Escuela de Gobierno, Universidad Complutense de Madrid

La situación actual de pandemia provocada por la COVID-19 ha derivado no sólo en una crisis sanitaria, sino en una crisis económica y social a nivel global sin precedentes desde la Segunda Guerra Mundial. La gestión de esta crisis está siendo un reto a nivel internacional, tanto en términos económicos como políticos y sociales. Dicha gestión resulta especialmente compleja teniendo en cuenta que nos encontramos en un mundo globalizado, donde los mercados ocupan cada vez más poder frente a los gobiernos y las políticas neoliberales se están reforzando de manera acelerada (Klein, 2007).

Frente al valor de lo común, el individualismo existente en las sociedades de hoy en día, pone en evidencia la fragilidad del sistema (económico, político y social). No hay lugar para aceptar la vulnerabilidad de las personas, el cuidado, y la inter y eco dependencia como aspectos intrínsecos a la experiencia humana (Carrasco, 2017; Herrero, 2011; Pérez, 2014). De esta manera, ya se empieza a hablar del colapso del sistema, no tanto porque el virus en sí lo haya hecho colapsar, sino porque ha visibilizado sus conflictos estructurales sobre los que se asienta.

Los hospitales de todo el mundo se han visto desbordados, sobre todo aquellos donde la inversión en sanidad pública es muy deficitaria. Las regiones donde la pobreza ya era elevada, se han visto doblemente perjudicadas. Los grupos de mayor riesgo como las personas mayores, han sido los más afectados en términos de mortalidad. Las personas migrantes han quedado atrapadas en países donde no se les ofrece protección alguna pero tampoco tienen posibilidad de retorno. La conciliación ha supuesto una preocupación para los gobiernos, y, sobre todo, para las mujeres. La producción se ha paralizado y el planeta lo ha agradecido, reduciéndose notablemente los niveles de contaminación. Los trabajos más precarios e incluso los no remunerados, como las tareas de cuidados que ejercen las mujeres, han sido claves y esenciales. Las economías se han desplomado, sobre todo aquellas que dependen en gran parte del turismo. Las situaciones de precariedad han aumentado, más aún donde la protección social es más débil.

Aunque esto no es novedoso, visibiliza la fragilidad e insostenibilidad del sistema al que hacíamos alusión previamente. Partiendo de esta reflexión, se pueden hacer dos lecturas sobre la actual pandemia. Por un lado, entender que la situación es una oportunidad que puede dar lugar a reflexiones y nuevas formas de organización social más igualitarias y sostenibles, que supongan una alternativa real al sistema que se reconoce debilitado. Por el contrario, también puede suponer un mayor riesgo que reproduzca e intensifique los mecanismos de precarización y vulnerabilidad de personas y grupos en los sectores más desfavorecidos.

En este sentido, “el virus por sí solo no discrimina, pero los humanos seguramente lo hacemos, modelados como estamos por los poderes entrelazados del nacionalismo, el racismo, la xenofobia y el capitalismo” (Butler, 2020, p.62). Y de forma similar, también replica, intensifica y extiende a la población en su conjunto un modelo de gestión dominante (Preciado, 2020, p.168).

Impacto de la COVID: Más allá de la economía

Un reciente estudio de la CEPAL (2020a), calcula una bajada del 5,2% del PIB mundial, en concreto, del 7% en las economías que denominan desarrolladas, y del 1,6% en las emergentes. En cuanto a personas en situación de pobreza, se espera un importante incremento, pasando de 185.5 millones de personas en 2019 a 230,9 en 2020, de las cuales el 37% representan a población latinoamericana. Cabe resaltar que, aún siendo cifras alarmantes, son datos que reflejan de manera parcial la realidad, ya que el PIB no incluye la economía informal y las formas de medir la pobreza excluyen a muchas personas, que aún estándolo, no entran dentro de los baremos oficiales establecidos.

Teniendo en cuenta que la pobreza afecta de manera desigual según distintas variables como la edad o el sexo y que existen más mujeres que hombres en situación de pobreza (lo que se conoce como “feminización de la pobreza”) (García, 2009; ONU Mujeres, 2017; World Bank Group, 2018), es fundamental analizar qué impactos de género está teniendo y tendrá a largo plazo la COVID-19. En este sentido, se esperan por tanto consecuencias diferenciadas ante una situación tan extrema como la que estamos viviendo. Por ello, es necesario incluir la perspectiva de género en cualquier análisis y medidas sobre la COVID (CEPAL, 2020a; European Women’s Lobby, 2020; Instituto de la Mujer, 2020; ONU Mujeres, 2020; PNUD, 2020). También es importante incorporar una mirada interseccional, que tenga en cuenta, no sólo las circunstancias específicas de las mujeres sino también las de las personas migrantes y en situación irregular, las de las zonas rurales (ya que muchas medidas se están pensando desde la lógica de la ciudad), la de la población indígena, de la infancia y adolescencia, o la del colectivo LGTB (como la población trans, con menos acceso al mundo laboral, según ILGA, 2020).

