Escuela de Gobierno, Universidad Complutense de Madrid

La autonomía corporal sigue siendo un campo de batalla para las mujeres y niñas. Tener control sobre el propio cuerpo y poder de decisión sobre los derechos sexuales y reproductivos es fundamental para ganar no solo en términos de autonomía, sino también de salud, educación, ingresos y bienestar general. En definitiva, la autonomía corporal y la integridad física sientan una base para el disfrute del resto de derechos humanos. Sin embargo, según el último informe del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNPFA por sus siglas en inglés), solo el 55% de las mujeres y niñas pueden tomar sus propias decisiones en lo que a su autonomía corporal respecta (UNFPA, 2021). Queda, por lo tanto, mucho camino por recorrer.

Una de las prácticas más evidentes que niegan la capacidad de decisión de las niñas es el matrimonio infantil. A pesar de estar legalmente prohibido en casi todo el mundo, sigue siendo una práctica muy extendida. La Convención sobre los Derechos del Niño (CRC) y la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), son dos de los acuerdos en materia de derechos humanos más ampliamente ratificados y respaldados del mundo y, a su vez, abordan el matrimonio infantil. Un matrimonio en el que una de las personas contrayentes es menor de 18 años se considera un subconjunto del matrimonio forzado, ya que, según la definición de niño acordada internacionalmente, “las personas menores de 18 años carecen de capacidad para dar su consentimiento pleno, libre e informado” (ACNUR, 2014). Por su parte, el artículo 16 de la CEDAW (1979) afirma rotundamente: “No tendrán ningún efecto jurídico los esponsales y el matrimonio de niños y se adoptarán todas las medidas necesarias, incluso de carácter legislativo, para fijar una edad mínima para la celebración del matrimonio y hacer obligatoria la inscripción del matrimonio en un registro oficial”.

Sin embargo, muchos países siguen permitiendo el matrimonio de menores de 18 años directa o indirectamente, ya sea permitiendo el consentimiento de un progenitor o tutor legal, definiendo la capacidad jurídica y la edad de consentimiento sexual, o en virtud de otras fuentes del derecho, como las prácticas consuetudinarias que reconocen el matrimonio sin necesidad de pasar por el registro legal.

Prácticas matrimoniales patriarcales

Los matrimonios infantiles obedecen a prácticas patriarcales institucionalizadas (UNFPA, 2021):

• La dote: la familia de la novia paga a la familia del novio para que deje de ser una carga económica en el hogar. Es más común en el continente asiático, y se considera una vía para asegurar el bienestar de la novia, pero perpetua un sistema de desigualdad de género. Se pagan dotes más pequeñas por novias más jóvenes por lo que fomenta el matrimonio infantil, y generan violencia cuando las familias no reciben la cantidad esperada. A pesar de ser una práctica prohibida desde 1961, la Oficina Nacional de Registro de Crímenes de India cuenta hasta 8.000 muertes anuales relacionadas con las dotes (Azizur, 2017).
• El precio de la novia: es lo contrario de la dote, la familia del novio “compra” a una niña o mujer para que se convierta en esposa de su hijo. Más habitual en ciertas zonas de África, relega a la mujer a la condición de propiedad y respalda la noción de que el hombre ha comprado la obediencia de su esposa, junto a su capacidad productiva y reproductiva.
• El rapto de la novia: Un hombre puede secuestrar a una mujer o niña y obligarla a escribir una carta (en la que se incluye el pago del precio de la novia) pidiendo el consentimiento de su familia para casarse.
• Levirato: Se da cuando, al fallecer su marido, una mujer es obligada a casarse con un pariente del fallecido, normalmente un hermano. En algunas ocasiones se lleva a cabo la “purificación de las viudas”, un ritual sexual que pretende disolver el vínculo del espíritu del fallecido con su esposa, sometiéndola a relaciones sexuales con uno de sus familiares vivos.

El matrimonio infantil tiene profundas consecuencias sobre la salud sexual y reproductiva de las niñas y su autonomía corporal. Se relaciona estrechamente el matrimonio infantil y los embarazos precoces con altas tasas de morbilidad y mortalidad materna e infantil. En los países de ingreso bajo y mediano, las complicaciones derivadas del embarazo y el parto son la principal causa de muerte entre las niñas de 15 a 19 años (UNFPA, 2021). Por otro lado, se les niega el derecho a tomar decisiones sobre su salud sexual y reproductiva, no se les permite decidir sobre la atención de su salud, ni sobre el uso de anticonceptivos, ni se tiene en cuenta su consentimiento a la hora de mantener relaciones sexuales. Las normas patriarcales tradicionales entienden que, una vez celebrado el matrimonio, el hombre es dueño del cuerpo de la mujer y se le otorga la legitimidad de decidir por ella en la mayoría de sus decisiones. Más riesgos del matrimonio infantil incluyen un riesgo mayor de transmisión del VIH y tasas elevadas de violencia y violencia sexual contra las mujeres (Mendoza et al, 2016).

Del mismo modo, el matrimonio infantil es un obstáculo importante a la hora de garantizar las oportunidades de recibir una educación. El matrimonio infantil (y la maternidad temprana) pueden ser tanto causa como consecuencia del abandono escolar:  si bien es cierto que las niñas abandonan o se las echa de la escuela porque son obligadas a casarse, también ocurre que las niñas que han dejado la escuela tienen más probabilidades de ser casadas (Birchall, 2018).

Matrimonio infantil y COVID-19

Desde 1994, UNFPA se enfoca particularmente en el Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y Desarrollo (CIPD) de El Cairo. En él se establecieron una serie de medidas para lograr la salud sexual y reproductiva universal que se convertirían en el compromiso mundial más importante hasta la fecha en materia de derechos reproductivos. Más adelante, en 2015, se aprobó la agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. El ODS5, relativo a la Igualdad de Género, cuenta con la meta 5.6 que, en respaldo del Programa de Acción de la CIPD, insta a asegurar el acceso universal a la salud y los derechos reproductivos.

Muchos son los esfuerzos que se han dirigido a promover la autonomía corporal de niñas y mujeres, así como a la protección contra prácticas nocivas que restringen su capacidad de decisión como el matrimonio infantil. Durante la última década se han conseguido evitar 25 millones de matrimonios infantiles. Sin embargo, UNICEF (2021) advierte que la pandemia de COVID-19 está amenazando los logros alcanzados hasta la fecha, relegando a las niñas a una situación de aún mayor vulnerabilidad. Los cierres de las escuelas, las limitaciones económicas, la interrupción de servicios públicos básicos, las muertes durante el embarazo y las muertes de los progenitores a causa de la pandemia son los factores principales que aumentan el riesgo de recurrir al matrimonio infantil como herramienta para paliar la situación de vulnerabilidad económica a la que se enfrentan millones de familias en todo el mundo debido al coronavirus. Antes de la pandemia, también se alertó sobre el crecimiento del número de matrimonios infantiles en los campamentos de refugiados, otro componente de vulnerabilidad añadido. Ante una situación tan preocupante, se recomienda encarecidamente tomar acción de inmediato y llevar a cabo un enfoque más ambicioso si realmente queremos cumplir las promesas que tomamos al aprobar la Agenda 2030, entre ellas eliminar el matrimonio infantil, promover la autonomía corporal y, en general, poner fin a todas las formas de discriminación contra las mujeres y niñas.

Bibliografía

Azizur, S. (junio 9, 2017). Eliminar las dotes de boda puede evitar miles de muertes en India. Recuperado de:

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Birchall, J. (2018). Early marriage, pregnancy and girl child school dropout. K4D. Recuperado de:

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Mendoza, LA., Claros, DI., Mendoza, LI., Peñarand, CB., Arias, MD., Carrillo, JH., Sarria, Z. (2016). Matrimonio infantil: Un problema social, económico y de salud pública. Revista chilena de obstetricia y ginecología, 81(3), 254-261. Recuperado de: https://dx.doi.org/10.4067/S0717-75262016000300013

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UNPFA (2021). Estado de la Población Mundial 2021. Mi cuerpo me pertenece. Recuperado de: https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/SoWP2021_Report-ES_-_v3312.pdf

Departamento de economía, Université Le Havre – Normandie

• Introducción
• Brechas de género en un contexto de COVID-19
• Ejercicio de simulación y principales resultados
• Reflexiones mayores e implicaciones para las políticas
• Bibliografía

Introducción

La crisis del Coronavirus (COVID-19) fue un brote inesperado que está afectando desproporcionadamente a las economías más frágiles del mundo (Sayeh & Chami, 2020). Históricamente se ha comprobado como epidemias anteriores agravan las desigualdades existentes (Burki, 2020; Davies & Bennett, 2016; Lozano & García-Calvente, 2020), siendo esta una realidad patente en el contexto de la crisis actual del COVID-19 en los países de América Latina y el Caribe (ALC) debido a la particular situación de vulnerabilidad que sufren las mujeres en la región (CEPAL & OPS, 2020). Por lo que la epidemia amenaza con acabar con gran parte de los avances logrados en las últimas décadas en materia de reducción de la pobreza, crecimiento económico e igualdad de género.

Según informes de la CEPAL (2020a) y CEPAL & OPS (2020), los siguientes factores hacen de las mujeres un grupo vulnerable en los países de la región ALC.

1. Las mujeres están sobrerrepresentadas en los sectores laborales altamente expuestos al contagio (72,8% del personal ocupado en el sector sanitario).
2. El 78% de las mujeres ocupadas trabajan en las actividades económicas más golpeadas por las medidas de contención.
3. En el período previo a la pandemia, las mujeres destinaban entre 22 y 42 horas semanales a actividades de trabajo doméstico y de cuidados no remuneradas.
4. Con el cierre de las escuelas, el aislamiento social y el aumento de personas enfermas, la sobrecarga de trabajo no remunerado se intensifica.

En Bolivia, el débil contexto socioeconómico determina la influencia de los impactos del coronavirus. Cuando el coronavirus golpeó a la economía, se tomaron medidas de bloqueos económicos con el fin de evitar la propagación del virus seguidas de medidas de apoyo a la economía, desde las ayudas directas a las familias y empresas hasta los programas de compra de deuda pública. Sin embargo, dados los altos niveles de deuda fiscal y la persistencia de la pandemia, la capacidad del país para hacer frente a la crisis se vio severamente afectada y hoy representa un desafío mayor para la economía.

Al igual que la mayoría de los países del mundo, Bolivia adoptó medidas como el distanciamiento social, la restricción de la circulación de personas y bienes, y el cierre económico para evitar la transmisión y propagación del virus COVID-19 entre la población desde finales de marzo de 2020. Así, se declaró una cuarentena total mediante el Decreto Supremo nº 4199, que se caracterizó por un bloqueo nacional inicial de 14 días a partir de la medianoche del 22 de marzo de 2020. Esta cuarentena estricta se prorrogó periódicamente para evitar una mayor propagación del virus hasta el 10 de mayo de 2020, y a partir de entonces se mantuvo una “cuarentena dinámica” que permitió la relajación gradual de las medidas de contención, principalmente en aquellas regiones y ciudades bolivianas menos afectadas por el virus. A finales de agosto de 2020, Bolivia inició la fase de post-confinamiento y comenzó a abrir la economía, aunque de forma gradual.

