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¿Qué papel han asignado a las mujeres en la Historia del Desarrollo? ¿Se posiciona la igualdad de género en el centro de los procesos de desarrollo?

ocde — Tue, 06 Jul 2021 16:37:28 +0000

María Jesús González Sanz

Escuela de Gobierno, Universidad Complutense de Madrid

Las desigualdades de género siguen suponiendo una barrera universalmente compartida en los procesos de desarrollo que impide que se logre un desarrollo que promocione y realice los Derechos Humanos. A lo largo de la historia se han llevado a cabo diferentes estrategias y políticas en función del abordaje de los aspectos sociopolíticos y estructurales para conseguir las transformaciones sociales deseadas. En concreto, el presente artículo se centra en cómo la interpretación del papel asignado a las mujeres en los procesos de desarrollo ha llevado a resultados más o menos transformadores bajo el objetivo de paliar las causas de las desigualdades y de la vulneración de sus derechos. Primeros debates sobre la subordinación de las mujeres en las Conferencias de Naciones Unidas sobre la Mujer Los primeros debates acerca de las consecuencias que tenían los procesos de desarrollo para las mujeres se plantearon en los años setenta del siglo pasado, con diferentes aportaciones de académicas y activistas del Norte y del Sur. Las diferentes visiones sobre la subordinación de las mujeres en el campo del desarrollo comenzaron a estar presentes en las primeras conferencias internacionales sobre la mujer de Naciones Unidas. En concreto, en 1975 se llevó a cabo la primera Conferencia Internacional de la Mujer en México con el lema “Igualdad, desarrollo y paz” que lanzó lo que se conoce como la Década de las Naciones Unidas para la Mujer (1975-1985). En 1979 se aprobó la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW). Este instrumento supone la primera ley internacional que obliga a los Estados firmantes a acabar con todas las formas de discriminación ejercida contra la mujer y a garantizar el ejercicio de los derechos humanos y las libertades. Después llegaría la segunda conferencia internacional en Copenhague en 1980, Nairobi en 1985 y, la última conferencia celebrada en Beijing en 1995 que ha marcado la línea de trabajo para conseguir la igualdad entre hombres y mujeres a través de asumir el empoderamiento y la transversalización de la perspectiva de género (mainstreaming) como estrategias a implantar en todas las políticas e instituciones. A lo largo de las últimas décadas estas conferencias junto con el trabajo del movimiento feminista han contribuido a situar los derechos de las mujeres y la igualdad de género en la agenda de desarrollo global. A continuación, se presentan los diferentes enfoques que se han ido presentando en las intervenciones en materia de desarrollo. Historia del Desarrollo en cuanto al papel asignado a las mujeres Una de las debilidades de la teoría del desarrollo ha sido la manera de percibir y abordar el trabajo de las mujeres y su subordinación en los modelos de desarrollo. Será también en la década de los setenta cuando empiece a cuestionarse desde la academia el rol de la mujer en el desarrollo. Es pionero el trabajo de Esther Boserup (1970), Woman´s Role in Economic Development que cuestiona el impacto de las políticas de desarrollo en el avance de las mujeres. A lo largo de los años se han ido introduciendo críticas y aportes a las teorías del desarrollo desplegando distintas estrategias que reflejan cómo se ha interpretado y aproximado la problemática que enfrentaban las mujeres de bajos ingresos en los diferentes programas y políticas en el desarrollo de sus países (Zabala, 2010; García, 2009), siendo estas, bienestar, equidad, antipobreza, eficiencia y género en desarrollo:

Estrategia de bienestar: origen después de la Segunda Guerra Mundial. Se entendía el papel de las mujeres como el grupo social vulnerable, se las presentaba como beneficiarias pasivas del desarrollo y cuyo único rol era el reproductivo (ser madres y encargarse del hogar). Conviene tener presente que la idea de desarrollo se fusionaba con crecimiento económico. Aquí se enmarcan programas de ayuda alimenticia, de salud, de planificación familiar, etc. el tipo de proyectos que excluyen a las mujeres del desarrollo y perpetúan su posición en la sociedad en su rol tradicional de madres y esposas. No identifica la desigualdad como un problema.

Durante los años 70 los estudios sobre desarrollo y las organizaciones de mujeres comienzan a preocuparse por la invisibilidad y la marginalidad de las mujeres en el campo del desarrollo. Gracias al citado trabajo de Esther Boserup se visibiliza su aportación a los procesos de desarrollo, es decir, su función también dentro de los trabajos productivos tradicionales como la agricultura y analiza el impacto negativo de entender a las mujeres solamente como amas de casa y a los hombres como la única fuerza productiva proveedora de ingresos. Esta crítica a la invisibilización de las mujeres favoreció la aparición del enfoque Mujeres en Desarrollo (MED). Siendo precursor de incorporar la visión de género al desarrollo. Su principal objetivo es integrar a las mujeres en las estrategias de desarrollo, pone énfasis en mejorar su situación mediante el acceso al mercado de trabajo. Siguiendo lo planteado por Rodríguez (2017), según este enfoque se identifican tres aproximaciones:

Estrategia de equidad (MED) (años 70): entiende que la integración de las mujeres al desarrollo pasa por su incorporación al mercado laboral. Y, con esto, conseguir un salario logrando así una mayor independencia económica que lo identifica con equidad.
Estrategia antipobreza (MED) (años 80): su preocupación se centra en la pobreza de las mujeres, atribuyéndola a su falta de acceso al trabajo, a la propiedad de la tierra y al capital. Entiende que la feminización de la pobreza se debe al escaso crecimiento económico en los países en desarrollo y no a otros factores como la subordinación de género. Para ello propone una redistribución de los recursos productivos, lo que aumentaría el empleo y sus fuentes de ingresos lo que llevaría a una mejora de sus condiciones de vida.
Estrategia de eficiencia (MED) (años 80-90): concibe la incorporación de las mujeres al desarrollo desde un punto de vista instrumental. Entiende que no es eficiente económicamente que la mujer no contribuya al sistema económico por no tener un trabajo. Asimismo, interpreta que cualquier progreso en cuanto a la situación económica de las mujeres (como su entrada al mercado laboral), tiene como resultado automático una mejora en el resto de áreas de su vida.

Durante los años siguientes, las críticas al enfoque MED fueron creciendo, para el final de la llamada Década de la Mujer de Naciones Unidas (1975-1985), el feminismo comenzó a tener mucha fuerza, visibilizó las limitaciones de los conceptos y enfoques para representar la realidad de las mujeres, manifestó las relaciones desiguales de poder entre mujeres y hombres, promovió la participación de estas en la esfera pública, buscó cambiar los modelos de convivencia y superar los roles tradicionales. Estas reivindicaciones fueron globales, pero las mujeres del Sur a través de la red internacional Development Alternatives for Women in a New Area (DAWN), elaboraron en esta línea, un nuevo paradigma alternativo: el enfoque de empoderamiento (finales de los años 70). El empoderamiento reconoce las relaciones de poder desigual en razón del género. Sitúa la subordinación de las mujeres en múltiples ámbitos[1] y, considera que varía en función de la raza, la clase social, la edad, la historia colonial y el país donde se viva (según la posición que este tenga en el orden económico internacional) (Rodríguez, 2017, p.64). Como se ha presentado la perspectiva de empoderamiento supone un importante cambio con respecto al enfoque MED que cristaliza en el enfoque de Género en Desarrollo (GED) en la IV Conferencia Mundial sobre las Mujeres en Beijing[2]. Esta visión cuestiona las relaciones de poder entre mujeres y hombres, analiza la subordinación de las mujeres teniendo en cuenta sus posiciones vitales en cuanto a las oportunidades para participar en todos los ámbitos de la vida (social, mercado laboral, espacios de toma de decisiones, etc.). Busca superar la reproducción de los roles tradicionales asignados en el enfoque MED poniendo atención a las necesidades estratégicas para mejorar sus condiciones de vida y promoviendo su participación y empoderamiento para la igualdad (De la Cruz, 1998). Por lo tanto, la adopción del enfoque GED ha supuesto el hito más importante de la institucionalización de las estrategias para lograr la igualdad de género y visibilizar las causas estructurales de la discriminación y la desigualdad. En la actualidad la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible reafirma este compromiso y supone un paso hacia adelante para posicionar la igualdad de género en el centro de la Agenda de Desarrollo. Ofreciendo en el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 5[3] una visión integral de las causas estructurales de la desigualdad. [symple_divider style="solid" margin_top="20" margin_bottom="20"] Bibliografía: De la Cruz, C. (1998). Guía Metodológica para integrar la perspectiva de género en proyectos y programas de desarrollo (pp. 25-30). Vitoria: EMAKUNDE. Recuperado de http://www.emakunde.euskadi.eus/u72-publicac/es/contenidos /informacion/pub_guias/es_emakunde/adjuntos/guia_genero_es.pdf Rodríguez, I. (2017). De las mujeres al género en el desarrollo: mucho más que un cambio terminológico, en M. Carballo (coord.), Género y desarrollo: cuestiones clave desde una perspectiva feminista (pp.49-74). Madrid: Catarata e Instituto Universitario de Desarrollo y Cooperación. Zabala, I. (2010). Estrategias alternativas en los debates sobre género y desarrollo. Revista de Economía Crítica, 9, 75-89. Recuperado de http://revistaeconomiacritica.org/sites/default/files/revistas/n9/4_Idoie_Zabala.pdf [symple_divider style="solid" margin_top="20" margin_bottom="20"] [1] En la familia, la comunidad, el mercado y el Estado. [2] Se celebró en septiembre de 1995, participaron más de 30.000 personas en el foro de organizaciones no gubernamentales y 189 gobiernos acordaron compromisos sin precedentes en favor de la igualdad de género, el desarrollo y la paz. [3] El ODS5: Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas, se concreta en 9 metas específicas que recogen cuestiones relacionadas con la eliminación de todas las formas de violencia, la garantía de la participación plena y efectiva de las mujeres, la referencia a los cuidados y el trabajo doméstico no remunerados, fortalecimiento de leyes que promuevan la igualdad y el empoderamiento, etc.