El peso de la informalidad económica en regiones como Latinoamérica y el Caribe supone una mayor precarización y escasa o nula protección social, por lo que también es necesario establecer medidas específicas que protejan a las personas más allá de aquellas que contribuyen al sistema formal (PNUD, 2020). Encontramos el caso de México, que, a raíz de esta crisis, ha ratificado el convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT, 2020), sobre derechos laborales de las trabajadoras domésticas. Si bien es un paso importante, no hay que olvidar que la mayoría de países todavía no lo han hecho. Tanto la CEPAL (2020b), el PNUD (2020) y el Centro de Desarrollo de la OCDE (2020), afirman que la COVID agudiza aún más la crisis de los cuidados, por la sobrecarga de tareas de las mujeres que aumenta con las medidas de confinamiento, que puede, además, reforzar los roles de género como el rol cuidador asociado a las mujeres.

También se debe tener en cuenta que las mujeres representan el 70% de personas ocupadas en el sector de la salud a nivel mundial (WHO, 2019), por lo que son agentes clave y protagonistas en la prevención, atención y contención de la situación, lo que a su vez tiene un impacto sobre sus propias tareas de cuidado y conciliación.

Según el PNUD (2020), al aumento de la pobreza hay que sumarle las propias condiciones materiales e infraestructura en las que se encuentran los hogares y contextos regionales en los que viven las mujeres. En las medidas de aislamiento y distanciamiento social interviene también el nivel socioeconómico, pues no se pueden cumplir de igual manera si se vive en la calle, en hogares donde hay hacinamiento o donde el acceso al agua es limitado.

En cuanto a la violencia de género durante los meses de confinamiento, se ha podido observar un importante repunte de solicitudes de ayuda, principalmente a través de consultas telefónicas (Instituto de la Mujer, 2020). La situación se ha agravado, ya que el riesgo aumenta considerablemente al confinarse en casa si se convive con el agresor. También pueden surgir tensiones, aumento del estrés y deterioro en las relaciones, como consecuencia del propio escenario e incertidumbre, y con cuestiones relacionadas con el riesgo a perder el trabajo, que en el caso de los hombres se ven sometidos a una alta presión, al ser, a menudo, responsables principales de sustentar la economía familiar, lo que puede derivar en un incremento de las situaciones de violencia. (UNFPA, 2020; WHO, 2020).

En cuanto a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, la Organización Mundial de la Salud alerta de que estos pueden verse aún más limitados por el contexto actual de pandemia, donde los recursos sanitarios están más colapsados e inestables (WHO, 2020).

Esta crisis provocada por la COVID-19 supone un aumento de la pobreza y de las condiciones de precariedad, y ha puesto de manifiesto el limitado acceso a los recursos (sanitarios, sociales, laborales, tecnológicos), la existente crisis de cuidados y un aumento de la violencia de género, donde son las mujeres uno de los grupos más afectados a nivel mundial (CEPAL, 2020a; PNUD, 2020).

Incorporar la igualdad como principio democrático primordial, combatir la violencia machista, caminar hacia una economía feminista que pone el cuidado de la vida en el centro y construir un sistema sanitario equitativo, son algunos de los elementos necesarios en la construcción de un marco de actuación que tenga en cuenta el género como un aspecto clave en el abordaje de la COVID-19 (European Women’s Lobby, 2020).

Bibliografía:

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Escuela de Gobierno, Universidad Complutense de Madrid (EG-UCM)

Sergio Moreno Ríos

La feminización del virus

De acuerdo con el Fondo de Población para las Naciones Unidas (UNFPA) “cada vez se comprueba más que el rostro del Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) tiene rostro de mujer” dado que, a raíz de factores sociales, culturales y fisiológicos, son las mujeres quienes padecen una mayor exposición al virus (ONU SIDA, 2018).

En efecto, a este fenómeno incremental, por el que casi la mitad de las personas que viven con el virus son mujeres, se le conoce hoy como “feminización del VIH/SIDA”. Por lo pronto, las altas tasas de infección se han venido registrando en países donde la epidemia ha generalizado su cronificación y la transmisión es primordialmente heterosexual – a menudo en el marco del matrimonio – (ONU SIDA, 2018). Concretamente, de la totalidad de personas con VIH, el 57% vive en África, al sur del Sahara y en el Caribe, el 49% son mujeres – siendo las jóvenes las que se encuentran en una situación de alto riesgo – y, de todas ellas con carga serológica detectable, el 77% son africanas.