Las medidas adoptadas durante el período de confinamiento, así como las adoptadas en el período de post-confinamiento para proteger la salud de la población frente a la pandemia mundial, afectaron el normal desarrollo de la economía boliviana, que tuvo que interrumpir o disminuir sus capacidades productivas. En el segundo trimestre de 2020, el Producto Interno Bruto (PIB) de Bolivia se contrajo en 11,11%, convirtiéndose en una de las economías más afectadas de América Latina (INE, 2020). También es probable que estas medidas hayan tenido efectos negativos en el bienestar de los hogares. Durante las crisis, los grupos vulnerables suelen verse más afectados y, entre ellos, las mujeres se ven particularmente afectadas. De hecho, el hecho de que la economía boliviana ya mostrara importantes disparidades de género, principalmente en el mercado laboral, antes de la aparición de la pandemia de COVID-19 puede hacer que las mujeres y los hombres se vean afectados de forma diferente, dependiendo de su situación inicial. De ser así, pueden verse amenazados importantes logros como la disminución de la pobreza que se redujo significativamente de 60% de la población en 2005 a 35% de la población en 2018 (WDI, 2018), así como la tendencia a la baja observada en la desigualdad, reflejada en el valor del índice de Gini, que había disminuido de 0,61 en 2000 a 0,42 en 2018.

Comprender los efectos de la actual crisis sanitaria sobre los sectores económicos y sobre las poblaciones vulnerables (particularmente mujeres) es clave para los gobiernos y los responsables políticos ya que podría ayudar a minimizar los efectos a mediano y largo plazo de la pandemia, garantizando al mismo tiempo la seguridad de las personas.

Brechas de género en un contexto de COVID-19

Un aspecto fundamental para entender la brecha de género en Bolivia, es que se puede observar en múltiples dimensiones como la pobreza, el acceso al empleo y el nivel de ingresos, entre otros. Por ejemplo, la pobreza no se distribuye uniformemente entre hombres y mujeres. Antes de la cuarentena, las mujeres experimentaban una tasa de pobreza nacional más alta que los hombres (38% vs 37%, (INE, 2019)).

En el mercado laboral, las brechas son aún más visibles, especialmente si se tienen en cuenta tanto las actividades remuneradas como las no remuneradas. Por un lado, en el mercado formal (que incluye las actividades remuneradas), la tasa de participación de las mujeres en la fuerza de trabajo es muy inferior a la de los hombres (65% frente a 83 %) y estas son un 10% más propensas que los hombres a estar empleadas en trabajos designados como vulnerables por el Banco Mundial (WDI, 2019). Además, las mujeres trabajan en una estrecha gama de sectores, siendo los servicios de alojamiento y alimentación, la educación, los servicios sanitarios y sociales y las actividades domésticas privadas los sectores más intensivos en empleo femenino (INE, 2018). Por otro lado, en el ámbito no comercial, el trabajo no remunerado la presencia de las mujeres supera ampliamente a la de los hombres. De hecho, las mujeres bolivianas dedican 5,6 horas diarias al trabajo doméstico y de cuidados no remunerado, mientras que los hombres sólo dedican 3 horas diarias (CEPAL, 2001). Además, la división del trabajo doméstico en función del género es más pronunciada en las zonas rurales, donde las mujeres dedican siete horas diarias al trabajo doméstico, frente a 1,4 horas de los hombres (Ashwill et al., 2011).

En el contexto de la actual pandemia, las disparidades de género existentes, en las esferas comercial y no comercial, que ya son desfavorables para las mujeres bolivianas, podrían agravarse aún más, ya que los sectores económicos no se ven afectados por igual. En los países latinoamericanos, los sectores económicos más afectados por la pandemia de COVID-19 son el comercio al por mayor y al por menor, las actividades comunitarias, sociales y personales, la hostelería, las actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler y la industria manufacturera. Mientras que los sectores dedicados a actividades esenciales como la salud, el equipamiento médico, la agricultura y la ganadería, son los menos afectados (CEPAL, 2020b).

Algunos estudios sobre las repercusiones de COVID-19 reportaron efectos especialmente negativos en el empleo de las mujeres. En argentina, la elevada participación de las mujeres en los sectores relacionados con los servicios y en los servicios sociales en particular, hace más difícil que realicen trabajos a distancia (Albrieu, 2020), lo que explica altas tasas de desempleo. En Bolivia el impacto de la pandemia en el empleo ha dejado a un 47% de mujeres desempleadas frente a un 39% de hombres (Gutiérrez et al., 2020). Los efectos de COVID-19 también son visibles en la esfera no comercial de la economía boliviana, ya que es probable que el trabajo doméstico y de cuidados, realizado principalmente por mujeres, aumente aún más, generando más horas de trabajo para ellas. Además, el aumento del número de enfermos, combinado con medidas como el aislamiento social y el cierre de las escuelas, provoca un aumento del trabajo no remunerado en la esfera no comercial, lo que sobrecarga a las mujeres (Wanderley et al., 2020). No sólo aumenta la carga de trabajo no remunerado que soportan las mujeres, sino que este trabajo adicional les deja menos tiempo para el trabajo remunerado en el sector formal. De ser así, esto podría reducir aún más el potencial económico y el bienestar de las mujeres bolivianas, dejándolas aún más precarias y vulnerables en comparación con los hombres que antes.

En este sentido, es necesario integrar un enfoque de género en los estudios, para contribuir al desarrollo de respuestas políticas adecuadas y ayudar a mitigar los efectos de pandemias como la de COVID-19 (Smith, 2019; Wenham et al., 2020). Desgraciadamente en Bolivia, poco se sabe, sobre las repercusiones económicas de COVID-19 en la igualdad de género, aunque los hechos sugieren que el impacto de la pandemia afectará a las mujeres y a los hombres de forma diferente y que las desigualdades existentes se pueden agravar si no se toma en cuenta el género.

Ejercicio de simulación y resultados

En este artículo abordamos en cierta medida la falta de investigación macroeconómica centrada en el género ante una crisis sanitaria. Más concretamente, presentamos los resultados de un modelo de Equilibrio General Computable (EGC) sensible al género, vinculado a un módulo de micro-simulación para evaluar los impactos de los shocks de COVID-19 sobre la pobreza y la desigualdad. El modelo también incorpora las tareas domésticas del hogar, que para Bolivia y en el contexto actual de la pandemia de COVID-19 es un elemento clave (ONU Mujeres, 2020), a menudo pasado por alto en la literatura.

El ejercicio de simulación traza una variedad de canales a través de los cuales la pandemia afectó a la economía boliviana. Dado que los efectos de la pandemia continúan en este momento, diseñamos dos escenarios, uno moderado y otro severo, que se diferencian por la magnitud aplicada a los shocks. Para construir un escenario razonable, hemos utilizado algunos estudios e informes existentes, en particular el estudio realizado por la CEPAL (2020b), que identifica tres grupos de sectores según la magnitud de los efectos de la crisis (fuertes, moderados y leves). Para ambos escenarios, agrupamos los diferentes impactos de la pandemia en dos canales de transmisión (doméstico e internacional) (Para especificaciones del modelo y de los escenarios vea Escalante & Maisonnave (2020)).

Los resultados revelan que los sectores económicos se han vuelto menos productivos debido a las diversas medidas de bloqueo económico (primero bloqueo, luego aplicación de normas de distanciamiento social…). Los sectores identificados como fuertemente afectados experimentan disminuciones considerables en la producción, en particular cuatro de ellos que sufren disminuciones superiores al 10% (El sector comercial y financiero, los servicios comunitarios y sociales, la industria de la maquinaria y la industria de los hidrocarburos y la minería).

Sin embargo, los efectos indirectos se extienden a todos los sectores haciendo que estos también se vean afectados. El ejemplo más llamativo se da en el sector de agua, gas y electricidad que registra pérdidas de algo más del 20% en el escenario severo, convirtiéndose en el sector más afectado de Bolivia.

La reducción de las actividades económicas provocó una disminución de la demanda de mano de obra y de capital, provocando despidos en la mayoría de sectores económicos. Como resultado, el empleo disminuye un 3,77% en el escenario moderado y un 5,73% en el escenario severo. Esto, a su vez, llevó a una reducción de los ingresos de todos los agentes de la economía.

Por otro lado, la minería y los minerales se vieron particularmente afectados por el bloqueo, así como por la caída de los precios de los minerales en el mercado mundial que producen una disminución de la demanda de las exportaciones bolivianas. Además, dado que estas se concentran en pocos productos y pocos destinos, los sectores de los hidrocarburos, la soja y el textil, que representan el grueso de las exportaciones fueron los más afectados.

Los hogares no se salvaron, en particular, los hogares conducidos por mujeres pues sufrieron de importantes reducciones de mano de obra que fueron de la mano con aumentos en sus cargas domésticas. Además, las mujeres no calificadas fueron las que más sufrieron debido a su presencia en las actividades económicas más golpeadas por las medidas de contención y el hecho de que para ellas no siempre es posible trabajar adecuadamente desde casa, y más aún, cuando se ven enfrentadas a realizar una mayor carga de tareas domésticas al mismo tiempo. Esto finalmente produjo caídas en el ingreso y el consumo de todos los hogares, con los hogares más pobres encabezados por mujeres siendo los más afectados debido a que obtienen una mayor parte de sus ingresos de un tipo de trabajo menos cualificado.

Reflexiones mayores e implicaciones para las políticas

Los resultados muestran efectos devastadores en la economía y la población bolivianas. Los efectos de la pandemia fueron bastante duros tanto en el lado de la producción como en el de la demanda de la economía. El PIB, registra caídas de 11% en el escenario moderado y del 13% en el escenario severo. Esto se ha debido en gran medida a la marcada desaceleración de la actividad económica, unida a las perturbaciones generalizadas en las cadenas de suministro tanto internacionales como nacionales.

Los impactos específicos de género en el empleo revelan que las mujeres sufren más que los hombres los impactos negativos de la pandemia. Las caídas en el empleo formal, conllevan a un aumento significativo de las cargas domésticas, con las mujeres no cualificadas en siendo las más afectadas. En última instancia, esto sugiere que la pandemia de COVID-19 puede ampliar aún más las brechas de género existentes en el mercado laboral boliviano, que ya eran perjudiciales para las mujeres bolivianas.

El menor crecimiento del PIB, la disminución del empleo, y los menores niveles de ingreso y consumo de los hogares, se traducen invariablemente en un aumento de las tasas de pobreza, que una vez más afectan más a las mujeres que a los hombres. Por lo que esta pandemia también amplía la brecha de género de la pobreza dejando a las mujeres aún más vulnerables que antes. De hecho, en el escenario severo de COVID-19, el aumento de los niveles de pobreza deja empobrecidos a más del 43% de los hogares encabezados por mujeres.

Es importante señalar que este estudio no ha tenido en cuenta los estímulos fiscales del gobierno ni los planes de transferencia social. Esta es una cuestión importante que debería examinarse con más detalle en futuros estudios. Además, dada la escasez de información sobre la pandemia en curso, los resultados de este ejercicio de modelización estarán rodeados de cierta incertidumbre. Sin embargo, pueden contribuir a orientar la adopción de algunas medidas apropiadas en áreas específicas el contexto de COVID-19.