#WIKI4WOMEN Movimiento contributivo mundial

ocde — Thu, 07 Mar 2019 13:39:42 +0000

8 DE MARZO

Celebración del Día Internacional de la Mujer

La iniciativa de #WIKI4WOMEN llama a todos a tomar unos minutos de su tiempo para crear, enriquecer o traducir, en tantos idiomas como sea posible, perfiles en Wikipedia de mujeres destacadas ayer y hoy en los ámbitos de la educación, las ciencias sociales y humanas, la cultura y la comunicación. Desde cualquier parte del mundo, todo lo que tiene que hacer para unirse a #WIKI4WOMEN es:

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Pragmático/a, apresurado/a – Completo un artículo (30 minutos)
Políglota minucioso/a —Traduzco (entre 30 y 60 minutos)
Perfeccionista perspicaz—Enriquezco (entre 1 y 2 horas)
Trabajador/a y dispuesto/a—Escribo un perfil (entre 2 y 4 horas)

Un movimiento mundial

El 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, participa en París, Buenos Aires, Bangkok, Nueva Delhi, Almaty, El Cairo, Lima, o donde estés, para añadir más perfiles femeninos en Wikipedia. #WIKI4WOMEN es una iniciativa de la UNESCO y la Fundación Wikimedia, con el apoyo de la Comisión Canadiense para la UNESCO, de Islandia, la República de Corea, la Fundación Chanel, la empresa ENGIE, el diario New York Times, el grupo de comunicación France Médias Monde y La Journée de la Femme Digitale. La UNESCO considera la igualdad de género como un derecho humano fundamental, un fundamento de la justicia social y una necesidad económica. La igualdad de género es un factor determinante en la realización de todos los objetivos de desarrollo acordados a nivel internacional, así como un objetivo en sí mismo.E

Agenda de cuidados y COVID-19

ocde — Wed, 25 Nov 2020 17:05:26 +0000

María Jesús González Sanz

Escuela de Gobierno, Universidad Complutense de Madrid

Los cuidados

¿De qué hablamos cuando hablamos de cuidados? Así iniciaba su intervención Amaia Pérez Orozco, economista y militante social y feminista, en su intervención en la Comisión de Reconstrucción del Congreso de los Diputados en Madrid el pasado 29 de mayo de 2020. La variedad de interpretaciones y debates teóricos abiertos entorno a este concepto da cuenta de la complejidad del asunto a tratar. De manera general, podemos afirmar que cuidados son aquellas actividades dirigidas al mantenimiento de la vida, históricamente invisibilizados, atribuidos a mujeres y relegados al ámbito doméstico (Olga Abasolo, 2010). Los cuidados constituyen un tema central en las miradas feministas a la economía que han reclamado su reconocimiento como valor humano fundamental; es un asunto complejo, ya que obliga a reflexionar sobre las distintas dimensiones de la vida. No se trata de un término “cerrado”, como indica Amaia Pérez (2019), puede tomar diferentes perspectivas como la referida a las actividades concretas de atención a los cuerpos (actividades diarias que posibilitan la vida) o un enfoque desde el que cuestionamos el conjunto del sistema económico (sostenibilidad de la vida). Es preciso, buscar otras formas de conceptualizar y entender las fronteras analíticas y conceptuales entre las que se mueve este concepto: los cuidados están entre trabajo, consumo y ocio; entre egoísmo y altruismo; entre el mercado y el no-mercado; entre la autonomía y la dependencia; entre lo público y lo privado; entre lo colectivo y lo individual. Asimismo, lo que hoy llamamos cuidados, encierra una lucha histórica feminista por los derechos de las mujeres, una lucha contra las desigualdades sociales y un esfuerzo por crear sistemas económicos que pongan la vida en el centro (Amaia Pérez, 2019).

Crisis de los cuidados

Según el último Informe sobre Desarrollo Humano 2019 publicado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), afirma que la desigualdad continúa siendo muy elevada en cuanto al poder que ejercen hombres y mujeres dentro de los hogares. Las mujeres realizan más del triple de cuidados no remunerados que los hombres. Las normas sociales y culturales mantienen comportamientos que perpetúan esta desigualdad (p.14). Antes del estallido de la burbuja financiera en 2008, ya se hablaba de crisis de reproducción social, desde la mirada de los cuidados se manifestaban unas condiciones de vida cotidiana cada vez más duras para las mujeres: aumento de cargas de cuidados debido a la privatización de servicios de protección social y mayores necesidades de cuidados en sociedades cada vez más envejecidas. En este contexto, del Norte Global, las mujeres se han incorporado al mercado laboral enfrentando prácticamente en solitario y de forma diferenciada en función de factores tan importantes como la raza, el origen y el nivel de renta la “conciliación” del doble papel: familiar y laboral. Por su parte, los hombres tampoco han cambiado su lógica económica capitalista respondiendo al imaginario de autosuficiencia[1]. De lo anterior se deduce que la supuesta disponibilidad infinita de trabajo de las mujeres donde desarrollan estrategias para conciliar lo irreconciliable, no era tal, derivando en lo que se conoce como crisis de los cuidados. Esta crisis visibiliza, en primer lugar, el conflicto de acumulación de capital y sostenibilidad de la vida, es decir, cuando la vida humana y no humana se utilizan de forma mercantil como un recurso a explotar. Y, en segundo lugar, hace aflorar las tensiones ocultas del sistema productivo capitalista que necesita de las mujeres para encargarse de la “parte reproductiva del sistema” gratuitamente y de manera “natural” (“por amor”).

Expansión global de la crisis de los cuidados y llegada del COVID-19

La pandemia provocada por la COVID-19, ha evidenciado la importancia de los cuidados para la sostenibilidad de la vida y lo invisibilizados que están dentro de los actuales sistemas económicos, que no se preocupan por las condiciones de vida de las personas y su afán de lucro está poniendo al límite tanto los recursos naturales como la vida misma. Por otra parte, esta crisis sanitaria pone en evidencia la injusta organización social de los cuidados y agrava el escenario existente debido a medidas propuestas para la contención del virus como han sido el cierre de escuelas y el aislamiento social que afecta directamente a las redes comunitarias de cuidados. Todo ello ha supuesto un aumento de carga de trabajo en las familias, que se traduce en realidad sobre las mujeres. La pandemia obliga a replantearse nuevas formas de organizar la vida social, evidenciando que los cuidados no se pueden parar cuando todo lo demás se ha parado y visibilizando las diferentes capas de desigualdad que existen en términos de género, clase, etnia, status migratorio, diversidad funcional, edad, entre otras. Todas las personas somos vulnerables y necesitamos de cuidados, en mayor o menor intensidad, todos los días de nuestra vida. En este sentido, es momento de responder mediante políticas socioeconómicas que pongan la vida, los cuidados, en el centro y en común.

Avanzar en agendas robustas de cuidados: Necesidad de cuidados colectivos

El desafío actual provocado por la pandemia supone una oportunidad para avanzar en agendas de cuidados. En este sentido destacan las aportaciones que plantean la necesidad de elaborar un plan de ajuste estructural que proyecte a los cuidados como una política palanca para empujar al resto de la política pública; posicionar “los cuidados como política faro” (Amaia Pérez, 2020). Estas planificaciones de ajuste cuestionan, entre otros asuntos, que los cuidados no pueden estar sometidos a las lógicas del lucro y deben moverse entre lo público y lo social-comunitario. Y proponen, una articulación distinta entre la institución pública y la comunidad. Como se ha argumentado a lo largo de este artículo, los cuidados son la base para que todo funcione, desde ahí, se entiende que hay que “empujar” hacia el cambio de las estructuras socioeconómicas y su orientación al servicio de la vida colectiva. Asumir los cuidados como una responsabilidad colectiva implica una asignación de recursos. Para ello, es necesario una financiación pública suficiente mediante reformas progresivas en los sistemas fiscales[2]. Asimismo, son necesarios cambios en la legislación laboral que debe contemplar a las personas trabajadoras como sujetos con responsabilidades de cuidado, y necesidades de cuidados no resueltas que interfieren con su inserción y su plena disponibilidad. También, se necesitan derechos de conciliación y reducción de la jornada laboral, para que quede tiempo de vida y poder acometer los requerimientos de cuidados cotidianos. De forma más específica se necesitan acciones que aterricen el derecho al cuidado como un derecho universal basado en la idea de la corresponsabilidad integral. Entre las múltiples contribuciones que se han realizado en esta línea destacan: la creación de agencias públicas de intermediación de empleo de hogar, la mejora de las condiciones de los trabajos remunerados de cuidados tanto en el ámbito público como en el privado, la creación de una prestación económica por cuidados no profesionales en el entorno familiar, y la generación de diálogo social sobre los cuidados entendidos como un Bien Común. Todas estas líneas de actuación propuestas van encaminadas hacia la creación de un sistema estatal de cuidados, donde el buen convivir se articule como eje vertebrador de la estructura socioeconómica y el ajuste estructural propuesto desarrolle formas de corresponsabilidad colectiva que ponga el cuidado colectivo de la vida en el centro.

Bibliografía:

Abasolo, Olga (2010). Diálogo Mari Luz Esteban e Isabel Ochoa sobre el concepto de cuidados. Boletín ECOS, 10. Pérez, Amaia (2019). Subversión feminista de la economía. Aportes para un debate sobre el conflicto capital-vida (4ª ed.). Madrid: Traficantes de Sueños Mapas. Pérez, Amaia (2020). Propuesta socioeconómica con los cuidados como centro. En Comisión para la Reconstrucción Social y Económica. Grupo de Trabajo de Políticas Sociales y Sistema de Cuidados: 29 de mayo 2020. Madrid: Congreso de los Diputados. PNUD (2019). Informe sobre Desarrollo Humano 2019. Más allá del ingreso, más allá de los promedios, más allá de los presentes: Desigualdades del Desarrollo Humano en el siglo XXI. Recuperado de: http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr_2019_overview_-_spanish.pdf [symple_divider style="solid" margin_top="20" margin_bottom="20"] [1] Las condiciones laborales que impone el sistema capitalista crea la ficción de los individuos autosuficientes que niegan su vulnerabilidad y la inter y ecodependencia de las vidas humanas. Es decir, toma a la clase trabajadora como individuos con sus necesidades básicas de vida resueltas y su trabajo invisibiliza todo lo demás necesario para la vida. [2] Priorizar impuestos directos sobre los indirectos, priorizar impuestos al capital frente impuestos al trabajo, garantizar y aumentar la progresividad en los impuestos sobre la renta, eliminar la regresividad de los impuestos al capital, al revés, convertir el impuesto de sociedades en un impuesto progresivo, recuperar el impuesto de patrimonio y avanzar hacia una fiscalidad ecológica.

Alianzas

Mich — Mon, 04 Mar 2019 15:00:48 +0000

Convenio de Colaboración

2018

Escuela de Gobierno de la Universidad Complutense de Madrid.

Comprender las bases de la Economía Feminista

ocde — Mon, 17 Aug 2020 14:54:43 +0000

Jenifer Rodríguez

Universidad Complutense de Madrid (CSEG)

La economía feminista pone en el centro de sus prioridades la vida de las personas, el trabajo de los cuidados que es realizado por mujeres de todo el mundo, y en general, la sostenibilidad, porque sostenibles son los cuidados si hay un modelo que lo hace posible, y sin ellos, el mundo se para. Somos las mujeres las que cuidamos el mundo y existe una rama de la economía que lo valora y lo pone el centro.

