensión de alumnas embarazadas, la aprobación de este tipo de medidas saca a relucir importantes cuestiones que deben ser consideradas.

En efecto, como señalan las Orientaciones que implementan esa práctica en Cabo Verde, la maternidad es incompatible con el funcionamiento de los centros educativos. O, dicho de otra manera: la maternidad, como constructo social que representa la reproducción dentro de los roles de género femeninos, es intrínsecamente disonante con el sistema educativo tradicional.

No solo eso, sino que la presencia en los espacios formativos también es incompatible con el rol de una madre en el modelo familiar-nuclear y su división sexual del trabajo. Y si a esto le añadimos la constante equiparación entre los derechos de la madre y la criatura aun no nacida, así como la discriminación tanto por motivo de edad como de género existente en los espacios educativos – y su intersección en el caso de las adolescentes embarazadas – podemos acercarnos a comprender con matices esta problemática.

Lo que nos permite reconocer que no basta con identificar fallos en las medidas adoptadas por los diversos Ministerios de Educación, sin atender al propio contexto en el que se insertan, siendo necesario realizar una crítica a todo el sistema en su conjunto.

En cualquier caso, esto no implica adoptar una actitud derrotista o ser conniventes con medidas claramente discriminatorias. Por el contrario, aceptar que ninguna política e institución es neutral y que todas muestran una clara tendencia a la reproducción del sistema – en este caso patriarcal – nos permite un análisis más riguroso de la complejidad del fenómeno que estamos abordando. Viéndose así que para contar con un sistema educativo inclusivo es necesario ir más allá de lo establecido por las normativas respecto a la escolarización.

Partiendo de este enfoque crítico, también se evidencia que no es suficiente hablar del derecho a la educación sin pararnos a considerar en que interpretación de este principio nos basamos; y a quienes se aplica el mismo. Dado que incluso el discurso de los derechos humanos, tal como hemos visto, es susceptible a ser empleado como justificación para la negación de derechos; posibilitando que la prevención de los embarazos precoces justifique la discriminación directa de un colectivo.

Por ello, es indispensable un enfoque interseccional en el abordaje de la educación femenina que trascienda el enfoque homogeneizador tradicional de los Derechos Humanos. Poniendo así en evidencia que defender el derecho a la educación implica también contemplar el disfrute del mismo por parte de las alumnas embarazadas.

Por último, también cabe preguntarnos por la disponibilidad de recursos. De poco sirve una orientación de permanencia de alumnas embarazadas si los centros no cuentan con lo necesario – transporte, infraestructuras, personal docente, clima educativo, etc. – para que dichas alumnas pueden prosperar.  Asimismo, si no son creadas las condiciones para que las alumnas puedan seguir su formación durante embarazo ¿qué podemos esperar de las condiciones de conciliación una vez sean madres? Hablar de “reincorporación” tras el embarazo, parece difícil en esos términos.

En definitiva, el caso de Cabo Verde permite entender las motivaciones detrás de las normativas de reincorporación; así como los contra-argumentos existentes frente a las mismas. Igualmente, Cabo Verde es ejemplo de la posibilidad de reflexión y alteración de las normas adoptadas, evidenciando la importancia de los diagnósticos con enfoque de género para la creación y modificación de políticas públicas. Sentando también un precedente al considerar la necesidad de contemplar la adaptación curricular para que los alumnos-padres puedan ejercer una paternidad basada en la corresponsabilidad.

 Referencias bibliográficas

[1] Término definido por la OMS como cualquier embarazo antes de los 20 años.

[2]Maternidade precoce: enfrentado o desafio da maternidade na adolescência (UNFPA):  http://www.unfpa.org.br/Arquivos/swop2013.pdf

[3] Leave no girl behind (Human Rights Watch): https://www.hrw.org/report/2018/06/14/leave-no-girl-behind-africa/discrimination-education-against-pregnant-girls-and

[4] En 2016, 20.4% de los embarazos registrados en el país fueron de menores de 19 años. Relatório Estatístico do Ministério da Saúde 2016: http://www.minsaude.gov.cv/index.php/documentosite/-1/457-relatorio-estatistico-2016-versao-final-1/file

Verónica Pastor Fernández

El archipiélago filipino es propenso a los desastres naturales, que ocasionan importantes consecuencias socioeconómicas para el país. Entre los peores desastres que han agitado Filipinas, destaca el tifón Haiyan (localmente conocido como Yolanda), que en noviembre de 2013 golpeó el archipiélago con nivel cinco, el máximo de la escala Saffir-Simpson (OTC en Filipinas, 2013), dejando 6.300 víctimas mortales, 1.061 personas desaparecidas, 28.689 personas heridas, 4.095.280 desplazadas y 1.084.762 hogares destruidos (NDRRMC, 2014).