1. Las opciones políticas deberían promover las inversiones en los sectores más afectados por la pandemia tales como los servicios comercial y financiero, los servicios comunitarios y sociales, o el sector agua, luz y electricidad, que permitan la reanudación de las diferentes actividades y, lo que es más importante, recuperar algunos de los puestos de trabajo perdidos.
2. Un paquete de ayudas para aumentar el poder adquisitivo y frenar el aumento de la pobreza serían intervenciones eficaces. Dada la intensidad de mano de obra femenina en los sectores gravemente afectados, las mujeres se ven más golpeadas que los hombres, y particularmente las mujeres menos cualificadas, ya que experimentan las mayores pérdidas en sus empleos, se enfrentan a cargas domésticas mucho más pesadas y mayores niveles de pobreza.
3. Medidas para diversificar la producción y reactivar el crecimiento económico son necesarias para evitar la dependencia económica de sectores como los minerales, hidrocarburos o la producción de soya. Las opciones políticas podrían incluir la diversificación de la cesta de exportaciones que podría incluir el aumento de los productos básicos de alto valor añadido en las exportaciones totales.

Bibliografía

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Escuela de Gobierno, Universidad Complutense de Madrid

Una aproximación teórica al análisis de las políticas públicas:

Las políticas públicas engloban una amplitud de definiciones y pueden entenderse desde distintos marcos interpretativos. López, Peterson y Platero (2014) proponen definirlas como un proceso que implica una toma de decisiones, en el que interactúan una serie de valores y relaciones de poder que, como consecuencia, generan una acción o la ausencia de la misma, en base a una idea previa de problema.

La autora australiana Bacchi (2012) profundiza sobre la idea de problematización, sosteniendo que, analizando el discurso implícito de las políticas públicas, se puede acceder a las problematizaciones ideológicas sobre las que se parte. Es decir, cómo se produce un problema y por qué se considera un problema una situación y no otra, y cómo en función de ese problema se toman una serie de acciones y no otras. Desde este enfoque analítico, se trata de identificar de qué manera el discurso político genera subjetivad e identidad, o lo que es lo mismo, cómo las políticas públicas pueden producir patrones normativos de formas de vida. López (2017) afirma que “estudiando cómo se representan los problemas podemos rastrear repartos desiguales de poder” (p. 99).

Esto enlaza con las aportaciones de Butler sobre la relación de las estructuras políticas con la generación de espacios de vulnerabilidad y precariedad. Defiende que las instituciones distribuyen de manera radicalmente desigual formas de vulnerabilidad y precariedad. Considera que la precariedad está estrechamente relacionada con las instituciones sociales, económicas y políticas y con la gestión de los recursos, conectando aquí con el concepto de vulnerabilidad, al afirmar que somos vulnerables, por un lado, por nuestra propia condición humana, en la que dependemos las unas de las otras, y, por otro, por la capacidad que tienen las instituciones de proteger o excluir en base a esa vulnerabilidad previa. Así, afirma que la desigualdad tiene un impacto diferencial en función de la categoría social a la que se pertenezca. (Butler, 2004; 2015).

En esta misma línea, Butler (2020) incorpora un término que puede ser interesante para analizar desde un punto de vista teórico el marco de las políticas públicas. Habla de la llorabilidad[1] para referirse al proceso por el cual ciertas vidas merecen ser lloradas y otras, en cambio, se consideran prescindibles. Reflexiona sobre por qué unas vidas importan más que otras y cómo esta llorabilidad está intrínsecamente relacionada con el género, la clase o la raza. ¿Es el derecho a una vida digna, vivible, universal?, se pregunta la autora.

Santoro (2019) esboza una mirada crítica de las políticas sanitarias que pueden trasladarse fácilmente a la situación de pandemia que vivimos en la actualidad. Señala que tienen un impacto directo sobre las vidas y cuerpos y que funcionan bajo tres lógicas. En primer lugar, la de exclusión como producción de categorías y grupos de riesgo. En segundo lugar, la de normalización, destacando la capacidad de las políticas para modificar conductas de la población. Y, por último, la de medicalización, reduciendo el debate a un problema médico que por tanto sólo puede ser combatido desde una perspectiva biomédica.

A la hora de analizar las políticas públicas que se están llevando a cabo tras la crisis de la COVID-19, podríamos reflexionar sobre cómo se representa el problema de la pandemia. Como hemos visto, analizar el proceso de problematización da indicios sobre el discurso implícito de una medida o propuesta. En este caso, ¿se entiende la pandemia como un problema sanitario, económico o social? En función del contexto y medida a analizar, destacaría una idea de problema u otro. Según el problema identificado, esto nos llevaría a pensar las relaciones de poder predominantes.

En cuanto a la teoría de Butler, si partimos de la base de que todas las personas somos vulnerables, en situaciones extremas como la actual, la vulnerabilidad se intensifica, sobre todo para aquellas personas que partían de condiciones de precariedad previas. Podríamos preguntarnos si las políticas que se instauren para paliar las consecuencias de esta crisis tienen como objetivo reducir el impacto desigual de estos espacios de vulnerabilidad y precariedad, o si, por el contrario, van a contribuir a empeorar las condiciones de estas personas. De igual modo, podemos preguntarnos, ¿qué vidas están pudiendo ser lloradas durante la pandemia y cuáles se están dejando en los márgenes? ¿Sobre qué vidas se toman acciones políticas y sobre cuáles no se actúa?

Mainstreaming de género en las políticas públicas durante la pandemia:

El mainstreaming de género (traducido como transversalización de género) es una estrategia organizativa y enfoque político que supone incorporar la perspectiva de género durante todas las fases y niveles del proceso de elaboración de una política por parte de una institución, así como integrar a las mujeres en la “corriente principal” del desarrollo (Consejo de Europa, en Lombardo, 2003; De la Cruz, 1998). El término fue formalmente definido en 1995 tras la Cuarta Conferencia Mundial sobre Mujeres en Beijing, China (United Nations, 1996).

Destacan cinco elementos clave de la estrategia: ampliación del concepto de igualdad teniendo en cuenta la influencia de los roles de género en las formas de vida; incorporación de la perspectiva de género en la agenda política dominante; promoción de la participación de las mujeres en procesos de toma de decisiones; priorización de las políticas de igualdad; y, motivación al cambio de las culturas organizativas e institucionales en pro de la igualdad (Consejo de Europa, en Lombardo, 2003).

Si bien el mainstreaming está recogido en distintas legislaciones internacionales y los avances son evidentes, a día de hoy su implementación y compromiso real resulta especialmente complejo. Por un lado, las regulaciones al respecto no suelen ser vinculantes, por lo que en muchas ocasiones depende de la voluntad política o de las entidades. Por otro, existe una importante variedad de actores (públicos y privados) que intervienen en la toma de decisiones; así como las propias interpretaciones que cada uno de los actores tenga sobre la igualdad de género y cómo pueden afectar los roles de mujeres y hombres en la sociedad. (Espinosa, 2016).

En el área de las políticas públicas, la interseccionalidad se conoce como discriminación múltiple, término que pretende analizar y visibilizar la relación entre distintas fuentes estructurales de desigualdad cuando concurren simultáneamente, sin pretender que se reduzcan a una enumeración o simple suma de identidades, sino más bien un proceso de comprender cómo determinan cada contexto (López, Peterson y Platero, 2014, p. 176-177).

Sobre este tema, es relevante resaltar las aportaciones de autoras como Angela Davis, considerada una de las referentes del activismo antirracista y feminista. En su obra “Mujeres, raza y clase” (1981) profundiza sobre cómo estas tres condiciones interaccionan entre sí al mismo tiempo, generando situaciones de exclusión que han quedado invisibilizadas de manera sistemática tanto por parte del propio movimiento feminista como por parte de las instituciones.

En relación a las medidas adoptadas tras la crisis actual de la COVID-19, la OCDE (2020) aboga por una recuperación inclusiva y con perspectiva de género, que requiere llevar a cabo políticas públicas que aborden las siguientes cuestiones: la lucha contra la violencia de género; el acceso a la sanidad pública (incluidos los derechos sexuales y reproductivos, que se han visto notablemente perjudicados estos meses); el empoderamiento económico de las mujeres y el enfoque de la economía de los cuidados y el trabajo no remunerado; la protección social y derecho a la educación, entre otras. Destacan también la importancia de segregar los datos por sexo, no sólo de contagios o fallecimientos, sino del impacto en términos sociales, económicos y políticos, para analizar las consecuencias diferenciadas, que, como se ha comprobado, afecta en mayor medida a las mujeres. La CEPAL (2020), en la misma línea, apuesta por medidas de redistribución fiscal, mejora de los servicios públicos y prestaciones sociales, así como una defensa firme por la sostenibilidad medioambiental.

El PNUD y ONU Mujeres (2020), han elaborado un informe que desarrolla un rastreador del diseño de medidas políticas[2] a nivel mundial para paliar las consecuencias de la COVID-19, centrando especial atención a la inclusión de la perspectiva de género. Distinguen las medidas en cuatro categorías principales: de protección social, del mercado laboral, económicas y fiscales y medidas contra la violencia de género.

Tal y como citan en el informe, las medidas sensibles al género son aquellas que incorporan alguno de estos tres objetivos: combatir la violencia hacia mujeres y niñas, garantizar la seguridad económica de las mujeres e incidir sobre el trabajo de cuidados no remunerado. De los 206 países que forman parte del buscador y que han llevado a cabo medidas contra la COVID-19, sólo 164 incluyen medidas específicas que incorporen la perspectiva de género. Por otra parte, del total de medidas rastreadas, menos de la mitad pueden considerarse sensibles al género. De estas, en gran parte van dirigidas a combatir la violencia de género, y las relacionadas con la protección económica y cuidados no remunerado son una minoría. Se observan diferencias reseñables en el tipo de medidas que se adoptan según la región. Por ejemplo, Europa, Norte América, Australia y Nueva Zelanda destacan por llevar a cabo medidas centradas en la violencia contra las mujeres y en los cuidados, mientras que América Latina y el Caribe concentran mayoritariamente medidas orientadas al refuerzo de la economía de las mujeres, seguido por África Subsahariana.

Sería interesante analizar no solo el diseño y discurso de estas medidas y políticas sino también su implementación e impacto, pues son dos planos distintos y no siempre equilibrados entre sí. La evaluación es una de las fases que más pasan desapercibidas durante el proceso de elaboración de una política, más aún si requiere de un análisis que tenga en cuenta el género como aspecto transversal, lo que demuestra la necesidad de considerar la evaluación como un aspecto clave en las medidas y políticas públicas, de cara a tomar conciencia sobre la viabilidad de las propuestas y mejorar para acciones futuras (Espinosa y Bustelo, 2019).

A modo de conclusión, podríamos afirmar que uno de los aprendizajes que nos deja esta nueva etapa, es que la pandemia tiene un claro impacto diferencial en función del género, del territorio donde se habite o la capacidad económica, y por ende de las políticas que se desarrollen. Estas desigualdades han sido señaladas desde el ámbito académico y político, pero hay que destacar también que los movimientos sociales y activistas, en especial los que pertenecen al sur global, vienen denunciado desde hace tiempo las condiciones de desigualdad estructural y sistemática a las que se expone a gran parte de la población (el caso chileno es un ejemplo reciente que pone en evidencia la influencia del movimiento feminista y civil en cambios sociales y políticos estructurales).

El impacto diferencial de la actual pandemia, al que hacíamos alusión a lo largo del texto, conlleva a tomar acciones concretas encaminadas a reducir los efectos colaterales que genera, cuya responsabilidad recae sobre los gobiernos e instituciones, que deben incorporar, de manera transversal, la perspectiva de género e interseccional. Acciones como las del PNUD y ONU Mujeres que han elaborado un rastreador de medidas post-COVID sensibles al género a nivel mundial, son una herramienta fundamental y necesaria para el análisis de las políticas en un contexto como el actual, que permite conocer más en profundidad cómo se está gestionando esta crisis.