La economía feminista: la sostenibilidad de la vida

Son varias las categorías que caracterizan a nuestro sistema económico actual ya que no sólo es capitalista, sino también heteropatriarcal, colonialista y antropocéntrico. Donna Haraway lo denominaría «esa cosa escandalosa» (Haraway 1991; citado por Perez Orozco, 2014) y contra esa cosa es que la economía feminista encuentra la fuerza para hacer crítica. (Conferencia ICEI). En ese sentido la economía feminista se posiciona como la alternativa a la economía ortodoxa, con gran sesgo androcéntrico y que atribuye al hombre económico [1] características universales, poniendo en el centro la desigualdad de género para explicar el funcionamiento de la lógica económica. Rodríguez (2015) Sánchez (2015) afirma que «el análisis que realiza la economía feminista ha sido fundamental no sólo para comprender las experiencias económicas de las mujeres, sino también la economía en su conjunto». (p. 59). Para la economía feminista son varios los conceptos que transcienden los límites. Entendiendo que el mercado va más allá de su propio concepto, que el trabajo no es sólo el trabajo remunerado, que la economía es un proceso que satisface necesidades y donde la presencia de la mujer juega un valor fundamental. Es importante incorporar la variable de género para entender el funcionamiento de la economía y la diferente posición de mujeres y hombres como agentes económicos y beneficiarios de las políticas públicas. A diferencia de la economía normativa la economía feminista pone en el centro la sostenibilidad de la vida, tanto humana como no humana [2]. En palabras de Carrasco (2013) esta disciplina tiene en cuenta lo que está por debajo que sostiene el mercado: el cuidado y la naturaleza. Lo importante no es la producción de capital sino la reproducción de la vida desde una propuesta política y social, convirtiendo a la economía más que en un elemento académico y científico en una herramienta social y política transformadora del sistema económico. En palabras de Pérez Orozco (2016) «Una vida que merezca la pena ser vivida». (p. 160). Pero ¿cómo es una vida que merezca la pena ser vivida? Para la economía normativa la percepción del mantenimiento de los procesos de vida sólo es entendida desde el punto de vista mercantil y desde la concepción de las relaciones jerárquicas dentro en el mercado. Beneficio contra bienestar de las personas, dos objetivos incompatibles. Lo ideal sería poner uno al servicio del otro, aunque en la actualidad el poder ha decidido apostar por el capital, quedando las personas al servicio del capitalismo y del patriarcado. Regresando a la base de la economía feminista la sostenibilidad de la vida que plantea se puede entender desde tres principios:

Sostenibilidad ecológica y social

Va más allá de la reproducción social desde el punto de vista de superar las relaciones de poder propias de la reproducción social-patriarcal que ponen en peligro la propia vida de las personas. El enfoque de la sostenibilidad de la vida habla actualmente de la existencia de una contradicción entre el capital y la vida. «Las feministas entienden que existe una contradicción entre la obtención de beneficios capitalistas y el mantenimiento de las condiciones de vida» (Picchio 1992; Bosch et al. 2005 citado por Sánchez, 2015, p. 69).

Centrar la vida en lugar de los mercados

El androcentrismo económico legitima qué debe considerarse económico y qué debe considerarse trabajo, excluyendo a todo lo que califica como no económico, generando además una jerarquización de las actividades, dando más valor a las que se consideran dentro del mercado. Entonces la economía feminista propone una revisión y ampliación de conceptos para incluir todas las actividades que forman parte de la sostenibilidad de la vida. Aquí se enmarca el trabajo del hogar y cuidados como actividad dirigida a conservar y mantener a las personas.

Las personas son vulnerables y dependientes

Se considera que toda persona es un cuerpo vulnerable que pierde energías, enferma y muere, un cuerpo cargado de pasiones, afectos y creatividad, un cuerpo, al fin y al cabo, con necesidades fisiológicas y afectivas. La perspectiva plantea que toda persona, y en cada momento de nuestra vida, necesita al resto para sobrevivir. Es decir, somos todas interdependientes (Carrasco 2006; Fineman 2006; Pérez Orozco 2006b citado por Sánchez, 2015). Por tanto, si somos vulnerables las personas no pueden ser consideradas como mercancías, tal como muestra la economía hegemónica. Dicho esto, la economía, así como el sexo y el género, también es una construcción social y, por tanto, puede ser deconstruida y reconstruida a través de una lógica propositiva que integre el cuidado dentro de la economía (Burns, 2007).

Economía que cuida

Para Rodríguez (2015) desde la perspectiva económica feminista el trabajo de los cuidados cumple una función esencial en la economía capitalista: La reproducción de la fuerza de trabajo. Gracias a esta labor cada día las trabajadoras y trabajadores alcanzan las condiciones adecuadas para poder desempeñarse dentro del mercado laboral. De tal forma que pareciera que la fuerza de trabajo asume un papel de trabajador champiñón[3] que brota de la nada y se presenta en su espacio laboral en óptimas condiciones para presentarse ante el mercado. Sin embargo, en la economía convencional este análisis está invisibilizado, aunque para la crítica feminista el sistema es incapaz de sostenerse sino es en base a estos trabajos invisibles de cuidado no remunerados. El capitalismo se ha alimentado del patriarcado. Desde la economía convencional se tienen en cuenta los hogares como un agente económico destinado al consumo de bienes y a la provisión de fuerza de trabajo, donde además se ejecuta una división sexual del trabajo[4] en el que los cuidados domésticos recaen específicamente sobre las mujeres. Sin embargo, no se tiene en cuenta lo que sucede al interior de los hogares, el trabajo no remunerado no está a la venta en el mercado, aunque se encarga de reproducir a los miembros que en él habitan. Según la autora «podría decirse que el trabajo de cuidado no remunerado que se realiza dentro de los hogares (y que realizan mayoritariamente las mujeres) constituye un subsidio a la tasa de ganancia y a la acumulación del capital», por tanto, al empoderamiento económico. (p. 40). El trabajo realizado desde y dentro de los hogares proporciona bases de desarrollo a nivel emocional, de cuidado y socialización, que no pueden ser adquiridos en el mercado. Al mismo tiempo lo que se produce dentro del ámbito doméstico incrementa la renta nacional, un aspecto no considerado en el Producto Interior Bruto de los países. Por tanto, las mujeres contribuyen de una forma primordial al valor económico para el desarrollo de los países. En esta línea, Carrasco (2013) afirma que «El sistema capitalista no podría subsistir sin el trabajo doméstico y de cuidados, depende de él para el mantenimiento de la población y la reproducción de la necesaria fuerza de trabajo» (p. 44).

Referencias:

Burns, A.T. (2007). Politizando la pobreza: Hacia una economía solidaria del cuidado (1ª ed.). El Salvador: Progressio e IMU (Instituto de Investigación, Capacitación y Desarrollo de la Mujer) Carrasco, C. (2013). El cuidado como eje vertebrador de una nueva economía. Cuadernos de Relaciones Laborales, 31(1), 39-56. Círculo de Mujeres (Prod.), Camacho, M. (Dir.) (2013). Cuidado resbala [DVD]. España: Círculo de Mujeres. Recuperado de http://cuidadoresbala.com/el-documental/ Pérez Orozco, A. (2010). Cadenas globales de cuidados. ¿Qué derechos para un régimen global de cuidados justo? Instituto Internacional de Investigaciones y Capacitación de las Naciones Unidas para la Promoción de la Mujer (UN-INSTRAW). Pérez Orozco, A. (2012). Cadenas globales de cuidados, preguntas para una crisis. Revista Diálogos, 13-15. Pérez Orozco, A. (2014). Subversión feminista de la economía. Aportes para un debate sobre el conflicto capital-vida. (1ª Ed). Madrid: Traficantes de sueños. Pérez Orozco, A. y Artiaga, A. (2016). Tres años de aprendizaje colectivo y global sobre los cuidados. ¿Por qué nos preocupamos por los cuidados? Colección de ensayos en español sobre la economía de los cuidados. Women UN Training Centre. Rodríguez, C. (2015). Economía feminista y de Cuidado. Revista Nueva Sociedad, 256. Sánchez-Cid, M. (2015). De la reproducción económica a la sostenibilidad de la vida. Revista de Economía Crítica, 19, 58-76.

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[1] Según el texto de Corina Rodríguez y en palabras de Amaia P. Orozco entiéndase Homos Económicus como sujeto representativo de la humanidad con características universales: hombre, blanco, adulto, heterosexual, sano, de clase media. [2] Vinculación con la economía ecológica y solidaria. [3] Según Pérez Orozco la metáfora del champiñón responde a la idea de que la gente brota en el mercado dispuesta a trabajar y/o consumir por generación espontánea. (p. 154). [4] Rodríguez (2015) afirma que «El proceso de distribución de trabajo en el interior de los hogares es parte de la mencionada división sexual del trabajo, la cual está determinada tanto por pautas culturales como por racionalidades económicas».

Críticas al modelo de desarrollo desde los movimientos feministas africanos

ocde — Tue, 02 Feb 2021 10:53:09 +0000

Almudena Villarino Martínez Escuela de Gobierno, Universidad Complutense de Madrid

La idea de desarrollo hace referencia a un conjunto de teorías y prácticas surgidas en Occidente tras la Segunda Guerra Mundial e impuestas a nivel global. Progreso, democracia, modernización, crecimiento económico y bienestar son algunos de los conceptos, todos ellos de cosecha occidental, asociados a los procesos de desarrollo. Lejos de las bondades y promesas que promueve, el desarrollo lleva implícita la presencia del subdesarrollo y, por tanto, la construcción de la diferencia, de un nosotros y un “otro” subdesarrollado. En este sentido, la teoría y práctica del desarrollo se asienta sobre las relaciones de poder Norte-Sur, unas relaciones que en el caso del África negra ahondan sus raíces en los sistemas de dominación impuestos a lo largo de los últimos 500 años.

Más allá de las corrientes teóricas o el conjunto de prácticas, Rist (2002) concibe el desarrollo como un elemento clave de la religión moderna, una creencia occidental que se instala como necesidad y remedio universal. Como toda creencia, la necesidad de desarrollarse se transmite a través de las estructuras políticas, económicas, sociales y culturales. La colonialidad y el imperialismo cultural han jugado un papel esencial como mecanismos de transferencia de cultura y desarrollo del centro a la periferia (Ogundipe-Leslie, 1994; Nnaemeka, 1996; Steady, 2005). Tanto la producción del conocimiento como su transferencia a las regiones del Sur Global se realizan bajo el presupuesto de que sólo las ideas y experiencias occidentales definen lo humano, y este hecho ha obstaculizado el conocimiento sobre África a lo largo de la historia (Oyewumi, 1997).