El impacto arrasador del tifón produjo además la destrucción de una exorbitante magnitud de infraestructuras públicas y privadas. Edificios, puentes, carreteras, instalaciones de comunicación, suministro de agua y electricidad, fueron destruidos, limitando los accesos y, en consecuencia, dificultando la respuesta humanitaria (Naciones Unidas, 2013).

No existe disponibilidad datos de las víctimas del tifón Yolanda desagregados por sexo, por lo que no se puede afirmar en este caso que el número de mujeres víctimas supere al de los hombres. La falta de datos desagregados implica la invisibilización del impacto diferenciado sobre mujeres y hombres.  En consecuencia, las acciones realizadas en la respuesta, rehabilitación y posterior recuperación tras el desastre no cuentan con toda la información necesaria para atender de manera específica las desigualdades de género.

A través de la intervención de distintas organizaciones no gubernamentales para el desarrollo (ONGD) y organismos internacionales en la respuesta al desastre, sí existe constancia respecto a determinadas transformaciones en las relaciones de género entre la población afectada tras el tifón.

Transgresión de roles de género

A raíz de Yolanda, muchas mujeres quedaron viudas, lo que les obligó a convertirse en las principales sustentadoras económicas de la familia. Los hombres retomaron sus roles tradicionales como jefes de hogar a pesar de que sus ingresos eran menores por las dificultades para encontrar medios para conseguir un salario. Con el tifón perdieron los instrumentos que empleaban para ganarse la vida: animales, barcos, etc.

Las mujeres, con el apoyo de los niños y niñas, continuaron con las tareas reproductivas para atender las necesidades, no solo de sus familias, sino de las comunidades. Además del desempeño de las tareas reproductivas, se dedicaron a la realización de labores que transgredían sus roles de género, como la carpintería o la limpieza de escombros. Los ingresos de los hombres eran inferiores por la dificultad para adquirir un sustento de vida, por lo que las mujeres diversificaron la búsqueda de formas de generar ingresos. En un primer momento, los hombres dudaron si las mujeres serían capaces de hacer trabajos de carpintería, pero la necesidad de reconstruir todo lo que el tifón había devastado no dejó lugar para los escepticismos (M. Guillermo, comunicación personal, 16 septiembre 2015).

No obstante, las posibilidades para hacer frente al rol productivo fueron más limitadas para las mujeres por la necesidad de conciliarlo con el trabajo reproductivo, lo que limitaba su movilidad, su tiempo y sus opciones. Además, el trabajo reproductivo se intensificó, entre otros factores, debido a que las casas y sus ubicaciones cambiaron radicalmente, especialmente para quienes vivían en refugios temporales (por las mayores distancias a los mercados, a los puntos de distribución de agua, etc.). Las múltiples responsabilidades necesariamente afectaban al acceso a oportunidades de educación, participación, producción y, sobre todo, bienestar (Novales, 2014).

La transgresión de roles de género durante la rehabilitación y reconstrucción tras el desastre solo se llevó a cabo por las mujeres, pero no a la inversa, siendo el trabajo de cuidados escasamente desempeñado por los hombres. Hubo, de hecho, dificultades para involucrar a los hombres en cuestiones de higiene y salud, dado que encontraban “gracioso” formar parte de iniciativas que consideraban fuera de sus cometidos, presentando una mayor resistencia para traspasar sus roles, y permaneciendo en la esfera productiva (Novales, 2014).

Participación asociativa

Tras el tifón Yolanda surgió un fuerte movimiento asociativo en las zonas afectadas, relacionado con la toma de conciencia de la importancia que tienen las redes sociales para el acceso a la información y a los recursos. En esta proliferación de asociaciones hubo una extraordinaria participación de mujeres, que desempeñaron un trabajo especialmente activo en la recuperación. Su participación les involucró en la obtención de ingresos para la comunidad y les dio la oportunidad de vivir nuevas experiencias, al entrar en un ámbito que anteriormente les estaba implícitamente vetado.