A tenor de ello y al tiempo que las mujeres poseen una mayor probabilidad fisiológica que los hombres de contraer el virus durante el acto sexual, la academia ha venido advirtiendo como la violencia de género es un aspecto medular de la epidemia de VIH que, aunado a la pobreza, “obliga a muchas mujeres a realizar trabajo sexual para su subsistencia y a entablar relaciones transaccionales que excluyen la utilización de preservativos” (África Fundación, 2018). De igual modo, prácticas tales como la mutilación genital femenina, el matrimonio infantil y la práctica perjudicial del levirato– unión entre la viuda con un pariente del esposo fallecido –, agravan el riesgo de las mujeres a contraer el virus (ONU SIDA, 2018). Asimismo, la escasa sensibilización y educación afectivo-sexual acrecienta las prácticas de riesgo y anula el poder de negociación y las condiciones de seguridad de las mujeres con sus distintas parejas sexuales (ONU SIDA, 2018).

Así pues, la literatura académica ha venido insistiendo en la necesidad de articular enfoques de prevención de VIH sensibles al género con la finalidad de empoderar a las mujeres a todos los niveles – social, cultural y económico –, responsabilizarlas para con su salud y lograr la cooperación de sus compañeros sexuales varones en el uso del preservativo (Bidaurratzaga, 2009). En este contexto, el presente artículo explora, desde una perspectiva de género, las más recientes tendencias e iniciativas en las que participan actores locales e internacionales en la lucha contra la infección en un caso particular como el de Mozambique, con un Estado frágil y una fuerte participación por parte de la cooperación internacional.

La realidad mozambiqueña del VIH/SIDA

En primer lugar, urge señalar como y acorde a datos de un reciente estudio, el elevado porcentaje de personas que saben estar infectadas en Mozambique – un 36% – pero deciden no revelarlo durante las campañas de diagnóstico debido a la estigmatización, podría estar conduciendo a sobrestimar el número de nuevos casos de VIH y, en consecuencia, distorsionando los datos en un país donde el diagnóstico del VIH continúa siendo anónimo (Fuente-Soro, López-Varela, Augusto, et. al, 2018).Asumiendo por tanto el sesgo, es posible, no obstante, partir de un somero análisis de los resultados de la última Encuesta de Indicadores de Inmunización, Malaria y VIH/SIDA (IMASIDA) elaborada por el Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Estadística de Mozambique, y afirmar que la práctica totalidad de indicadores han corroborado la tesis de partida: el VIH/SIDA sigue siendo un problema de salud pública y su naturaleza no ha hecho sino feminizarse vislumbrando la brecha de género existente en el país (IMASIDA, 2018). En este sentido, Mozambique padece una brecha de género del 72.1% (Fondo Económico Mundial, 2018) que agrava la división de recursos y oportunidades entre mujeres y hombres en la participación política y económica, en el acceso a la educación y en la esperanza de vida.

Por lo pronto cabría comenzar señalando como, desde el año 2010, gracias a las campañas de prevención de la propagación del virus, las nuevas infecciones de VIH y las muertes relacionadas con el SIDA han disminuido en un 24% y en un 46% respectivamente. Sin embargo, un análisis comparativo de los informes de IMASIDA permite cerciorar que, frente a una prevalencia del virus del 11,5% en el grupo de edad de entre 15 a 49 años en el año 2009, en el año 2015 la tasa ha aumentado hasta un 13,2%. Asimismo, entre 2009 y 2015 se produjo un aumento del 14,8% en la proporción de la población adulta con carga viral de VIH positiva (IMASIDA, 2018, INSIDA, 2010). Si bien, al referirse a los márgenes de error en ambas encuestas es posible afirmar que la diferencia no es estadísticamente significativa, no cabe duda de que la disminución prevista para con la prevalencia del VIH no ha alcanzado a materializarse.

Igualmente, y pese a que la encuesta carece de una correcta transversalización del enfoque de género, es posible detectar en la misma una mayor tasa de prevalencia del VIH entre las mujeres – 15,4% – frente a la de los hombres – 10,1% –. Concretamente, en el grupo de edad más afectado – población circundante entre los 35 y 39 años – el 17,5% de los hombres y el 23,4% de las mujeres son VIH positivos. Por su parte, en la juventud de entre 14 y 24 años, el 6,9% estaría infectada y, con todo, las mujeres asumirían tres veces más posibilidades de estar infectadas que los hombres – un 9,8% de prevalencia femenina frente a un 3,2% de prevalencia masculina – (IMASIDA, 2018).Finalmente, los datos muestran que el conocimiento sobre las formas de transmisión del VIH y los métodos de prevención habrían disminuido desde el año 2009: únicamente el 56% de los hombres frente al 47% de las mujeres poseerían educación sexual en la materia (IMASIDA, 2018).