Para comprender la posición actual de las sociedades africanas en el sistema-mundo moderno es necesario remontarse a los históricos (des)encuentros con Europa y Occidente. La trata esclavista, la colonización, la imposición de los Estados-nación y las posteriores injerencias neocoloniales de la mano de un capitalismo globalizado han ido posicionando a África en una clara desventaja con respecto a Europa en términos de desarrollo. La llegada de Europa al continente supuso una verdadera alteración no sólo de las estructuras sino también de las relaciones humanas. Como señala Ata Aidoo (1993), la trata esclavista transatlántica trajo consigo la fanga o cultura de la violencia, y desde entonces África no ha vuelto a conocer la paz. Con la militarización, las sociedades africanas pasaron de regirse por su tradicional principio holístico y pluralista, a someterse al principio violento y jerárquico importado desde Europa.

La idea etnocéntrica de desarrollo es considerada desde los feminismos africanos como una forma de recolonización (Ogundipe-Leslie, 1994; Ata Aidoo, 1998; Steady, 2005), que sustituye el proyecto colonial por los paradigmas neoliberales y la globalización corporativa 1 (Steady, 2005). La maquinaria desarrollista opera de manera similar al sistema colonial, en el que las metrópolis se enriquecían a costa de la esclavitud y explotación de los pueblos colonizados, bajo el pretexto de que las personas que ahí vivían eran salvajes, primitivas, no civilizadas y por tanto inferiores. Así pues, el elemento básico en la construcción de ese “otro subdesarrollado” recae sobre los cuerpos y se articula mediante la deshumanización de lo diferente. En este sentido, Oyewumi (1997; 2005) explica como las categorías de género y raza son un producto occidental y su establecimiento como ejes básicos de clasificación social proviene de la obsesión de Occidente por lo visual, por establecer la diferencia en función a las características físicas y anatómicas. Y esta importancia atribuida a los cuerpos es la base sobre la que se asienta una jerarquía colonial, racial y patriarcal, que ha pervivido hasta nuestros días y que sitúa a las mujeres africanas en el último eslabón de la cadena.

Existe una tendencia hegemónica, cuestionada entre otras por Mohanty (1991), a homogeneizar en una misma categoría a las mujeres del Tercer Mundo (Third World Women) que ha producido una imagen distorsionada de las mujeres africanas. Así hemos perfilado la idea de una mujer sumida en la pobreza, la ignorancia, el atraso, la subordinación y el desempoderamiento; una imagen que se reproduce constantemente desde los feminismos occidentales y los discursos de integración de las mujeres en el desarrollo (Ogundipe-Leslie, 1994; Nnaemeka, 1996; Steady, 2005). Por ello, los movimientos feministas africanos se definen en primer lugar contra la historia, la construcción del racismo y los imperativos culturales occidentales. Además, como indica Nnaemeka (1998), se definen contra el lenguaje propio del feminismo occidental que promueve categorías como desafiar, deconstruir, destruir frente a las ideas de negociación, colaboración y compromiso de los feminismos africanos.

Una idea en la que coinciden las diversas corrientes feministas africanas es que los sistemas de dominación impuestos desde Occidente han impactado negativamente en las relaciones entre hombres y mujeres, imponiendo esa jerarquía patriarcal en muchas sociedades africanas. En la sociedad yoruba precolonial, las ideas de hombre y mujer eran inexistentes, pues el sistema de organización social y la distribución de poderes y tareas dependían del linaje y del principio de senioridad, y no del sistema sexo-género 2 (Oyewumi, 1997). La sociedad igbo tenía un sistema de género flexible y redistributivo, basado en la yuxtaposición de patriarcado 3 y matriarcado 4 (Amadiume, 2018). Y en general, las sociedades africanas con o sin sistemas matrilineales, gozaban de una mayor inclusividad de género que las europeas (Oyewumi, 1997; Nnaemeka, 1998). Incluso actualmente, gran parte de la población kikuyu en Kenia mantiene su tradicional sistema matrilineal que otorga a las mujeres autonomía, representación, control de los medios de producción o la capacidad de decidir, entre otras (Acholonu, 1992).

La dominación histórica occidental es entonces el hilo que debe guiar el análisis de la situación actual de las mujeres africanas, dadas las transformaciones que ha introducido y reproducido en todas las dimensiones de la vida. A nivel económico, los cultivos comerciales impuestos por los colonizadores fueron asignados a los hombres, relegando a las mujeres a los cultivos de subsistencia y excluyéndolas de la fuerza de trabajo asalariada. Además, la introducción de la propiedad privada y la mercantilización de las tierras desplazó la tenencia colectiva a la individual, situando a los hombres como legítimos propietarios. Comienza así la brecha de género en el acceso a la riqueza (Oyewumi, 1997; Ata, 1998) que se ha prolongado en el tiempo y se ha ensanchado con la llegada del capitalismo y la globalización.

Por otro lado, las mujeres africanas de las sociedades precoloniales desempeñaban un importante papel en la arena política. Con la introducción del sistema europeo de los estados-nación, las mujeres fueron reemplazadas por hombres en la esfera pública y desposeídas de todo reconocimiento legal. No obstante, han permanecido activas y visibles en sus comunidades, y su relevancia se ha mantenido gracias a su capacidad de movilización e incidencia y el establecimiento de fuertes redes de base (Nnaemeka, 1996).

El poder, el reconocimiento, la representación y la participación de las mujeres en el ámbito público, como formas de empoderamiento promovidas desde el Norte Global eran y siguen siendo una realidad inserta en las culturas de muchas partes de África. A diferencia de las sociedades occidentales, las mujeres africanas gozaban del poder, respeto y autonomía que les daba la maternidad (elemento central en el imaginario africano) o el hecho de estar casadas, especialmente en matrimonios polígamos. Las mujeres como hijas y hermanas también ejercían un poder compartido dentro de la familia.

A nivel político y religioso, las mujeres adquirían poder y representación como reinas y diosas desde tiempos faraónicos (Acholonu, 1992). La imposición del Islam y el Cristianismo como religiones androcéntricas, contribuyó a borrar del imaginario las deidades femeninas propias de las religiones africanas y a imponer el poder jerárquico y la familia heteropatriarcal. Y con ello la poligamia, los matrimonios entre mujeres o entre hombres o la figura de “mujer marido” tan frecuentes en la región (Acholonu, 1992) fueron deslegitimados. Las prácticas desarrollistas han seguido reproduciendo esa idea de familia heteropatriarcal, asumiendo la subordinación de las mujeres como un hecho natural e ignorando que en las culturas africanas la categoría de familia difiere de la occidental, en la medida en que la familia es la comunidad y no una unidad doméstica y productiva (Acholonu, 1992; Nnaemeka, 1996).

Los feminismos africanos también alertan de la necesidad de reconceptualizar los presupuestos dicotómicos introducidos por Occidente. Las oposiciones binarias etnia-nación, rural-urbano, naturaleza-cultura, tradición-modernidad, público-privado que no encajan en la esencia africana, han contribuido a legitimar las desigualdades a través de la infravaloración de las primeras categorías (etnia, naturaleza, rural) frente a las segundas (nación, cultura, urbano) (Ogundipe-Leslie, 1994; Nnaemeka, 1996; 1998).

Otra de las críticas surge a raíz de la tendencia a centrar el desarrollo en las esferas económicas y políticas, dejando a un lado la cultura y las humanidades. En este sentido, el enfoque de necesidades básicas reduce a las personas africanas a sujetos productivos imponiendo unas necesidades que no se ajustan a sus realidades (Nnaemeka, 1996; Steady, 2005).Así, las ideas de comunidad, creatividad, estética, belleza, humanidad y espiritualidad como necesidades básicas de las sociedades africanas son sustituidas por otras debido a la penetración de ideas como el PIB, la pobreza, la sociedad civil y la economía del territorio (Nnaemeka, 1996). De la mano de esto viene la explotación de la naturaleza que se inscribe en el antropocentrismo que rige el conocimiento occidental y que vuelve a chocar con la ancestral conciencia medioambiental inscrita en la tradición africana.

En esta línea, Acholonu (1992) enfatiza en su teoría Motherism la cohesión esencial de la humanidad con la naturaleza, con la maternidad y la crianza, y plantea la necesidad de reconstruir las estructuras desde la cooperación con la Madre Tierra y su protección en toda actividad humana. Acholonu retoma así el principio antrópico propio de las sociedades africanas en las que no existe el individuo sino como parte de su clan o comunidad (Roca e Iniesta, 2013). Este principio holístico y plural que promueve el sentido pleno de comunidad y de integración de la vida como un todo interconectado se posiciona frente a valores capitalistas como el individualismo y el dominio de la naturaleza.

A la luz de estas afirmaciones se puede concluir que las bases de la cosmología y de las instituciones tradicionales africanas que tanto se ha empeñado Occidente en destruir, permiten la igualdad y redistribución de poderes y promueven valores de respeto, comunidad y cuidado de la Tierra, impracticables desde el sistema jerárquico neocolonial que vertebra el desarrollo. Por tanto, no es que África Subsahariana esté a la cola del desarrollo o sea tan primitiva que no alcance la democratización, sino que se ha adaptado a algunas de las múltiples imposiciones del Norte a la vez que ha mantenido sus principios, su pensamiento e instituciones. Gracias a esa capacidad y autonomía, África mantiene el poder en muchos aspectos, un poder entendido en sentido positivo y compartido. Por eso una buena parte de los asuntos se siguen negociando fuera de las instituciones democráticas de los estados (Roca e Iniesta, 2013), en esos espacios entre lo público y lo privado, ente la familia y el Estado, entre la etnia y la nación.

La permanencia de las formas de pensamiento, valores e instituciones africanas tradicionales, consideradas por Occidente como un obstáculo para el desarrollo (Nnaemeka, 1996), representan las claves para la descolonización de los cuerpos y de las mentes y la recuperación de la región.