La participación de las mujeres en los espacios donde se desempeñan funciones de administración política y comunitaria ha sido muy importante para su empoderamiento. Sin embargo, también ha tenido importantes costes para ellas, dado que además de dedicarse al asociacionismo, siguieron encargándose del trabajo reproductivo, abordando las necesidades de cuidados de su familia. Así, la participación se convertía en una tarea añadida, dando lugar a una doble jornada o triple, en los múltiples casos de las mujeres que, como se ha descrito, comenzaron a trabajar además en el ámbito productivo.

La sobrecarga generada hacia las mujeres a causa de intervenciones en el desarrollo de las comunidades es el resultado de la aplicación del enfoque “Mujeres en el Desarrollo” (MED), implementado a partir de los años 70, con el objetivo de integrar a las mujeres en las estrategias de desarrollo, poniendo énfasis en su papel productivo. Este enfoque considera a las mujeres aisladamente y, por tanto, propone soluciones parciales, reforzando sus roles de género y sin cuestionar la división sexual del trabajo (De la Cruz, 1999).

La falta de cuestionamiento de las relaciones de poder supone perpetuar el rol reproductor de las mujeres debido a la falta de articulación entre los roles productivos y reproductivos.

Posteriormente, durante los años 80, surge el enfoque transformador “Género en el Desarrollo” (GED) como consecuencia del análisis de las relaciones entre mujeres y hombres, partiendo del reconocimiento de la posición subordinada de las mujeres. Este enfoque implica que las necesidades de las mujeres dejen de ser consideradas aisladamente para formar parte de un análisis de las relaciones de género en los hogares, las comunidades y las instituciones. Promueve, en consecuencia, la superación de las desigualdades estructurales (De la Cruz, 1999).

El fomento de la ruptura de los roles tradicionales de género es fundamental tras un desastre, pudiendo aprovechar la oportunidad para que las mujeres puedan ocupar espacios donde antes no participaban. Sin embargo, es importante asegurarse de que con ello no se incrementa drásticamente su carga de trabajo.

La ocupación de espacios públicos por parte de las mujeres debe hacerse en armonía con la ocupación por parte de los hombres del espacio reproductivo, para que las cargas de trabajo estén equiparadas. No se trata de invertir los roles de género, sino de redefinirlos, en la búsqueda de un contexto más justo y equitativo, aprovechando las situaciones de crisis para dejar de perpetuar las desigualdades. Para ello, es esencial dar visibilidad a las estructuras que hacen posibles esas desigualdades.

El presente artículo se ha extraído del Trabajo de Fin de Máster: Una mirada desde la perspectiva de género a los desastres naturales: el caso del Tifón Yolanda (Haiyan) en Filipinas, realizado en el marco del XI Máster Propio en Género y Desarrollo, presentado en abril de 2016.

Bibliografía

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De la Cruz, C. (1999). Guía metodológica para integrar la perspectiva de género en proyectos y programas de desarrollo. Vitoria-Gasteiz: Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer. Recuperado de https://docplayer.es/194797-Como-ha-evolucionado-el-enfoque-de-mujeres-en-el-desarrollo-med-a-genero-en-el-desarrollo-ged.html

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Novales, C. L. (2014). Haiyan Gender Snapshot. Quezon City: Oxfam. Recuperado de https://issuu.com/oxfamsapilipinas/docs/typhoon_haiyan_gender_snapshot_oxfa

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Rebecca Hvizdalek Dixon

¿Qué es el trabajo doméstico no remunerado?

El trabajo doméstico y de cuidados, conocido también como el trabajo reproductivo, se puede definir en términos generales como los trabajos invisibles llevados a cabo en la esfera privada del hogar y a nivel socio comunitario para el cuidado y la reproducción de la vida humana. Más concretamente, el Instituto Nacional de las Mujeres de Costa Rica define el trabajo doméstico no remunerado como las actividades que abarcan: “cuidados personales, quehaceres domésticos del hogar (cocinar, limpiar, hacer compras, mercado, lavar ropa, planchar, etc.), tareas de cuido (niños, niñas, personas enfermas, personas dependientes y quienes tienen algún tipo de discapacidad) y trabajo voluntario, como las que se realizan en las comunidades, fundaciones de ayudas sociales, organizaciones religiosas, políticas, patronatos escolares, entre otras” (“Valorarización del trabajo doméstico no remunerado- TDNR”, s.f.).

