Universidad Complutense de Madrid (CSEG)

La economía feminista pone en el centro de sus prioridades la vida de las personas, el trabajo de los cuidados que es realizado por mujeres de todo el mundo, y en general, la sostenibilidad, porque sostenibles son los cuidados si hay un modelo que lo hace posible, y sin ellos, el mundo se para. Somos las mujeres las que cuidamos el mundo y existe una rama de la economía que lo valora y lo pone el centro.

1. La economía feminista: la sostenibilidad de la vida

Son varias las categorías que caracterizan a nuestro sistema económico actual ya que no sólo es capitalista, sino también heteropatriarcal, colonialista y antropocéntrico. Donna Haraway lo denominaría «esa cosa escandalosa» (Haraway 1991; citado por Perez Orozco, 2014) y contra esa cosa es que la economía feminista encuentra la fuerza para hacer crítica. (Conferencia ICEI).

En ese sentido la economía feminista se posiciona como la alternativa a la economía ortodoxa, con gran sesgo androcéntrico y que atribuye al hombre económico [1] características universales, poniendo en el centro la desigualdad de género para explicar el funcionamiento de la lógica económica. Rodríguez (2015)

Sánchez (2015) afirma que «el análisis que realiza la economía feminista ha sido fundamental no sólo para comprender las experiencias económicas de las mujeres, sino también la economía en su conjunto». (p. 59).

Para la economía feminista son varios los conceptos que transcienden los límites. Entendiendo que el mercado va más allá de su propio concepto, que el trabajo no es sólo el trabajo remunerado, que la economía es un proceso que satisface necesidades y donde la presencia de la mujer juega un valor fundamental.

Es importante incorporar la variable de género para entender el funcionamiento de la economía y la diferente posición de mujeres y hombres como agentes económicos y beneficiarios de las políticas públicas.

A diferencia de la economía normativa la economía feminista pone en el centro la sostenibilidad de la vida, tanto humana como no humana [2]. En palabras de Carrasco (2013) esta disciplina tiene en cuenta lo que está por debajo que sostiene el mercado: el cuidado y la naturaleza.

Lo importante no es la producción de capital sino la reproducción de la vida desde una propuesta política y social, convirtiendo a la economía más que en un elemento académico y científico en una herramienta social y política transformadora del sistema económico. En palabras de Pérez Orozco (2016) «Una vida que merezca la pena ser vivida». (p. 160).

Pero ¿cómo es una vida que merezca la pena ser vivida? Para la economía normativa la percepción del mantenimiento de los procesos de vida sólo es entendida desde el punto de vista mercantil y desde la concepción de las relaciones jerárquicas dentro en el mercado. Beneficio contra bienestar de las personas, dos objetivos incompatibles. Lo ideal sería poner uno al servicio del otro, aunque en la actualidad el poder ha decidido apostar por el capital, quedando las personas al servicio del capitalismo y del patriarcado.

Regresando a la base de la economía feminista la sostenibilidad de la vida que plantea se puede entender desde tres principios:

• Sostenibilidad ecológica y social

Va más allá de la reproducción social desde el punto de vista de superar las relaciones de poder propias de la reproducción social-patriarcal que ponen en peligro la propia vida de las personas.

El enfoque de la sostenibilidad de la vida habla actualmente de la existencia de una contradicción entre el capital y la vida. «Las feministas entienden que existe una contradicción entre la obtención de beneficios capitalistas y el mantenimiento de las condiciones de vida» (Picchio 1992; Bosch et al. 2005 citado por Sánchez, 2015, p. 69).

• Centrar la vida en lugar de los mercados

El androcentrismo económico legitima qué debe considerarse económico y qué debe considerarse trabajo, excluyendo a todo lo que califica como no económico, generando además una jerarquización de las actividades, dando más valor a las que se consideran dentro del mercado.

Entonces la economía feminista propone una revisión y ampliación de conceptos para incluir todas las actividades que forman parte de la sostenibilidad de la vida. Aquí se enmarca el trabajo del hogar y cuidados como actividad dirigida a conservar y mantener a las personas.

• Las personas son vulnerables y dependientes

Se considera que toda persona es un cuerpo vulnerable que pierde energías, enferma y muere, un cuerpo cargado de pasiones, afectos y creatividad, un cuerpo, al fin y al cabo, con necesidades fisiológicas y afectivas. La perspectiva plantea que toda persona, y en cada momento de nuestra vida, necesita al resto para sobrevivir. Es decir, somos todas interdependientes (Carrasco 2006; Fineman 2006; Pérez Orozco 2006b citado por Sánchez, 2015). Por tanto, si somos vulnerables las personas no pueden ser consideradas como mercancías, tal como muestra la economía hegemónica.

Dicho esto, la economía, así como el sexo y el género, también es una construcción social y, por tanto, puede ser deconstruida y reconstruida a través de una lógica propositiva que integre el cuidado dentro de la economía (Burns, 2007).

2. Economía que cuida

Para Rodríguez (2015) desde la perspectiva económica feminista el trabajo de los cuidados cumple una función esencial en la economía capitalista: La reproducción de la fuerza de trabajo. Gracias a esta labor cada día las trabajadoras y trabajadores alcanzan las condiciones adecuadas para poder desempeñarse dentro del mercado laboral. De tal forma que pareciera que la fuerza de trabajo asume un papel de trabajador champiñón[3] que brota de la nada y se presenta en su espacio laboral en óptimas condiciones para presentarse ante el mercado.

Sin embargo, en la economía convencional este análisis está invisibilizado, aunque para la crítica feminista el sistema es incapaz de sostenerse sino es en base a estos trabajos invisibles de cuidado no remunerados.

El capitalismo se ha alimentado del patriarcado. Desde la economía convencional se tienen en cuenta los hogares como un agente económico destinado al consumo de bienes y a la provisión de fuerza de trabajo, donde además se ejecuta una división sexual del trabajo[4] en el que los cuidados domésticos recaen específicamente sobre las mujeres. Sin embargo, no se tiene en cuenta lo que sucede al interior de los hogares, el trabajo no remunerado no está a la venta en el mercado, aunque se encarga de reproducir a los miembros que en él habitan.

Según la autora «podría decirse que el trabajo de cuidado no remunerado que se realiza dentro de los hogares (y que realizan mayoritariamente las mujeres) constituye un subsidio a la tasa de ganancia y a la acumulación del capital», por tanto, al empoderamiento económico. (p. 40).

El trabajo realizado desde y dentro de los hogares proporciona bases de desarrollo a nivel emocional, de cuidado y socialización, que no pueden ser adquiridos en el mercado. Al mismo tiempo lo que se produce dentro del ámbito doméstico incrementa la renta nacional, un aspecto no considerado en el Producto Interior Bruto de los países.

Por tanto, las mujeres contribuyen de una forma primordial al valor económico para el desarrollo de los países. En esta línea, Carrasco (2013) afirma que «El sistema capitalista no podría subsistir sin el trabajo doméstico y de cuidados, depende de él para el mantenimiento de la población y la reproducción de la necesaria fuerza de trabajo» (p. 44).

Referencias:

Burns, A.T. (2007). Politizando la pobreza: Hacia una economía solidaria del cuidado (1ª ed.). El Salvador: Progressio e IMU (Instituto de Investigación, Capacitación y Desarrollo de la Mujer)

Carrasco, C. (2013). El cuidado como eje vertebrador de una nueva economía. Cuadernos de Relaciones Laborales, 31(1), 39-56.

Círculo de Mujeres (Prod.), Camacho, M. (Dir.) (2013). Cuidado resbala [DVD]. España: Círculo de Mujeres. Recuperado de http://cuidadoresbala.com/el-documental/

Pérez Orozco, A. (2010). Cadenas globales de cuidados. ¿Qué derechos para un régimen global de cuidados justo? Instituto Internacional de Investigaciones y Capacitación de las Naciones Unidas para la Promoción de la Mujer (UN-INSTRAW).

Pérez Orozco, A. (2012). Cadenas globales de cuidados, preguntas para una crisis. Revista Diálogos, 13-15.

Pérez Orozco, A. (2014). Subversión feminista de la economía. Aportes para un debate sobre el conflicto capital-vida. (1ª Ed). Madrid: Traficantes de sueños.

Pérez Orozco, A. y Artiaga, A. (2016). Tres años de aprendizaje colectivo y global sobre los cuidados. ¿Por qué nos preocupamos por los cuidados? Colección de ensayos en español sobre la economía de los cuidados. Women UN Training Centre.

Rodríguez, C. (2015). Economía feminista y de Cuidado. Revista Nueva Sociedad, 256.

Sánchez-Cid, M. (2015). De la reproducción económica a la sostenibilidad de la vida. Revista de Economía Crítica, 19, 58-76.

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[1] Según el texto de Corina Rodríguez y en palabras de Amaia P. Orozco entiéndase Homos Económicus como sujeto representativo de la humanidad con características universales: hombre, blanco, adulto, heterosexual, sano, de clase media.

[2] Vinculación con la economía ecológica y solidaria.

[3] Según Pérez Orozco la metáfora del champiñón responde a la idea de que la gente brota en el mercado dispuesta a trabajar y/o consumir por generación espontánea. (p. 154).

[4] Rodríguez (2015) afirma que «El proceso de distribución de trabajo en el interior de los hogares es parte de la mencionada división sexual del trabajo, la cual está determinada tanto por pautas culturales como por racionalidades económicas».

Isis Labrunie

En todo el mundo, las niñas en situación de pobreza y sobre todo aquellas con baja escolaridad son más susceptibles a los embarazos – deseados o no – que aquellas en los quintiles más ricos y con  un mayor acceso a la educación.

Esta relación entre educación y  maternidad precoz[1] es reconocida por múltiples países e instituciones. En tanto que las estadísticas señalan que mientras una niña siga en la escuela, disminuye sustancialmente la probabilidad de que viva un matrimonio forzado, o que sea madre antes de alcanzar la edad adulta[2].

Esta línea de trabajo, vinculada especialmente con el enfoque del empoderamiento, se ha potenciado conforme se ha expandido la defensa de la educación y la igualdad de género como derechos fundamentales. Así, diversos países han impulsado medidas para armonizar sus normativas conforme a los compromisos internacionales asumidos, instaurando acciones para fomentar la educación de las niñas y prevenir el embarazo precoz.

En el caso del continente africano – donde encontramos las más altas tasas de embarazos adolescentes – este cambio se daría principalmente desde la firma de la Carta Africana de los Derechos del Niño, en 2009 y la adopción en 2013 de la Agenda 2063 de la Unión Africana, que identifica como prioridades la inversión en la educación y la eliminación de las desigualdades de género en todos los ámbitos educativos.

No obstante, el trabajo en torno al embarazo adolescente se ha centrado principalmente en el cambio de comportamiento de las niñas, abordando en menor medida las causas subyacentes – como la desigualdad de género, la pobreza, la violencia sexual o las presiones sociales – y en la mayoría de casos desconsiderando la importancia del papel de niños y hombres en dicho fenómeno.

Asimismo, resulta imperioso señalar que el foco puesto en la prevención – y el papel de la educación como vector preventivo – ha supuesto repetidas veces una menor atención al colectivo de niñas y adolescentes embarazadas. Siendo que, en algunos casos, la priorización del eje profiláctico ha servido incluso de justificación para acciones en detrimento de las adolescentes embarazadas.

En esta línea, cabe señalar que diversos países tienen normativas que explícitamente prohíben o dificultan el acceso de las alumnas embarazadas a los centros educativos – como Tanzania, Sierra Leona, Togo, Burundi o Guinea Ecuatorial – iniciativas que se justifican como medidas para proteger a dichas alumnas y sus compañeras.

Sin embargo, actualmente en la mayoría de Estados Africanos no existen legislaciones que definan como deberá ser tratada esta cuestión – lo que deja abierta la puerta a la arbitrariedad de las escuelas en base a su juicio moral – o se ha optado por favorecer la reincorporación de adolescentes-madres tras el parto; como es el caso de Mauritania, Mali, Gabón, Kenia, Ruanda, Liberia, Zambia y Malawi, entre otros[3].