Algunas de las aportaciones inicialmente expuestas sobre los conceptos de problematización, vulnerabilidad, precariedad o llorabilidad, pueden servir como marco interpretativo para la aproximación al complejo análisis teórico y discursivo de las políticas públicas.

Bibliografía:

Bacchi, Carol. (2012). Why Study Problematizations? Making Politics Visible. Open Journal of Political Science: 2(1), 1-8. Recuperado de: https://file.scirp.org/pdf/OJPS20120100003_72526218.pdf

Bustelo, María y Lombardo, Emanuela. (2006). Los marcos interpretativos de las políticas de igualdad en Europa: conciliación, violencia y desigualdad de género en la política. Revista Española de Ciencia Política, 14, 117-140. Recuperado de https://eprints.ucm.es/58176/1/BusteloLombardo%20FINAL1.pdf

Butler, Judith. (2020). Sin miedo: Formas de resistencia a la violencia de hoy (1.ª ed.). Madrid: Taurus.

Butler, Judith. (2004) Vida precaria: El poder del duelo y la violencia (1.ª ed.) Buenos Aires: Paidós.

Butler, Judith. (2015). Cuerpos aliados y lucha política: Hacia una teoría performativa de la asamblea (1.ª ed.). Barcelona: Paidós.

CEPAL. (2020). Pactos políticos y sociales para la igualdad y el desarrollo sostenible en América Latina y el Caribe en la recuperación pos-COVID-19. Informe especial COVID-19, Nº 8. Recuperado de https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/46102/4/S2000673_es.pdf

Davis, Angela. (1980). Mujeres, raza y clase (3.ª ed.). Madrid: Ediciones Akal.

De la Cruz, Carmen. (1998). Guía metodológica para incorporar la perspectiva de género en proyectos y programas de desarrollo. Vitoria: Emakunde.  Recuperado de: https://www.emakunde.euskadi.eus/contenidos/informacion/publicaciones_guias2/es_emakunde/adjuntos/guia_genero_es.pdf

Espinosa, Julia. (2016). La evaporación de los compromisos de género en la práctica del desarrollo. El mundo que queremos. La Agenda 2030. Fundación Seminario de Investigación para la Paz. Zaragoza: Mira Editores.

Espinosa, Julia y Bustelo, María. (2019). ¿Cómo evaluamos el éxito de las políticas de igualdad de género?: Criterios y herramientas metodológicas. Revista Española de Ciencia Política, volumen 49, 151-172. doi: https://doi.org/10.21308/recp.49.07

Lombardo, Emanuela. (2003). El mainstreaming de género en la Unión Europea. Aequalitas. Revista Jurídica de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres, 10-15, 6-11. Recuperado de http://americalatinagenera.org/newsite/images/cdr-documents/publicaciones/doc_181_Mainstreaming-genero-UE.pdf

López, Silvia; Peterson, Elin y Platero, Raquel (Lucas). (2014). Políticas públicas. En Lois, Marta y Alonso, Alba (Coords.), Ciencia política con perspectiva de género (161-187). Madrid: Ediciones Akal.

López, Silvia. (2017). Políticas públicas y producción de espacios de vulnerabilidad: La construcción de la madre-mujer en el discurso político en España. Revista Española de Ciencia Política, 44, 97-120. doi: https://doi.org/10.21308/recp.44.04

OECD. (2020). Response, recovery and prevention in the coronavirus (COVID-19) pandemic in developing countries: Women and girls on the frontlines. Recuperado de https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=136_136621-wc776cqdgx&title=Response-recovery-and-prevention-in-the-coronavirus-%28COVID-19%29-pandemic-in-developing-countries-Women-and-girls-on-the-frontlines

PNUD, UN Women (2020). COVID-19 global gender response tracker. Recuperado de https://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/womens-empowerment/COVID-19-Global-Gender-Response-Tracker.html

Santoro, Pablo. (2019). Encarnar el virus. En López, Silvia y Platero, R. Lucas (Eds.), Cuerpos marcados: Vidas que cuentan y políticas públicas (87-108). Barcelona: Edicions Bellatera.

United Nations. (1996). Report of the Fourth World Conference on Women: Beijing, 4-15 September 1995.

[1] En sus obras, Butler habla de “grievability”, que en castellano se ha traducido a llorabilidad.

[2] Para mayor profundización consultar sobre la herramienta MAGEEG (Mainstreamig Gender Equality in Europe, en Bustelo y Lombardo, 2006), que sirve para analizar el diseño de una política pública desde el enfoque de género, en concreto el equilibrio entre el diagnóstico o problema y pronóstico o solución. Incluye también el análisis de la perspectiva interseccionalidad que abarque la medida.

       Escuela de Gobierno, Universidad Complutense de Madrid

La crisis global desatada por la COVID-19 ha puesto al descubierto el carácter insostenible de un modelo de desarrollo basado la profundización de las desigualdades, la destrucción del planeta y la precarización de los procesos que sostienen la vida. Por un lado, mientras la economía global sufría una caída histórica hemos podido apreciar el valor de aquellos trabajos esenciales (pero invisibles y precarizados) que nos permiten mantenernos con vida y que tienen rostro de mujer. Hemos observado mejor que nunca la interdependencia intrínseca a la existencia humana, cuando ésta última se encontraba amenazada por el virus. Por otro lado, las políticas de corte neoliberal de las últimas décadas han traído consigo el desmantelamiento de servicios públicos, la creciente privatización y la transferencia de carga de trabajo a los hogares provocando la precarización de esos procesos que sostienen la vida. Dada esta situación, la COVID-19 ha mostrado la debilidad de los Estados y de los sistemas sanitarios para hacer frente a la emergencia.

Las respuestas de los Estados ante la COVID-19 han tendido a priorizar el sistema económico frente a la sostenibilidad de la vida[1]. Las políticas de confinamiento y otras medidas restrictivas no sólo han incrementado las desigualdades, sino que han puesto en riesgo a buena parte de la población mundial. Se prevé un aumento de las tasas de pobreza y desnutrición, mientras la violencia de género se ha disparado desde el inicio de la pandemia (CEPAL, 2020; UN Women, 2020). Esta realidad refleja como la respuesta casi homogénea para frenar la incidencia de la COVID-19 parece implicar una mayor amenaza para la vida que el propio virus en regiones como América Latina (García, De León y Rodríguez, 2020).

En este artículo se exploran las implicaciones de la pandemia sobre las vidas y cuerpos de las mujeres indígenas de América Latina, analizando algunos impactos provocados por la cuarentena y haciendo especial énfasis en los desafíos adicionales a los que se enfrentan en su lucha por la defensa de la vida.

Si bien un virus no entiende de clases o razas, sí lo hacen las desigualdades sociales que operan a nivel estructural. Como en cada crisis los impactos sobre las personas son diferenciados en función de su sexo, género, raza, clase social, etnia, edad, origen o lugar de residencia. La articulación de dichas intersecciones que atraviesan una vida determina la intensidad de sus condiciones de vulnerabilidad ante la actual pandemia. Desde esta perspectiva las medidas impuestas para frenar la expansión del coronavirus han golpeado con mayor crudeza a la población del Sur Global, especialmente a mujeres, niñas/os, pueblos indígenas y otros sectores de la población en situación de vulnerabilidad (OXFAM, 2020; UNFPA, 2020a).

Judtith Butler sostiene que la vulnerabilidad y precariedad de las vidas son condiciones políticamente inducidas, sujetas a marcos normativos que definen las vidas que importan y las que no. Son estos marcos los que regulan las condiciones que permiten que una vida sea vivible, así según esta autora hay personas que dan por supuesta su humanidad y otras que luchan por acceder a ella (Butler, 2010). Desde esta perspectiva, la articulación de las relaciones de poder capitalista y colonial han sometido a las poblaciones indígenas a la violencia, exclusión, explotación y expropiación durante siglos.  Dichas condiciones históricas han derivado en una mayor vulnerabilidad social que se acrecienta en tiempos de pandemia (OXFAM, 2020).

Según un reciente estudio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) el 30% de la población indígena en América Latina y el Caribe vive en condiciones de pobreza extrema, siendo las mujeres las más afectadas por ésta. La escasez de recursos económicos se ha intensificado durante la pandemia lo cual implica una amenaza adicional para sostenimiento de sus medios de vida. Las mujeres y hombres indígenas generalmente se emplean en la agricultura y el sector terciario en condiciones de informalidad, pero son las mujeres quienes lideran dicha informalidad con un 85% de las empleadas en el sector (OIT, 2019). Las restricciones de movilidad, imposición de toques de queda y cierre de mercados comunitarios, han puesto en riesgo su capacidad para generar ingresos y para sostener la vida de los hogares. Esta situación produce también la pérdida de autonomía y de poder en la toma de decisiones de las mujeres, así como un incremento de su dependencia hacia los hombres.

Por otro lado, el bajo acceso a servicios básicos de agua y saneamiento dificultan el cumplimiento de las medidas básicas de higiene poniendo a las personas en mayor riesgo de contagio. Estas condiciones se agravan para las mujeres y niñas sobre las que recaen las tareas domésticas y de cuidados. El rol reproductivo de las mujeres en condiciones de pobreza, escasez y de dependencia directa de la naturaleza, ha generado una mayor presión en los hogares y sobrecarga de tiempo en el desarrollo de estas tareas (OXFAM, 2020: UNFPA, 2020a).

El confinamiento obligatorio también ha ensanchado la brecha de acceso a la educación especialmente para las zonas rurales donde se han paralizado los transportes. Las niñas/os de muchas comunidades no han podido seguir ejerciendo su derecho de forma telemática por la ausencia de conectividad a Internet y de dispositivos. Se prevé que esto genere un incremento de las tasas de abandono escolar, suponiendo un importante retroceso en el ejercicio de derechos y en el desarrollo de la región. Otro de los grandes obstáculos es la falta de acceso a servicios de salud. Esta situación unida a una mayor afección de enfermedades como la diabetes, la anemia, el dengue o la malaria entre las personas indígenas les ponen situación de riesgo ante el contagio la COVID-19 (IM-Defensoras, 2020; UNFPA, 2020a).

Asimismo, el incremento de violencia de género al que se han visto expuestas muchas mujeres en el mundo durante el confinamiento, adquiere dimensiones específicas en el caso de las mujeres y niñas indígenas en América Latina. El riesgo de embarazos en niñas y adolescentes, de uniones tempranas, de trata y explotación afectan en mayor medida a las mujeres y niñas indígenas (UNFPA, 2020a). Los casos violencia sexual se han disparado durante la cuarentena dejando altas tasas embarazos de niñas y adolescentes. El Observatorio para la Salud Sexual y Reproductiva (OSAR) de Guatemala reportó 1962 casos de niñas embarazadas entre 10 y 14 años entre enero y mayo, superando la cifra de 2019 para el mismo periodo (IM-Defensoras, 2020). Junto a esta situación, también se ha visto afectada la provisión de servicios de salud sexual y reproductiva y el acceso a planificación familiar lo cual genera un importante daño en la vida las personas y las comunidades, pudiendo producir un incremento en la tasa de mortalidad materno-infantil (UNFPA, 2020b).