Aunque en ciertas ocasiones este trabajo es remunerado, como es el caso de las y los trabajadoras/res domésticas/os contratadas por empresas o particulares, la mayoría de las veces este tipo de trabajo no es remunerado y es realizado mayoritariamente por mujeres. Según un análisis del periódico español El País de la última Encuesta de Condiciones de Vida del Instituto Nacional de Estadística, las mujeres españolas destinan 26,5 horas a la semana a trabajos sin remuneración frente a los hombres que destinan 14 horas. Es más, los datos se mantienen aun cuando las mujeres trabajan a media jornada (29,6 horas por 13,9) y a jornada completa (25,2 horas por 13,9) (Gómez, 2018).

Aunque la aportación del trabajo reproductivo al bienestar de la familia, los hogares y la comunidad es cada vez más reconocida y analizada, su valor económico es a menudo invisibilizado y menospreciado, ya que de esta manera permite desplazar costes a la esfera doméstica. En México, por ejemplo, el valor del trabajo de los hogares en 2015 fue valorado por El Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía (2014) en 4.6 billones de pesos, lo que supone un 23,2% del producto interno bruto (PIB). Según el periódico Mexicano La Vanguardia, la aportación del trabajo en los hogares realizado por los miembros de la familia, de la cual las mujeres aportan un 77.2 de cada 100 horas de labores en casa, “supera la aportación que hacen al PIB las industrias manufactureras, que contribuyen con 16.5 por ciento; y la minería, que genera 7.6 por ciento de la actividad económica del país, de acuerdo con datos del Inegi” (El valor del trabajo doméstico no remunerado equivale al 24% del PIB: Inegi, 2016).

En Euskadi, comunidad autónoma española, según el Instituto Vasco de Estadística (2013), el valor del trabajo doméstico no remunerado ascendió a 21.342 millones de euros en 2013, representado un 32, 4% del PIB. Estos se comparan con “las de Francia y España en 2010, donde el trabajo doméstico en relación al PIB fue del 36% y del 41%, respectivamente” (Azumendi, 2016). En todos los casos mencionados, las mujeres se ocupan desproporcionadamente de las tareas relacionadas con el trabajo reproductivo. Y mientras que las aportaciones a la economía son considerables, no son remuneradas. Es más, las políticas sociales siguen sin lograr la redistribución de estas tareas fuera del hogar. Sumado con la brecha salarial y la desigualdad de oportunidades en la vida laboral, se puede observar que son facetas de la desigualdad de género.

¿Por qué no se considera trabajo?

Lejos de ser natural, la división de trabajo entre hombres y mujeres y su distribución desigual es fruto de procesos históricos que han otorgado más valor al trabajo productivo que al trabajo reproductivo y de relaciones de poder entre mujeres y hombres, de las normas sociales y de los estereotipos de género.

A día de hoy, el concepto de trabajo está estrechamente ligado al empleo remunerado y excluye todas las demás formas de trabajo. De esta manera se puede entender que la actual forma de hacer economía pone la centralidad de los mercados y la lógica de acumulación de capital (trabajo productivo) por encima de la lógica del bienestar humano en todas sus dimensiones (trabajo reproductivo). El sistema socioeconómico ha excluido aquellos trabajos que sostienen el bienestar humano por el coste de reproducción de la fuerza de trabajo. Le es imprescindible mantener oculto las aportaciones que hace el trabajo reproductivo porque permite a empresas capitalistas y a los gobiernos desplazar costes y aumentar así sus beneficios. Como señala Cristina Carrasco (2010), “parece evidente que la producción mercantil capitalista no podría funcionar pagando salarios de subsistencia real” y desplazando los costes hacia la esfera doméstica les permite pagar “una fuerza de trabajo muy por debajo de sus costes” (p.213). El desplazamiento de estos costes hacia la esfera privada ha conllevado a que estas responsabilidades caigan en mano de las mujeres y que el trabajo reproductivo se asocie con lo femenino. Desde esta mirada, la denominada economía feminista, se puede observar que “el hecho mismo que los mercados capitalistas estén en el epicentro supone que no hay una responsabilidad colectiva en sostener la vida; esta responsabilidad se privatiza, feminiza e invisibiliza” (Pérez Orozco, 2014, p.139).