Las medidas de reincorporación han sido aplaudidas a nivel internacional; aunque debemos considerar no solo lo que dictaminan esas iniciativas legislativas, sino también aquello que deliberadamente excluyen. Pues a menudo hablar de la reincorporación esconde la decisión intencionada de no considerar – o remediar – lo que llevó al abandono del espacio educativo en un primer momento. Ignorándose así la relevancia de las medidas de adaptación curricular, la disponibilidad de transporte o incluso la discriminación vivida dentro de las mismas escuelas.

En definitiva, parece ser más fácil reincorporar que asegurar la permanencia y el éxito escolar de las adolescentes embarazadas. Posicionamiento que invita a una verdadera reflexión sobre los derechos educativos, a quienes son aplicados los mismos y que vivencias son invisibilizadas.

Para profundizar en esta cuestión, buscando conocer mejor la problemática y los posibles abordajes a la misma, a continuación, haremos un breve recorrido por las normativas relacionadas con educación, embarazos adolescentes y salud sexual en Cabo Verde.

El caso de Cabo Verde: de la suspensión a la permanencia

Contrastando con la realidad de gran parte de los Estados-nación del Oeste del continente africano, Cabo Verde tiene una reducida población, sumando poco más de medio millón de habitantes. Asimismo, con una esperanza de vida superior a los 70 años y una tasa de alfabetismo que ronda el 90% de la población, muestra indicadores en materia de desarrollo que destacan a nivel regional. Aunque esto no significa la ausencia de problemáticas sociales, como aquellas vinculadas a la desigualdad de género y específicamente los embarazos precoces[4].

Precisamente para hacer frente a esta última cuestión, en el año 2001, el Ministerio de Educación de Cabo Verde elaboró un documento titulado Orientações Gerais para uma melhor gestão da questão da gravidez no meio escolar.

Estas orientaciones vendrían a definir la praxis nacional de los centros educativos respecto a las alumnas embarazadas. Estableciéndose la recomendación – existente en otros países – de que las alumnas que se quedaran embarazadas durante el año lectivo fueran orientadas a suspender su asistencia a la escuela, pudiendo, caso les fuera conveniente, retornar tras el parto.

Siguiendo la tendencia internacional, las justificaciones para esta orientación se basaban en la dificultad para conciliar el estudio y el embarazo, factor que se había “revelado particularmente difícil y doloroso para las escuelas, las jóvenes, los compañeros y para el país”, realzándose que tal esfuerzo producía “efectos nocivos para el embarazo, la maternidad y la vida de la criatura”. Igualmente, se señalaba que el embarazo y la maternidad creaban problemas “incompatibles con las reglas de funcionamiento del sistema educativo (como la rigidez de horarios) (…) y los varios derechos (de la alumna, del bebé y los demás alumnos) que no se realizarían de forma armoniosa en el espacio escolar”.

Asimismo, era destacado como factor de peso en la definición de esta medida la cuestión moral del mal ejemplo y la mala imagen que el embarazo adolescente producía; entendiéndose que fomentaba que otras compañeras se quedaran embarazadas.

En todo caso, el documento destacaba que no se trataba de una medida punitiva, sino que su objetivo era “conciliar los principios constitucionales de protección de la maternidad y de la infancia, con la garantía, dentro de lo posible, del derecho al acceso a la enseñanza y la formación”.

Más allá de su sustrato teórico – que abordaremos más adelante – si nos remitimos a los efectos prácticos de esta orientación, hoy en día podemos afirmar que la misma fue ineficaz a la hora de disminuir el número de embarazos adolescentes. Esto se aprecia al constatar los datos sobre las alumnas que suspendieron la matricula debido a embarazos; cifra que permaneció prácticamente constante a lo largo de los años en los que estuvo vigente la orientación (Ver Figura 1).

Figura 1: Retorno alumnas que suspendieron la matricula por embarazo (2002-2008)

Fuente: Estudo Avaliação da Medida de Suspensão Temporária das alunas grávidas no ensino secundário, ICIEG (p.41)

Asimismo, la medida también se mostró insuficiente para garantizar el retorno de las alumnas-madres, pues tal como muestra el cuadro, el 42% de las alumnas que abandonaron los estudios nunca retomaron los mismos.

A la vista de estos hechos, el Instituto Caboverdiano para a Igualdade e Equidade de Género (ICIEG) elaboró en 2010, junto con el Ministerio de Educación, una evaluación de esa Orientación. La misma concluyó que la suspensión tenía un impacto negativo en la trayectoria personal y académica de las alumnas embarazadas/madres; y que no respetaban el principio de igualdad y equidad de género.

El estudio también se detuvo a analizar como la medida se basaba principalmente en representaciones sociales negativas respecto al embarazo adolescente, llevando a la reproducción de estigmas sobre la sexualidad de adolescentes y jóvenes, liberando a la escuela de cualquier responsabilidad social respecto a ese hecho y posicionándose contra los derechos humanos.

Sin embargo, pese a estas contundentes y fundamentadas conclusiones, el estudio no tendría inicialmente un gran impacto. De hecho, el cambio de la praxis escolar en torno al embarazo y la maternidad, no llegaría a un punto decisivo hasta 2013. Cuando se promulga el Estatuto da Criança e do Adolescente, que prohíbe expresamente – en su artículo 47 – que las jóvenes embarazadas sean incentivadas a interrumpir los estudios o abandonar la escuela.

Finalmente, en 2017, se promulgaría una legislación específica para hacer operativo este principio – el Decreto 47/2017 – que establece medidas para garantizar la permanencia y favorecer el éxito escolar de las alumnas embarazadas, madres y padres. Indicando, entre otras medidas la necesidad de un régimen especial de faltas, así como el derecho a orientación específica y la necesidad del uso de una metodología dirigida a fomentar mejores resultados escolares.

Esta ley, sin duda representa un gran paso para garantizar el acceso igualitario al espacio educativo y la construcción de escuelas libres de discriminación. Pero tanto por lo reciente que es la iniciativa, como por el hecho de que la implementación de la misma se realiza de forma autónoma por las escuelas, sin una articulación clara, todavía queda mucho para asegurar una adaptación curricular satisfactoria y el éxito de la medida. En cualquier caso, Cabo Verde representa un caso paradigmático de evolución normativa, así como un gran aprendizaje de las potencialidades y retos de los distintos enfoques con los que se aborda la educación de las alumnas adolescentes embarazadas y madres.

Reflexiones

Aunque podemos discordar con la suspensión de alumnas embarazadas, la aprobación de este tipo de medidas saca a relucir importantes cuestiones que deben ser consideradas.

En efecto, como señalan las Orientaciones que implementan esa práctica en Cabo Verde, la maternidad es incompatible con el funcionamiento de los centros educativos. O, dicho de otra manera: la maternidad, como constructo social que representa la reproducción dentro de los roles de género femeninos, es intrínsecamente disonante con el sistema educativo tradicional.

No solo eso, sino que la presencia en los espacios formativos también es incompatible con el rol de una madre en el modelo familiar-nuclear y su división sexual del trabajo. Y si a esto le añadimos la constante equiparación entre los derechos de la madre y la criatura aun no nacida, así como la discriminación tanto por motivo de edad como de género existente en los espacios educativos – y su intersección en el caso de las adolescentes embarazadas – podemos acercarnos a comprender con matices esta problemática.

Lo que nos permite reconocer que no basta con identificar fallos en las medidas adoptadas por los diversos Ministerios de Educación, sin atender al propio contexto en el que se insertan, siendo necesario realizar una crítica a todo el sistema en su conjunto.

En cualquier caso, esto no implica adoptar una actitud derrotista o ser conniventes con medidas claramente discriminatorias. Por el contrario, aceptar que ninguna política e institución es neutral y que todas muestran una clara tendencia a la reproducción del sistema – en este caso patriarcal – nos permite un análisis más riguroso de la complejidad del fenómeno que estamos abordando. Viéndose así que para contar con un sistema educativo inclusivo es necesario ir más allá de lo establecido por las normativas respecto a la escolarización.

Partiendo de este enfoque crítico, también se evidencia que no es suficiente hablar del derecho a la educación sin pararnos a considerar en que interpretación de este principio nos basamos; y a quienes se aplica el mismo. Dado que incluso el discurso de los derechos humanos, tal como hemos visto, es susceptible a ser empleado como justificación para la negación de derechos; posibilitando que la prevención de los embarazos precoces justifique la discriminación directa de un colectivo.

Por ello, es indispensable un enfoque interseccional en el abordaje de la educación femenina que trascienda el enfoque homogeneizador tradicional de los Derechos Humanos. Poniendo así en evidencia que defender el derecho a la educación implica también contemplar el disfrute del mismo por parte de las alumnas embarazadas.

Por último, también cabe preguntarnos por la disponibilidad de recursos. De poco sirve una orientación de permanencia de alumnas embarazadas si los centros no cuentan con lo necesario – transporte, infraestructuras, personal docente, clima educativo, etc. – para que dichas alumnas pueden prosperar.  Asimismo, si no son creadas las condiciones para que las alumnas puedan seguir su formación durante embarazo ¿qué podemos esperar de las condiciones de conciliación una vez sean madres? Hablar de “reincorporación” tras el embarazo, parece difícil en esos términos.

En definitiva, el caso de Cabo Verde permite entender las motivaciones detrás de las normativas de reincorporación; así como los contra-argumentos existentes frente a las mismas. Igualmente, Cabo Verde es ejemplo de la posibilidad de reflexión y alteración de las normas adoptadas, evidenciando la importancia de los diagnósticos con enfoque de género para la creación y modificación de políticas públicas. Sentando también un precedente al considerar la necesidad de contemplar la adaptación curricular para que los alumnos-padres puedan ejercer una paternidad basada en la corresponsabilidad.

 Referencias bibliográficas

[1] Término definido por la OMS como cualquier embarazo antes de los 20 años.

[2]Maternidade precoce: enfrentado o desafio da maternidade na adolescência (UNFPA):  http://www.unfpa.org.br/Arquivos/swop2013.pdf

[3] Leave no girl behind (Human Rights Watch): https://www.hrw.org/report/2018/06/14/leave-no-girl-behind-africa/discrimination-education-against-pregnant-girls-and

[4] En 2016, 20.4% de los embarazos registrados en el país fueron de menores de 19 años. Relatório Estatístico do Ministério da Saúde 2016: http://www.minsaude.gov.cv/index.php/documentosite/-1/457-relatorio-estatistico-2016-versao-final-1/file

Escuela de Gobierno, Universidad Complutense de Madrid (EG-UCM)

Sergio Moreno Ríos

La feminización del virus

De acuerdo con el Fondo de Población para las Naciones Unidas (UNFPA) “cada vez se comprueba más que el rostro del Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) tiene rostro de mujer” dado que, a raíz de factores sociales, culturales y fisiológicos, son las mujeres quienes padecen una mayor exposición al virus (ONU SIDA, 2018).

En efecto, a este fenómeno incremental, por el que casi la mitad de las personas que viven con el virus son mujeres, se le conoce hoy como “feminización del VIH/SIDA”. Por lo pronto, las altas tasas de infección se han venido registrando en países donde la epidemia ha generalizado su cronificación y la transmisión es primordialmente heterosexual – a menudo en el marco del matrimonio – (ONU SIDA, 2018). Concretamente, de la totalidad de personas con VIH, el 57% vive en África, al sur del Sahara y en el Caribe, el 49% son mujeres – siendo las jóvenes las que se encuentran en una situación de alto riesgo – y, de todas ellas con carga serológica detectable, el 77% son africanas.

A tenor de ello y al tiempo que las mujeres poseen una mayor probabilidad fisiológica que los hombres de contraer el virus durante el acto sexual, la academia ha venido advirtiendo como la violencia de género es un aspecto medular de la epidemia de VIH que, aunado a la pobreza, “obliga a muchas mujeres a realizar trabajo sexual para su subsistencia y a entablar relaciones transaccionales que excluyen la utilización de preservativos” (África Fundación, 2018). De igual modo, prácticas tales como la mutilación genital femenina, el matrimonio infantil y la práctica perjudicial del levirato– unión entre la viuda con un pariente del esposo fallecido –, agravan el riesgo de las mujeres a contraer el virus (ONU SIDA, 2018). Asimismo, la escasa sensibilización y educación afectivo-sexual acrecienta las prácticas de riesgo y anula el poder de negociación y las condiciones de seguridad de las mujeres con sus distintas parejas sexuales (ONU SIDA, 2018).