Las condiciones de ruralidad también afectan al acceso a la protección social y a mecanismos de denuncia ante situaciones de violencia. A ello se le añade el miedo que sienten muchas mujeres de denunciar a su agresor dada su extrema dependencia, puesto que en su rol de provisor genera los recursos para sostener su vida y la de sus hijas/os. (García, De León y Rodríguez, 2020; IM-Defensoras, 2020).

A la violencia sexual en el hogar provocada por el confinamiento se suma la violencia sufrida por las mujeres indígenas en contextos de conflicto y explotación de recursos naturales. Industrias extractivas como las petroleras, mineras, la agroindustria y los megaproyectos no sólo están destruyendo el planeta sino también la sostenibilidad de la vida de los pueblos. Este es el mayor desafío al que desde hace décadas se enfrentan las mujeres indígenas de la región. Un constante desafío por conservar sus cuerpos y territorios frente a formas violencia ejercidas por los Estados y empresas transnacionales y cuyas resistencias han estado sistemáticamente criminalizadas llegándose a pagar con sus propias vidas (García, De León y Rodríguez, 2020; IM-Defensoras, 2020; OXFAM, 2020).

“A nosotras se nos dijo que nos encerráramos, pero no al capitalismo” es el testimonio de Ana María Top, mujer maya kaq’chiquel, durante un diálogo con mujeres defensoras del territorio (García, De León y Rodríguez, 2020).  Un testimonio que refleja la realidad de muchas mujeres que, privadas de sus derechos y de sus libertades, han denunciado cómo la ocupación y expropiación ilegítimas de sus territorios y recursos naturales no sólo no han cesado durante la cuarentena, sino que han operado libres de toda resistencia (Earthworks et al., 2020; García, De León y Rodríguez, 2020; OXFAM, 2020).

Estas operaciones que se ejecutan con total impunidad vienen acompañadas de mecanismos institucionales como la militarización de las comunidades y fronteras a través de la declaración de estado de sitio en las zonas que están siendo explotadas o la supresión de las garantías constitucionales como es el caso es el caso Honduras. Esta articulación de poderes permite a las fuerzas militares ejercer el saqueo de los hogares, violaciones sexuales, detenciones y asesinatos arbitrarios (Earthworks et al., 2020; IM-Defensoras, 2020; OXFAM, 2020).

La imposición de la agroindustria global ha supuesto la pérdida de la soberanía alimentaria en muchas comunidades. El despojo de territorios para los monocultivos, la ausencia de acceso y control de la tierra y los recursos por parte de las mujeres, así como la presión del cambio climático han sido el caldo de cultivo de un incremento de la inseguridad alimentaria y en consecuencia de los desplazamientos forzados (Earthworks et al., 2020; OXFAM, 2020).

La situación descrita constituye una grave violación de los Derechos Humanos y los Derechos de los Pueblos Indígenas y un incumplimiento reiterado del Convenio 169 de la OIT, en el que se establece el derecho a consulta sobre el uso y explotación de sus territorios y los recursos naturales existentes.

El extractivismo y los megaproyectos liderados por el sistema capitalista y colonial que sitúan los cuerpos indígenas como sujetos sin derechos, han producido importantes fracturas en los tejidos comunitarios y en las formas de vida sostenibles. Sólo las comunidades con diferentes formas de autogobierno y de soberanía alimentaria han vivido una situación más liviana durante la cuarentena (Earthworks et al., 2020).

Por todas estas razones, para las mujeres indígenas la crisis estructural era previa al coronavirus, y es una crisis de un modelo insostenible para la vida. No obstante, frente a todos estos impactos y el retroceso en el ejercicio de derechos, las mujeres de los pueblos indígenas se han organizado en redes de solidaridad y apoyo para resistir a la pandemia y sus consecuencias. La puesta en marcha de autoconfinamientos, de autocontrol y seguimiento del coronavirus, la dinamización de sus mercados, la organización ollas comunitarias o el apoyo psicológico son algunos ejemplos de las formas de tejer resistencias entre las mujeres indígenas de la región (García, De León y Rodríguez, 2020; Earthworks et al., 2020; OXFAM, 2020).

En definitiva, el autocuidado individual y colectivo, y los esfuerzos concentrados en la defensa de la vida han sido y siguen siendo los motores de la sostenibilidad y de las reexistencias de los cuerpos condenados por sus condiciones étnicas y de género. Por tanto, el diseño de políticas frente esta crisis sistémica debería descentrar la mirada de los mercados e integrar la perspectiva de género e interseccional, con el fin de preservar el cuidado de la vida de todas las personas y del planeta. Comprender nuestra interdependencia y ecodependencia, y resignificar el valor de lo común frente a los poderes que lo destruyen suponen dos pasos esenciales para construir otra normalidad más justa y sostenible en el que todas las vidas importen.

Bibliografía

Butler, Judith (2010). Marcos de Guerra. Las vidas lloradas. (1ª ed.). Barcelona: Paidós.

CEPAL (2020). Aprender de la historia, atender la emergencia, repensar el futuro. México, Centroamérica y el Caribe frente la pandemia: diagnóstico y perspectivas. Recuperado de: https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/45818/4/S2000512_es.pdf

Earthworks, Institute for Policy Studies, London Mining Network, MiningWatch Canada, Terra Justa, War on Want, Yes to Life No to Mining (2020). Voces desde el territorio. Cómo la industria minera mundial se está beneficiando de la pandemia de COVID-19. Recuperado de: https://miningwatch.ca/sites/default/files/voces_desde_el_territorio_final.pdf

García, Jovana; De León, Quimy; Rodrguez, Andrea; (2020). Organización, resistencia y sanación. Así viven la pandemia las mujeres indígenas en Abya Yala. Recuperado de: https://ruda.gt/organizacion-resistencia-y-sanacion-asi-viven-la-pandemia-las-mujeres-indigenas-en-abya-yala/

IM Defensoras (2020). La crisis ya estaba aquí. Defensoras mesoamericanas ante COVID-19. Recuperado de: http://im-defensoras.org/wp-content/uploads/2020/06/La-crisis-ya-estaba-aqu%C3%AD-10062020.pdf

OIT (2019). Aplicación del Convenio sobre pueblos indígenas y tribales núm. 169 de la OIT: Hacia un futuro inclusivo, sostenible y justo. Recuperado de: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—dgreports/—dcomm/—publ/documents/publication/wcms_735627.pdf

OXFAM (2020). Evitar el etnocidio. Pueblos indígenas y derechos territoriales frente a la crisis de la COVID-19 en  América Latina. Recuperado de: https://oxfamilibrary.openrepository.com/bitstream/handle/10546/621028/bp-evitar-el-etnocidio-210720-es.pdf?sequence=1&isAllowed=y

UN Women (2020). From insight to action. Gender equality in the wake of COVID-19. Recuperado de: https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2020/gender-equality-in-the-wake-of-covid-19-en.pdf?la=en&vs=5142

UNFPA (2020a). Implicaciones de la COVID-19 en los pueblos indígenas de América Latina y el Caribe. Resumen técnico. Recuperado de: https://lac.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/1-Covid-Indigenas%20%281%29.pdf

UNFPA (2020b). Atención a la salud sexual y reproductiva y planificación familiar durante la emergencia sanitaria por la COVID-19. Resumen técnico. Recuperado de: https://lac.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/3-Covid-SSRyPF_ESP%20%281%29.pdf

[1] A modo de ejemplo, la militarización de las calles e imposición de toques de queda en países de Centroamérica han permitido detenciones arbitrarias y abusos a muchas mujeres que salían a comprar alimentos y medicinas durante la cuarentena. La negación de derechos fundamentales y la privación de acceso a recursos básicos durante la cuarentena han sido una constante en los países de dicha región. A varias mujeres presas en una cárcel de Nicaragua que padecían enfermedades respiratorias y ataques de asma se le negó al acceso a la atención médica y la protección contra el coronavirus. Por otro lado, las grandes maquilas y las empresas extractivas en toda la región latinoamericana han estado exentas de los cierres impuestos al resto de la población y han seguido operando y manteniendo a sus trabajadoras/es sin medidas de seguridad ni protección frente a la COVID-19. (Earthworks, et al., 2020; IM-Defensoras, 2020).

Escuela de Gobierno, Universidad Complutense de Madrid

A lo largo de la historia se ha comprobado como las crisis agravan las desigualdades existentes, siendo esta una realidad patente en el contexto de la crisis actual del COVID-19 en América Latina y el Caribe (ALC). Considerando en especial la situación de vulnerabilidad que sufren las mujeres en la región, se hace de vital importancia proteger más que nunca sus derechos para evitar que la pandemia del coronavirus suponga un retroceso en el camino hacia la igualdad.

Sin embargo, esto supone un gran desafío para ALC, cuyo débil contexto socioeconómico determina la influencia de los impactos del coronavirus sobre las mujeres. En general, ALC se caracteriza por la existencia de profundas brechas sociales, extrema pobreza, falta de acceso al agua potable y al saneamiento, sistemas de salud con importantes debilidades, altas tasas de informalidad laboral, violencia generalizada y especialmente violencia por razones de género, raza o etnia, corrupción y la creciente crisis migratoria agravada por la discriminación estructural contra grupos en especial situación de vulnerabilidad (CIDH, 2020).

Según el reciente informe conjunto de la CEPAL y la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la crisis afectará más gravemente a las mujeres (CEPAL-OPS, 2020). En primer lugar, las mujeres están sobrerrepresentadas en los sectores laborales más expuestos al contagio (72,8% del personal ocupado en el sector sanitario). En segundo lugar, el 78% de las mujeres ocupadas trabajan en las actividades económicas más golpeadas por las medidas de contención. En tercer lugar, la pandemia ha agravado la crisis de cuidados y se evidencia sobrecarga de trabajo en los hogares dadas las modificaciones en las condiciones de trabajo. En cuarto lugar, de las 11,4% mujeres que se dedican al trabajo doméstico remunerado, el 77,5% se encuentran en la informalidad, lo cual conlleva a mayores dificultades para el acceso a los servicios de protección social y, por otro lado, se alerta del riesgo de que aumente la violencia hacia mujeres y niñas que viven con sus abusadores (CEPAL, 2020).

Concretamente desde el ámbito de la salud sexual y reproductiva, se están poniendo de manifiesto limitaciones añadidas como consecuencia de la crisis del COVID-19. Si bien los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres ya estaban sufriendo un retroceso en muchos países de América Latina y Caribe, las medidas de contención y cuarentena dificultan aún más el acceso de las mujeres a servicios básicos de salud sexual y reproductiva. El Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA) advierte que “el impacto de la COVID-19 puede hacer retroceder a Latinoamérica casi 30 años en términos de salud reproductiva, ya sea por el miedo de las mujeres a ir a los hospitales, el desabastecimiento de los Estados o por la incapacidad de las mujeres para comprarlos con sus propios recursos” (Efeminista, 2020).

Uno de los principales obstáculos es que algunos Estados no han reconocido los servicios de salud sexual y reproductiva como servicios esenciales que deben seguir prestándose durante la crisis. Ello podría incrementar la mortalidad y la morbilidad materna, aumentar las tasas de embarazo adolescente, VIH y otras infecciones de transmisión sexual, etc. (OEA, 2020).