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Bibliografía

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Derechos de las personas LGTBIQ+: una perspectiva queer y feminista

ocde — Thu, 06 May 2021 12:07:10 +0000

Cristina Soler Polo

Escuela de Gobierno, Universidad Complutense de Madrid

El colectivo LGTBIQ+ (lesbianas, gays, transexuales, bisexuales, intersexuales, queer) representa a día de hoy una parte importante de la población que está cada vez más visible tanto en los espacios formales como informales de la sociedad. Las reivindicaciones del colectivo pueden considerarse transversales a las luchas sociales y en pro de los derechos humanos desde los distintos ámbitos de la sociedad. Algunos de los ejemplos más destacados podrían ser: el movimiento ‘Black Lives Matter’, con un fuerte discurso LGTBIQ+ y cuyas fundadoras son mujeres que se autodenominan queer[1]; la despenalización en este año de la homosexualidad en Angola[2]; el nombramiento de una médica trans dentro del departamento de salud del nuevo gobierno de Biden; o la reciente noticia del parlamento europeo que ha declarado la Unión Europea como “zona de libertad” para las personas LGTBIQ* (con los votos en contra del bloque de la ultraderecha en los que se incluyen partidos como el de la la francesa Le Pen, el italiano Salvini o el partido español Vox)[3]. Para contextualizar el tema, es importante conocer el significado de la palabra queer, que se emplea como paraguas para englobar al colectivo LGTBI. Queer es un término anglosajón cuya traducción significa extraño, raro, desviado, que se empleaba como insulto para referirse al colectivo LGTBI. En los Estados Unidos, a partir de la década de los 80, en plena crisis del sida, varios grupos de activistas comenzaron a reapropiarse del término y protagonizar una serie de reivindicaciones que fueron constituyendo lo que hoy se conoce como una práctica, movimiento y teoría crítica, que se ha ido extendiendo a lo largo de los distintos territorios y espacios de lucha social. Entre los antecedentes de este movimiento, se podrían ubicar los disturbios de Stonewall en 1969, un barrio de Nueva York, ocurridos tras una violenta redada policial en un famoso pub de ambiente LGTBIQ+ (Córdoba, Sáez, Vidarte, 2005). En términos generales, lo queer podría definirse como un movimiento y teoría crítica que surge en contraposición a categorías binarias y dicotómicas como las del sistema sexo-género, la orientación sexual o la identidad de género, que se reducen a lo masculino o femenino, heterosexual u homosexual. Lo queer también pretende hacer una crítica profunda a las dicotomías relacionadas con la raza, la clase social u otras situaciones o identidades que quedan a los márgenes del imaginario colectivo y por tanto del sistema de representación (Córdoba, Sáez, Vidarte, 2005). En la actualidad existe un debate entorno a la necesidad de incluir el discurso queer dentro del movimiento feminista. Desde algunos sectores del feminismo consideran que, si bien la reivindicación del colectivo LGTBIQ+ es necesaria, debe ocupar otros espacios teóricos y activistas, argumentando que, de lo contrario, la agenda de las mujeres puede quedar desplazada o perder fuerza política, reivindicando así la necesidad de mantener a las mujeres como sujeto político del feminismo (Posada, 2018). Autoras afines a esta postura serían: Betty Friedan, que protagonizó enfrentamientos por su resistencia a incluir a las mujeres lesbianas en los movimientos feministas de los años 70 en Estados Unidos[4]; la política y antropóloga mexicana Marcela Lagarde[5]; Ochy Curiel, activista dominicana referente en el estudio del feminismo latinoamericano y caribeño, que critica que la teoría queer se basa en reivindicaciones que tienen que ver con identidades personales y que carece de perspectiva de raza y de clase[6]; o Lidia Falcón, política española referente del feminismo en la transición que se ha mostrado en contra de la Ley trans que prevé aprobar el gobierno español y que ha sido acusada de incitar al odio y a la transfobia[7]. Desde las posturas queer, consideran que ambos movimientos van de la mano y que incorporar al feminismo una crítica queer no sólo no desdibuja a las mujeres como sujeto, sino que más bien ofrece una mirada más amplia e inclusiva con otros sujetos no hegemónicos, que han podido quedar invisibilizados, enriqueciendo al propio movimiento e incluyendo la diversidad de identidades y experiencias, tanto personales como colectivas (Trujillo, 2014). Algunas de las autoras referentes de la teoría queer son: Teresa de Laurettis, Gayle Rubin, Judith Butler o Paul B. Preciado, entre otras. Destacan también otras autoras, como Angela Davis, que defiende la necesidad de promover un discurso feminista inclusivo con la diversidad afectivo-sexual, o la activista nigeriana Sokari Ekine, que reflexiona sobre el movimiento queer en el contexto africano[8]. Es importante destacar que dentro del feminismo latinoamericano como el chileno o argentino, existe una llamativa presencia del discurso queer[9], que además ha logrado importantes logros recientes como es la legalización del aborto en el caso argentino, y los avances del país chileno para lograr también su despenalización.

Algunos apuntes sobre la situación del colectivo LGTBIQ+ a nivel global

Los Principios de Yogyarta (2007), fueron redactados en Indonesia por un grupo de personas expertas en derecho internacional, son a día de hoy el principal instrumento legislativo que abarca de manera específica los derechos de la población LGTBIQ+. Estos principios están basados en la aplicación de la legislación internacional de Derechos Humanos en relación a la orientación sexual y la identidad de género. Si bien consisten en recomendaciones que todos los Estados, instituciones y organizaciones de derechos humanos deben cumplir, su mayor limitación es que no tienen ningún tipo de carácter vinculante (Principios de Yogyakarta, 2007). La Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex (ILGA, 2020) emite desde el año 2006 un informe anual sobre la legislación aplicada a la orientación sexual a nivel mundial[10]. El último informe clasifica el tipo de legislación en la materia en cuatro bloques: leyes de criminalización (de facto, prisión o pena de muerte), de restricción jurídica a la libertad de expresión, de protección (constitucional, amplia, laboral, sobre delitos de odio o terapias de reconversión) y, por último, leyes de reconocimiento (como el matrimonio igualitario, otras formas de unión civil o la adopción). En cuanto a las leyes de criminalización y restricción jurídica, el 35% de los Estados miembros de las Naciones Unidas penalizan o restringen la homosexualidad. La mayoría de estas leyes se aplican en el continente africano y asiático. Los países que a día de hoy emplean la pena de muerte son: Arabia Saudita, Brunei, Irán, Mauritania, Nigeria y Yemen. En otros países como Afganistán, Emiratos Árabes Unidos, Pakistán, Qatar y Somalia, si bien no existe una estructura jurídica clara al respeto, se aplica de igual manera la pena de muerte, según recoge la investigación (ILGA, 2020). En cuanto a las leyes de protección y reconocimiento, se aplican en el 64% de los Estados miembros (aunque tan sólo una minoría cuenta con protección a nivel constitucional), mientras que en el 1% se aplican leyes que criminalizan de facto la homosexualidad, es decir, que, aunque no haya una ley jurídica explícita la aplicación es la misma (estos países son Egipto e Irak) (ILGA, 2020). A nivel europeo, Hungría, Polonia, Ucrania, Letonia, Serbia, Turquía, Macedonia, Rusia y Belorrusia, encabezan los países donde mayor violencia y discriminación sufre la población LGTBIQ+, cuya situación se está viendo agravada de manera considerable en los últimos tiempos[11]. En el caso de Rusia y Ucrania existen leyes que prohíben de manera expresa la “propaganda” gay, con fuertes discursos de protección a la familia tradicional y a los niños y niñas ante la “ideología LGTB” (ILGA, 2020). Rusia es uno de los más hostiles para el colectivo, donde existe a día de hoy una persecución política sistemática, destacando el caso de la región de Chechenia, donde se llevan a cabo redadas, detenciones y torturas que se han llegado a conocer como “campos de concentración” para gays (Council of Europe 2018) y que la propia Amnistía Internacional (2017) ha denunciado en varias ocasiones. Italia es también un caso llamativo que no cuenta con el derecho al matrimonio homosexual ni a la adopción (ILGA, 2020). En Latinoamérica destacan El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú y Venezuela, y la gran mayoría de países del Caribe como aquellos que cuentan con menos medidas de protección y reconocimiento al colectivo. (ILGA 2020). Un estudio recogido entre 2014 y 2019 concluye que Honduras ocupa la tasa más alta de homicidios LGBTI en la región y Bolivia la más baja, siendo la mayoría de las víctimas hombres gays y mujeres trans (SInViolencia LGBT, 2019). Es importante destacar que, tal y como alertan en el informe, existen situaciones legislativas paradójicas y contrarias entre sí, donde en un mismo país pueden coexistir leyes que por un lado ofrezcan protección y al mismo tiempo otras que discriminen la homosexualidad. Algunos ejemplos son el caso de Bolivia, que prohíbe la discriminación basada en la orientación sexual pero por otro lado no da ningún tipo de cobertura legal a las parejas del mismo sexo. También encontramos el caso de Argentina, que fue el primer país latinoamericano en aprobar el matrimonio igualitario pero a día de hoy no cuenta con ningún tipo de instrumento legal que penalice la discriminación por motivos de orientación sexual. (ILGA, 2020). Brasil también es significativo, donde existe el derecho al matrimonio igualitario y a la adopción, pero donde se están protagonizando en los últimos años fuertes retrocesos y discursos de odio hacia el colectivo LGTBIQ+[12]. En el caso de Hungría existe el derecho a la unión civil y en Polonia medidas de protección laboral, lo que no quiere decir, como hemos visto, que a su vez no existan medidas que discriminen al colectivo LGTBIQ+. Por ello, contextualizar la situación y realidad de cada país, así como no adoptar una visión reduccionista a través del análisis legislativo, parece pertinente para no favorecer situaciones de desigualdad y/o desprotección, ya que, como afirman desde ILGA (2020), “la protección constitucional, si bien es deseable desde el punto de vista normativo, no necesariamente proporciona las protecciones más amplias.” Por otro lado, más allá de la orientación sexual, se encuentran las personas trans, que posiblemente sean las más visibilizadas e infrarrepresentadas del colectivo. En concreto, un informe del Observatorio de Personas Trans Asesinadas del 2020, señala que unas 350 personas trans fueron asesinadas, siendo la mayoría mujeres trans jóvenes y racializadas que se dedicaban a ejercer la prostitución. La mayoría de estos asesinatos se cometieron en Centro y Sudamérica y casi la mitad en Brasil. Una de las limitaciones a la hora de recabar este tipo de información es que la mayoría de países no la contabilizan ni sistematizan como tal, por lo que se cree que el número real de personas trans asesinadas es mucho mayor. En cuanto a los derechos trans, un mapeo de la legislación también elaborado por ILGA (2019), expone que, aunque sólo trece países criminalizan como tal a las personas trans (Brunei, Gambia, Indonesia, Jordania, Kuwait, el Líbano, Malawi, Malasia, Nigeria, Omán, Sudán del Sur, Tonga, y los Emiratos Árabes Unidos), en la mayoría de contextos estas son “perseguidas de manera desproporcionada por las instituciones oficiales en casi todos los países del mundo”, sobre todo las mujeres trans. No obstante, también hay que señalar a aquellos países que han incorporado de facto los derechos de las personas trans con leyes de autodeterminación de género. Argentina, Portugal, Dinamarca, Noruega o Suiza, entre otros (ILGA 2019), son un ejemplo de ello.