Así pues, la literatura académica ha venido insistiendo en la necesidad de articular enfoques de prevención de VIH sensibles al género con la finalidad de empoderar a las mujeres a todos los niveles – social, cultural y económico –, responsabilizarlas para con su salud y lograr la cooperación de sus compañeros sexuales varones en el uso del preservativo (Bidaurratzaga, 2009). En este contexto, el presente artículo explora, desde una perspectiva de género, las más recientes tendencias e iniciativas en las que participan actores locales e internacionales en la lucha contra la infección en un caso particular como el de Mozambique, con un Estado frágil y una fuerte participación por parte de la cooperación internacional.

La realidad mozambiqueña del VIH/SIDA

En primer lugar, urge señalar como y acorde a datos de un reciente estudio, el elevado porcentaje de personas que saben estar infectadas en Mozambique – un 36% – pero deciden no revelarlo durante las campañas de diagnóstico debido a la estigmatización, podría estar conduciendo a sobrestimar el número de nuevos casos de VIH y, en consecuencia, distorsionando los datos en un país donde el diagnóstico del VIH continúa siendo anónimo (Fuente-Soro, López-Varela, Augusto, et. al, 2018).Asumiendo por tanto el sesgo, es posible, no obstante, partir de un somero análisis de los resultados de la última Encuesta de Indicadores de Inmunización, Malaria y VIH/SIDA (IMASIDA) elaborada por el Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Estadística de Mozambique, y afirmar que la práctica totalidad de indicadores han corroborado la tesis de partida: el VIH/SIDA sigue siendo un problema de salud pública y su naturaleza no ha hecho sino feminizarse vislumbrando la brecha de género existente en el país (IMASIDA, 2018). En este sentido, Mozambique padece una brecha de género del 72.1% (Fondo Económico Mundial, 2018) que agrava la división de recursos y oportunidades entre mujeres y hombres en la participación política y económica, en el acceso a la educación y en la esperanza de vida.

Por lo pronto cabría comenzar señalando como, desde el año 2010, gracias a las campañas de prevención de la propagación del virus, las nuevas infecciones de VIH y las muertes relacionadas con el SIDA han disminuido en un 24% y en un 46% respectivamente. Sin embargo, un análisis comparativo de los informes de IMASIDA permite cerciorar que, frente a una prevalencia del virus del 11,5% en el grupo de edad de entre 15 a 49 años en el año 2009, en el año 2015 la tasa ha aumentado hasta un 13,2%. Asimismo, entre 2009 y 2015 se produjo un aumento del 14,8% en la proporción de la población adulta con carga viral de VIH positiva (IMASIDA, 2018, INSIDA, 2010). Si bien, al referirse a los márgenes de error en ambas encuestas es posible afirmar que la diferencia no es estadísticamente significativa, no cabe duda de que la disminución prevista para con la prevalencia del VIH no ha alcanzado a materializarse.

Igualmente, y pese a que la encuesta carece de una correcta transversalización del enfoque de género, es posible detectar en la misma una mayor tasa de prevalencia del VIH entre las mujeres – 15,4% – frente a la de los hombres – 10,1% –. Concretamente, en el grupo de edad más afectado – población circundante entre los 35 y 39 años – el 17,5% de los hombres y el 23,4% de las mujeres son VIH positivos. Por su parte, en la juventud de entre 14 y 24 años, el 6,9% estaría infectada y, con todo, las mujeres asumirían tres veces más posibilidades de estar infectadas que los hombres – un 9,8% de prevalencia femenina frente a un 3,2% de prevalencia masculina – (IMASIDA, 2018).Finalmente, los datos muestran que el conocimiento sobre las formas de transmisión del VIH y los métodos de prevención habrían disminuido desde el año 2009: únicamente el 56% de los hombres frente al 47% de las mujeres poseerían educación sexual en la materia (IMASIDA, 2018).

Rumbo a un 2020 con una perspectiva de género

En el año 2014, ONUSIDA se encaminó a alcanzar la llamada meta 90-90-90 para el año 2020: “diagnosticar al 90% de las personas infectadas por el VIH, tratar al 90% de personas positivas y lograr la supresión viral en el 90% de personas tratadas”. En la actualidad y desde el año 2015, Mozambique ha venido acogiendo tales metas mediante un despliegue gradual de pruebas con la finalidad de extender la cobertura de la terapia antirretroviral a un 81% de los adultos y un 67% de niñas y niños que viven con el VIH para el año 2020 (ONU SIDA, 2018). En síntesis, pese a existir planes en marcha para revitalizar la prevención del VIH, ampliar los modelos de atención diferenciada – incluida la prestación de servicios comunitarios – e identificar las brechas en la prevención de la transmisión del virus, la lucha contra la violencia sexual en base al género continúa figurando, en muchas estadísticas y planes, como un departamento estanco en un país en el que una de cada tres mujeres ha sufrido violencia física o sexual con su esperable proyección en el número de infecciones (Médicos del Mundo, 2015). Para ello y frente a fracasadas estrategias misóginas y moralistas como ABC – Abstinence, Be Faithful, Condoms, ordenadas por orden de importancia – (Bidaurratzaga, 2009), junto con las actuales campañas de prevención y erradicación de la violencia sexual de carácter transversal, habrán de promoverse en los próximos años políticas públicas integrales que articulen la prevención y atención de ambas pandemias desde una perspectiva de género y derechos humanos y a través del fortalecimiento de la acción concentrada. Es decir, se deberá capacitar y sensibilizar al personal de salud, seguridad y justicia acerca de la violencia contra las mujeres y niñas y sobre la mayor vulnerabilidad de esta población al VIH/SIDA; generar, asimismo, un registro nacional unificado y sistemático de violencia contra las mujeres que contemple el número de infecciones; y, entre otras medidas, desarrollar protocolos nacionales que integren en los servicios de prevención, prueba y consejería del VIH/SIDA a los servicios de asistencia a mujeres en situación de violencia (Bianco et Mariño, 2010).

Por otro lado y en tanto que la desigualdad de género y la feminización de la pobreza en el país encuentran su razón primigenia en los últimos datos educativos facilitados – según los cuales, las niñas y jóvenes estudian de media dos años menos que los varones – (Médicos del Mundo, 2015), se hace imprescindible la expansión de una coeducación equitativa e igualitaria que incorpore programas de educación sexual integral a través de todo el ciclo escolar, difundiendo los derechos de la infancia y de las mujeres, integrando la perspectiva de género en el currículum así como la coordinación intersectorial a modo de facilitar el acceso de la población adolescente a las acciones de promoción y prevención derrocando, a su vez, los estereotipos que, más allá de discriminar, dificultan el correcto tratamiento y la supresión viral de la infección (Bianco et Mariño, 2010).

Por último, se busca aquí recordar la imperiosa necesidad de un país que aún no ha alcanzado la cobertura general de los servicios sanitarios en la totalidad del país, la provisión eficiente de los mismos, la garantía de recursos humanos y materiales ni, mucho menos, el acceso a la tierra o el empoderamiento socioeconómico y laboral de las mujeres (África Fundación, 2017). Sin todo ello, sin la completa liberación y emancipación de las mujeres que la Constitución recoge como mandato popular a hacer efectivo, parece imposible imaginar un país libre de VIH/SIDA.

 Referencias bibliográficas

Revistas académicas

Bianco, M. et Mariño, A. (2010). Dos caras de una misma realidad: Violencia hacia las mujeres y VIH/sida en Argentina, Brasil, Chile y Uruguay. Buenos Aires: Fundación para el Estudio e Investigación de la mujer, págs. 92-96.

Fuente-Soro, L. Lopez-Varela, E. Augusto, O. et al. (2018). Monitoring progress towards the first UNAIDS target: understanding the impact of people living with HIV who re-test during HIV-testing campaigns in rural Mozambique, Barcelona: Instituto de Salud Global (ISGlobal).

Documentos electrónicos

África Fundación (2017). El sida aumenta en Mozambique. Recuperado el 20 de febrero de 2019, de http://www.africafundacion.org/spip.php?article27510

Amnistía Internacional (2014). Mozambique. Los derechos de las mujeres están en grave peligro. Recuperado el 20 de febrero de 2019, de https://www.es.amnesty.org/actua/acciones/mozambique-derechos-mujeres-mar14/

Bidaurratzaga, D. (2009). Las políticas de lucha contra el VIH/SIDA en Mozambique: retos para la cooperación internacional (ARI). Recuperado el 20 de febrero de 2019, de http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano_es/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_es/zonas_es/ari78-2009

Foro Económico Mundial (2018). Índice de Brecha Global de Género, Mozambique. Recuperado el 20 de febrero de 2019, de

https://datosmacro.expansion.com/demografia/indice-brecha-genero-global/mozambique

IMASIDA (2018). Inquérito de Indicadores de Imunização, Malária e HIV/SIDA. 2015. Recuperado el 20 de febrero de 2019, de

https://dhsprogram.com/pubs/pdf/AIS12/AIS12.pdf

INSIDA (2010). Inquérito Nacional de Prevalência, Riscos Comportamentais e Informação sobre o HIV e SIDA em Moçambique. 2009. Recuperado el 20 de febrero de 2019, de  https://dhsprogram.com/pubs/pdf/ais8/ais8.pdf

Médicos del Mundo (2015). Memoria. Mozambique. Recuperado el 20 de febrero de 2019, de http://www.medicosdelmundo.es/memorias/2015/pais.php?id_pais=7

ONU SIDA (2018). Mozambique. Recuperado el 20 de febrero de 2019, de http://www.unaids.org/es/regionscountries/countries/mozambique

Verónica Pastor Fernández

Los desastres llamados naturales son un obstáculo para lograr un desarrollo sostenible, dado que devastan la seguridad y el sustento de las poblaciones afectadas. Este tipo de desastres no son consecuencia exclusiva de la acción de la naturaleza, sino que los fenómenos naturales causan catástrofes cuando exceden la capacidad de las sociedades para enfrentarlos (Barrantes, 2011). Ante la dificultad para controlar los peligros naturales, es importante fomentar la construcción de sociedades resistentes y resilientes[2], aumentando la capacidad social para enfrentarse a los desastres como una de las formas más efectivas para manejar y reducir el riesgo de los mismos.

Así como los desastres no tienen las mismas consecuencias para todas las poblaciones, dependiendo de la resiliencia o “capacidad de absorción” de la comunidad que lo recibe, dentro de una misma comunidad el impacto tampoco es el mismo para todas las personas (Urgoiti y Rey, 2007). En contextos de desastres, mujeres y hombres son afectados de diferente manera fundamentalmente en base a sus distintas necesidades, capacidades, y a los roles de género.

Según algunos estudios realizados sobre desastres naturales, es conocido que “las mujeres y los niños y niñas son 14 veces más propensas a morir en caso de desastre” (Sanz y Tomás, 2013, p.1402). Entre las principales razones suele aparecer la dificultad de las mujeres para nadar o para trepar a los árboles, lo que da lugar a menos posibilidades de salvarse en caso de no encontrarse en una zona segura. Otra complicación que encuentran las mujeres es la huida ralentizada hacia los centros de evacuación al detenerse a recoger a los niños y niñas, y a las personas mayores dependientes (Sanz y Tomás, 2013).

La vulnerabilidad que afecta a las mujeres, niñas, niños y hombres varía, así mismo, en función de sus edades y estratos socio-económicos de procedencia, que configuran el modo en que viven los desastres y su capacidad de recuperación. El porcentaje de mujeres y niñas que mueren cuando ocurre un desastre es  mayor que el de hombres especialmente en aquellos países donde hay mayor tolerancia hacia la desigualdad de género. Así mismo, la violencia de género (incluida la violación y la trata de personas), aumenta exponencialmente durante y después de los desastres (PNUD, 2010).