Según el Instituto Guttmacher, ya se están notando los efectos negativos de la pandemia a lo largo de toda la cadena de suministro de métodos anticonceptivos (Riley et al., 2020). En Latinoamérica se estima que 18 millones de mujeres perderán el acceso a anticonceptivos modernos (UNFPA, 2020a). Una de las consecuencias directas de esta reducción en el uso de anticonceptivos es el aumento de las cifras de abortos clandestinos y muertes maternas e infantiles. Federico Tobar, asesor regional en materia de salud sexual y reproductiva del Fondo de Población de las Naciones Unidas, advierte que “habrá, por lo menos, 5 millones de nacimientos no planificados más, 800.000 abortos que se podrían haber evitado si las mujeres hubieran accedido a los anticonceptivos. También 40.000 muertes infantiles y 4.000 muertes maternas que se podían haber evitado (Efeminista, 2020, mayo 13)”.

Ante tales proyecciones, las instituciones regionales enfatizan la importancia de seguir avanzando de manera conjunta en la Agenda Regional de Género y evitar que las medidas de contención de la pandemia supongan un retroceso en los derechos de las mujeres. La Conferencia Internacional de Población y Desarrollo de El Cairo ya reconoció en 1994 los derechos reproductivos y la importancia de la sexualidad, y los países de América Latina y el Caribe reafirmaron su compromiso respecto a los derechos reproductivos en el Consenso de Montevideo, donde se reconoce y definen los derechos sexuales como parte integral de los derechos humanos. (CEPAL, 2013). De igual manera, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) incluyen como meta dentro del Objetivo de Salud y Bienestar, garantizar el acceso universal a los servicios de salud sexual y reproductiva, enmarcando de esta manera los derechos sexuales y reproductivos como derechos humanos.

Ahora bien, el desafío actual supone que la situación de emergencia por el coronavirus no sea una excusa para dejar de lado los consensos y compromisos que se han llevado a cabo a lo largo de las últimas décadas sino, al contrario, tomar acción y aprovechar para mejorar los servicios de salud sexual y reproductiva y así garantizar la libertad de las mujeres a vivir su sexualidad y reproducción de manera autónoma. Para ello, el instituto Guttmacher propone cuatro medidas concretas:

1. Definir y promover la atención de la salud sexual y reproductiva, incluyendo el aborto seguro, el acceso a anticonceptivos y la atención materna y neonatal como servicios esenciales para permitir que las personas se puedan trasladar sin temor a consecuencias legales.
2. Fortalecer las cadenas de suministro nacionales y regionales para garantizar la provisión de productos básicos.
3. Facilitar el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva, tomando medidas como poner a disposición los anticonceptivos sin receta médica, descentralizar la distribución de suministros del nivel nacional al regional, y prestar servicios a domicilio cuando sea posible.
4. Adoptar modelos innovadores de atención como la atención telemática o telemedicina. Estas acciones no solo mitigarían el impacto de COVID-19 sobre los derechos sexuales y reproductivos a corto plazo, sino que también proporcionarían beneficios a largo plazo, si estas innovaciones se llegaran a institucionalizar (Riley et al., 2020).

Durante brotes de virus anteriores como el Zika y el Ébola, se observó una interrupción severa del acceso a los derechos sexuales y reproductivos que conllevó que mujeres y niñas se vieran expuestas a riesgos de salud prevenibles. Por este motivo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda en estos contextos priorizar los servicios de salud digital, las intervenciones de autocuidado, el reparto de tareas y la divulgación para garantizar el acceso a medicamentos, diagnósticos, dispositivos, información y asesoramiento. Esta priorización debe incluir garantizar el acceso a la anticoncepción, el aborto en los supuestos permitidos por la ley y los servicios de prevención y tratamiento para las infecciones de transmisión sexual, incluido el VIH y el virus del papiloma humano (WHO, 2020).

En cuanto a las medidas para mitigar las repercusiones de la violencia contra las mujeres y los niños y niñas, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) recomienda incluir: servicios esenciales para abordar la violencia contra la mujer dentro de los planes de respuesta a la pandemia del coronavirus; que los establecimientos de salud informen sobre los servicios disponibles localmente y ofrezcan asistencia de primera línea y tratamiento médico a las supervivientes, así como explorar el uso de la telemedicina; que las organizaciones de respuesta humanitaria incluyan servicios para las supervivientes y recopilen datos sobre los casos notificados de violencia contra la mujer; concientizar a los miembros de la comunidad sobre el mayor riesgo de violencia contra la mujer durante la pandemia; y animar a las supervivientes a comunicarse con su red de apoyo y a utilizar los servicios disponibles (OPS, 2020). El Fondo de Población de las Naciones Unidas añade entre otras recomendaciones, el carácter interseccional que debería tener la respuesta al coronavirus para asegurarse que las mujeres y niñas más excluidas (comunidades indígenas, personas con discapacidad, personas LGBTQI, personas migrantes, desplazadas, refugiadas, etc.) tengan un acceso igualitario a los servicios de prevención y respuesta a la violencia de género durante la pandemia (UNFPA, 2020b).

Bibliografía

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CEPAL (2020). América Latina y el Caribe ante la pandemia del COVID-19, impactos económicos y sociales e impacto en la vida de las mujeres. Recuperado de: https://www.cepal.org/sites/default/files/presentations/america_latina_y_el_caribe_ante_la_pandemia_del_covid-19_efectos_economicos_y_sociales_eimpacto_en_la_vida_de_las_mujeres.pdf

CEPAL-OPS (2020). Salud y economía: una convergencia necesaria para enfrentar el COVID-19 y retomar la senda hacia el desarrollo sostenible en América Latina y el Caribe. Recuperado de:
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CIDH (2020). Pandemia y Derechos Humanos en las Américas. Recuperado de: https://www.oas.org/es/cidh/decisiones/pdf/Resolucion-1-20-es.pdf

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OEA (2020). COVID-19 en la vida de las mujeres, razones para reconocer los impactos diferenciados. Recuperado de: http://www.oas.org/es/cim/docs/ArgumentarioCOVID19-ES.pdf

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Escuela de Gobierno, Universidad Complutense de Madrid

Con la llegada de la pandemia global provocada por la COVID-19 se ha evidenciado uno de los temas centrales de debate del movimiento feminista: que el sistema socioeconómico actual pone a los mercados capitalistas en el centro en lugar de a la propia vida, inhibiendo la responsabilidad colectiva para su sostenimiento. El colapso de los sistemas sanitarios y el miedo por la supervivencia, sobre todo de las personas mayores, ha sacado a la luz los trabajos de cuidados no remunerados. La expansión del virus ha mostrado que los trabajos de cuidados son imprescindibles para nuestra supervivencia y que el sistema socioeconómico actual no los reconoce y minusvalora. De manera tradicional, la economía “oficial” se ha preocupado solamente por los procesos que tienen que ver con la acumulación de capital (capitalismo): trabajo remunerado, mercados (producción de bienes y servicios, financieros), industrialización, etc. Dejando al margen todas las actividades de sostenibilidad de la vida humana. Una de las primeras autoras en utilizar el concepto de sostenibilidad de la vida (al menos en el contexto español) fue Cristina Carrasco (2001). Este concepto implica múltiples dimensiones que tienen que ver con la satisfacción de las necesidades de las personas (cuidados, interdependencia y ecodependencia) y permite darnos cuenta que esta lógica de los cuidados entra en contradicción con la lógica del capitalismo (máximo beneficio monetario privado) ya que tienen ritmos y exigencias muy diferentes.

Desanclar miradas de los mercados: la perspectiva feminista

En consecuencia, se hace necesario explicar el sistema socioeconómico con una perspectiva feminista que nos permita visibilizar todo lo que se queda al margen. Como indica Amaia Pérez (2019) la economía feminista[1] denuncia que el paradigma neoclásico económico se asienta sobre profundos sesgos androcéntricos, no se consideran a las mujeres presentes en la economía considerada productiva ni se tiene en cuenta el ámbito de la reproducción. Asimismo, la economía ecológica también acusa a este paradigma por ser antropocéntrico: considera la naturaleza como un input más dentro del objetivo de generar riqueza, imponiendo un modelo extractivista y medioambientalmente insostenible.

La economía feminista utiliza la metáfora del iceberg para explicar y mostrar la totalidad del sistema económico. En la parte emergente del iceberg se sitúa lo que la economía neoclásica ha monetizado, es decir, el “trabajo productivo” formado por las estructuras y las instituciones del sistema capitalista: mercado financiero, empresas, clase trabajadora[2], bancos, mercados, bolsa de valores, Estado, etc. Esto es la esfera visible masculinizada porque implica transacciones monetarias, visión asentada en la idea reduccionista de identificar que economía es igual a dinero y trabajo es por aquello que te pagan. Por su parte, en la parte sumergida, oculta del iceberg, se ubican las actividades del “trabajo reproductivo” que tienen que ver con los procesos que hacen posible la vida: los recursos de la naturaleza, lavar, cocinar, cuidado de personas dependientes (enfermos/as, niños/as y personas mayores), disposición sexual y afectiva, reproducción, etc. Se trata de trabajos no monetizados (y feminizados), por lo tanto, invisibles para el sistema económico capitalista hegemónico. Esta metáfora ayuda a entender los argumentos más relevantes de la economía feminista, entre los que destacan estos tres aspectos: la visibilización de las esferas económicas ocultas a manos de las mujeres; la necesidad de esta base del iceberg oculta para que la estructura se mantenga y la total dependencia de las dos partes del iceberg (en este sistema una no puede existir sin la otra). Si medimos este iceberg en términos de tiempo de trabajo, dejando atrás la lógica de medición monetaria, la base es mucho más grande que la parte visible y en “términos de vida” mucho más relevante, ya que es la responsable de asegurar lo más básico, de sostener la vida (Amaia Pérez, 2006).

El conflicto capital vida: cuando el virus se atraviesa en el sistema

Por lo tanto, el virus ha operado como detonante de lo que el Movimiento Feminista lleva denunciando desde hace mucho tiempo, que el objetivo social deberían ser las personas y no el capital, es decir, posicionar a los cuidados como el eje vertebrador de una nueva economía (Cristina Carrasco, 2013). Esta pandemia ha evidenciado (más si cabe) cuáles son las condiciones o actividades que posibilitan la vida, esto es, lo que no se ha podido parar cuando todo lo demás se ha parado. Rompiendo el perverso mito de la      autosuficiencia, es decir, todas las personas somos vulnerables y necesitamos de cuidados todos los días, somos seres interdependientes, necesitamos de los demás para poder desarrollar nuestra vida.

La lucha feminista ha denunciado históricamente que la responsabilidad de sostener la vida está privatizada, feminizada e invisibilizada. Siendo el propio sistema económico capitalista el que exige un modelo de mercantilización de la vida que se sostiene gracias al desarrollo de un modelo de socialización bajo unas pautas de género. Basándonos en la argumentación realizada por María Jesús Izquierdo (2003) en su estudio sobre la socialización del cuidado, expone que bajo este modelo se construye una subjetividad femenina y masculina con rasgos sexistas apuntalados en la división sexual del trabajo, donde las mujeres están caracterizadas por un cierto tipo de rasgos (mayor conexión con los demás, mayor disposición a satisfacer las necesidades ajenas, más sensibles a las necesidades de cuidados) y los hombres por otros (visión centrada en la provisión, eliminación de obstáculos y protección de los más débiles). Estas subjetividades cómplices justifican una división sexual del trabajo configurada dentro de la metáfora del iceberg, donde los aspectos en torno al cuidado ponen a las mujeres en una situación de explotación, puesto que “aportan un trabajo que no las beneficia, ni es reconocido, y que fortalece la posición social y política de quienes se benefician del mismo”.

En definitiva, la pandemia provocada por el brote del COVID-19 revela una parte importante de la lucha histórica acumulada por el movimiento feminista. En primer lugar, pone en crisis al sistema porque, como no puede ser de otra manera, la vida se impone y se necesitan urgentemente los trabajos que son necesarios para poder vivir, como, por ejemplo, el trabajo en hospitales (médicos, médicas, personal de enfermería, personal de limpieza, de cocina, personal de residencias de ancianos o personas en situación de dependencia…), pero dejamos por nombrar aquí muchos otros trabajos esenciales que hasta ahora el sistema ha invisibilizado. En segundo lugar, esta crisis ha demostrado que cuando los cuidados entran a formar parte de las lógicas lucrativas del sistema capitalista surgen los problemas porque no resultan rentables (suponen un alto coste para este modelo económico). Por lo tanto, es el momento de plantearse otras formas de actuación entre lo público y lo social-comunitario. Finalmente, muestra que los trabajos que permiten la vida no son reconocidos por el sistema, tienen un menor valor de mercado y se encuentran altamente feminizados y racializados.

Bibliografía:

Carrasco, Cristina (2001). La sostenibilidad de la vida humana: ¿un asunto de mujeres? Mientras Tanto, 82, 43-70.

Carrasco, Cristina (2013). El cuidado como eje vertebrador de una nueva economía, Cuadernos de Relaciones Laborales, 31(1), 39-56.

Izquierdo, María Jesús. (2003). Del sexismo y la mercantilización del cuidado a su socialización: hacia una política democrática del cuidado. Cuidar cuesta: costes y beneficios del cuidado, 121-133.

Pérez, Amaia (2006). Perspectivas feministas en torno a la economía: el caso de los cuidados (1ª ed.). Madrid: Consejo Económico y Social.

Pérez, Amaia (2019). Subversión feminista de la economía. Aportes para un debate sobre el conflicto capital-vida (4ª ed.). Madrid: Traficantes de Sueños Mapas.

[1] Dentro de lo que se ha considerado como “economía feminista” hay una pluralidad de miradas sobre la economía, pero todas ellas tienen como punto de partida el descubrimiento del otro oculto, es decir, la denuncia de la construcción del sistema económico sobre la ausencia de las mujeres. Amaia Pérez (2019) distingue tres corrientes de pensamiento económico feminista: economía de género (no cuestiona el capitalismo, visión incompleta de las actividades económicas: “añada mujeres y revuelva”), economía feminista integradora (visibiliza la parte oculta del capitalismo y la interrelación entre ambas partes) y economía feminista emancipadora (propone una mirada transversal, poner el foco en la “sostenibilidad de la vida”, es decir, descentrar los mercados).

[2] Dentro de esta metáfora se identifica a la clase trabajadora como el “trabajador champiñón”: persona que llega a su puesto de trabajo lavada, comida y planchada, lista para preocuparse solamente de producir. Es decir, aparece “espontáneamente” con las necesidades básicas de vida resueltas y su trabajo invisibiliza todo lo demás necesario para la vida.

Escuela de Gobierno, Universidad Complutense de Madrid

La situación actual de pandemia provocada por la COVID-19 ha derivado no sólo en una crisis sanitaria, sino en una crisis económica y social a nivel global sin precedentes desde la Segunda Guerra Mundial. La gestión de esta crisis está siendo un reto a nivel internacional, tanto en términos económicos como políticos y sociales. Dicha gestión resulta especialmente compleja teniendo en cuenta que nos encontramos en un mundo globalizado, donde los mercados ocupan cada vez más poder frente a los gobiernos y las políticas neoliberales se están reforzando de manera acelerada (Klein, 2007).

Frente al valor de lo común, el individualismo existente en las sociedades de hoy en día, pone en evidencia la fragilidad del sistema (económico, político y social). No hay lugar para aceptar la vulnerabilidad de las personas, el cuidado, y la inter y eco dependencia como aspectos intrínsecos a la experiencia humana (Carrasco, 2017; Herrero, 2011; Pérez, 2014). De esta manera, ya se empieza a hablar del colapso del sistema, no tanto porque el virus en sí lo haya hecho colapsar, sino porque ha visibilizado sus conflictos estructurales sobre los que se asienta.

Los hospitales de todo el mundo se han visto desbordados, sobre todo aquellos donde la inversión en sanidad pública es muy deficitaria. Las regiones donde la pobreza ya era elevada, se han visto doblemente perjudicadas. Los grupos de mayor riesgo como las personas mayores, han sido los más afectados en términos de mortalidad. Las personas migrantes han quedado atrapadas en países donde no se les ofrece protección alguna pero tampoco tienen posibilidad de retorno. La conciliación ha supuesto una preocupación para los gobiernos, y, sobre todo, para las mujeres. La producción se ha paralizado y el planeta lo ha agradecido, reduciéndose notablemente los niveles de contaminación. Los trabajos más precarios e incluso los no remunerados, como las tareas de cuidados que ejercen las mujeres, han sido claves y esenciales. Las economías se han desplomado, sobre todo aquellas que dependen en gran parte del turismo. Las situaciones de precariedad han aumentado, más aún donde la protección social es más débil.

Aunque esto no es novedoso, visibiliza la fragilidad e insostenibilidad del sistema al que hacíamos alusión previamente. Partiendo de esta reflexión, se pueden hacer dos lecturas sobre la actual pandemia. Por un lado, entender que la situación es una oportunidad que puede dar lugar a reflexiones y nuevas formas de organización social más igualitarias y sostenibles, que supongan una alternativa real al sistema que se reconoce debilitado. Por el contrario, también puede suponer un mayor riesgo que reproduzca e intensifique los mecanismos de precarización y vulnerabilidad de personas y grupos en los sectores más desfavorecidos.

En este sentido, “el virus por sí solo no discrimina, pero los humanos seguramente lo hacemos, modelados como estamos por los poderes entrelazados del nacionalismo, el racismo, la xenofobia y el capitalismo” (Butler, 2020, p.62). Y de forma similar, también replica, intensifica y extiende a la población en su conjunto un modelo de gestión dominante (Preciado, 2020, p.168).

Impacto de la COVID: Más allá de la economía

Un reciente estudio de la CEPAL (2020a), calcula una bajada del 5,2% del PIB mundial, en concreto, del 7% en las economías que denominan desarrolladas, y del 1,6% en las emergentes. En cuanto a personas en situación de pobreza, se espera un importante incremento, pasando de 185.5 millones de personas en 2019 a 230,9 en 2020, de las cuales el 37% representan a población latinoamericana. Cabe resaltar que, aún siendo cifras alarmantes, son datos que reflejan de manera parcial la realidad, ya que el PIB no incluye la economía informal y las formas de medir la pobreza excluyen a muchas personas, que aún estándolo, no entran dentro de los baremos oficiales establecidos.

Teniendo en cuenta que la pobreza afecta de manera desigual según distintas variables como la edad o el sexo y que existen más mujeres que hombres en situación de pobreza (lo que se conoce como “feminización de la pobreza”) (García, 2009; ONU Mujeres, 2017; World Bank Group, 2018), es fundamental analizar qué impactos de género está teniendo y tendrá a largo plazo la COVID-19. En este sentido, se esperan por tanto consecuencias diferenciadas ante una situación tan extrema como la que estamos viviendo. Por ello, es necesario incluir la perspectiva de género en cualquier análisis y medidas sobre la COVID (CEPAL, 2020a; European Women’s Lobby, 2020; Instituto de la Mujer, 2020; ONU Mujeres, 2020; PNUD, 2020). También es importante incorporar una mirada interseccional, que tenga en cuenta, no sólo las circunstancias específicas de las mujeres sino también las de las personas migrantes y en situación irregular, las de las zonas rurales (ya que muchas medidas se están pensando desde la lógica de la ciudad), la de la población indígena, de la infancia y adolescencia, o la del colectivo LGTB (como la población trans, con menos acceso al mundo laboral, según ILGA, 2020).

El peso de la informalidad económica en regiones como Latinoamérica y el Caribe supone una mayor precarización y escasa o nula protección social, por lo que también es necesario establecer medidas específicas que protejan a las personas más allá de aquellas que contribuyen al sistema formal (PNUD, 2020). Encontramos el caso de México, que, a raíz de esta crisis, ha ratificado el convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT, 2020), sobre derechos laborales de las trabajadoras domésticas. Si bien es un paso importante, no hay que olvidar que la mayoría de países todavía no lo han hecho. Tanto la CEPAL (2020b), el PNUD (2020) y el Centro de Desarrollo de la OCDE (2020), afirman que la COVID agudiza aún más la crisis de los cuidados, por la sobrecarga de tareas de las mujeres que aumenta con las medidas de confinamiento, que puede, además, reforzar los roles de género como el rol cuidador asociado a las mujeres.

También se debe tener en cuenta que las mujeres representan el 70% de personas ocupadas en el sector de la salud a nivel mundial (WHO, 2019), por lo que son agentes clave y protagonistas en la prevención, atención y contención de la situación, lo que a su vez tiene un impacto sobre sus propias tareas de cuidado y conciliación.

Según el PNUD (2020), al aumento de la pobreza hay que sumarle las propias condiciones materiales e infraestructura en las que se encuentran los hogares y contextos regionales en los que viven las mujeres. En las medidas de aislamiento y distanciamiento social interviene también el nivel socioeconómico, pues no se pueden cumplir de igual manera si se vive en la calle, en hogares donde hay hacinamiento o donde el acceso al agua es limitado.

En cuanto a la violencia de género durante los meses de confinamiento, se ha podido observar un importante repunte de solicitudes de ayuda, principalmente a través de consultas telefónicas (Instituto de la Mujer, 2020). La situación se ha agravado, ya que el riesgo aumenta considerablemente al confinarse en casa si se convive con el agresor. También pueden surgir tensiones, aumento del estrés y deterioro en las relaciones, como consecuencia del propio escenario e incertidumbre, y con cuestiones relacionadas con el riesgo a perder el trabajo, que en el caso de los hombres se ven sometidos a una alta presión, al ser, a menudo, responsables principales de sustentar la economía familiar, lo que puede derivar en un incremento de las situaciones de violencia. (UNFPA, 2020; WHO, 2020).

En cuanto a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, la Organización Mundial de la Salud alerta de que estos pueden verse aún más limitados por el contexto actual de pandemia, donde los recursos sanitarios están más colapsados e inestables (WHO, 2020).

Esta crisis provocada por la COVID-19 supone un aumento de la pobreza y de las condiciones de precariedad, y ha puesto de manifiesto el limitado acceso a los recursos (sanitarios, sociales, laborales, tecnológicos), la existente crisis de cuidados y un aumento de la violencia de género, donde son las mujeres uno de los grupos más afectados a nivel mundial (CEPAL, 2020a; PNUD, 2020).

Incorporar la igualdad como principio democrático primordial, combatir la violencia machista, caminar hacia una economía feminista que pone el cuidado de la vida en el centro y construir un sistema sanitario equitativo, son algunos de los elementos necesarios en la construcción de un marco de actuación que tenga en cuenta el género como un aspecto clave en el abordaje de la COVID-19 (European Women’s Lobby, 2020).

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CEPAL. (2020a). Enfrentar los efectos cada vez mayores del COVID-19 para una reactivación con igualdad: nuevas proyecciones. Informe especial COVID-19, nº 5. Recuperado de https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/45782/1/S2000471_es.pdf

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Escuela de Gobierno, Universidad Complutense de Madrid

Según la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, una persona refugiada es aquella que:

Debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera acogerse a la protección de tal país; o que, careciendo de nacionalidad y hallándose, […] fuera del país donde antes tuviera su residencia habitual, no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera regresar a él (Naciones Unidas, 1951).