La privatización, invisibilización y feminización del trabajo reproductivo

La responsabilidad de sostener la vida sucede en la esfera privada/doméstica/ reproductiva (los hogares y las comunidades) que quedan fuera de los intercambios monetarios y, por lo tanto, el trabajo reproductivo no se concibe al igual que el trabajo remunerado. Cristina Carrasco (2010) argumenta que la asociación del concepto tradicional de trabajo con empleo remunerado, “no es algo obvio o natural, sino el resultado de un complejo proceso histórico de reconceptualización, que guarda relación con la división sexual del trabajo” y con el modo en que se ha definido el concepto de la economía (p.205). Esta asociación fue el resultado de la industrialización que separó definitivamente las esferas públicas y privadas. El trabajo reproductivo, al no ser objeto de intercambio mercantil, quedó marginado de la esfera pública y excluido de los procesos económicos. Además, al conceptualizar el trabajo remunerado con la actividad del mercado se produjo también una asociación con lo masculino (p.206).

Según Amaia Pérez Orozco (16 diciembre 2015), el trabajo reproductivo está feminizado a nivel simbólico y a nivel material. La economía feminista muestra que el trabajo reproductivo es naturalizado como algo esencialmente femenino ya que “las mujeres siguen llevando a cabo la mayoría del cuidado no remunerado en los hogares y las comunidades; asimismo, la mayoría de las y los trabajadores del cuidado remunerado son mujeres” (Esquivel, 2013, p.3). Los hogares, al igual que las demás instituciones, son heteropatriarcales y socializan diferenciadamente a las mujeres y a los hombres. Mientras que las mujeres se crían para ser cuidadoras y madres en las esferas privadas-domésticas, los hombres se crían para ser los ‘ganadores del pan’ y responsables del crecimiento económico en las esferas públicas. La naturalización del trabajo reproductivo como tarea de mujeres produce una división sexual del trabajo, sin la cual el sistema socioeconómico nunca hubiera funcionado ya que necesita todos los trabajos invisibilizados para sostenerse.

¿Por qué debería considerarse trabajo?

La economía feminista argumenta que los hogares son lugares de producción al igual que los mercados y que el trabajo reproductivo es, en términos reales, trabajo. Por un lado, los hogares contribuyen “un ingreso en especie que produce bienestar” (Esquivel, 2013, p.6). Por otro lado, el trabajo reproductivo abarca una serie de costos (tiempo, esfuerzo, recursos) a quiénes lo realizan y una serie de beneficios a la sociedad y al sistema socioeconómico. Estos beneficios se pueden categorizar en dos tipos: el sostenimiento del estándar de vida y el sostenimiento del tejido de las relaciones familiares y comunitarias (Esquivel, 2013, p.6). Al proporcionar a las personas (niñas y niños, adultos y adultas mayores, personas enfermas) los recursos necesarios para mantener su bienestar físico y emocional en el entorno de su vida cotidiana el trabajo reproductivo se convierte en un requisito para la producción del mercado capitalista. Le proporciona su fuerza de trabajo, bienestar social y le permite desplazar costes para aumentar sus beneficios.

Conclusión

El trabajo doméstico no remunerado, llevado a cabo alrededor del mundo mayoritariamente por mujeres, permanece siendo una de las esferas ocultas del actual sistema socioeconómico. Sin embargo, los datos disponibles demuestran que este trabajo puede llegar a presentar hasta un 36% del PIB anual de un país. Es necesario visibilizar y reconocer formalmente las aportaciones de este trabajo al bienestar humano, social, y económico. Las economistas feministas argumentan que es necesario encontrar maneras de colectivizar y redistribuir estos trabajos por la sociedad, mediante el desarrollo de políticas y financiación a actividades que “respalden la prestación o el acceso a los servicios de cuidado” (Esquivel 2013, p.13).

Referencias

Azumendi, E. (26 de febrero, 2016). ¿A cuánto equivale el trabajo doméstico en PIB? Recuperado de https://www.eldiario.es/norte/euskadi/equivale-trabajo-domestico-PIB_0_488551640.html

Carrasco, C. (2011). La economía del cuidado: planteamiento actual y desafíos pendientes. Revista de Economía Crítica, 11: 205-225. Disponible en www.ucm.es/info/ec/rec/Revista_Economia_Critica_11.pdf

Esquivel, V. (2013). El cuidado en los hogares y las comunidades. Documento conceptual. OXFAM Research Reports, Octubre 2013. Disponible en http://oxfamilibrary.openrepository.com/oxfam/bitstream/10546/302287/2/rrcare-background-071013-es.pdf

Gómez, M. (13 de febrero, 2018). La mujer dedica el doble de horas que el hombre al trabajo no pagado. Recuperado de https://elpais.com/economia/2018/02/12/actualidad/1518462534_348194.html

Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía (2014). Trabajo no remunerado de los hogares. Recuperado de http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/cn/tnrh/default.aspx

Instituto Vasco de la Estadística (2013). El trabajo doméstico no remunerado de la C.A. de Euskadi equivaldría al 32,4% del PIB en 2013. Recuperado de http://www.eustat.eus/elementos/ele0013200/El_trabajo_domestico_no_remunerado_de_la_CA/not0013261_c.html

Valorarización del trabajo doméstico no remunerado- TDNR. (s.f.). Recuperado de http://www.inamu.go.cr/valorizacion-del-trabajo-domestico-no-remunerado

En el día a día de la mujer, ella va tomando decisiones dentro del hogar, el trabajo, su comunidad, entre otros espacios; y es deseable que sus decisiones tengan el mismo poder y jerarquía con relación a los hombres en igualdad de condiciones.

Para América Latina y el Caribe según cifras de la OCDE¹, la tasa de participación en la fuerza laboral a partir de los 15 años es, para las mujeres del 56.6% y 81.9% para los hombres; lo que lleva a entender que aún existe una brecha importante con relación a la equidad de género laborar de 25.3%.

Cabe resaltar, en los últimos 30 años¹, la participación de las mujeres en Latinoamérica y el Caribe, en el área laboral ha incrementado ligeramente (10.2%), y cuya participación en diferentes áreas dentro de la sociedad ha sido un constante esfuerzo para obtener una posición de igualdad ante el hombre; y si bien, estos cambios son paulatinos, estos reajustes, llevan para ambos retos y conflictos.

Violencia por parte de la pareja hacia la mujer

Ante ello, la transición de la mujer en su desarrollo personal implica la doble jornada femenina, “mujer que se hace cargo de la familia y mujer que trabaja en un empleo remunerado”, ya que, se espera que no afecte en sus deberes de tradición dentro de las normas sociales y expectativas culturales.²

Dentro de una cultura de hombres, ellos se pueden sentir amenazados por los cambios, llevando a cuestionar su rol dentro de la sociedad y ante esté conflicto interno provoca malestar, irritación y violencia.^3,4

Es por ello, que los roles tradicionales de género y la violencia contra las mujeres están asociadas⁵, también con el acceso a la educación⁶, al trabajo remunerado⁷ y dependencia económica.^8,9 De ahí que, la violencia de la pareja afecta a las mujeres en relación a su desarrollo profesional, sobre la búsqueda de oportunidades laborales, ejecución del trabajo y en el aumento de su confianza e identidad profesional.¹⁰

Promoción del empoderamiento

La educación influye positivamente para la promoción en el empoderamiento en las mujeres, dado que la formación académica provee conocimiento y habilidades en términos de autosuficiencia económica para manejar la economía del hogar³ y ahorro del dinero¹¹.

En efecto, el empoderamiento económico contribuye a las oportunidades de independencia, desarrollo financiero e influyen directamente con el tipo de decisiones a favor de sus comunidades¹²; y ante el acceso y desarrollo de los recursos económicos por la herencia de las mujeres mayores, estos se van pasando de generación en generación.¹³

En la actualidad, varias mujeres jóvenes que se observan a sí mismas empoderadas, no las lleva a sentirse más superiores que los hombres, al contrario, lo ven como un compañero empático, observándolo más sensibles y con nuevas ideologías femeninas.¹⁴

Recomendaciones

• Generar intervenciones centradas^15,16,17 en la relación con la pareja y/o miembros de la familia, considerar elementos de la cultura y valores familiares dentro de la sociedad, integrar el elemento económico con perspectiva de microfinanciación.
• Impulsar a las mujeres y a su comunidad, a fomentar en su entorno el poder de decisión en ellas mismas, en las integrantes de la familia y en su entorno.
• Programas dirigidos a las mamas en la educación de los hijos e hijas y sembrar nuevas ideas de relacionarse e interactura entre hombres y mujeres para cambiar la actitud en relación a las normas sociales.
• Promover el cambio continuo de las nuevas percepciones de roles sociales.
• Fortalecer el empoderamiento y direccionar la capacidad de la mujer, al ejecutar sus actividades cotidianas y desarrollar sus habilidades y competencias, para ser más independiente y aprender a cuidarse de sí mismas.

Referencias

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Enlaces externos

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• https://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/file_attachments/bp-an-economy-that-works-for-women-020317-es.pdf