La estrecha relación entre la igualdad de género y la capacidad de recuperación frente a los desastres pone de relieve la necesidad de la integración de la perspectiva de género en las estrategias para la reducción del riesgo de desastres. Una gestión del riesgo con enfoque de género integrado permite detectar modelos de desarrollo inadecuados y plantear alternativas para la consecución de contextos más igualitarios. Asimismo, hace posible el enriquecimiento y la renovación de las herramientas empleadas para la gestión del riesgo, normalmente ciegas al género, desde un enfoque de equidad y justicia social (América Latina Genera, 2008).

La integración de la perspectiva de género en la respuesta a los desastres generados por los fenómenos naturales cuenta con múltiples compromisos internacionales que la promueven:

• El Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres (2015-2030) (que da continuidad al Marco de Acción de Hyogo, 2005-2015) incluye, entre sus principios rectores, la necesidad de que la reducción del riesgo de desastres integre “la perspectiva de género, edad, discapacidad y cultura en todas las políticas y prácticas, debiendo promoverse el liderazgo de las mujeres y los jóvenes” (Naciones Unidas, 2015, p. 13). Así mismo, para el fortalecimiento y la preparación ante casos de desastres especifica que “es esencial empoderar a las mujeres y a las personas con discapacidad para que encabecen y promuevan públicamente enfoques basados en la equidad de género y el acceso universal en materia de respuesta, recuperación, rehabilitación y reconstrucción” (Naciones Unidas, 2015b, p. 21).
• En la Cumbre del Clima celebrada en Paris en 2015 se instó a las Partes a respetar y promover las obligaciones relativas a “la igualdad de género, el empoderamiento de la mujer y la equidad intergeneracional” (Naciones Unidas, 2015a, p. 2), para hacer frente al cambio climático, reconociendo que se trata de un problema que afecta a toda la humanidad.
• En la Plataforma Global para la Reducción del Riesgo de Desastres celebrada en Cancún en 2017 se subrayó “el liderazgo y el empoderamiento de las mujeres como elementos esenciales de una gobernanza efectiva del riesgo de desastres” (Naciones Unidas, 2017, p. 63).
• Es preciso hacer referencia también al Objetivo de Desarrollo Sostenible número 13, destinado a la Acción por el Clima, que especifica, en su meta 13.b, la necesidad de hacer hincapié en las mujeres para la promoción de mecanismos que aumenten la capacidad para la planificación y gestión eficaces en relación con el cambio climático (Naciones Unidas, 2015c).

Desastre y crisis como oportunidad de cambio

Una vez que el desastre ha ocurrido, el objetivo de las etapas posteriores no debe ser retornar a la situación previa, sino tomar la crisis como oportunidad para que se lleve a cabo una rehabilitación en la que las situaciones de vulnerabilidad sean reducidas, contribuyendo al desarrollo sostenible (Urgoiti y Rey, 2007). El contexto de crisis tras un desastre puede suponer una oportunidad para reducir las desigualdades de género, considerándolo como una ocasión para implicar a las mujeres como agentes de cambio. Contar con la participación de las mujeres, en condiciones de igualdad, en el trabajo de recuperación tras un desastre, puede favorecer la deconstrucción de estereotipos basados en el género. A su vez, no contar con la participación de las mujeres y las niñas en la reconstrucción supone el desperdicio del conocimiento y las capacidades de la mitad de la población (PNUD, 2010).

La gestión de desastres desde una perspectiva feminista requiere obtener información desagregada y analizarla de manera que las políticas, planes, programas y proyectos sean diseñados prestando atención a las distintas vulnerabilidades de mujeres y hombres, generadas a partir del género (América Latina Genera, 2014). Contribuye, por tanto, a identificar y analizar las causas del impacto diferenciado de los desastres en hombres y mujeres; ayuda a comprender mejor la situación de las poblaciones expuestas a una amenaza, a atender de manera más específica las necesidades y prioridades de mujeres y hombres, de niños y niñas y facilita el diseño de medidas más apropiadas y eficaces (Barbier et al., 2012). La gestión del riesgo con perspectiva feminista implica, así mismo, el acceso equitativo a los recursos, a los puestos de toma de decisión y a todos los espacios de gestión de los riesgos (América Latina Genera, 2014).

El presente artículo se ha extraído del Trabajo de Fin de Máster: Una mirada desde la perspectiva de género a los desastres naturales: el caso del Tifón Yolanda (Haiyan) en Filipinas, realizado en el Marco del XI Máster Propio en Género y Desarrollo, presentado en abril de 2016.

[2] En la Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres (Oficina de Naciones Unidas para Reducción de Riesgo de Desastres (UNISDR) 2009, pp. 28-29) la resiliencia es definida como: la capacidad de un sistema, comunidad o sociedad expuestos a una amenaza para resistir, absorber, adaptarse y recuperarse de sus efectos de manera oportuna y eficaz, lo que incluye la preservación y la restauración de sus estructuras y funciones básicas. La resiliencia de una comunidad con respecto a los posibles eventos que resulten de una amenaza se determina por el grado en que esa comunidad cuenta con los recursos necesarios y es capaz de organizarse tanto antes como durante los momentos apremiantes.

Bibliografía

América Latina Genera (2008). El riesgo de desastres y la inequidad de género: problemas no resueltos del desarrollo. Recuperado de http://www.americalatinagenera.org/toolkit/docs/enfoques/enf-riesgosalg.swf

América Latina Genera (2014). Desarrollo Sostenible. Gestión del Riesgo de Desastres. Recuperado de http://americalatinagenera.org/newsite/index.php/es/nuestro-trabajo/desarrollo-sostenible/39-gestion-del-riesgo-de-desastres-grd

Barbier, J.L.; Respighi, E.; Etchichury,L.; Moscardini, O.; Zaballa, C.; González, S.; Torchia, N.; Pallares, U.; Celeste, C.; Manchiola, J.I.; Fernández, S.; Ferrari, C.; Bonaldé, A.; Tomasini, D.; Bottino, G.; García, A.; Martorell, A.; Bruno, P. y Remes, S. (2012). Documento País 2012. Riesgo de Desastres en La Argentina. Recuperado de https://www.mininterior.gov.ar/planificacion/pdf/AS_13662310131.pdf

Naciones Unidas, (2015a). Convención Marco sobre el Cambio Climático. Aprobación del Acuerdo de París. Recuperado de https://unfccc.int/resource/docs/2015/cop21/spa/l09s.pdf

Naciones Unidas, (2015b). Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres (2015-2030). Recuperado de https://www.unisdr.org/files/43291_spanishsendaiframeworkfordisasterri.pdf

Naciones Unidas (2015c). Objetivos de Desarrollo Sostenible. Recuperado de https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/gender-equality/

Naciones Unidas (2017). Plataforma Global 2017 para la Reducción del Riesgo de Desastres. Recuperado de https://www.preventionweb.net/files/48240_gp17programmees.pdf

Oficina de Naciones Unidas para Reducción de Riesgo de Desastres (UNISDR) (2009). Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres. Recuperado de: http://www.unisdr.org/files/7817_UNISDRTerminologySpanish.pdf

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), (2010). Género y Desastres. Buró de prevención de crisis y recuperación. Nueva York: PNUD. Recuperado de: http://www.undp.org/content/dam/undp/library/crisis%20prevention/disaster/Reduccion-Genero.pdf

Sanz, C. y Tomás, R. (2013). Género y crisis humanitarias en América Latina y El Caribe. HAL archives ouvertes (1399-1409). Recuperado de https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00877337/document

Urgoity, A. y Rey, F. (2007). Cooperación Internacional, Obra Social La Caixa. Barcelona: Fundación La Caixa.

Rebecca Hvizdalek Dixon

¿Qué es el trabajo doméstico no remunerado?

El trabajo doméstico y de cuidados, conocido también como el trabajo reproductivo, se puede definir en términos generales como los trabajos invisibles llevados a cabo en la esfera privada del hogar y a nivel socio comunitario para el cuidado y la reproducción de la vida humana. Más concretamente, el Instituto Nacional de las Mujeres de Costa Rica define el trabajo doméstico no remunerado como las actividades que abarcan: “cuidados personales, quehaceres domésticos del hogar (cocinar, limpiar, hacer compras, mercado, lavar ropa, planchar, etc.), tareas de cuido (niños, niñas, personas enfermas, personas dependientes y quienes tienen algún tipo de discapacidad) y trabajo voluntario, como las que se realizan en las comunidades, fundaciones de ayudas sociales, organizaciones religiosas, políticas, patronatos escolares, entre otras” (“Valorarización del trabajo doméstico no remunerado- TDNR”, s.f.).

Aunque en ciertas ocasiones este trabajo es remunerado, como es el caso de las y los trabajadoras/res domésticas/os contratadas por empresas o particulares, la mayoría de las veces este tipo de trabajo no es remunerado y es realizado mayoritariamente por mujeres. Según un análisis del periódico español El País de la última Encuesta de Condiciones de Vida del Instituto Nacional de Estadística, las mujeres españolas destinan 26,5 horas a la semana a trabajos sin remuneración frente a los hombres que destinan 14 horas. Es más, los datos se mantienen aun cuando las mujeres trabajan a media jornada (29,6 horas por 13,9) y a jornada completa (25,2 horas por 13,9) (Gómez, 2018).

Aunque la aportación del trabajo reproductivo al bienestar de la familia, los hogares y la comunidad es cada vez más reconocida y analizada, su valor económico es a menudo invisibilizado y menospreciado, ya que de esta manera permite desplazar costes a la esfera doméstica. En México, por ejemplo, el valor del trabajo de los hogares en 2015 fue valorado por El Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía (2014) en 4.6 billones de pesos, lo que supone un 23,2% del producto interno bruto (PIB). Según el periódico Mexicano La Vanguardia, la aportación del trabajo en los hogares realizado por los miembros de la familia, de la cual las mujeres aportan un 77.2 de cada 100 horas de labores en casa, “supera la aportación que hacen al PIB las industrias manufactureras, que contribuyen con 16.5 por ciento; y la minería, que genera 7.6 por ciento de la actividad económica del país, de acuerdo con datos del Inegi” (El valor del trabajo doméstico no remunerado equivale al 24% del PIB: Inegi, 2016).

En Euskadi, comunidad autónoma española, según el Instituto Vasco de Estadística (2013), el valor del trabajo doméstico no remunerado ascendió a 21.342 millones de euros en 2013, representado un 32, 4% del PIB. Estos se comparan con “las de Francia y España en 2010, donde el trabajo doméstico en relación al PIB fue del 36% y del 41%, respectivamente” (Azumendi, 2016). En todos los casos mencionados, las mujeres se ocupan desproporcionadamente de las tareas relacionadas con el trabajo reproductivo. Y mientras que las aportaciones a la economía son considerables, no son remuneradas. Es más, las políticas sociales siguen sin lograr la redistribución de estas tareas fuera del hogar. Sumado con la brecha salarial y la desigualdad de oportunidades en la vida laboral, se puede observar que son facetas de la desigualdad de género.

¿Por qué no se considera trabajo?

Lejos de ser natural, la división de trabajo entre hombres y mujeres y su distribución desigual es fruto de procesos históricos que han otorgado más valor al trabajo productivo que al trabajo reproductivo y de relaciones de poder entre mujeres y hombres, de las normas sociales y de los estereotipos de género.

A día de hoy, el concepto de trabajo está estrechamente ligado al empleo remunerado y excluye todas las demás formas de trabajo. De esta manera se puede entender que la actual forma de hacer economía pone la centralidad de los mercados y la lógica de acumulación de capital (trabajo productivo) por encima de la lógica del bienestar humano en todas sus dimensiones (trabajo reproductivo). El sistema socioeconómico ha excluido aquellos trabajos que sostienen el bienestar humano por el coste de reproducción de la fuerza de trabajo. Le es imprescindible mantener oculto las aportaciones que hace el trabajo reproductivo porque permite a empresas capitalistas y a los gobiernos desplazar costes y aumentar así sus beneficios. Como señala Cristina Carrasco (2010), “parece evidente que la producción mercantil capitalista no podría funcionar pagando salarios de subsistencia real” y desplazando los costes hacia la esfera doméstica les permite pagar “una fuerza de trabajo muy por debajo de sus costes” (p.213). El desplazamiento de estos costes hacia la esfera privada ha conllevado a que estas responsabilidades caigan en mano de las mujeres y que el trabajo reproductivo se asocie con lo femenino. Desde esta mirada, la denominada economía feminista, se puede observar que “el hecho mismo que los mercados capitalistas estén en el epicentro supone que no hay una responsabilidad colectiva en sostener la vida; esta responsabilidad se privatiza, feminiza e invisibiliza” (Pérez Orozco, 2014, p.139).