Actualmente, y según datos actualizados en 2020, del Alto Comisionado de las Naciones Unidas por los Refugiados (ACNUR), más de 79,5 millones de personas en todo el mundo se han visto obligadas a huir de sus países de nacimiento y de estas, casi 26 millones son refugiadas. Las mujeres y niñas suponen aproximadamente el 50% de la población refugiada.

Las desigualdades de género son patentes antes de cualquier crisis, pero las consecuencias de dicha crisis se manifiestan de manera diferenciada en mujeres, hombres, niñas y niños. En este contexto de pandemia, la Alta Comisionada Adjunta para Protección de ACNUR, Gillian Triggs, alerta sobre la mayor vulnerabilidad a la que están expuestas las mujeres y niñas frente a la COVID-19, con mayor riesgo de sufrir agresiones vinculadas al género, con el agravante de poder quedar recluidas con sus agresores sin la posibilidad de pedir ayuda y de ser forzadas a ejercer la prostitución o a contraer matrimonios infantiles debido a la pérdida de sus medios de subsistencia a causa de las medidas de confinamiento.[1]

¿Qué está suponiendo esta nueva crisis para las mujeres refugiadas?

La aparición de la COVID-19 ha supuesto un impacto de gran magnitud a nivel global, significando no sólo una crisis sanitaria sino también el acicate de una importante crisis social y económica que perjudica especialmente a las personas que ya se encontraban en situaciones de gran vulnerabilidad y pobreza como es el caso de la población refugiada.

La mayoría de las personas refugiadas residen en estados vecinos a los suyos de origen, en países como Turquía, Pakistán o Uganda que huyen de situaciones de conflicto como las de Siria, Sudán del Sur o Afganistán. Sólo un 1% de la población refugiada se desplaza fuera de la región de su país natal. El 80% de las personas refugiadas residen en países de renta media o baja, cerca de sus lugares de origen (CEAR, 2020 p.9).

Las condiciones de vida en los campos de personas refugiadas se ha hecho mucho más compleja con la aparición del virus, no necesariamente por la expansión del mismo o un alto número de personas infectadas, sino por el freno de la provisión de servicios y asistencia que garantizan la supervivencia en ellos.

El cierre de los campos por la cuarentena, ha supuesto un incremento de la violencia especialmente hacia mujeres y menores, en unas condiciones de vida extremas y de máxima dificultad. La precariedad económica se ha acentuado también, por la imposibilidad de desplazamiento para trabajar, por lo que proliferan comercios informales alrededor de los campos, con precios desproporcionados, que generan aún más pobreza en la población (CEAR, 2020 p.13-15).

Estadísticas recientes señalan que, a nivel global, hay más hombres fallecidos por la COVID-19, que mujeres. Sin embargo, son éstas las que más sufren las consecuencias a largo plazo de las crisis económicas, sociales y sanitarias generadas por la pandemia (Global Health 5050, 2020).

El incremento de la violencia, el deterioro de la salud mental, la sobrecarga de tareas de cuidados y la imposibilidad de tener un sustento propio, son algunas de las amenazas que se han visto acentuadas para las mujeres, con el confinamiento de los campos de personas refugiadas. En contextos como estos, hay que sumar a los riesgos ya mencionados, el hecho de que los servicios sanitarios se colapsan y los relativos a la salud sexual y reproductiva se ven seriamente afectados, causando graves problemas de salud en las mujeres, que continúan necesitando programas de planificación familiar o partería (UNFPA, 2020).

La necesidad de aplicar medidas y proyectos sensibles con la igualdad de género y la protección y atención a las mujeres y niñas, es imperativa en una crisis sanitaria de la que todavía no se vislumbra el final y que trae consigo consecuencias catastróficas a nivel global. Esta crisis incide más duramente en las personas que antes de verse abocadas a una epidemia sanitaria, ya estaban en condiciones de gran precariedad y vulnerabilidad y cuya supervivencia es extremadamente compleja.

Impacto de la COVID-19 en población refugiada y la importancia de incorporar una perspectiva de género

En contextos de campos de personas refugiadas, la imposibilidad de la distancia física debido al hacinamiento, el acceso limitado a fuentes de agua potable, materiales de higiene y productos sanitarios y una estructura sanitaria muy débil, convierte estos asentamientos en un escenario muy complicado para la prevención y tratamiento de la COVID-19.

En estos espacios de gran dificultad para la supervivencia, la incorporación de la perspectiva de género en los ciclos de programas humanitarios es de vital importancia, para evitar la desigualdad y violencia, donde mujeres y niñas son las principales afectadas. La incorporación del enfoque de género en programas de desarrollo, supone el análisis, cuestionamiento y transformación de los tradicionales roles de género que perpetúan situaciones de desigualdad.

Dicho enfoque combina una doble estrategia: la del empoderamiento de las mujeres y la del mainstreaming de género o transversalidad (Gómez-Galán, Pavón y Sáinz, 2013, p.87); que sitúa el género como un factor que debe atravesar todo el ciclo del programa para poder dar visibilidad a problemáticas derivadas de la desigualdad de género como por ejemplo: acceso a libertades, derechos o representatividad, sufridas por mujeres en todas las franjas de edad (Secretaría General Iberoamericana, 2016, p.17). Por ejemplo, en el diseño de los programas humanitarios en materia de salud y asistencia sanitaria, debe considerarse el hecho de que la realidad es vivida de formas diferenciadas, en función del sexo y la edad, por lo que las repercusiones psicológicas, físicas y emocionales, así como el acceso a información y tratamientos sanitarios serán muy distintos también.

De esta forma, a la hora de abordar acciones en materia de salud, es conveniente realizar un análisis de género, integrando otras variables como la edad, religión, orientación sexual etc. para valorar y comprender las necesidades específicas de mujeres, hombres, niñas y niños y también población LGTBIQ+ (como población que en determinados países también se ve forzada a huir por cuestiones relacionadas con la identidad de género) (CEAR, 2015). La integración de medidas y acciones específicas que atiendan estas necesidades garantiza mejorar las condiciones sanitarias, la seguridad y la dignidad de la totalidad de la población receptora (IASC, 2017 p.224), así como el acceso universal al derecho a la salud en condiciones de igualdad (Gómez-Galán, Pavón y Sáinz, 2013 p.41).

Aplicar un enfoque de género a lo largo de todo el ciclo de programación, haciendo partícipes a las personas a las que se dirigen los programas, valorando sus necesidades y obstáculos reales (ACNUR, 2020), permitirá definir mejor los objetivos y diseñar actividades para paliar problemas específicos como, por ejemplo: incluir servicios de salud reproductiva y acciones para supervivientes de violencia de género.

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Bibliografía

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• Plataforma digital dedicada a la lucha contra el coronavirus (COVID-19) – OECD
• Violencia contra las mujeres y las niñas: La recopilación de datos en el contexto del COVID-19 – ONU Mujeres
• En la mira: La igualdad de género importa en la respuesta frente al COVID-19 – ONU Mujeres
• COVID-19 en América Latina y el Caribe: cómo incorporar a las mujeres y la igualdad de género en la gestión de la respuesta a la crisis – ONU Mujeres
• Educación Género y COVID-19: Consequencias para Ninas y Adolescentes – ONU Mujeres
• COVID-19 y la prestación de servicios esenciales a las sobrevivientes de la violencia contra las mujeres y las niñas – ONU Mujeres
• Garantizando ciudades y espacios públicos seguros para mujeres y niñas durante la COVID-19 – ONU Mujeres
• Guía de bolsillo sobre la gestión de evaluaciones durante la pandemia de COVID-19 – ONU Mujeres
• Manual para la acción parlamentaria: Respuestas sensibles al género ante la COVID-19 – ONU Mujeres
• La COVID-19, las mujeres, las niñas y el deporte: Reconstruir mejor – ONU Mujeres
• Breves sobre COVID-19 y la eliminación de la violencia contra las mujeres y las niñas – ONU Mujeres
• Informe: El impacto del COVID-19 en América Latina y el Caribe – ONU Mujeres
• Liderazgo local en clave de género frente al COVID-19 – ONU Mujeres Colombia
• Trabajadoras remuneradas del hogar en América Latina y el Caribe frente a la crisis del COVID-19 – ONU Mujeres, OIT y CEPAL
• El género y la COVID-19 – OMS
• Género y COVID-19 – WFP
• WEBINAR : COVID-19 y Sector Privado: Medidas extraordinarias para tiempos sin precedentes – Banco Mundial
• La covid-19 podría agravar la desigualdad de género en América Latina y el Caribe – Banco Mundial
• El nuevo coronavirus no hace distinción de género, y tampoco deberíamos hacerla nosotros – Banco Mundial
• Abordando las dimensiones de género de los cierres de escuelas – UNESCO
• El cierre de escuelas debido a la Covid-19 en todo el mundo afectará más a las niñas – UNESCO
• Promoción de la equidad en la salud, la igualdad étnica y de género, y los derechos humanos en la respuesta a la COVID-19: consideraciones clave – OPS
• Consideraciones clave para integrar la igualdad de género en la respuesta a los desastres y las emergencias de salud: COVID-19 – OPS
• La pandemia del coronavirus aumenta el riesgo de violencia de género hacia mujeres y niñas desplazadas y apátridas – ACNUR
• La Salud y los Derechos Sexuales y Reproductivos, la Salud Materna y Neonatal y la COVID-19 – UNFPA
• La Salud y los Derechos Sexuales y Reproductivos: Necesidades de Anticonceptivos Modernos y otros Insumos Médicos, incluidos aquellos para la Prevención, Protección y Respuesta a la COVID-19 – UNFPA
• La Igualdad de Género y los Esfuerzos para Hacer Frente a la Violencia de Género (VG) y la Prevención, Protección y Respuesta a la Enfermedad del Coronavirus (COVID-19) – UNFPA
• COVID-19: Un Enfoque de Género – UNFPA
• ¿DÓNDE ESTÁN LAS MUJERES? La notable ausencia de las mujeres en los equipos y planes de respuesta frente al COVID-19, y por qué las necesitamos – CARE
• Cuidados en América Latina y el Caribe en tiempos de COVID-19: hacia sistemas integrales para fortalecer la respuesta y la recuperación – CEPAL, ONU Mujeres
• Pactos políticos y sociales para la igualdad y el desarrollo sostenible en América Latina y el Caribe en la recuperación pos-COVID-19 – CEPAL
• La pandemia del COVID-19 profundiza la crisis de los cuidados en América Latina y el Caribe – CEPAL
• Cinco Acciones por la Igualdad de Género en la Respuesta al COVID-19 – UNICEF
• COVID-19 en la vida de las mujeres: Emergencia global de los cuidados – OEA
• La violencia contra las mujeres frente a las medidas dirigidas a disminuir el contagio del COVID-19 – OEA
• COVID-19 en la vida de las mujeres: Razones para reconocer los impactos diferenciados – OEA
• Las mujeres rurales, la agricultura y el desarrollo sostenible en las Américas en tiempos de COVID-19 – OEA
• COVID-19 en la vida de las mujeres – OEA/CIM
• COVID-19 y violencia contra la mujer. Lo que el sector y el sistema de salud pueden hacer – PAHO

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