Rumbo a un 2020 con una perspectiva de género

En el año 2014, ONUSIDA se encaminó a alcanzar la llamada meta 90-90-90 para el año 2020: “diagnosticar al 90% de las personas infectadas por el VIH, tratar al 90% de personas positivas y lograr la supresión viral en el 90% de personas tratadas”. En la actualidad y desde el año 2015, Mozambique ha venido acogiendo tales metas mediante un despliegue gradual de pruebas con la finalidad de extender la cobertura de la terapia antirretroviral a un 81% de los adultos y un 67% de niñas y niños que viven con el VIH para el año 2020 (ONU SIDA, 2018). En síntesis, pese a existir planes en marcha para revitalizar la prevención del VIH, ampliar los modelos de atención diferenciada – incluida la prestación de servicios comunitarios – e identificar las brechas en la prevención de la transmisión del virus, la lucha contra la violencia sexual en base al género continúa figurando, en muchas estadísticas y planes, como un departamento estanco en un país en el que una de cada tres mujeres ha sufrido violencia física o sexual con su esperable proyección en el número de infecciones (Médicos del Mundo, 2015). Para ello y frente a fracasadas estrategias misóginas y moralistas como ABC – Abstinence, Be Faithful, Condoms, ordenadas por orden de importancia – (Bidaurratzaga, 2009), junto con las actuales campañas de prevención y erradicación de la violencia sexual de carácter transversal, habrán de promoverse en los próximos años políticas públicas integrales que articulen la prevención y atención de ambas pandemias desde una perspectiva de género y derechos humanos y a través del fortalecimiento de la acción concentrada. Es decir, se deberá capacitar y sensibilizar al personal de salud, seguridad y justicia acerca de la violencia contra las mujeres y niñas y sobre la mayor vulnerabilidad de esta población al VIH/SIDA; generar, asimismo, un registro nacional unificado y sistemático de violencia contra las mujeres que contemple el número de infecciones; y, entre otras medidas, desarrollar protocolos nacionales que integren en los servicios de prevención, prueba y consejería del VIH/SIDA a los servicios de asistencia a mujeres en situación de violencia (Bianco et Mariño, 2010).

Por otro lado y en tanto que la desigualdad de género y la feminización de la pobreza en el país encuentran su razón primigenia en los últimos datos educativos facilitados – según los cuales, las niñas y jóvenes estudian de media dos años menos que los varones – (Médicos del Mundo, 2015), se hace imprescindible la expansión de una coeducación equitativa e igualitaria que incorpore programas de educación sexual integral a través de todo el ciclo escolar, difundiendo los derechos de la infancia y de las mujeres, integrando la perspectiva de género en el currículum así como la coordinación intersectorial a modo de facilitar el acceso de la población adolescente a las acciones de promoción y prevención derrocando, a su vez, los estereotipos que, más allá de discriminar, dificultan el correcto tratamiento y la supresión viral de la infección (Bianco et Mariño, 2010).

Por último, se busca aquí recordar la imperiosa necesidad de un país que aún no ha alcanzado la cobertura general de los servicios sanitarios en la totalidad del país, la provisión eficiente de los mismos, la garantía de recursos humanos y materiales ni, mucho menos, el acceso a la tierra o el empoderamiento socioeconómico y laboral de las mujeres (África Fundación, 2017). Sin todo ello, sin la completa liberación y emancipación de las mujeres que la Constitución recoge como mandato popular a hacer efectivo, parece imposible imaginar un país libre de VIH/SIDA.

 Referencias bibliográficas

Revistas académicas

Bianco, M. et Mariño, A. (2010). Dos caras de una misma realidad: Violencia hacia las mujeres y VIH/sida en Argentina, Brasil, Chile y Uruguay. Buenos Aires: Fundación para el Estudio e Investigación de la mujer, págs. 92-96.

Fuente-Soro, L. Lopez-Varela, E. Augusto, O. et al. (2018). Monitoring progress towards the first UNAIDS target: understanding the impact of people living with HIV who re-test during HIV-testing campaigns in rural Mozambique, Barcelona: Instituto de Salud Global (ISGlobal).

Documentos electrónicos

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