La privatización, invisibilización y feminización del trabajo reproductivo

La responsabilidad de sostener la vida sucede en la esfera privada/doméstica/ reproductiva (los hogares y las comunidades) que quedan fuera de los intercambios monetarios y, por lo tanto, el trabajo reproductivo no se concibe al igual que el trabajo remunerado. Cristina Carrasco (2010) argumenta que la asociación del concepto tradicional de trabajo con empleo remunerado, “no es algo obvio o natural, sino el resultado de un complejo proceso histórico de reconceptualización, que guarda relación con la división sexual del trabajo” y con el modo en que se ha definido el concepto de la economía (p.205). Esta asociación fue el resultado de la industrialización que separó definitivamente las esferas públicas y privadas. El trabajo reproductivo, al no ser objeto de intercambio mercantil, quedó marginado de la esfera pública y excluido de los procesos económicos. Además, al conceptualizar el trabajo remunerado con la actividad del mercado se produjo también una asociación con lo masculino (p.206).

Según Amaia Pérez Orozco (16 diciembre 2015), el trabajo reproductivo está feminizado a nivel simbólico y a nivel material. La economía feminista muestra que el trabajo reproductivo es naturalizado como algo esencialmente femenino ya que “las mujeres siguen llevando a cabo la mayoría del cuidado no remunerado en los hogares y las comunidades; asimismo, la mayoría de las y los trabajadores del cuidado remunerado son mujeres” (Esquivel, 2013, p.3). Los hogares, al igual que las demás instituciones, son heteropatriarcales y socializan diferenciadamente a las mujeres y a los hombres. Mientras que las mujeres se crían para ser cuidadoras y madres en las esferas privadas-domésticas, los hombres se crían para ser los ‘ganadores del pan’ y responsables del crecimiento económico en las esferas públicas. La naturalización del trabajo reproductivo como tarea de mujeres produce una división sexual del trabajo, sin la cual el sistema socioeconómico nunca hubiera funcionado ya que necesita todos los trabajos invisibilizados para sostenerse.

¿Por qué debería considerarse trabajo?

La economía feminista argumenta que los hogares son lugares de producción al igual que los mercados y que el trabajo reproductivo es, en términos reales, trabajo. Por un lado, los hogares contribuyen “un ingreso en especie que produce bienestar” (Esquivel, 2013, p.6). Por otro lado, el trabajo reproductivo abarca una serie de costos (tiempo, esfuerzo, recursos) a quiénes lo realizan y una serie de beneficios a la sociedad y al sistema socioeconómico. Estos beneficios se pueden categorizar en dos tipos: el sostenimiento del estándar de vida y el sostenimiento del tejido de las relaciones familiares y comunitarias (Esquivel, 2013, p.6). Al proporcionar a las personas (niñas y niños, adultos y adultas mayores, personas enfermas) los recursos necesarios para mantener su bienestar físico y emocional en el entorno de su vida cotidiana el trabajo reproductivo se convierte en un requisito para la producción del mercado capitalista. Le proporciona su fuerza de trabajo, bienestar social y le permite desplazar costes para aumentar sus beneficios.

Conclusión

El trabajo doméstico no remunerado, llevado a cabo alrededor del mundo mayoritariamente por mujeres, permanece siendo una de las esferas ocultas del actual sistema socioeconómico. Sin embargo, los datos disponibles demuestran que este trabajo puede llegar a presentar hasta un 36% del PIB anual de un país. Es necesario visibilizar y reconocer formalmente las aportaciones de este trabajo al bienestar humano, social, y económico. Las economistas feministas argumentan que es necesario encontrar maneras de colectivizar y redistribuir estos trabajos por la sociedad, mediante el desarrollo de políticas y financiación a actividades que “respalden la prestación o el acceso a los servicios de cuidado” (Esquivel 2013, p.13).

Referencias

Azumendi, E. (26 de febrero, 2016). ¿A cuánto equivale el trabajo doméstico en PIB? Recuperado de https://www.eldiario.es/norte/euskadi/equivale-trabajo-domestico-PIB_0_488551640.html

Carrasco, C. (2011). La economía del cuidado: planteamiento actual y desafíos pendientes. Revista de Economía Crítica, 11: 205-225. Disponible en www.ucm.es/info/ec/rec/Revista_Economia_Critica_11.pdf

Esquivel, V. (2013). El cuidado en los hogares y las comunidades. Documento conceptual. OXFAM Research Reports, Octubre 2013. Disponible en http://oxfamilibrary.openrepository.com/oxfam/bitstream/10546/302287/2/rrcare-background-071013-es.pdf

Gómez, M. (13 de febrero, 2018). La mujer dedica el doble de horas que el hombre al trabajo no pagado. Recuperado de https://elpais.com/economia/2018/02/12/actualidad/1518462534_348194.html

Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía (2014). Trabajo no remunerado de los hogares. Recuperado de http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/cn/tnrh/default.aspx

Instituto Vasco de la Estadística (2013). El trabajo doméstico no remunerado de la C.A. de Euskadi equivaldría al 32,4% del PIB en 2013. Recuperado de http://www.eustat.eus/elementos/ele0013200/El_trabajo_domestico_no_remunerado_de_la_CA/not0013261_c.html

Valorarización del trabajo doméstico no remunerado- TDNR. (s.f.). Recuperado de http://www.inamu.go.cr/valorizacion-del-trabajo-domestico-no-remunerado

Universidad Complutense de Madrid 

Isis Labrunie

La esfera oculta de la Economía

El trabajo no-remunerado es aquel que es realizado sin pago. La mayor parte de éste es llevado a cabo por mujeres mediante labores de cuidados, especialmente tareas domésticas y atención a la dependencia. Aunque este tipo de trabajo es fundamental para garantir la sustentabilidad de la vida humana, creando las condiciones necesarias para que prospere, el mismo es infravalorado.

El imaginario occidental relata la organización socioeconómica en base al flujo circular de la renta. Esta metáfora esquemática – fundamento de los modelos capitalistas – marca una clara separación entre los hogares, vistos como agentes de consumo y ofertantes de mano de obra; y las empresas, productoras de bienes y servicios mediante la transformación de recursos vía trabajo. En este modelo, los grandes protagonistas son la industria y los mercados; mientras, los hogares se leen como agentes pasivos y la naturaleza como un medio a explotar. Toda interacción que ocurra fuera del llamado ámbito productivo es infravalorada, limitándose la esfera económica a los ámbitos monetarizados.

De esta manera, los trabajos de cuidados no son reconocidos como parte de la economía, aunque sean el pilar que la sostiene. No solo eso, sino que los datos demuestran que el total de trabajo no-remunerado es igual o superior al monto del recompensado monetariamente[1]. Por lo que podemos afirmar que la economía mercantilizada – protagonista de toda política y debate público – se apoya en gran parte en un esfuerzo que tiene lugar fuera de los mercados y que, por ello, es ignorado y considerado como apolítico.

Comprender de forma más realista los procesos económicos y construir sociedades más justas, exige cambiar nuestro enfoque y visibilizar el trabajo no-remunerado.

Los Hogares: ¿ámbito reproductivo o productivo?

Tal como señala el esquema básico del flujo de la renta, los hogares cumplen la función de dotar de mano de obra al llamado ámbito productivo; transformando criaturas humanas en individuos competitivos en el mercado laboral. Las personas más aptas para el sistema – normalmente las que cuentan con trabajos bien pagados, o lo que Picchio llamaría «trabajos de hombres»[2] – demandan grandes cantidades de cuidados. Pues dicho modelo de individuo debe delegar aquellas funciones básicas que aseguran su supervivencia y que – supuestamente – no son provechosas para su productividad.

Así, el mejor individuo trabajador es aquel que carece de responsabilidades de cuidados, ni necesidades propias. Amanece cada día «libre de toda carga y plenamente disponible para las necesidades de la empresa»[3]. Un arquetipo de trabajador, que aunque poco realista, marca un ideal y prolifera en base al mito de la autosuficiencia; que imagina a los humanos como dependientes solo en las primeras y últimas etapas de la vida, siendo completamente autónomos mientras hagan parte del mundo laboral y el mercado satisfaga sus necesidades.

No obstante, en la realidad, la transformación de mercancías en satisfacción exige trabajo no-remunerado. Como bien planteó Katrine Marçal en ¿Quién le hacía la cena a Adam Smith?[4], en última instancia no es el interés propio – convertido en virtud por la mano invisible – lo que nos sustenta. Pues el ciclo económico – que va desde la producción hasta la satisfacción de una necesidad – no se cierra en el momento que se realiza una compra, sino que solo finaliza mediante el trabajo no-remunerado. Siguiendo el ejemplo de Adam Smith: la satisfacción de su necesidad llega, no cuando el carnicero egoísta le vende la carne sino – como concluiría Marçal – cuando su madre, Margaret Douglas, le sirve la cena.

Margaret personifica la pieza que falta en la lectura capitalista y que impide percibir el papel económico de los hogares; no solo como compradores y ofertantes de mano de obra, sino como ámbitos de producción, donde se crean y amplían bienes y servicios, generándose bienestar. Lo que nos lleva a cuestionar la renta como máximo indicador de la calidad de vida y, por consiguiente, nos obliga a replantearnos los mismos conceptos de riqueza y pobreza; así como la equivalencia entre igualdad y redistribución de la renta.

Las mujeres como cuidadoras

En prácticamente la totalidad de sociedades, las mujeres son responsabilizadas de la mayor parte de los trabajos no-remunerados, variando drásticamente el tiempo que dedican a estas labores según las condiciones de vida. Ya que aquellas que tienen más recursos, compran el tiempo de aquellas que tienen menos, dando forma al mercado de cuidados/trabajo doméstico.

Asimismo, con la entrada en masa de las mujeres en el mundo laboral, gran parte de las mujeres en economías desarrolladas cargan con las labores de cuidados y al mismo tiempo participan en el mundo laboral capitalista. Evidenciándose que no se tratan de labores sustitutivas, sino que los cuidados para las mujeres son un trabajo acumulativo[5]. Lo que evidencia que la división sexual del trabajo se vincula con misma la identidad sexual.

Por ello, entender nuestro sistema socioeconómico implica analizar las «dimensiones económicas de la matriz heterosexual»[6]. Es decir, la relación que sociedad exige que los individuos tengan con la economía para ser plenamente reconocidos como mujer u hombre. Entendiendo que esta construcción no es universal, por lo que, aunque la feminización de cuidados sea internacional, no se trata de un fenómeno homogéneo.

Si nos ceñimos al contexto occidental, la actual relación entre identidad sexual y economía se empieza a cristalizar tras la Revolución Industrial. Si bien los cimientos de la división sexual del trabajo occidental son anteriores[7], las sociedades contemporáneas surgen con la economía de mercado; que provocaría una fuerte dicotomía entre la vida pública y privada, acentuando – con ayuda estatal, mediante la promulgación de leyes que restringirían el trabajo y salario femenino[8] – las diferencias entre “productores” y “reproductoras”.

Los mercados capitalistas pasarían a ser el centro de la vida contemporánea, a nivel material, simbólico y político. Determinando nuestras escalas de valoración, procesos vitales y la misma comprensión de la vida; redefiniendo qué es ser hombre y qué es ser mujer. Así, en términos económicos, la construcción de la masculinidad en nuestro contexto pasa por el trabajo remunerado: tener un empleo, una profesión y un salario, otorga identidad y reconocimiento bajo los parámetros de la masculinidad. Mientras, la feminidad pasa en gran medida por una construcción de sí para las demás personas, obteniéndose sentido identitario y reconocimiento social mediante la realización de las tareas que posibilitan la vida ajena, supeditando a ello la vida propia; una lógica de sacrificio – o «ética reaccionaria del cuidado»[9] – que sostiene la existencia humana, a la vez que la pone en peligro al enmascarar el conflicto capital-vida.

El Conflicto Capital-Vida

Tal como hemos visto, una economía competitiva exige una mano de obra que delegue sus responsabilidades de cuidado; asimismo, el trabajo no-remunerado es mediador indispensable entre los mercados y el bienestar. Por tanto, la lógica de acumulación supone no solo la apropiación de trabajo remunerado – lo que el marxismo denominaría la apropiación de la plusvalía – sino también la captación de grandes cantidades de trabajo no-remunerado[10]. Por lo que el conflicto capital-trabajo no se da solo con los trabajos asalariados, sino también con los no-pagados.

No solo eso, sino que el propio Estado de Bienestar favorece el mantenimiento de la perspectiva capitalista mercadocéntrica; siendo en gran parte culpable de que la responsabilidad de mantener la vida esté privatizada, feminizada e invisibilizada. Es una estrategia de Estado mantener los cuidados en los hogares, asegurándolo mediante la infravaloración, invisibilización y negación de derechos. En esas premisas se basa la aplicación de las políticas públicas – tal como el sistema sanitario o educativo – que se diseñan contando con ingentes cantidades de trabajo no-remunerado.

El futuro de los cuidados

La falta de corresponsabilidad con la vida por parte del Estado y el mercado carga a los hogares con la cuasi totalidad de los cuidados. Los cuales, a su vez, debido a la falta de corresponsabilidad por parte de las masculinidades, son transferidos a las figuras femeninas; quienes lo asumen de acuerdo con la ética del cuidado que las hace inteligibles en la matriz heterosexual; es decir, que las hace ser más reconocidas y valorizadas dentro de una sociedad, conforme a la percepción hegemónica respecto a cómo debería ser una mujer. Sin embargo, el género no es una categoría monolítica, sino que se construye conforme se ejercita. Y en nuestro contexto, el prototipo de ama de casa ya no parece ser el modelo a seguir incluso para gran parte de las que se lo pueden permitir económicamente; lo que ha potenciado la entrada masiva de mujeres al mundo laboral en las últimas décadas, alterando significativamente el modelo de reparto sexual del trabajo. El cual también se ha visto afectado por otros factores menos señalados, como la privatización de los cuidados, la precarización laboral, el modelo urbano – caracterizado por la individualización de la vida y la necesidad de vigilancia constante de las criaturas – o el envejecimiento de la población. Todo ello, ha provocado una creciente necesidad de cuidados, incompatible con la reducción de personas disponibles para efectuarlos; conformando una verdadera crisis.

Esta tensión ha llevado a un fenómeno característico de la época que vivimos: el auge de las cadenas de cuidados internacionales. Las cuales mitigan y ocultan la falta de compromiso colectivo con la vida; que es, en última instancia, el motivo que lleva a unas mujeres a emigrar y a otras a demandar trabajadoras extranjeras para incorporarse al mercado laboral. Ahondando en dos problemas al esconder, por un lado, la carencia de corresponsabilidad por parte de las masculinidades, las empresas y los Estados del Norte Global; profundizando al mismo tiempo en las crisis de cuidados de los países emisores, debido al desplazamiento de las mujeres/cuidadoras.

Si miramos el caso de España y otros países europeos, veremos que el Estado favorece este tipo de comercialización de los cuidados; potenciándolo como sinónimo de conciliación[11]. El respaldo a este modelo, así como la infravaloración de los trabajos de cuidados, se aprecia claramente en el Régimen Especial de las Empleadas del Hogar español; que niega derechos laborales como vacaciones, pagas extraordinarias o pensiones de jubilación[12]. Mediante estas “facilidades”, las mujeres acomodadas se ven animadas por el Estado a solucionar sus problemas de conciliación contratando a otras mujeres, sin que se vea cuestionada la corresponsabilidad social o siquiera los problemas de conciliación de las “empleadas”. Las cuales – pese a ser el sector sobre el que se legisla – no son el objetivo de esa política, que profundiza en la precariedad de aquellas que se dedican a los cuidados.

Esta gestión de los cuidados es insostenible y socialmente inaceptable. Sin embargo, en un sistema centrado en los mercados, no podemos subestimar el peso que éstos tienen en la asignación de valores. Por lo que la meta de hacer de los cuidados un eje económico fundamental, en un modelo capitalista, implica la introducción de éstos en la lógica de mercados. La cuestión es como se llevará a cabo este proceso.

En definitiva, la transición de una economía de acumulación a una centrada en la sostenibilidad de la vida empieza en los mismos hogares – con la corresponsabilidad masculina – pero se extiende mucho más allá. Implicando un gran cambio ético que atraviese todas las instituciones y estructuras. Para solo así alcanzar una corresponsabilidad social vigente en todas las esferas de la especie humana y su relación con el entorno vivo.

Referencias:

Camacho, M., Cordero, M., Gómez, V., Ruiz, N.  (Prods.), Camacho, M.  Clos,M.,  Cordero,  S.,  Gómez,  V.,  Jiménez,  L.,  Suarez,  C.  (Dir.).  (2013).  Cuidado Resbala [Vídeo].  España:  Círculo de Mujeres.

Durán, M. Á.  (2002).  Los costes invisibles de la enfermedad. Madrid: Fundación BBVA.   Marçal, K.  (2016).  ¿Quién le hacía la cena a Adam Smith? Barcelona:  Debate.

Orozco, A.  (2006).  Perspectivas entorno a la Economía:  el caso de los cuidados. Madrid: Consejo Económico y Social.

—– (2014).  Subvención Feminista de la Economía: Aportes para un debate sobre el conflicto capital-vida. Madrid: Traficantes de Sueños.

—– (2015).  La sostenibilidad de la vida en el centro… ¿y eso qué significa?  En L.  M.  Alba (coord.), La Econología del Trabajo:  el trabajo que sostiene la vida (p.  71-100).  Madrid:  Bomarzo, p.94.

Picchio, A.  (2012). Un Enfoque Macroeconómico Ampliado de las Condiciones de vida.  En L.A. Concha (coord.)  La Economía Feminista como un Derecho (p.43-67).  México DF: Red Nacional Género y Economía.

PNUD (1995). Informe sobre Desarrollo Humano, México, p.1. Orozco, A. (2016) Mundo laboral y el enfoque feminista.

[1] PNUD 1995, p.7.

[2] Picchio, 2012, p.34.

[3] Orozco, 2009, p.3.

[4] Marçal, 2016.

[5] Produciendo tensiones como la doble jornada, triple ausencia o suelo pegajoso; conceptos que remiten a la difícil conciliación entre trabajos de cuidados, mercado laboral y participación sociopolítica.

[6] Orozco, 2014, p.166.

[7] Recuérdese la percepción de los clásicos de las mujeres como naturaleza y los hombres como política.

[8] Orozco, 2006.

[9] Orozco, 2015, p.94.

[10] Orozco, 2014.

[11] La conciliación es entendida desde las instituciones como un esfuerzo exclusivamente femenino; siendo las mujeres – nacionales o inmigrantes – quienes deben modificar su actuación para alcanzarlo.

[12] Camacho, M., Cordero, M., Gómez, V., Ruiz, N.  (Prods.), 2013.

En el día a día de la mujer, ella va tomando decisiones dentro del hogar, el trabajo, su comunidad, entre otros espacios; y es deseable que sus decisiones tengan el mismo poder y jerarquía con relación a los hombres en igualdad de condiciones.

Para América Latina y el Caribe según cifras de la OCDE¹, la tasa de participación en la fuerza laboral a partir de los 15 años es, para las mujeres del 56.6% y 81.9% para los hombres; lo que lleva a entender que aún existe una brecha importante con relación a la equidad de género laborar de 25.3%.

Cabe resaltar, en los últimos 30 años¹, la participación de las mujeres en Latinoamérica y el Caribe, en el área laboral ha incrementado ligeramente (10.2%), y cuya participación en diferentes áreas dentro de la sociedad ha sido un constante esfuerzo para obtener una posición de igualdad ante el hombre; y si bien, estos cambios son paulatinos, estos reajustes, llevan para ambos retos y conflictos.

Violencia por parte de la pareja hacia la mujer

Ante ello, la transición de la mujer en su desarrollo personal implica la doble jornada femenina, “mujer que se hace cargo de la familia y mujer que trabaja en un empleo remunerado”, ya que, se espera que no afecte en sus deberes de tradición dentro de las normas sociales y expectativas culturales.²

Dentro de una cultura de hombres, ellos se pueden sentir amenazados por los cambios, llevando a cuestionar su rol dentro de la sociedad y ante esté conflicto interno provoca malestar, irritación y violencia.^3,4

Es por ello, que los roles tradicionales de género y la violencia contra las mujeres están asociadas⁵, también con el acceso a la educación⁶, al trabajo remunerado⁷ y dependencia económica.^8,9 De ahí que, la violencia de la pareja afecta a las mujeres en relación a su desarrollo profesional, sobre la búsqueda de oportunidades laborales, ejecución del trabajo y en el aumento de su confianza e identidad profesional.¹⁰

Promoción del empoderamiento

La educación influye positivamente para la promoción en el empoderamiento en las mujeres, dado que la formación académica provee conocimiento y habilidades en términos de autosuficiencia económica para manejar la economía del hogar³ y ahorro del dinero¹¹.

En efecto, el empoderamiento económico contribuye a las oportunidades de independencia, desarrollo financiero e influyen directamente con el tipo de decisiones a favor de sus comunidades¹²; y ante el acceso y desarrollo de los recursos económicos por la herencia de las mujeres mayores, estos se van pasando de generación en generación.¹³

En la actualidad, varias mujeres jóvenes que se observan a sí mismas empoderadas, no las lleva a sentirse más superiores que los hombres, al contrario, lo ven como un compañero empático, observándolo más sensibles y con nuevas ideologías femeninas.¹⁴

Recomendaciones

• Generar intervenciones centradas^15,16,17 en la relación con la pareja y/o miembros de la familia, considerar elementos de la cultura y valores familiares dentro de la sociedad, integrar el elemento económico con perspectiva de microfinanciación.
• Impulsar a las mujeres y a su comunidad, a fomentar en su entorno el poder de decisión en ellas mismas, en las integrantes de la familia y en su entorno.
• Programas dirigidos a las mamas en la educación de los hijos e hijas y sembrar nuevas ideas de relacionarse e interactura entre hombres y mujeres para cambiar la actitud en relación a las normas sociales.
• Promover el cambio continuo de las nuevas percepciones de roles sociales.
• Fortalecer el empoderamiento y direccionar la capacidad de la mujer, al ejecutar sus actividades cotidianas y desarrollar sus habilidades y competencias, para ser más independiente y aprender a cuidarse de sí mismas.

Referencias

1. Banco Mundial (2018),Indicadores de desarrollo Banco mundial (base de datos) https://datos.bancomundial.org/indicador/SL.TLF.ACTI.FE.ZS (acceso 15 Noviembre 2018).
2. Covarrubias, A. (2018). Poder, normas sociales y desigualdad de las mujeres en el hogar. Revista de Ciencias Sociales y Humanidades, 27 (53), 140-158.
3. Akhter, R., & Wilson, J. (2016). Using an Ecological Framework to Understand Men’s Reasons for Spousal Abuse: An Investigation of the Bangladesh Demographic and Health Survey 2007. Journal of Family Violence, 31, 27-38.
4. Onarheim, K., Iversen, J., & Bloom, D. (2016). Economic Benefits of Investing in Women’s Health: A Systematic Review. PLoS ONE, 11(3), 1-23.
5. Moral de la Rubia, J. & López Rosales, F. (2013). Premisas socioculturales y violencia en la pareja: diferencias y semejanzas entre hombres y mujeres. Estudios sobre las Culturas Contemporáneas, 19(38), 47-71.
6. Rabiul, K., & Kong, C. (2016). Microcredit and Marital Violence: Moderating Effects of Husbands’ Gender Ideology. Journal of Family Violence, 31(2), 227-238.
7. Bhattacharya, H. (2015). Spousal violence and women´s employment in India. Feminist Economics, 21(1), 30-52.
8. Dhungel, S., Dhungel, P., Dhital, S., & Stock, C. (2017). Is economic dependence on the husband a risk factor for intimate partner violence against female factory workers in Nepal? BMC Women’s Health, 17(82), 1-9.
9. Sipsma , H., Ofori-Atta , A., Canavan, M., Osei-Akoto , I., Udry , C., & Bradley , E. (2013). Poor mental health in Ghana: who is at risk? BMC Public H, 13(1), 1-9.
10. Lantrip, K., Luginbuhl, P., Chronister, K., & Lindstrom, L. (2015). Broken Dreams: Impact of Partner Violence on the Career Development Process for Professional Women. Journal of Family Violence, 30, 591–605.
11. Muthengi, E., Gitau, T., & Austrian, K. (2016). Is Working Risky or Protective for Married Adolescent Girls in Urban Slums in Kenya? Understanding the Association between Working Status, Savings and Intimate-Partner Violence . PLoS ONE, 11(5), 1-15.
12. Vázquez , D., Mortera , D., Rodríguez , N., Martínez , M., & Velázquez , M. (2013). Organización comunitaria de mujeres: del empoderamiento al éxito del desarrollo rural sustentable. Revista de Estudios de Género, 4(37), 262-288.
13. Sosme, Á., & Casados, E. (2016). Etnia y empoderamiento: elementos para el análisis de la transformación de identidades femeninas en la Sierra de Zongolica, Veracruz. Sociológica, 31(87), 143-173.
14. Farías, L., & Cuello, V. (2018). Percepción y autopercepción de los estereotipos de género en estudiantes universitarios de la región de Valparaíso a través de la publicidad. Revista de Comunicación, 17(1), 155-165.
15. Alvarez, C., Davidson, P., Fleming, C., & Glass, N. (2016). Elements of Effective Interventions for Addressing Intimate Partner Violence in Latina Women: A Systematic Review. PLoS ONE, 11(8), 1-13.
16. Bourey, C., Williams, W., Bernstein, E., & Stephenson, R. (2015). Systematic review of structural interventions for intimate partner violence in low- and middle-income countries: organizing evidence for prevention. BMC Public Health, 15(1165), 1-18.
17. Rabiul, K., & Kong, C. (2016). Microcredit and Marital Violence: Moderating Effects of Husbands’ Gender Ideology. Journal of Family Violence, 31(2), 227-238.

Enlaces externos

• https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&category_slug=violencia-5197&alias=24353-violencia-contra-mujeres-america-latina-caribe-analisis-comparativo-datos-poblacionales-12-paises-353&Itemid=270&lang=es
• http://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/violence-against-women
• http://www.who.int/reproductivehealth/publications/violence/9241593512/es/
• http://www.who.int/reproductivehealth/publications/violence/9789241548595/es/
• http://www.unwomen.org/es/what-we-do/economic-empowerment/facts-and-figures
• https://publications.iadb.org/bitstream/handle/11319/7105/Empoderamiento_Economico_de_las_Mujeres.pdf?sequence=1&isAllowed=y
• https://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/file_attachments/bp-an-economy-that-works-for-women-020317-es.pdf

Verónica Pastor Fernández

La contribución de las mujeres a la esfera económica es algo que a día de hoy no se puede obviar, tanto por el trabajo remunerado por cuenta propia o ajena (como empleadas o emprendedoras), como por todo el trabajo doméstico y de cuidados que realizan sin remunerar, gracias al cual sus vidas y las de sus familias y comunidades salen adelante. A pesar de los avances y los reconocimientos en los compromisos internacionales, existe actualmente una gran persistencia de mujeres que son económicamente dependientes.

El empoderamiento económico de las mujeres contribuiría a la reducción de la pobreza y mejoraría la calidad de vida de toda la población. Sin embargo, el modelo económico actual no propicia la igualdad de género, dificultando el acceso de muchas mujeres a empleos de más calidad y mejor remunerados, e impidiendo hacer frente a la desigualdad en la carga de trabajo doméstico y de cuidados no remunerado (Oxfam, 2017).

El empoderamiento económico de las mujeres cuenta con múltiples compromisos internacionales que lo promueven. Algunos ejemplos de los más representativos son:

• La Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres (CEDAW) (Naciones Unidas, 1979), en su artículo 11 reconoce el “derecho a igual remuneración, inclusive prestaciones, y a igualdad de trato con respecto a un trabajo de igual valor, así como igualdad de trato con respecto a la evaluación de la calidad del trabajo”. Así mismo, hace referencia al “derecho a la seguridad social, en particular en casos de jubilación, desempleo, enfermedad, invalidez, vejez u otra incapacidad para trabajar, así como el derecho a vacaciones pagadas”.
• La Plataforma de Acción de Pekín (Naciones Unidas, 1995) reúne seis objetivos específicos para impulsar el empoderamiento económico de las mujeres: promover los derechos económicos y la independencia de las mujeres; facilitar el acceso de las mujeres a los recursos y empleo en condiciones de igualdad; proporcionar capacitaciones y acceso a los mercados, la información y la tecnología; fortalecer la capacidad económica de las mujeres y sus redes comerciales; eliminar la segregación ocupacional y todas las formas de discriminación en el empleo; y promover la armonización del empleo y las responsabilidades familiares de hombres y mujeres.
• Entre los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), el objetivo 5, sobre igualdad de género, establece como una de sus metas para lograr la igualdad de género (meta 5.a) la necesidad de emprender “reformas que otorguen a las mujeres la igualdad de derechos a los recursos económicos, así como acceso a la propiedad y al control de la tierra y otros tipos de bienes, los servicios financieros, la herencia y los recursos naturales (…)” (Naciones Unidas, 2015).

Pese a este marco internacional, las mujeres siguen estando discriminadas en el ámbito del empleo, caracterizado por una brecha salarial entre mujeres y hombres, y por la segregación ocupacional y vertical, donde los puestos de mayor responsabilidad y prestigio son ocupados por hombres. Según los datos del Banco Mundial, el porcentaje medio de mujeres que trabaja en situación de vulnerabilidad es de un 78,32%[1] en África Subsahariana, que es la región geográfica con porcentajes más elevados. Así mismo, en esa misma región, el porcentaje de mujeres con empleo remunerado es del 19,86%[2]. Las cifras ponen de manifiesto que las mujeres realizan trabajos que las mantienen en situación de pobreza y explotación.

Un importante factor a tener en cuenta respecto a las dificultades que encuentran las mujeres para llevar a cabo trabajos remunerados, sin ser el único, es la carga desigual de trabajo doméstico y de cuidados en los hogares. Se trata de un factor estructural que limita las opciones de las mujeres para contar con ingresos propios, participar plenamente en la política y la sociedad, y tener acceso a la protección social para la satisfacción autónoma de sus necesidades (ONU Mujeres México, 2015, p. 2).

El trabajo doméstico y de cuidados: una barrera para la trayectoria laboral de algunas mujeres y una –precaria- oportunidad de empleo para otras

Comúnmente se considera al trabajo doméstico y de cuidados como una barrera para el empoderamiento económico de las mujeres. Es interesante reflexionar acerca de esta afirmación dado que la barrera no es el trabajo en sí, sino el hecho de que recaiga principalmente sobre las mujeres, sin valoración y casi siempre, sin remuneración. El trabajo doméstico y de cuidados no puede suprimirse porque es fundamental para la supervivencia. Sin embargo, podría dejar de suponer una carga para las mujeres si se distribuye, no solo con los hombres, sino también con los Estados y las empresas.

La falta de responsabilidad hacia el trabajo doméstico y de cuidados por parte de los mercados y los Estados (a excepción de los Estados de bienestar de los países nórdicos, donde sí hay una fuerte intervención estatal), que no proveen de estructuras colectivas que se encarguen del cuidado de la vida, conlleva la búsqueda individualizada de soluciones a las necesidades de cuidados dentro de los hogares. De esta manera, en los hogares se llevan a cabo estrategias privadas para resolver un problema que es público, y son particularmente las mujeres quienes terminan asumiendo los trabajos de reproducción.

El trabajo reproductivo tiene un elemento de naturalización que hace difícil separarlo de las mujeres debido a que se naturaliza la capacidad y el deseo de cuidar como cualidades femeninas. Existe una asociación tradicional del crecimiento y la acumulación con los valores de la masculinidad, y de la reproducción y cuidados con la feminidad.

Sin embargo, las estrategias de cada hogar para gestionar las tareas domésticas y de cuidados varían en función de factores como la clase social, la etnia o la nacionalidad. En muchos hogares de países del Norte donde las mujeres han ido abandonando el rol de cuidadoras a tiempo completo, sin que esto haya conllevado la desaparición de trabajos no mercantiles (Jubeto y Larrañaga, 2014), se recurre a la red familiar (generalmente las abuelas) para “echar una mano” en el trabajo doméstico y de cuidados. En otros casos en los que no se dispone de esta red, las mujeres hacen frente a la doble jornada o triple, cuádruple… dependiendo de si, además de los trabajos en el ámbito productivo y reproductivo, estudia, participa en actividades comunitarias, etc.

Los hogares que pueden permitírselo han mercantilizado el trabajo reproductivo, que se ha convertido en un nicho laboral para las mujeres migrantes. Se trata de hogares de clase media de países ricos, que contratan a otras mujeres (inmigrantes en la mayoría de los casos, pero no siempre) como empleadas domésticas y/o cuidadoras, porque las mujeres autóctonas se han movilizado hacia otros sectores de trabajo. A su vez, estas mujeres migrantes que se han desplazado a países ricos en busca de empleo con el fin de asegurar unos ingresos a sus familias, dejan el cuidado de estas en manos de otras mujeres. Para ello, recurren a la estrategia de la “familia amplia” (lazos familiares estratégicos en la provisión de bienestar cotidiano), donde la encargada del trabajo doméstico y los cuidados generalmente es la abuela, gracias a las remesas que las mujeres migrantes envían desde el país donde están trabajando. En otros casos, compran los servicios de mujeres más pobres que han dejado en su país de origen (Castelló, 2008). Este proceso da lugar a la globalización de los cuidados.

Rowena llama “mi bebe” a Noa, la niña estadounidense que está a su cuidado. Y la pequeña ha comenzado a balbucear en tagalog, la lengua que su niñera hablaba en Filipinas. Los hijos de Rowena viven con sus abuelos maternos y otros doce miembros de la familia, ocho de ellos niños, algunos de los cuales también son hijos de mujeres que trabajan en el extranjero. La figura que ocupa el lugar central en la vida de los niños es su abuela, la madre de Rowena. Pero la abuela trabaja de maestra con horarios prolongados, y el abuelo materno no se relaciona mucho con sus nietos, por lo cual Rowena ha contratado a Anna de la Cruz para cocinar, limpiar y cuidar a los niños. A su vez, Anna de la Cruz deja a su hijo al cuidado de su suegra octogenaria (Russell, 2008 p. 270).

Las cadenas globales de cuidados son “redes transnacionales que se establecen para sostener cotidianamente la vida y a lo largo de las cuales los hogares y, en ellos, las mujeres, se transfieren cuidados de unas a otras con base en ejes de jerarquización social” (Pérez, 2014, p. 215).

En un mundo globalizado, los problemas ya no son nacionales, sino transnacionales. La globalización remite a una transformación en la escala de la organización humana que enraíza comunidades distantes y expande el alcance de las relaciones de poder. En los lugares de origen, los hogares reunificados de las personas migrantes experimentan seriamente las dificultades de conciliación de la vida familiar y laboral. Sin embargo, en los países de destino, los hogares que contratan a personas migrantes obtienen beneficios de este trabajo, que responde a necesidades concretas y cotidianas (Orozco, 2007).

Así, aparecen nuevas formas de dominación entre mujeres autóctonas y mujeres migrantes. Este trasvase de la desigualdad evidencia cómo el proceso de externalización del trabajo reproductivo se ha hecho de tal forma que, lejos de poner en entredicho la división sexual del trabajo, la alimenta y la normaliza (Parella, 2003 en Castelló, 2008).

Las oportunidades para el empoderamiento económico de unas mujeres no deben suponer la explotación de otras. De esta manera, son únicamente las mujeres, desde sus distintas posiciones, quienes asumen el “invisibilizado” trabajo doméstico y de cuidados que sostiene los trabajos productivos, asimilando las estrategias patriarcales.

Para lograr el empoderamiento económico de todas las mujeres es fundamental la redistribución de las tareas domésticas y de cuidados al interior de los hogares, al tiempo que se promueve la intervención estatal a través de la implementación de programas para asegurar trabajos decentes para todas las mujeres, en igualdad de condiciones. Así mismo, las empresas deben adoptar un rol activo para favorecer la promoción de las mujeres a los puestos de poder y evitar segregación por ocupaciones y la brecha salarial, todo ello, propiciando posibilidades de conciliación reales.

Finalmente, es importante tener en consideración la importancia del trabajo doméstico de cuidados, sin el cual no sería posible realizar el resto de trabajos que se desempeñan en el ámbito “productivo”.  La plena igualdad de los derechos laborales de quienes ejercen estos trabajos es un pilar básico para comenzar a trabajar por el empoderamiento económico de las mujeres.

Bibliografía

Castelló, L. (2008). La mercantilización y mundialización del trabajo reproductivo. El caso español. XI Jornadas de Economía Crítica, Bilbao. Recuperado de http://pendientedemigracion.ucm.es/info/ec/ecocri/cas/Castello_Santamaria.pdf

Jubeto, Y., y Larrañaga, M. (2014). El Desarrollo Humano local desde la equidad de género: un proceso en construcción. Bilbao: UPV / EHU.

Naciones Unidas (1979). Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres (CEDAW). Recuperado de http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/sconvention.htm

Naciones Unidas (1995). Plataforma de Acción de Pekín. Recuperado de http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/platform/

Naciones Unidas (2015). Objetivos de Desarrollo Sostenible. Recuperado de https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/gender-equality/

ONU Mujeres México, (2015). Trabajo doméstico y de cuidados no remunerado. Transformar nuestro mundo. Recuperado de http://www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20mexico/documentos/publicaciones/2016/trabajo%20dome%CC%81stico%20serie%20transformar%20nuestro%20mundo.pdf?la=es&vs=1057

Oxfam (2017). Una economía para las mujeres. Informe de Oxfam. Recuperado de https://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/file_attachments/bp-an-economy-that-works-for-women-020317-es.pdf

Pérez, A. (2014). Subversión feminista de la economía. Aportes para un debate sobre el conflicto capital-vida. Madrid: Traficantes de sueños.

Russell, A. (2008). Amor y oro. En, La mercantilización de la vida íntima (pp.269-284). Madrid: Hatz Editores.

Referencias web

www.bancomundial.org

[1]https://datos.bancomundial.org/indicador/SL.EMP.VULN.FE.ZS?name_desc=false&view=chart

[2] https://datos.bancomundial.org/indicador/SL.EMP.WORK.FE.ZS?view=chart

Introducción

Las distintas líneas de pensamiento en torno al género y medio ambiente que se han sucedido en el tiempo: ecofeminismo; mujeres y medioambiente; género, medio ambiente y desarrollo sostenible; han logrado que la igualdad de género haya pasado a formar parte de las políticas ambientales, dando lugar a una compleja pero inexorable relación entre ambos enfoques. La incorporación de la perspectiva de género a la gestión medioambiental cuenta así mismo con un amplio marco legislativo internacional que le da cobertura.

A partir de la década de los noventa, diversas conferencias de las Naciones Unidas – la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro (1992), el Convenio sobre Diversidad Biológica (1992), la Convención Internacional de Lucha contra la Desertificación (1994), la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer de Pekín (1995), la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sustentable en Johannesburgo (2002), la Conferencia Mundial sobre la Reducción de Desastres en Hyogo (2005) y la posterior en Sendai (2015), la Cumbre de Clima en París (2015) — han reconocido el rol decisivo de las mujeres en la conservación y la gestión de los recursos naturales y la protección del medio ambiente, señalando la necesidad de garantizar su plena participación en la toma de decisiones, así como en la formulación y ejecución de políticas ambientales (Inmujeres, 2003).

En el año 2007 se creó la Alianza Global de Género y Clima (GGCA), a raíz de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático celebrada en Bali, dedicada a promover el fortalecimiento organizacional para asegurar que las políticas de cambio climático, las iniciativas y la toma de decisiones transversalizan la perspectiva de género (GGCA, s.f.).

No se puede negar que ha habido importantes reconocimientos y logros de carácter legislativo, derivados de una gran conciencia de la necesidad de eliminar las desigualdades de género en todos los ámbitos. Sin embargo, en el ámbito ambiental las mujeres se encuentran en una posición de desventaja, que limita su acceso a los recursos y dificulta su participación en las decisiones relativas a la gestión ambiental, pese a ser las principales proveedoras y administradoras de los recursos naturales en los hogares.

Antes de entrar en el análisis, conviene hacer la siguiente aclaración. Si bien en este artículo se hace referencia a hombres y mujeres, se ha de tener en consideración la pluralidad de personas y sin entender a las mujeres, hombres y otras identidades como grupos homogéneos. Así mismo, es imprescindible tener en cuenta los distintos factores de opresión que atraviesan a cada persona, además del género, como la etnia o la edad, y que posicionan a los individuos en distintos niveles de vulnerabilidad.

Acceso y control de los recursos

El género como principio organizador de la sociedad asigna a mujeres y hombres distintos roles y espacios, afectando a sus experiencias, intereses y habilidades para manejar los recursos naturales. Los roles de género intervienen en tanto que mujeres y hombres hacen un uso distinto de los recursos naturales, y a su vez, las posibilidades de preservar los recursos y regular las acciones en torno a estos también varían (Vázquez, 2003).

Más en detalle, como expone Vázquez (2003) a partir de Thomas-Slayter y Rocheleau (1995), el género determina el acceso y control sobre la tierra, el trabajo, las instituciones y los servicios, de manera que mujeres y hombres de distinta condición tienen diferentes responsabilidades, oportunidades y limitaciones en el manejo de recursos naturales tanto al interior del grupo doméstico como en la comunidad, lo que da lugar a distintos conocimientos sobre el ambiente.

En casi todo el mundo corresponde a los hombres el aprovechamiento comercial de los recursos naturales: pastoreo, pesca, explotación minera y extracción maderera y de diversos productos forestales; los beneficios, empero, no necesariamente llegan a los hogares. Las mujeres, por su parte, usan los bosques y otros recursos para obtener alimentos, plantas medicinales y combustible, e incluso para generar ingresos que invariablemente se destinan al sostén familiar; pero cuando llegan a emprender proyectos productivos, enfrentan —por mera razón de su sexo— serias dificultades para conseguir créditos, apoyos, programas, capacitación e insumos en general (Inmujeres, 2003, p. 7).

Más allá de considerar el distinto uso de los recursos, es preciso prestar atención a la forma en que mujeres y hombres de distinta condición se apropian de ellos, así como el poder o la falta del mismo que tienen sobre otras personas para controlar sus actividades (Vázquez, 2003). En algunos países[1], la única forma de acceder a la tierra por parte de las mujeres es a través de redes masculinas (marido, padre, hermano…). Según datos ofrecidos por la Base de Datos de Género y Derechos de la Tierra (GLRD) de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), la proporción de mujeres propietarias de explotaciones agrícolas a nivel mundial oscila entre el 0,8% (Arabia Saudí) y el 51% (Cabo Verde), con un porcentaje global del 12,8%[2]. De este modo, además del tipo de derechos y responsabilidades que mujeres y hombres tienen sobre un determinado recurso, se ha de considerar su capacidad de acción sobre el mismo.

Participación y toma de decisiones

El reconocimiento del saber y la experiencia de las mujeres como usuarias de los recursos naturales es clave para la sostenibilidad ambiental. La división de roles por sexo y el tipo de conocimientos que derivan de ello convierte a las mujeres necesarias en el manejo de proyectos ambientales.

Excluir a las mujeres de este proceso tiene como consecuencia el deterioro ambiental, por lo que “todo lo relacionado con las cuestiones ambientales precisa ser abordado desde la perspectiva de género, junto con la promoción de una ética medioambiental con tendencia hacia un uso sostenible de los recursos y un entorno más justo y equitativo” (Melero, 2011, p. 23).

La consideración de las mujeres como agentes ambientales supone su participación activa en los proyectos de manejo comunitario de recursos. Sin embargo, al igual que en la mayoría de los ámbitos, las mujeres son discriminadas y no tenidas en cuenta en los procesos ambientales a pesar de ser las principales administradoras de este tipo de recursos en base a las actividades domésticas y otras tareas reproductivas que realizan. Un problema frecuente es, así mismo, la apropiación de su trabajo, siendo consideradas como instrumentos y no como agentes de su propio desarrollo (Vázquez, 2003).

Aportes para la práctica

La construcción de soluciones a las problemáticas ambientales en conjunto con las mujeres requiere la generación de procesos más justos y equitativos en el acceso, uso y gestión de los recursos naturales, analizando la participación e implicación de mujeres y hombres, con el objetivo de identificar las brechas de género que se ocasionan en determinados contextos y realidades a nivel local, que impiden a las mujeres desarrollar sus potencialidades (Melero, 2011).

La siguiente tabla recoge una serie de criterios básicos para integrar la perspectiva de género en la gestión ambiental a través de las dos dimensiones expuestas (acceso y control de recursos, y participación y toma de decisiones):

Fuente: Elaboración propia a partir de Melero (2011) y AECID (2015)

Conclusiones

Las mujeres, como conocedoras, usuarias y consumidoras de los recursos naturales desempeñan una serie de funciones esenciales en el manejo de los mismos que deberían garantizar su participación de calidad en las decisiones relativas a la gestión ambiental. Sin embargo, la situación de desventaja en el acceso y especialmente el control de los recursos, dificultan su participación pese a contar con el soporte de un extenso marco internacional, junto con diversas estrategias conceptuales que ponen de manifiesto los vínculos entre género y medio ambiente.

La gestión ambiental con perspectiva de género supone visibilizar y reconocer el trabajo desempeñado por las mujeres (distinguiendo los diferentes aportes de mujeres y hombres), poniendo de manifiesto su capacidad para proponer mecanismos conducentes a la sostenibilidad ambiental. Supone, así mismo, propiciar relaciones más justas y complementarias, en pro de la igualdad de género.

Referencias bibliográficas

• Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). Guía de la AECID para la transversalización del Enfoque de Género (2015). Madrid: AECID. Recuperado de:  http://www.aecid.es/Centro-Documentacion/Documentos/Publicaciones%20AECID/GU%C3%8DA%20DE%20G%C3%89NERO.pdf
• Alianza Global de Género y Clima (GGCA), (s.f.). Recuperado de: http://genderandenvironment.org/actors/the-global-gender-and-climate-alliance-ggca/
• Inmujeres (2003). Equidad de género y medio ambiente. México: Inmujeres. Recuperado de: http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/100505.pdf
• Melero, N. (2011). La participación de la mujer en el acceso y gestión del agua. Una experiencia cubana. Anduli. Revista Andaluza de Ciencias Sociales, 10, 21-30. Recuperado de: file:///C:/Users/Usuario/Downloads/Dialnet-LaParticipacionDeLaMujerEnElAccesoYGestionDelAgua-3874061.pdf
• Vázquez, V. (2003). La gestión ambiental con perspectiva de género. El manejo integrado de ecosistemas y la participación comunitaria. Gestión y Política Pública, XII, (2), 291-322. Recuperado de: http://www.redalyc.org/pdf/133/13312204.pdf

Referencias web

• www.fao.org

[1] En algunos países las mujeres solo pueden acceder a las tierras a través de figuras masculinas de referencia. No obstante, las desigualdades de género en la propiedad de la tierra están presentes en todos los países.

[2] http://www.fao.org/gender-landrights-database/data-map/statistics/es/?sta_id=982

Universidad Complutense de Madrid 

Autora: Verónica Pastor Fernández