Otras discriminaciones por orientación sexual o identidad de género

Situarse en el debate inicial sobre la perspectiva queer y feminista es interesante para entender por qué, de alguna manera, la perspectiva sobre la diversidad afectivo-sexual, ha podido quedar relegada o incluso invisibilizada en el contexto de la legislación internacional en materia de derechos humanos, en los propios sistemas de desarrollo y cooperación o en el marco de las migraciones (Colina-Martín, 2020). En cuanto a las personas solicitantes de protección internacional y refugiadas LGTBIQ*, desde ACCEM (2018) señalan que una de las limitaciones en la atención al colectivo es la evaluación de la credibilidad del discurso. Para ello, se llevan a cabo una serie de entrevistas biográficas para corroborar la orientación sexual de las personas solicitantes, cuya evaluación, según indican, no deja de ser un proceso relativamente subjetivo y complejo en el que interactúan múltiples factores como son los propios prejuicios de la persona evaluadora o las relaciones de poder, además de que se parte de una experiencia generalmente androcéntrica. Otras de las limitaciones es la ausencia de protocolos específicos para la atención a solicitantes LGTBIQ+, así como la falta de información y recogida de datos estadísticos al respecto. Se añade también la falta de formación entre las y los profesionales en materia de género y diversidad sexual, por lo que en muchas ocasiones se interviene en base a modelos hegemónicos. (ACCEM, 2018). Por otro lado, desde ACCEM (2018), denuncian que a día de hoy no se contempla a nivel legislativo el género como condicionante específico en la definición de persona refugiada, sino que se divide en categorías generales. Además, reclaman la necesidad de una incorporar una perspectiva feminista y de diversidad afectivo sexual en las políticas de atención y acogida de los solicitantes de Protección Internacional. En cuanto a las defensoras y defensores de los derechos de las mujeres y LGTBIQ*, desde Amnistía Internacional (2019) alertan de que se les está asesinando “a un ritmo alarmante” en países como Guatemala, Honduras, Colombia, México, Perú, Brasil, Kenia, Sudáfrica, Filipinas y Afganistán. Afirman que aquellas personas que se dedican a defender los derechos humanos de estos colectivos, sufren las consecuencias de su propias condiciones como mujer o LGTBIQ+ y del estigma de muchos países en abordar este tipo de funciones.

Conclusiones

A modo de resumen, podemos decir que en la actualidad existe un importante debate entorno a las teorías feministas y de género, por un lado, y la perspectiva queer por otro. Si bien desde algunos sectores consideran importante que cada corriente ocupe un espacio político y social diferenciado, la realidad es que el movimiento LGTBI+ se ha convertido en transversal a las luchas sociales y está cobrando cada vez más fuerza en la esfera pública, visibilizando y denunciando las situaciones de discriminación que sufre el colectivo bajo un sistema patriarcal y heterosexista. Como hemos visto a través de los informes de mapeo de legislación mundial sobre orientación sexual e identidad de género, el 35% de los Estados miembros de las Naciones Unidas aún penalizan o restringen la homosexualidad. Por otro lado, el colectivo trans se enfrenta a formas de violencia institucional en gran mayoría de países, siendo las mujeres trans jóvenes y que ejercen la prostitución las más vulnerables. Estos informes son herramientas imprescindibles de cara a favorecer una mayor investigación en la materia y generar procesos transformadores y aliados con la lucha LGTBIQ+. Por todo ello pareciera oportuno que incorporar a la perspectiva de género una perspectiva queer sobre la diversidad afectivo sexual se hace imprescindible en todos los ámbitos de la sociedad y en concreto en el marco de los derechos humanos y sistemas de protección internacional, ya que en la actualidad existe un importante vacío al respecto.

Bibliografía

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Recuperado de https://www.bibliotecafragmentada.org/wp-content/uploads/2014/10/DE-LA-NECESIDAD-Y-URGENCIA-DE-SEGUIR-QUEERIZANDO-Y-TRANS-FORMANDO-EL-FEMINISMO.-UNAS-NOTAS-PARA-EL-DEBATE-DESDE-EL-CONTEXTO-ESPA%c3%91OL.pdf [1] Consultar en: https://abcnews.go.com/US/start-black-lives-matter-lgbtq-lives/story?id=71320450 [2] Según el último informe de ILGA WORLD (Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex) consultado en: https://ilga.org/downloads/ILGA_Mundo_Homofobia_de_Estado_Actualizacion_Panorama_global_Legislacion_diciembre_2020.pdf [3] Consultar en: https://www.eldiario.es/sociedad/parlamento-europeo-declara-ue-zona-libertad-personas-lgtbiq_1_7295235.html [4] Consultar su biografía en: https://www.libreriaberkana.com/libros/autores/betty-friedman/11599/ [5] Consultar entrevista en: https://www.publico.es/sociedad/entrevista-macela-lagarde-lagarde-decir-no-borrado-mujeres-diciendo-existencia-legal-protegida.html [6] Consultar entrevista en: https://www.pikaramagazine.com/2014/10/yo-ya-no-creo-en-una-solidaridad-feminista-transnacional-asi-por-asi/ [7] Consultar en: https://www.elsaltodiario.com/ley-trans/archivada-denuncia-delito-odio-contra-lidia-falcon-partido-feminista [8] Ver artículo de Celia Murias Morcillo, (2014) sobre “Resistencias de género. Discurso y acción LGBTIQ” en file:///Users/cristina/Downloads/5228-Texto%20del%20art%C3%ADculo-10878-1-10-20160630.pdf [9] Las Tesis, colectivo feminista chileno, crucial en las movilizaciones del estallido social, se declara “feminista, interseccional y queer”. Consultar en: https://www.efeminista.com/quemar-el-miedo-manifiesto-libro-colectivo-chileno-las-tesis/. Además, la ley trans argentina es pionera en la materia a nivel mundial (https://www.buenosaires.gob.ar/derechoshumanos/convivencia-en-la-diversidad/normativas/convivencia-en-la-diversidad/normativas/ley-26743-de-identidad-de-genero#:~:text=Esta%20Ley%20permite%20que%20las,Programa%20M%C3%A9dico%20Obligatorio%2C%20lo%20que ) [10] Consultar en: https://ilga.org/downloads/ILGA_Mundo_Informe_de_Mapeo_Legal_Trans_2019_ES.pdf [11] Consultar en: https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210304IPR99219/parliament-declares-the-european-union-an-lgbtiq-freedom-zone [12] Encontramos el caso de un exdiputado abiertamente gay que tuvo que exiliarse del país por amenazas: https://www.eldiario.es/desalambre/jean-wyllys-exdiputado-bolsonaro-brasil_128_1510686.html

Derechos sexuales y reproductivos en América Latina y Caribe y los impactos del COVID-19

ocde — Thu, 08 Oct 2020 10:47:36 +0000

Alexandra Plumed Dávila

Escuela de Gobierno, Universidad Complutense de Madrid

A lo largo de la historia se ha comprobado como las crisis agravan las desigualdades existentes, siendo esta una realidad patente en el contexto de la crisis actual del COVID-19 en América Latina y el Caribe (ALC). Considerando en especial la situación de vulnerabilidad que sufren las mujeres en la región, se hace de vital importancia proteger más que nunca sus derechos para evitar que la pandemia del coronavirus suponga un retroceso en el camino hacia la igualdad. Sin embargo, esto supone un gran desafío para ALC, cuyo débil contexto socioeconómico determina la influencia de los impactos del coronavirus sobre las mujeres. En general, ALC se caracteriza por la existencia de profundas brechas sociales, extrema pobreza, falta de acceso al agua potable y al saneamiento, sistemas de salud con importantes debilidades, altas tasas de informalidad laboral, violencia generalizada y especialmente violencia por razones de género, raza o etnia, corrupción y la creciente crisis migratoria agravada por la discriminación estructural contra grupos en especial situación de vulnerabilidad (CIDH, 2020). Según el reciente informe conjunto de la CEPAL y la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la crisis afectará más gravemente a las mujeres (CEPAL-OPS, 2020). En primer lugar, las mujeres están sobrerrepresentadas en los sectores laborales más expuestos al contagio (72,8% del personal ocupado en el sector sanitario). En segundo lugar, el 78% de las mujeres ocupadas trabajan en las actividades económicas más golpeadas por las medidas de contención. En tercer lugar, la pandemia ha agravado la crisis de cuidados y se evidencia sobrecarga de trabajo en los hogares dadas las modificaciones en las condiciones de trabajo. En cuarto lugar, de las 11,4% mujeres que se dedican al trabajo doméstico remunerado, el 77,5% se encuentran en la informalidad, lo cual conlleva a mayores dificultades para el acceso a los servicios de protección social y, por otro lado, se alerta del riesgo de que aumente la violencia hacia mujeres y niñas que viven con sus abusadores (CEPAL, 2020). Concretamente desde el ámbito de la salud sexual y reproductiva, se están poniendo de manifiesto limitaciones añadidas como consecuencia de la crisis del COVID-19. Si bien los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres ya estaban sufriendo un retroceso en muchos países de América Latina y Caribe, las medidas de contención y cuarentena dificultan aún más el acceso de las mujeres a servicios básicos de salud sexual y reproductiva. El Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA) advierte que “el impacto de la COVID-19 puede hacer retroceder a Latinoamérica casi 30 años en términos de salud reproductiva, ya sea por el miedo de las mujeres a ir a los hospitales, el desabastecimiento de los Estados o por la incapacidad de las mujeres para comprarlos con sus propios recursos” (Efeminista, 2020). Uno de los principales obstáculos es que algunos Estados no han reconocido los servicios de salud sexual y reproductiva como servicios esenciales que deben seguir prestándose durante la crisis. Ello podría incrementar la mortalidad y la morbilidad materna, aumentar las tasas de embarazo adolescente, VIH y otras infecciones de transmisión sexual, etc. (OEA, 2020). Según el Instituto Guttmacher, ya se están notando los efectos negativos de la pandemia a lo largo de toda la cadena de suministro de métodos anticonceptivos (Riley et al., 2020). En Latinoamérica se estima que 18 millones de mujeres perderán el acceso a anticonceptivos modernos (UNFPA, 2020a). Una de las consecuencias directas de esta reducción en el uso de anticonceptivos es el aumento de las cifras de abortos clandestinos y muertes maternas e infantiles. Federico Tobar, asesor regional en materia de salud sexual y reproductiva del Fondo de Población de las Naciones Unidas, advierte que “habrá, por lo menos, 5 millones de nacimientos no planificados más, 800.000 abortos que se podrían haber evitado si las mujeres hubieran accedido a los anticonceptivos. También 40.000 muertes infantiles y 4.000 muertes maternas que se podían haber evitado (Efeminista, 2020, mayo 13)”. Ante tales proyecciones, las instituciones regionales enfatizan la importancia de seguir avanzando de manera conjunta en la Agenda Regional de Género y evitar que las medidas de contención de la pandemia supongan un retroceso en los derechos de las mujeres. La Conferencia Internacional de Población y Desarrollo de El Cairo ya reconoció en 1994 los derechos reproductivos y la importancia de la sexualidad, y los países de América Latina y el Caribe reafirmaron su compromiso respecto a los derechos reproductivos en el Consenso de Montevideo, donde se reconoce y definen los derechos sexuales como parte integral de los derechos humanos. (CEPAL, 2013). De igual manera, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) incluyen como meta dentro del Objetivo de Salud y Bienestar, garantizar el acceso universal a los servicios de salud sexual y reproductiva, enmarcando de esta manera los derechos sexuales y reproductivos como derechos humanos. Ahora bien, el desafío actual supone que la situación de emergencia por el coronavirus no sea una excusa para dejar de lado los consensos y compromisos que se han llevado a cabo a lo largo de las últimas décadas sino, al contrario, tomar acción y aprovechar para mejorar los servicios de salud sexual y reproductiva y así garantizar la libertad de las mujeres a vivir su sexualidad y reproducción de manera autónoma. Para ello, el instituto Guttmacher propone cuatro medidas concretas:

Definir y promover la atención de la salud sexual y reproductiva, incluyendo el aborto seguro, el acceso a anticonceptivos y la atención materna y neonatal como servicios esenciales para permitir que las personas se puedan trasladar sin temor a consecuencias legales.
Fortalecer las cadenas de suministro nacionales y regionales para garantizar la provisión de productos básicos.
Facilitar el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva, tomando medidas como poner a disposición los anticonceptivos sin receta médica, descentralizar la distribución de suministros del nivel nacional al regional, y prestar servicios a domicilio cuando sea posible.
Adoptar modelos innovadores de atención como la atención telemática o telemedicina. Estas acciones no solo mitigarían el impacto de COVID-19 sobre los derechos sexuales y reproductivos a corto plazo, sino que también proporcionarían beneficios a largo plazo, si estas innovaciones se llegaran a institucionalizar (Riley et al., 2020).

Durante brotes de virus anteriores como el Zika y el Ébola, se observó una interrupción severa del acceso a los derechos sexuales y reproductivos que conllevó que mujeres y niñas se vieran expuestas a riesgos de salud prevenibles. Por este motivo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda en estos contextos priorizar los servicios de salud digital, las intervenciones de autocuidado, el reparto de tareas y la divulgación para garantizar el acceso a medicamentos, diagnósticos, dispositivos, información y asesoramiento. Esta priorización debe incluir garantizar el acceso a la anticoncepción, el aborto en los supuestos permitidos por la ley y los servicios de prevención y tratamiento para las infecciones de transmisión sexual, incluido el VIH y el virus del papiloma humano (WHO, 2020). En cuanto a las medidas para mitigar las repercusiones de la violencia contra las mujeres y los niños y niñas, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) recomienda incluir: servicios esenciales para abordar la violencia contra la mujer dentro de los planes de respuesta a la pandemia del coronavirus; que los establecimientos de salud informen sobre los servicios disponibles localmente y ofrezcan asistencia de primera línea y tratamiento médico a las supervivientes, así como explorar el uso de la telemedicina; que las organizaciones de respuesta humanitaria incluyan servicios para las supervivientes y recopilen datos sobre los casos notificados de violencia contra la mujer; concientizar a los miembros de la comunidad sobre el mayor riesgo de violencia contra la mujer durante la pandemia; y animar a las supervivientes a comunicarse con su red de apoyo y a utilizar los servicios disponibles (OPS, 2020). El Fondo de Población de las Naciones Unidas añade entre otras recomendaciones, el carácter interseccional que debería tener la respuesta al coronavirus para asegurarse que las mujeres y niñas más excluidas (comunidades indígenas, personas con discapacidad, personas LGBTQI, personas migrantes, desplazadas, refugiadas, etc.) tengan un acceso igualitario a los servicios de prevención y respuesta a la violencia de género durante la pandemia (UNFPA, 2020b).

Bibliografía

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Derechos Sexuales y Reproductivos en Tiempos de Crisis Humanitarias: Mujeres Migrantes Venezolanas en Colombia

ocde — Mon, 07 Jun 2021 14:09:22 +0000

Alba Barbosa Bes

Escuela de Gobierno, Universidad Complutense de Madrid

La crisis económica y social que vive Venezuela ha generado un estado de emergencia humanitaria compleja en el que mujeres, hombres niños y niñas se han visto gravemente afectadas, teniendo que migrar hacia países vecinos como Colombia, viendo su derecho a la salud severamente afectado y demostrando como las crisis agravan las desigualdades existentes, teniendo un impacto de género contundente.

La migración es un determinante que tiene un impacto en la salud, incrementando las desigualdades en el uso de servicios de salud, teniendo una relación compleja antes, durante y después de la movilización. La salud y bienestar como derechos humanos de los y las migrantes debe ponerse en el centro de las agendas de respuesta humanitaria. Durante los procesos migratorios, muchas necesidades no son cubiertas, como pueden ser la vivienda, la salud, la educación, el empleo o la alimentación; que repercuten directamente en las necesidades sexuales y los derechos reproductivos de los y las migrantes, especialmente mujeres y jóvenes. Según UNFPA (2016) la salud sexual y reproductiva (SSR) supone el bienestar físico, mental y social del sistema reproductivo, la capacidad de disfrutar una vida sexual satisfactoria y sin riesgos de procrear o no hacerlo y decidir cuando y con qué frecuencia. La salud reproductiva es una cuestión que preocupa a las personas durante todo el ciclo vital, desde la infancia hasta la vejez, demostrando que tiene un profundo efecto en el bienestar de mujeres, hombres, niños y niñas. Un estudio de Profamilia (2018) indica que los y las migrantes venezolanas en Colombia llegan con grandes déficits en cuanto a salud sexual y reproductiva, que son agravados con las barreras de acceso a la atención en salud debido a la situación migratoria, de discriminación y xenofobia y estado de desinformación en el que se encuentran. Según Migración Colombia, en diciembre de 2019 más de 1.825.000 venezolanos/as estarían radicados en el país, de los cuales el 58% se encuentran en situación irregular administrativa, situación, que agrava la posibilidad de acceder a los servicios de salud que se les podría brindar. Este contexto migratorio de emergencia humanitaria, ha tenido un impacto negativo en el disfrute de los derechos a la salud sexual y reproductiva de las mujeres y adolescentes, situación que según el informe de UNFPA (2019) se materializa en el incremento de violencias de género, violencia sexual, ausencia de una atención efectiva, aumento de la mortalidad materna y neonatal, del embarazo adolescente, de abortos inseguros asociados a embarazos no deseados, y de enfermedades de transmisión sexual incluido el VIH. La importancia de analizar el panorama en torno a la salud sexual y reproductiva de las migrantes venezolanas en Colombia se centra en que no es un tema abordado. Es por ello que conocerlo se hace necesario para comprender las amenazas que enfrentan estas mujeres actualmente, junto con la necesidad de establecer un marco de políticas que permita dar respuesta efectiva a la migración actual. Además, Colombia, reafirmó su compromiso respecto a los derechos reproductivos en el Consenso de Montevideo (CEPAL, 2013), y en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que incluyen como meta dentro del Objetivo 3 de Salud y Bienestar, garantizar el acceso universal a los servicios de salud sexual y reproductiva, incluidos los de planificación familiar, información y educación. Esto se traduce en un compromiso en integrar la temática en sus estrategias y programas nacionales. Estas estrategias del sistema de salud deben incluir respuestas a las necesidades de la población migrante para avanzar en una cobertura universal de la salud dentro del territorio colombiano. [symple_divider style="solid" margin_top="20" margin_bottom="20"] Bibliografía CEPAL (2013). Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo. Recuperado de https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/21835/4/S20131037_es.pdf Profamila (2018). Evaluación de las necesidades insatisfechas en salud sexual y salud reproductiva de la población migrante venezolana en cuatro ciudades de la frontera colombo-venezolana. https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/LIBRO Evaluación de las necesidades insatisfechas SSR y Migrantes Venezolanos - Digital.pdf UNFPA (2016). Salud Sexual y Reproductiva. Recuperado de https://www.unfpa.org/es/salud-sexual-y-reproductiva UNFPA (2019). Situación de la salud sexual y reproductiva de la población migrante venezolana. Recuperado de 75496.pdf (reliefweb.int

Desigualdad social y salud de las mujeres

ocde — Wed, 17 Feb 2021 14:51:03 +0000

Blanca Seara Millán

Escuela de Gobierno, Universidad Complutense de Madrid

El concepto de salud como elemento social y no exclusivamente sanitario cobra especial importancia en un mundo cada vez más polarizado y marcado por situaciones que afectan a la población de manera desigual, influyendo en el acceso a los servicios de salud y cobertura de derechos y necesidades básicas. La esperanza de vida de los 37 países de la OCDE^[i] ha aumentado en las últimas décadas -en 2017 la esperanza de vida al nacer en estos países era de 80,7 años, 10 años más que en 1970- aunque dichos avances se han ido ralentizando con los años. El aumento de la longevidad fue más lento para mujeres que hombres en casi todos los países de la OCDE, aunque ellas siguen viviendo más años de media que ellos. Las desigualdades socioeconómicas interfieren de manera evidente en la esperanza de vida, la brecha existente en nivel formativo de la población condiciona su supervivencia: las tasas de mortalidad son casi cuatro veces más altas para los hombres con menor nivel de educación en la edad de la primera infancia y alrededor del doble para las mujeres en el mismo periodo, en comparación con las que tienen educación terciaria (OCDE, 2019). Determinantes sociales como la renta, el desempleo, la pobreza, el nivel educativo o la clase social son factores clave que estructuran la calidad y años de vida de la población (Artazcoz, Benach, Borrell, Daponte, y Fernández, 2003). La incorporación del enfoque de género en los estudios de la salud es trascendental para poder observar una imagen completa y ajustada de la realidad social, ya que las desigualdades de género son claramente diferenciales en el ámbito de la salud. “La incidencia de la pobreza y la dependencia económica en la mujer, su experiencia de la violencia, las actitudes negativas hacia las mujeres y las niñas, la discriminación racial y otras formas de discriminación, el control limitado que muchas mujeres ejercen sobre su vida sexual y reproductiva y su falta de influencia en la adopción de decisiones son realidades sociales que tienen efectos perjudiciales sobre su salud.” (Conferencia de Beijing, 1995) En los países de ingresos más altos, las mujeres en todas las franjas de edad viven más tiempo que las de los países con rentas más bajas. También descienden en los primeros las tasas de mortalidad infantil y mortalidad relacionada con el embarazo o el parto. Los países de bajos ingresos afrontan horizontes muy diferentes ya que las tasas de mortalidad entre adolescentes y adultas jóvenes se dispara, mostrando el mayor contraste en las cifras de mortalidad materna ya que: del medio millón de defunciones maternas que ocurren cada año, el 99% corresponde a países en desarrollo (OMS, 2009). La Organización Mundial de la Salud establece tres rasgos básicos que caracterizan las desigualdades sociales en salud:

Existe un patrón sistemático en las diferencias de salud: cuanto más desciende la escala de posición social, más aumenta la mortalidad y la morbilidad.
Estas diferencias están generadas por procesos sociales, no biológicos: esto significa que podrían ser evitables o modificables por lo que al menos en teoría, los procesos sociales, las instituciones y poderes públicos, tendrían capacidad de incidir y actuar mediante acciones coordinadas.
Las desigualdades sociales son consideradas como “injustas”, ya que son producto de situaciones políticas y sociales que también lo son y que atentan contra las nociones generales de justicia. Aunque este concepto de justicia varíe de un lugar a otro, existe cierta base común. Por ejemplo, entre la ciudadanía europea, se considera que la infancia, independientemente de su situación socioeconómica, debería tener garantizada su posibilidad de supervivencia, por lo que no es justo que niñas y niños de estratos sociales más empobrecidos, tengan menos posibilidades de supervivencia que las y los que viven en estratos sociales más altos (Whitehead y Dahlgren, 2006).

La ciencia médica se ha basado en un enfoque androcéntrico (Tasa-Vinyals, Giral y Raich, 2015) centrado en el estudio de la salud y enfermedad del hombre, asumiendo que la mujer era el elemento complementario. Lo que funcionase para tratar dolencias o patologías en los hombres, podría aplicarse con la misma eficacia en las mujeres (Valls, 2020). Este sesgo es aplicable en enfermedades que puedan ser padecidas tanto por hombres como por mujeres, como las cardiovasculares o las pulmonares obstructivas crónicas. Pero también se aplica en aquellas enfermedades que son padecidas mayoritaria o únicamente por mujeres, con un exceso de medicalización de las mismas a lo largo de sus ciclos de vida: “Es el caso de la excesiva prescripción de terapia hormonal sustitutiva pese al desequilibrio riesgo–beneficio que comporta (me remito a los debates sobre el incremento de los riesgos de infartos y cáncer más allá de un consumo superior a los 6 meses a cambio del beneficio que supone paliar los síntomas vasomotores producidos por la menopausia)” (Ruiz, 2009). Autoras como Carme Valls sostienen que es necesario que las ciencias de la salud y la biología puedan variar sus objetivos de estudio y su metodología, para poder eliminar los sesgos de género en la práxis de la ciencia médica y de la salud, dando espacio a los tratamientos y estudios diferenciales para hombres y mujeres. Por poner un ejemplo, los disruptores endocrinos afectan de manera diferencial a las mujeres y están muy relacionados con el entorno medioambiental en el que vivan. Por esta razón, es fundamental estudiar cómo afectan el entorno y las enfermedades al cuerpo de mujeres y hombres diferenciadamente (Valls, 2020). El sistema patriarcal y los estereotipos de género condicionan las relaciones de poder, maneras de actuar, sentir y posicionarse en el mundo de las personas, perpetuando roles que favorecen la diferenciación sexual del trabajo, la subordinación de las mujeres y el diferente acceso de estas a la tierra, la salud o los modos de vida (Sen y Östlin, 2007). Las concentraciones de poder crean desequilibrios sociales y maximizan el control de las élites patriarcales que ejercen dicho poder. Las normas y actitudes sociales perpetúan a menudo las desigualdades de género haciendo más complejo el acceso a libertades e igualdad de las mujeres (PNUD, 2019). La socialización en estas desigualdades, influye en la libertad que el entorno social les concede a las mujeres y condiciona su independencia y autonomía en diversos terrenos, como el de los derechos sexuales y reproductivos. Estas estructuras sociales influyen en las prácticas cotidianas de salud y son determinantes en el elevado número de contagios de VIH/SIDA (que afecta a más mujeres que a hombres según la OMS) y de embarazos no deseados. También evidencia su vulnerabilidad en el acceso a servicios para su prevención, atención y tratamiento, especialmente en países en desarrollo (Ruiz, 2019). El papel de las mujeres como cuidadoras universales y el nulo reconocimiento económico y social de estas actividades, también condiciona la visión que tienen las mujeres de su propia salud ya que en muchas ocasiones se ve deteriorada en pro de la salud de las personas destinatarias de su cuidado. La división sexual del trabajo construye una imagen de lo femenino orientada al cuidado y a la necesidad de satisfacer necesidades ajenas. Esto supone que “el otro” sea visto no sólo como fuente de cuidado sino también como fuente de autorrealización personal y de valía de la mujer (Izquierdo, 2003). La asunción de estos estereotipos por parte de la población en general y de las y los profesionales de la salud en particular, ignora los condicionantes de salud que son distintos en mujeres y hombres. Se da una invisibilización de la salud de las mujeres “cometiendo errores de diagnóstico, realizando exploraciones que no conducen a un fin eficaz y recomendando tratamientos que pueden enfermar o acelerar las enfermedades que pretendíamos tratar” (Valls, 2020 p.14). Según el Informe sobre la salud cardiovascular en mujeres, la primera causa de muerte en mujeres en España y en el resto de países occidentales son las enfermedades cardiovasculares[ii]. En ellas se dan peores y más tardíos diagnósticos globales y tratamientos ya que siguen siendo consideradas patologías principalmente de hombres (Ruiz, 2009). Como se ha mencionado al principio de este ensayo, la salud no puede tratarse como un elemento aislado enmarcado por parámetros sanitarios. La salud física, psicológica y emocional de la población depende en gran medida de unas condiciones de vida dignas y justas en las que como mínimo, estén cubiertas las necesidades primordiales del ser humano para su subsistencia. La creación de políticas públicas que potencien la igualdad entre mujeres y hombres, la inclusión de materias sanitarias orientadas al estudio y tratamiento de la salud de mujeres y hombres de manera diferencial y una visión transversal del género como pilar principal de cambio social, favorecerá poder activar los mecanismos necesarios para crear sociedades con mejores índices de salud y calidad de vida. [symple_divider style="solid" margin_top="20" margin_bottom="20"]

Bibliografía:

Artazcoz, Lucía, Benach, Joan, Borrell, Carme Daponte, Antonio, Fernández, Esteve (2003). Las desigualdades en la salud y la calidad de vida en España. Ponencia presentada en el seminario “El Estado de Bienestar en España” organizado por el Programa en Políticas Públicas y Sociales de la Universitat Pompeu Fabra y patrocinado por la Diputación de Barcelona y la Universidad Menéndez Pelayo. Dahlgren, Göran y Whitehead, Margaret (2006). Conceptos y principios de la lucha contra las desigualdades sociales en salud: Desarrollando el máximo potencial de salud para toda la población- Parte 1. Centro Colaborador de la OMS para la Investigación Política de los Determinantes Sociales de la Salud, Universidad de Liverpool. Declaración y Plataforma de Acción de Beijing. Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer (1995). Izquierdo Benito, María Jesús (2003). Del sexismo y la mercantilización del cuidado a su socialización: Hacia una política democrática del cuidado. Donosti: Emakunde. OECD (2019). Health at a Glance 2019: OECD Indicators. Paris: OCDE. OMS (2009). Resumen analítico. Las mujeres y la salud: los datos de hoy la agenda de mañana. Suiza: Organización Mundial de la Salud. PNUD (2019). Informe sobre Desarrollo Humano 2019 Más allá del ingreso, más allá de los promedios, más allá del presente: Desigualdades del desarrollo humano en el siglo XXI. Nueva York: PNUD. Ruiz Cantero, María Teresa (2009). Sesgos de género en la Atención Sanitaria. Nueva Salud Pública 4. Sevilla: Escuela Andaluza de Salud Pública, Consejería de Salud, Junta de Andalucía. Ruiz Cantero, María Teresa (2019). Perspectiva de género y derechos humanos en las enfermedades infecciosas. Monografías 39. 20-29. Sen, Gita y Östlin, Piroska (2007). Women and Gender Equity Knowledge Network. Final Report to the WHO Commission on Social Determinants of Health. Suiza: Organización Mundial de la Ssalud. Tasa-Vinyals, Elisabeth, Giral Mora, Marisol y Raich, Rosa María (2015). Sesgo de género en medicina: concepto y estado de la cuestión. Cuadernos de medicina psicosomática y psiquiatria de enlace, 113, 14-25. Valls Llobet, Carme (2020). Mujeres invisibles para la medicina: desvelando nuestra salud. Madrid: Capitán Swing. [symple_divider style="solid" margin_top="20" margin_bottom="20"] [i] https://www.oecd.org/acerca/miembros-y-socios/ [ii] www.msc.es/organizacion/sns/planCalidadSNS/enfCardiovascMujerEspana.htm

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Agenda de cuidados y COVID-19

Los cuidados

Crisis de los cuidados

Expansión global de la crisis de los cuidados y llegada del COVID-19

Avanzar en agendas robustas de cuidados: Necesidad de cuidados colectivos

Bibliografía:

Alianzas

Convenio de Colaboración

2018

Comprender las bases de la Economía Feminista

La economía feminista: la sostenibilidad de la vida

Sostenibilidad ecológica y social

Centrar la vida en lugar de los mercados

Las personas son vulnerables y dependientes

Economía que cuida

Referencias:

Críticas al modelo de desarrollo desde los movimientos feministas africanos

Bibliografía

Derechos de las personas LGTBIQ+: una perspectiva queer y feminista

Algunos apuntes sobre la situación del colectivo LGTBIQ+ a nivel global

Otras discriminaciones por orientación sexual o identidad de género

Conclusiones

Bibliografía

Derechos sexuales y reproductivos en América Latina y Caribe y los impactos del COVID-19

Bibliografía

Derechos Sexuales y Reproductivos en Tiempos de Crisis Humanitarias: Mujeres Migrantes Venezolanas en Colombia

Desigualdad social y salud de las mujeres

Bibliografía: